La nueva Asamblea Constituyente chavista destituye a la fiscal general de Venezuela

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, fue destituida de su cargo por decisión de la todopoderosa Asamblea Nacional Constituyente. Ortega, que será sometida a juicio, será sustituida temporalmente por el defensor del pueblo, Tarek William Saab.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, fue destituida de su cargo por decisión de latodopoderosa Asamblea Nacional Constituyente, constituida el viernes.

Ortega, que también será sometida a juicio por orden del Tribunal Supremo, fue sustituida temporalmente por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, un aliado del chavismo acusado por la oposición de hacer la vista gorda a los abusos del estado durante las protestas contra el gobierno por la crisis que vive el país.

William Saab fue juramentado este sábado por la Asamblea Constituyente tras las destitución de Ortega.

La destitución de la fiscal es una de las primeras decisiones de la recién instaurada Constituyente, que permitirá a Nicolás Maduro gobernar sin límites.

Este sábado Ortega ya denunció en un mensaje en Twitter que la Fiscalía había amanecido rodeada de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, solo unas horas antes de del inicio de la primera sesión de este nuevo órgano, que ha sido elegido en un proceso con múltiples acusaciones de fraude y que tiene poderes especiales sobre otras instituciones elegidas democráticamente.

La fiscal no pudo acceder al edificio y desde su entrada declaró: “Quieren con esto esconder las pruebas de (el caso de la empresa brasileña) Odebrecht, esconder las pruebas de la violación de derechos humanos que se ha dado en este país, los seguiré denunciando”.

Ortega se ha convertido en una de las voces más críticas con Maduro, aunque defiende la herencia de Hugo Chávez. Su enfrentamiento con el gobierno le ha valido el calificativo de “traidora” y Maduro la ha acusado de apoyar la “insurgencia armada”, que es como el presidente ha calificado la ola de protestas en oposición a su gobierno que comenzaron el pasado mes de abril.

La Fiscalía venezolana solicitó anular por completo la existencia de la Constituyente, fuertemente cuestionada por la comunidad internacional. Además, anunció que investigaría el fraude electoral en la elección de este cuerpo. Tras su destitución, ahora esa investigación por “presunta comisión de delitos durante el proceso electoral” podría quedarse en papel mojado.

Tanto la Asamblea como la destitución de Ortega tienen un amplio rechazo de gobiernos y organismos internacionales.

También de la oposición venezolana se manifestó este sábado denunciando la ruptura de la democracia. “Lo que está sucediendo en Venezuela es el secuestro total de todas las instituciones por una sola mano, por un solo partido político”, dijo Julio Borges presidente de la Asamblea Nacional en manos de la oposición que sería el único organismo capacitado para nombrar y destituir al fiscal general.

Constituyente para rato

Además, la Constituyente aprobó en su primera sesión de este sábado extender su duración a los dos años. La propuesta de Diosdado Cabello fue votada por los 545 miembros y ampliará las funciones del cuerpo hasta agosto del 2019.

La presidenta de la Asamblea, Delcy Rodríguez, anunció además que este domingo comenzará a operar la denominada Comisión de la Verdad que será presididia por ella misma, con el objetivo de hacer “justicia” y buscar “responsabilidades” por la violencia que el país vive desde hace más de cuatro meses y que ya ha dejado dejado al menos 121 muertos en protestas callejeras, y miles de detenciones.

La decisión sobre la destitución de Ortega se tomó casi al mismo tiempo que el Mercosur anunciaba que suspendía a Venezuela de manera indefinida por la “ruptura del orden democrático”. La medida, que aisla aún más al régimen de Maduro, se tomó de manera unánime en una reunión celebrada en Sao Paulo, Brasil

El bloque también aseguró que el país caribeño no volverá al Mercosur hasta que se restaure el orden democrático en el país y se hayan liberado todos los presos políticos. Además, invitó a Caracas a iniciar un proceso de transición política “de manera inmediata”.

En: elnuevoherald

Minedu apelará sentencia que declara como ‘inconstitucional’ a la Ley Universitaria

El juez que falló en contra de la Sunedu y la ley universitaria no solo trabaja en la universidad que presentó el recurso de amparo sino que también lo hacen su padre y sus hermanos.

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El Ministerio de Educación apelará la sentencia del II Juzgado Civil de Ica que establece que la creación de la Superintendencia de Educación (Sunedu) es inconstitucional y por tanto la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) debe ser reactivada.

El director de Coordinación Universitaria del Minedu, Juan Antonio Trelles, afirmó que el fallo del juez Freddy Bernaola Trillo es parcializado porque en sus consideraciones analiza solo a algunas partes de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del año 2008 que recomienda crear una superintendencia de educación.

PUEDES VER: Juez que ordena reponer la ANR estudia en universidad que presentó demanda

“El dictamen del magistrado no se ajusta a derecho, pues en aquel veredicto del TC la instancia advirtió que el sistema que regulaba las universidades públicas y privadas no funcionaba y recomendaba al Estado crear una superintendencia que garantizara la calidad de la educación superior”, comentó a la agencia Andina.

Aclaró que en su fallo Bernaola Trillo dispone que se ponga en funcionamiento la ANR pues con su desactivación se vulneró el libre derecho de los rectores a asociarse “lo cual no es cierto porque La Ley Universitaria no pone en cuestión ese derecho y más bien lo reconoce”.

“Al desactivar la ANR quedó sin efecto ese organismo. Ya no existe como entidad pública. Los rectores pueden agremiarse en las organizaciones que deseen pero sin que estas tengan función pública. Además, un juez no puede arrogarse la facultad de recomendar la creación de un organismo público”, precisó.

Actualmente la Sunedu es la entidad encargada de regular el funcionamiento de las universidades del Perú. Cabe anotar que -de acuerdo con la Ley N° 29971 aprobada por el Congreso de la República el 2012- está vigente la moratoria de creación de nuevas instituciones de educación superior hasta el 2017.

INTERESES CREADOS

El director de Coordinación Universitaria del Minedu recordó que la sentencia del magistrado Bernaola Trillo, se dictó ante una demanda de amparo que presentó el rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Alