El magistral procesalista Mauro Cappelletti dio esa denominación a una de las facultades de los tribunales constitucionales en el mundo, lo que significa decidir, en última instancia, los casos de protección de derechos fundamentales (DDFF) previstos en la Constitución y en tratados de DDHH.

En el Perú, se denomina “jurisdicción de la libertad” a la tercera facultad del Tribunal Constitucional (TC), prevista constitucionalmente, en cuya virtud se pronuncia en última instancia -sólo en defecto del Poder Judicial (PJ)-  en las acciones de garantía constitucional: hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento.  Por eso la doctrina nacional ha recreado la expresión denominándola “jurisdicción negativa de la libertad” en la medida en que el TC sólo se pronuncia en esos procesos sí, y solo sí, el PJ los hubiese rechazado.

Dicho de otro modo, cuando el PJ acoja favorablemente una acción de garantía, la Constitución  no le concede competencia al TC para pronunciarse en última -y definitiva-  instancia,  ya que tal decisión estará reservada sólo para el PJ.  Vis a vis,  sólo cuando el PJ haya desestimado tal acción de garantía, la Constitución abre las puertas del TC sólo al demandante perdedor (no al demandado perdedor) a fin que el TC dilucide, finalmente, el fundamento del proceso constitucional protector de DDFF.

Esto no fue invento de la Constitución de 1993, dada luego del autogolpe de Fujimori.  Es un esquema nacido en la Carta de 1979(D) y que la actual Constitución replica exactamente.

La “jurisdicción negativa de la libertad” se forjó en el Perú –y así consta en las actas constituyentes- por la desconfianza ciudadana sobre el PJ como protector de libertades y defensor del justiciable frente a los abusos del poder.  La debilidad, falibilidad y obsecuencia judicial frente al poder, en desmedro de la efectiva protección de los DDFF, hizo que el Constituyente de 1978 previera que, cuando el juez protege los DDFF, eso fuera cosa juzgada.  Pero, cuando no lo hiciera, el PJ debía soportar un “controlador” constitucional, responsabilidad recaída en el TC.  Por eso el TC sólo tiene competencia para resolver –vía recurso de agravio constitucional- las sentencias desestimatorias del PJ.  Eso dice la Constitución.

En octubre 1968 ocurrió un Golpe de Estado que derrocó al presidente Belaunde e instaló por 12 años un gobierno de las FFAA.  En aquella época la represión política era menos cruenta –como lo fue en otros países- y al opositor no se le “desaparecía”.  Se le “expatriaba” con una mera “orden verbal”.  Es decir, se le expulsaba del país contra su voluntad y prepotentemente.  Enmarrocado y apachurrado entre dos gorilones, el opositor era embutido en la cabina de un avión. En el camino le metían un salvoconducto y $100.- al bolsillo. Se le botaba con prohibición de reingreso al país hasta que la prepotencia culminase illo témpore.  Así, Buenos Aires, Santiago, Guayaquil, Bogotá o Caracas fueron comunes destinos de aquellos forzados exiliados.

El Dr. De La Jara, ex ministro de Gobierno y Policía de entonces, fue expulsado a Buenos Aires.  Su esposa planteó un hábeas corpus con la Constitución de 1933(D), y la ley de entonces, exigiendo a la justicia su inmediato regreso y protección al no mediar proceso alguno, no ser sanción prevista en ninguna ley y no constituir una orden legítima, además de lastimar la unión familiar sin justificación alguna.  La Corte Superior de Lima recibió la causa con especial revuelo, ya que por primera vez se sentaba en el banquillo al novísimo régimen militar.  Su abogado: Luis Bedoya Reyes.  Luego de los alegatos y los fundamentados escritos la Corte Superior sentenció: ¿Qué dijo?: “Improcedente la demanda por no constar en el expediente la partida de matrimonio”.  Los jueces no supieron dilucidar si la esposa era la esposa.  La Corte Suprema convalidó esto en la ulterior apelación.

Eso, entre otros ejemplos de clamoroso desamparo judicial frente a los DDFF, motivó al constituyente a crear la “jurisdicción negativa de la libertad”  impactando en la posterior legislación, que hoy reza así respecto del hábeas corpus: “La demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación.  Tampoco requerirá de firma de letrado, tasa o alguna formalidad. También puede interponerla la Defensoría del Pueblo” (Art. 26° Cód. Proc. Constitucional).

Estando ad-portas de un nuevo proceso eleccionario previsto para el primer cuatrimestre del próximo año, la lucha política se ha encarnizado mucho más, y se está volviendo un cachascán de todos contra todos, donde lo que abunda son acusaciones y, ciertamente, la judicialización de la política.  En defecto de la Fiscalía o del Poder Judicial, saltan de inmediato las comisiones investigadoras de los unos contra los otros, procurándose con ello posicionarse del mejor modo ante el futuro electorado y lograr su favor político en el resultado eleccionario.

Sin embargo, hay cosas que no vemos: (i) Se debe hacer todo lo posible para que todo el estamento político del Estado garantice elecciones limpias, libres, democráticas y trasparentes.  Estamos trabajando en todos los frentes, menos en ese; (ii)  Se deben crear las condiciones necesarias para que desde el estamento del gobierno ese resultado electoral se respete de modo pleno, bien sea en la primera vuelta, bien sea en la segunda; (iii) Se debe llegar a un acuerdo, o consenso mínimo, de que el mandato presidencial concluya al medio día del 28 de julio de 2016, ni un minuto antes y ni un minuto después; y, (iv) Se deben crear las condiciones necesarias –con los acuerdo suficientes- para que la banda presidencial se entregue ese 28 de julio quien resulte elegido por la mayoría del electorado, sea quien sea, como manda la Constitución y las bases esenciales de una democracia representativa.

Parece que no nos damos cuenta de la situación en la que estamos, del bienestar y regularidad constitucional que se ha alcanzado, al punto que a veces, en esta lucha fratricida y cainita quisiéramos echar todo por la borda y volver a épocas pasadas de autoritarismos, golpes de Estado, paros nacionales, huelgas indefinidas y conflictos sociales permanentes (sin hablar del terrorismo).  Y no reparamos que si el año que viene se produce –como quisiéramos y como debe hacerse- el recambio constitucional, institucional y democrático a un nuevo presidente de la república, sería la primera vez en la historia del Perú que habríamos logrado una cuarta alternancia constitucional consecutiva, sin que en más de 20 años se haya presentado –felizmente- ninguna interrupción antidemocrática o autoritaria o ilegítima que se haya pretendido dar al margen de la Constitución.  Si el actual gobierno cumple su mandato, serían 20 años de normalidad constitucional consecutiva, más el año de gobierno transitorio del presidente Paniagua.  Algo inédito en nuestra república. No es poca cosa.

Sin embargo,  a veces parecemos cangrejos.  Nos esforzamos en ir hacia atrás y en tratar de destruirnos los unos a los otros.  Si no tienes con qué atacar, inventa una denuncia, promueve a un fiscal, moviliza a un juez o crea una comisión investigadora, y de ese modo vas haciendo la política.  Y cuando uno pretende defenderse, un naif sale con el “manual del culpable” con el que se impide el derecho de defensa, que es un derecho fundamental.  El mensaje es escalofriante: todos somos presuntos culpables y todos deberemos probar nuestra inocencia y, para eso, deberemos dejarnos apabullar por la arbitrariedad de las autoridades –por venales, por poco preparadas o simplemente por prepotentes en el ejercicio de su poder- por que cuando utilicemos las herramientas que el derecho constitucional y los derechos humanos nos dan, seremos acusados de ser más culpables y la presunción correrá en nuestra contra. Para demostrar nuestra inocencia, deberemos dejarnos aplastar y hasta purgar carcelería, con todo el daño y oprobio que eso conlleva, ya que eso es lo que se espera de uno y eso sería lo “políticamente correcto”.  Es mensaje no solo peca de antijurídico, sino que es inmoral desde la óptica del derecho e, inclusive, desde el cristianismo.

Necesitamos empatar nuestro desarrollo económico, tecnológico, social y cultural con un necesarísimo desarrollo político, de evolución política en todos los lados, en todos los bandos y en todos los lares, sin excepción.  Lo que es bueno para uno, debería ser bueno para todos y no solo para algunos.  “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley” se dijo con cinismo desde principios del Siglo XX. La moral no debería tener doblez y debería ser entera.  Sin diálogo, sin una mínima concertación para nuestra convivencia nacional, nunca llegaremos lejos, ni nos perfilaremos como la gran nación que el Perú exige.

La semana pasada alcanzamos un análisis de lo que consideramos un despropósito –producto del chisme y de la falta de ubicación política- acerca de los rumores de un intento elucubración de “Golpe de Estado”, por solo haberse dispuesto una “orden de inamovilidad” en las FFAA para hacer un recuento de las granadas y explosivos bajo su control a fin de que no sea indebidamente trasegado hacia la delincuencia.

En esta ocasión, y para comprobar lo anterior (a despecho de quienes creen que no vemos las “profundidades de la política”) consignamos las respuestas de dos prominentes generales del ejército, en retiro, quienes libremente opinan sobre aquello. Están identificados como General 1 y General 2 y, manteniéndolos en reserva, son fuente (por cierto, sin “peaje”) de fácil acceso.  Han tenido importantes responsabilidades en el ejercicio, ejerciendo el comando de grandes unidades y puestos de trascendencia –uno nada menos que su exComandante General, y otro Secretario de un Comandante General-:

1. ¿CREE POSIBILE QUE EN CORTO PLAZO SE DE UN GOLPE DE ESTADO QUE INTERRUMPA NUESTRA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL?

General 1.- No es posible, forma parte de la historia, está borrado del diccionario militar. 

General 2.- Está totalmente fuera de la realidad esa hipótesis, el solo pensarlo  sindica que quien lo expresa no conoce o no está enterado del actual comportamiento y madurez institucional de las FFAA.

1. ¿QUÉ TAN CERCA O QUE TAN LEJOS ESTARÍAMOS DE ESO?

General 2.- La palabra precisa es “imposible”.

2. ¿POR QUÉ ALGUNOS ANALISTAS Y COMENTARISTAS OPINAN EN UNANIMIDAD QUE HABRÍA “RUIDO DE SABLES” O ALGUN NIVEL DE CONSPIRACION MILITAR?

General 1.- Es una irresponsabilidad que busca desestabilizar al país afectando a las FFAA, para lograr un beneficio político. No es la primera vez, se presenta desde 2004 y todas estas insinuaciones han  terminado siempre en nada. Solo se ha pretendido desestabilizar.

General 2.- Los buenos analistas generan sus opiniones sobre la base de hechos y no se arriesgan solo por evidencias posibles y probables que se suscitan en la vida diaria. Pareciera que los que opinan de probables “conspiraciones militares” se han quedado con la visión de las FFAA de hace 30 o 40 años atrás. No me atrevo a pensar que lo que se busca es generar mayor conflicto entre la población y el actual régimen. Eso sería perverso. 

1. ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECEN ESOS COMENTARISTAS Y/O ANALISTAS?

General 2.- Flaco favor le hacen a la democracia al lanzar ese tipo de comentarios que no tiene ningún sustento.

3. ¿QUÉ ES UNA ORDEN DE INAMOVILIDAD?

General 1.- Es la permanencia del personal en su lugar de trabajo ante una orden motivada por una cuestión de trabajo. Es un hecho normal que forma parte de la vida militar (20 años con inamovilidad absoluta en las zonas de emergencia) y no sorprende a ningún militar. No se puede considerar como una medida para alzarse en armas. Inamovilidad se da para todo tipo de casos (elecciones, desfiles, desastres, etc.). 

General 2.- Es la disposición que se da para que el militar permanezca en la dependencia donde presta servicios por un motivo especifico y de marcada trascendencia.  Puede ser general o relativa, entendiendo lo último para algunas dependencias o hasta una determinada hora y para un hecho especifico y trascendente.

1. ¿ES UN HECHO SINGULAR? ¿SIGNIFICA UN ACUARTELAMIENTO PARA ALZARSE EN ARMAS?

General 2.- Si es un hecho singular que debe tener una motivación especial. La orden impartida por su actual Comandante General estaba dirigida a las unidades operativas  y dependencias que tenían material de guerra (municiones y explosivos) con la finalidad de verificar las granadas por un equipo especial de la Inspectoría. 

4. ¿CUÁL ES EL COMPROMISO DE LAS FFAA CON LA CONSTITUCION Y EL PROCESO DEMOCRÁTICO RETOMADO A PARTIR DE 2001?

General 1.- Existe un irrestricto respeto a la Constitución, al Estado de derecho y al orden democrático establecido.

General 2.- Las Instituciones castrenses tienen un proceso de revisión que se denomina “lecciones aprendidas” con relación a los hechos de la década del 90 que fueron nefastos para el prestigio y el verdadero rol que cumplen las FFAA.  Esa revisión ha permitido que las actuales generaciones de  miliares entiendan plena y totalmente el valor que tiene la democracia para el desarrollo de nuestro país, que es lo que al final  nos importa a todos.  Por otro lado, hace más de 10 años se dan Cursos de Alto Mando que tienen dentro de su currícula estudios sobre temas constitucionales.  Por ello existe un cabal compromiso con el rol constitucional a desempeñar en beneficio del país.

5. ¿LA POSICISIÓN DE LA PROMOCIÓN DEL PRESIDENTE HUMALA EN LOS MANDOS DEL EJERCITO FACILITARIA UN ‘GOLPE DE ESTADO’?

General 1.- No, porque una decisión de esa naturaleza requiere de la aprobación y participación de todos los institutos de las FFAA, y no solo la participación de algunos oficiales (como, por ejemplo, lo del “13 de noviembre”).

General 2.- Se ha generado toda una leyenda urbana en lo referente a la promoción del presidente Humala, pero le puedo asegurar que pese al número de generales y el copamiento de puestos dentro de la institución, el que se comande una gran unidad  no necesariamente significa el liderazgo sobre ella o que se la pueda lanzar de pronto a una aventura golpista. No tienen posibilidad alguna de organizar una acción de esta naturaleza.  Por otro lado, en el presente año más del 50% de generales de brigada de esa promoción deben pasar al retiro, 17 ascienden y 17 pasan al retiro, así que el piso queda parejo para el próximo gobierno.   

6. ¿CUÁL ES SU BALANCE Y EXPERIENCIA PERSONAL DEL ‘GOLPE DE ESTADO’ DE 5 DE ABRIL DE 1992?

General 1.- Fue una participación  justificaron por el ‘estado de necesidad’ en que se encontraba el país, pero nadie pronosticó que el presidente iba a ‘utilizar’ a las FFAA para perpetuarse en el poder violando la Constitución. Se afectó gravemente la institucionalidad, se alteraron los valores y principios, se perdió el respeto por la antigüedad y los méritos, se generaron abusos con los ascensos y pases al retiro de los oficiales más representativos, dio lugar al el uso político de la Justicia Militar, se generó una desconfianza en las relaciones interpersonales, en definitiva se perdió de autoridad y confianza en los sistemas de comando, personal e  inspectoría.

General 2.- Ocupaba un cargo en el estado mayor de la Segunda Región Militar y puedo asegurar que no cabía de modo alguno realizar una acción de esa naturaleza.  Existían otros mecanismos democráticos que el régimen no optó y, por otro lado, fue nefasto para el prestigio del país pues nos catalogaron como un paria internacional.

1. ¿CONSIDERA QUE HAY POSIBILIDAD DE QUE EL 5 DE ABRIL SE REPITA?

General 2.- De ninguna manera, la visón actual de los militares es hacia el interior de sus instituciones, en la búsqueda de educar a sus cuadros en las mejores universidades del país para mejorar sus capacidades y competencias, gestionar mejor sus recursos.  Cualquier otra “afiebrada opinión” solo busca titulares escandalosos que no tienen sustento fáctico.

7. ¿DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MILITAR PERUANO DEL SIGLO XXI, AD PORTAS DEL BICENTENARIO NACIONAL, QUÉ SE REQUIERE PARA IMPONER CON ÉXITO UN ‘GOLPE DE ESTADO’ QUE INTERRUMPA LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL?

General 1.- ¿Que el presidente pretenda romper el orden constitucional? Las FFAA serían el fiel de la balanza, bien para apoyar un autogolpe, o bien para un contragolpe militar para evitarlo en defensa de la democracia. Hoy las FFAA están subordinadas al poder constitucional, no al poder político de turno; son del Estado y no del gobierno en funciones; no están subordinadas ni menos sometidas al gobierno ni al partido político de turno.  

General 2.- Sólo cabría 0.0001%; es como si “Velasco Alvarado se levante de su tumba”… Aun en el supuesto negado que esto ocurra no tendría posibilidad alguna de éxito ya que no existen los cuadros capaces de siquiera de compartir con el golpista esa visión o esa aventura suicida.  Dentro del ejército no hay facciones “humalistas”, “institucionalistas”, etc. Esa es otra leyenda urbana que otro afiebrado columnista que ha manifestado en forma irreal, cobijado con el argumento de que se lo “comento un alto mando”.  Por el resultado que el 54% de la población no cree en la prensa, como lo señala la encuesta de IPSOS–Apoyo publicada en “El Comercio”.

A un conocido “broadcaster” limeño, ya jubilado, le llamaba la atención el que un popular locutor y presentador de muchos años, casi fundador de la TV y líder en la radio, cuya imagen representaba al medio en que trabajaba y que durante muchos años opinó, editorializó y juzgó de modo implacable sobre distintos aspectos de al vida nacional, se llamaba al dolor cuando fue objeto de crítica por su comportamiento público en los finales de su actuación frente al público.

Una presentadora de TV, también afamada y ya jubilada, pedía respeto y discreción cuando uno de sus ex jefes, un reputado jefe de prensa, decidió poner fin a su vida disparándose en la sien en un oscuro cuarto de un desconocido hostal, aplacando penosamente el sufrimiento que le causaba una profunda depresión.

En general los agentes de prensa escrita, radio y TV que cotidianamente presentan las más diversas informaciones, editorializando, opinando, juzgando, calificando, hurgando sin compasión ni piedad en las los más profundos recovecos de la vida, actividad, pensamiento y hasta en el alma de las figuras públicas -privadas, sociales, deportivas, gubernamentales, regionales, municipales, etc., incluyendo ciertamente a sus familiares-  suelen ser rigurosamente escrupulosos con su vida –también pública, sin duda alguna- exigiendo respeto a su intimidad, familia, privacidad y pensamientos cuando se ven en medio de una tragedia personal o familiar (como perder al novio en un confuso accidente de tránsito), pidiendo para sí lo que en su diario quehacer no conceden a los demás.

Este contrasentido no ha sido aún resuelto.  Esa vara de doble dimensión no ha sido enfrentada aún.  Esa doble moral aún no ha sido objeto de análisis ni reflexión.  La actividad de la prensa -en general- es una conquista del Estado de Derecho y una manifestación de una democracia que se precia en defender los principales valores de una sociedad libre.  El autoritarismo, la dictadura –dura y blanda- y la autocracia no suelen llevarse bien con la prensa libre.  Pero, al mismo tiempo, esa democracia y ese Estado de derecho exigen que toda actividad sea hecha con respeto de la ley y de los valores morales y democráticos del comportamiento ciudadano.

Por alguna razón que no se llega a comprender, cuesta mucho conceder a los demás lo que exigimos para nosotros.  Nos da urticaria cuando se nos exige que las mismas limitaciones morales y legales que imponemos a los demás, nos sea enrostrada.  Pretendemos apoyarnos en Maquiavelo con la máxima de que el fin justifica los medios, cuando eso no es acorde ni con el sistema jurídico, ni con el imperativo moral en que se debe desenvolver una sociedad democrática: no, jamás el fin debe ni puede justificar los medios utilizados, ya que eso rebaja la categoría moral del autor para achatarlo hasta llegar al mismo rasero de aquello que se censura, ataca o combate.  Si un delincuente mata, no se le puede dar directa  muerte (salvo en legítima defensa) ya que el sistema jurídico exigirá que la sanción al asesino sea impuesta conforme a los parámetros legales, por un tribunal de justicia imparcial y por medio de un debido proceso.  Sólo en tal caso, el Estado y la sociedad se elevarán moralmente sobre el delincuente adquiriendo el derecho a sancionar su conducta.  Hacerlo de modo directo y ser el omnímodo juez de la vida y conducta de los demás, ya está visto en la historia social y política, sólo nos hace tan censurable como aquel a quien se pretenda castigar.  Ni más, ni menos.

Cómo vamos a censurar, y pedir castigo, para la corrupción pública y privada, si “compramos” una primicia  para generar una noticia.  No es acaso, más allá del grave dilema moral, que la noticia así obtenida estará contaminada por un evidente conflicto de interés, ya que no se obtendrá ni conseguirá, sino que será objeto de un toma y daca, dentro en un “contrato”, en que puede haber de todo, menos objetividad, imparcialidad y rigurosidad en su tratamiento.  Cómo lamentar la corrupción estatal o privada si pagamos a los agentes del orden, judiciales o fiscales para obtener copia de atestados, expedientes y piezas judiciales en aras de una “noticia” o “primicia”.

Aún subsiste un importante dilema moral –y ético- por dilucidar de cara a una sociedad verdaderamente sana, democrática y con plena libertad de expresión.

Cuenta Sábato, en su magnífico testimonio “Nunca más” que un buen día la arbitraria represión argentina se llevó sin ton ni son al menor de los hijos de un importante fiscal del régimen, tan solo ser activista social en su parroquia.  El padre, convencido del error y sin hacer parte de los horrores del régimen al cual servía, empezó a indagar y a reclamar. Hasta que un buen día también fue desaparecido.  El yerno, joven oficial de la armada, también empezó a hacer preguntas a sus superiores, señalando el grave error que se había cometido con un importante fiscal del régimen y su cuñado menor, tan solo vinculado a la labor social de la iglesia de su barrio. Trató de llegar a las más altas instancias de sus superiores -siendo él parte de las fuerzas armadas que gobernaban-, hasta ser considerado como peligro potencial y también fue desaparecido.  Finalmente, la hija del fiscal –sin padre, ni marido- y su madre –sin esposo, ni hijo, ni yerno- escaparon a España, donde rindieron su testimonio a la Comisión Sábato y rehicieron lo que quedó de sus vidas.

El problema con la barbarie es que se vuelve contra quien la crea.  Así ha sido la penosa historia de la humanidad, como la Revolución Francesa que empezó haciendo rodar las cabezas de sus reyes y terminó viendo rodar las de los más enfebrecidos revolucionarios.  O el Khmer Rouge de Camboya, o con el propio Sendero Luminoso.

Ahora que alguien muy sagaz ha tratado de poner en marcha la despreciable campaña “chapa a tu choro y déjalo paralítico”, a fin que la sociedad ponga en marcha mecanismos de autotutela para ejercer la justicia por mano propia, la Ley de Talión, subrayando la deficiencia del Estado la seguridad ciudadana, la situación se puede complicar muchísimo y, aunque no se den cuenta, los propios autores de esta efectista campaña, o sus amigos, o sus familiares, podrían terminar siendo licuados por la misma.  A ello, otro sagaz comunicador ha pergeñado una variante: “chapa tu juez y déjalo paralítico”, con el afán de resaltar la clamorosa deficiencia de la administración de justicia.  Y un preclaro congresista ha tenido expresiones de similar calibre.

El problema es que puede cundir el brillante ejemplo y hacerse viral: “chapa a tu periodista y dejalo paralítico”, “chapa a un político y déjalo paralítico”, “chapa a tu opositor político y déjalo paralítico”, “chapa a tu indeseable vecino y déjalo paralítico”, “chapa a tu enemigo profesional y déjalo paralítico”, “chapa a tu competencia y déjalo paralítico”, “chapa a un ministro y déjalo paralítico”; hasta llegar al paroxismo: “chapa a un congresista y déjalo paralítico…”.

La historia de la justicia habla justamente de la superación del rencor, de la venganza y de la autodefensa como mecanismos incivilizados de solución  de las injustidias que siempre ha presentado la sociedad.  Los libros están llenos de ejemplos en sentido contrario, y se habla de la administración de justicia (y del sistema de justicia en general) precisamente como una superación de la autotutela y la defensa violenta por mano propia.

Hace algunos siglos El Conde de la Cañada dijo: “Los hombres, que en su estado primitivo natural no reconocían superior que los defendiese de insultos, opresiones y violencias, estaban por consiguiente autorizados para hacerlo por sí propios: la experiencia les hizo entender los graves daños a los que conducían estos medios, pues o no podían defenderse por sí mismos, o excediendo los justos límites para conservarse, excitaban turbaciones a que eran consiguientes mayores desavenencias, injurias y muertes; y consultando otros medios que mejorasen la  seguridad de sus personas sin los riesgos anteriormente indicados, acordaron unirse en sociedades y confiar su defensa y la de todos sus derechos a una persona que mirándolos con imparcialidad les distribuyese sus derechos y les conservase en paz y en justicia”.

Gonzáles Pérez acotó:”Sólo impidiendo el ejercicio de la fuerza privada como modo de satisfacer las pretensiones y el reconocimiento de los derechos podrá asegurarse el imperio de la justicia. De un caos en el que prevalecía la ley del más fuerte se pasó a un orden jurídico en el que prevalece el criterio de un sujeto imparcial, sustituyéndose la acción directa frente al adversario por la acción dirigida al Estado…”

El Tribunal Constitucional (TC) se estrenó el año pasado con un precedente vinculante, modificando su Ley Orgánica y el Código Procesal Constitucional, introduciendo un adicional en la revisión, de última instancia, de las acciones de amparo, hábeas corpus, hábeas data y de cumplimiento denegadas por el Poder Judicial (PJ), redibujando el llamado Recurso de Agravio Constitucional (RAC) que es la impugnación extraordinaria que le vincula con el Poder Judicial, subrayando el carácter mixto de nuestro sistema procesal constitucional.

El TC es un órgano autónomo y, si bien forma parte del sistema de justicia en materia de control constitucional y defensa de derechos fundamentales (DDFF), no es parte del PJ, ni del Ministerio Público, ni del Ministerio de Justicia.  Es independiente.  Solo tiene tres competencias definidas en la Constitución: (i) determinar la constitucionalidad de las leyes del Congreso, derogando de modo directo las que no lo sean; (ii) dirimir los conflictos de competencia entre los diversos órganos constitucionales cual árbitro constitucional; y, (iii) resolver en última instancia las acciones de garantía –jurisdicción de la libertad- sólo cuando haya sido denegada en sede judicial la pretensión demandada, de manera que sólo el demandante insatisfecho puede acudir  en última instancia al TC, no así el vencido en una acción de garantía.  El TC puede avalar la denegación del PJ o puede rectificarla concediendo la defensa de los DDFF objeto de ese proceso.  Eso es lo que textualmente dice la Constitución y reitera el Código Procesal Constitucional.

Sin embargo, en este precedente vinculante (sentencia a la cual se reviste, además, de efecto normativo directo, como si fuese ley material) el TC ha determinado que habrá dos clases de decisiones ante un RAC: las que ha denominado –con evidente error procesal- como sentencia “interlocutoria” y las sentencias de fondo.

Para ello, el TC ha hecho un razonamiento que más se asemeja a la historia judicial de la Suprema Corte de los EEUU, con un atisbo de discrecionalidad (que en el sistema norteamericano se llama “certiorari”) y que funciona más o menos así: interpuesto el RAC contra sentencia desestimatoria del PJ, el expediente es “revisado” por una de las salas en que indebidamente ha sido dividido el TC (ya que la Constitución habla de un TC  compuesto por un pleno de 7 miembros, no por salas de 3) determinando si el proceso es fútil, va contra un precedente vinculante, carece de contenido constitucionalmente protegido o ya ha sido resuelto con anterioridad en sentido negativo, el RAC será rechazado en primera por dicha Sala, no por el pleno del TC, sin audiencia ni derecho de defensa oral,  y de inmediato será devuelto al PJ, convalidándose la desestimación de la acción de garantía, rebotando en primera el RAC sin chance alguno; o, si concluye que hay un derecho constitucionalmente protegido, que es novedoso, o que no afecta  un precedente vinculante previo, entonces recién le dará pase a una audiencia de defensa oral ante el pleno, luego de lo cual tomará una decisión final.

En el derecho procesal sentencia interlocutoria es un “auto”, una decisión intermedia que no define la causa.  De allí su denominación (“inter-locus-dicere”), lo que se dice en medio de algo.  Pero en este caso, el rebote será final y decisorio, y no posición intermedia.  Algún duendecillo procesal vendió esa denominación y los flamantes magistrados se la compraron.

A lo anterior se ha sumado una práctica lesiva a los derechos de los justiciables, como bien acusa Alberto Borea: los magistrados han adoptado la pose de no recibir a los abogados defensa, señalando que lo que se tenga que decir, se diga en la audiencia o por escrito.  Si hay “interlocutoria” no se podrá hacer en la audiencia, porque tal no habrá; y por escrito se dicen muchas cosas, pero nadie asegura que con el volumen de trabajo que tienen los magistrados puedan leer todo lo que se escribe en los procesos y no sean, finalmente, sus asistentes y asesores, los meros destinatarios de dicha lectura.

Es decir, no solo han cerrado de modo discutible el acceso ciudadano a la defensa de los DDFF cuando sean históricamente desatendidos por el PJ, que es el mandato recibido de la Constitución, sino que han ingresado en una suerte de autismo inédito en nuestro sistema judicial.  El poder debe ejercer con dignidad, pero también con humildad ya que proviene del pueblo.

Los geniecillos son seres que se consideran privilegiados.  Creen que han nacido hablando. Tienen un narciso que se lo pisan y andan por la vida derrochando su saber hacia los profanos que se limitan a beber de él sabiduría, doctrina, enseñanzas y ponderaciones.

Los hay en toda latitud.  Y los hay de todas layas.  Los hay de todos tipos, colores y sabores. Hay quienes pasan por la universidad pretendiendo enseñar a sus profesores, reformando la propia universidad y haciendo de su ciencia una herramienta del culto a la personalidad. En verdad, de lo único de lo que hacen gala es de una soberbia que les impide ver sus propias limitaciones, ya que los geniecillos carecen de limitaciones.  Son semidioses.  Ah! Por cierto, los geniecillos pueden ser hombres, mujeres o de cualquier opción.  Por lo tanto, también hay geniecillas.  No es atributo sexista.

El geniecillo no reconoce a un superior intelectual: él es superior a todos los demás, el es el capo de tutti capi, el ya no ya, el non plus ultra, el periquito pimpin.  Sólo él puede ser referente, faro y guía hacia los demás.  El geniecillo nació para mandar y ser obedecido.

Cuando escribe fulmina a todo el que no piensen como él, a quienes no aplaudan a rabiar sus escritos, o nos posteen, aún si contienen yerros, elucubraciones, especulaciones o errores fácticos.  El geniecillo jamás se equivoca, por lo tanto, jamás admite un error y menos aún se disculpa.  Sólo, como los dioses del Olimpo, fulmina y, de paso, si puede, insulta.  Eso queda mucho mejor.  Y cuando de colegas se trate, el geniecillo no se sentirá vinculado a las leyes de la cordialidad, la consideración, la lealtad o el respeto.  Eso será para la plebe intelectual.

Cuando habla pondera, juzga y concluye.  Se vestirá con saya de humildad que pronto develará la verdadera dimensión de su ser.  Si no estás de acuerdo conmigo, no solo caerás del paraíso de mi simpatía y no solo serás irremediablemente expulsado de la pléyade de sus seguidores, sino que automáticamente habrás sacado el carnet de mi enemistad.  Es devoto de la expresión: “Si no estás conmigo, estás contra mí…”

Los hay también en las comunicaciones masivas, tanto en las convencionales, cuanto en las redes sociales.  Ahí se explayarán a sus anchas teniendo como colchón la imposibilidad de la respuesta y –en muchos casos- el anonimato.   Luego el bulling hará su propio trabajo ex post.

En clase son fácilmente distinguibles.  Su principal vicio es la soberbia, el sentirse predestinados por el señor para siempre ser la voz cantante.  Contradice y se mofa del profesor, a pesar de estar en fase de aprendizaje.  Sus mayores características: la ambición y la intolerancia.

Ya en la vida profesional destacan rápidamente, y sienten el placer del conductor avezado cuando, excediendo la velocidad límite, van pasando uno a uno a los que consideran rezagados, a pesar de ser éstos cumplidores de la ley.  Cada vez que dejen a alguien en la cuneta, o que crean haberlo hecho, sentirán un enorme placer sensorial que llegará al éxtasis cuando se perciban, mirándose en el espejito, como el número uno en todo, sobre todo cuando su corifeo le cante odas y le mime con dulzor convenciéndose de ser el top of de list…

Cuando llegan a la función pública o a la comunicación social, cada día será una admonición, cada expresión una sentencia, cada pensamiento una doctrina y, por cierto, inatacables e implacables a la crítica, al simple razonamiento.  Y cuando alguien sencillo ose contradecirlo, será fulminado con los rayos que sancionen su ignorancia y la desfachatez de contradecir al geniecillo.

Los geniecillos se aúpan entre sí, se miman entre sí, se arrullan entre sí.  Es un gremio muy sólido. Tienen habilidad para reconocerse unos a otros. Son lobos de una manada con el mismo ADN que dominan a los corderos: los demás, a los no geniecillos.  Los geniecillos no creen en la democracia, ni en la voluntad popular.  Serán éllos la voluntad de dios. Los geniecillos solo creen en su propio  liderazgo personal. Los geniecillos no escuchan, solo hablan. Los geniecillos siempre andarán peleados con la verdadera democracia.

Parece ficción, pero lamentablemente es sólo una pequeña parte de la cruda realidad.  Es verdad aunque Ud. no lo crea:

Caso 1: Un ciudadano es intervenido por la policía en un control de alcoholemia.  El resultado cuantitativo arroja 0.4 grs. de alcohol en la sangre.  El límite legal considerado inocuo y exento de sanción es 0.5, por lo que el ciudadano no ha incurrido en infracción reprensible para el sistema legal.  La policía hace un “parte” y remite al novísimo Juzgado de Tránsito, consignando que el ciudadano tenía “0.40 grs. de alcohol en la sangre”.  La jueza, evidenciando un clamoroso desconocimiento de una elemental aritmética -que se adquiere en primaria- asume que el ciudadano tiene 8 veces más del valor legal permitido disponiendo, en el acto, su detención, la que prolongó por 9 meses, hasta que la Corte Superior reparó el error (¿?).

Caso 2: Un helicóptero del Ejército, trasladando a diversas autoridades nacionales y regionales, al mismísimo Premier entre ellos, recibe la orden de aterrizar en una margen del río Tumbes. La tripulación, encargada de la conducción de la aeronave, comprueba las condiciones favorables del terreno asumiendo que la policía coordina en tierra, como corresponde, el cordón de seguridad, tanto para la aeronave, las autoridades que transporta y los pobladores que –como es usual y previsible-  se aproximarán con natural curiosidad y revuelo.  Apenas posados en tierra, una joven lugareña rompe inexistente cerco de seguridad por la parte posterior del helicóptero a fin de abordar al Premier para hacerle llegar un escrito para su hermano detenido en prisión.  La fatalidad quiso que lo hiciera pasando por debajo del rotor de cola, que no se percibe por la velocidad que lleva, muriendo en ese instante y en el lugar, aún antes de que el Premier pusiera pie en tierra.  Una tragedia desencadenada por el infortunio, la imprudencia de la propia víctima y la ausencia de un mínimo control de la autoridad de tierra.  Sin embargo, el fiscal de Tumbes no tuvo mejor idea que ordenar en el acto la detención de toda la tripulación, como si en la lógica de los hechos los actos de la tripulación de la aeronave hayan sido determinantes para desencadenar esa tragedia (¿?).

Caso 3: Una familia de emprendedores provincianos tuvo el infortunio que su hijo mayor embazase a su enamorada, joven a quien ellos no conocían. La acogieron como a una hija con cariño y dedicación, le dieron un hogar y la atendieron en el embarazo, nacimiento y la posterior manutención del nieto, y en sus estudios. El hijo viajó a la capital a culminar su carrera y élla -y el nieto- se quedaron cobijados en el hogar de los abuelos paternos. A poco de cumplir 3 años el nieto, la joven emplaza a los abuelos con demandas económicas, llevando una vida poco apropiada.  Como fue reprendida, y sus pretensiones no fueron aceptadas, se retira con su hijo del hogar de los abuelos paternos y, al tercer día, denuncia al abuelo de presuntos tocamientos del menor. Además del escándalo, la zozobra y la decepción, se hace una investigación fiscal por más de dos años, donde todas las pericias del Instituto de Medicina Legal, que pertenece a la propia fiscalía, concluyen de que tales hechos jamás sucedieron.  La fiscal ordena una pericia definitoria: trae desde Lima a una psiquiatra especializada que se pasa 3 días haciendo todo tipo de pruebas. Su conclusión: los hechos nunca sucedieron, la acusación es falsa y el niño, en su inocente candor, reitera “mi mamá me ha dicho que te diga que mi abuelito me ha hecho esto…”.  La fiscal, por supuesto, no acusa, y ordena el archivo de semejante denuncia. Sin embargo, su superior ordena que pase a otro fiscal y que realice más pruebas. En el plazo ampliado el nuevo fiscal no recaba ninguna prueba adicional a las ya actuadas y, sin embargo, con las mismas pruebas con que se pidió el archivamiento, ahora acusa exigiendo nada menos que 10 años de prisión para el abuelo. Lo indignante es que en su acusación y relato, omite citar -clamorosa e intencionalmente- la pericia definitoria y determinante de la psiquiatra del Instituto de Medicina Legal de su mismísima institución, el Ministerio Público (¿?).

Como todos los 29 de julio, dentro de la Fiesta Nacional se realizó el desfile de las fuerzas armadas y fuerzas policiales ante toda la civilidad.  Es una tradición que pretende acercar a las fuerzas de seguridad con su pueblo y, por eso, se habla de una fiesta cívico-militar.  Esta vez ha incluído –como antaño- fuerzas civiles, bomberos y organizaciones sociales.

Sin embargo, cada vez se escuchan diversas opiniones que recusan la exhibición marcial y disciplinada de las fuerzas de seguridad, bien sea porque les parece contrario al espíritu civil que conlleva una democracia constitucional en la hora actual, bien sea por el exhibicionismo militarista, bien sea porque les parece una oda hacia las armas que matan.  Tal vez preferirían un pasacalle con pañuelos blancos y cartelones con los símbolos de “haz el amor y no la guerra” como en el hipismo setentero.

El problema es que desde nuestra civilidad no llegamos a comprender adecuadamente, en nuestra concepción de nación y de Estado, qué es la defensa nacional, a quien compete y cuál es nuestra responsabilidad frente a ella.  Nos gusta sentirnos seguros, nos gusta que nuestros bienes y nuestras familia estén seguros, nos gusta que nuestros negocios estén seguros, nos gusta salir, viajar y disfrutar de la riqueza natural de nuestro país con seguridad (que no nos maten, que no nos roben, que no nos lastimen), pero no llegamos a entender qué es lo que el Estado desarrolla para que todos sus ciudadanos, sin excepción, estemos seguros en nuestra integridad, nuestra vida, nuestra familia y nuestras posesiones.

Desde el punto de vista doctrinario, la defensa nacional no es otra cosa que el conjunto de previsiones y acciones que el Estado genera ejecuta en forma integral y permanente para lograr la seguridad nacional y alcanzar sus objetivos de otorgar esa seguridad nacional, tanto a nivel interno, como a nivel externo. Y, por eso, la Constitución, subordina a todas las fuerzas de seguridad al poder civil nacido del voto, donde será la disciplina militar la llamada a garantizar que esas armas sólo se usen dentro del orden constitucional y sólo al servicio de ese orden constitucional.

Es curioso comprobar como aquellos que tienen especial pasión por el derecho y la economía de los EEUU, que remedan y repiten sus más profundas aficiones yanquis, no reparan que los EEUU es el país dotado con la fuerza armada más grande, letal, eficiente, sofisticada y tecnificada; que es una nación donde se hacen desfiles y honores militares por todo y para todo, absolutamente patriotera y nacionalista.

Tampoco habremos avanzado mucho en nuestra democracia constitucional si dejamos de apreciar que el desfile militar no es otra cosa (además de una tradición) que el sometimiento de las fuerzas de seguridad al poder civil, al poder democrático y a las normas previstas en la Constitución, porque de eso se trata esa tradición.  Y por último, olvidamos alevosamente la historia cuando no reparamos que las  revoluciones y la independencia sólo se lograron con las armas puestas al servicio de la libertad y de los ideales republicanos.  Ninguna independencia de ganó a punta de codigazos, ni con pañuelos, ni con flores, sino con el tesón, la valentía y la entrega de quienes con su sangre y a costa de su vida honraron las armas que -en nombre del pueblo- blandieron para forjar esa nación que es el Perú de hoy, próximo a su Bicentenario.

Uno de los grandes males de nuestra falta de institucionalidad ha sido la absurda dicotomía entre civiles y militares.  Nos olvidamos que los militares no son más que el pueblo disciplinado al servicio de la nación, y que los civiles somos, por mandato constitucional, potenciales defensores de la patria cuando la amenaza pretenda acecharnos.  Con grave irresponsabilidad no recordamos las cinco fronteras que geopolíticamente llevamos a cuestas y las ingentes riquezas naturales de nuestra patria que son nuestra mayor reserva para el mejor futuro. Un pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla…

Castilla, “Soldado de la Ley”, cuyo lugar de nacimiento peruano ya no es más territorio del Perú, nos legó  antes de 1870 un mensaje que desgraciadamente echamos en saco roto: “si Chile compra un buque, el Perú debe comprar dos…”

De Roma hemos recibido una gran civilización, cultura y el aporte más grande del derecho sobre todas las familias jurídicas. Y los romanos enseñaron dos cosas: Amat victoria curam (la victoria solo alcanza a los que se preparan); y Si vis pacem, para bellum (Si quieres paz, prepárate para la guerra).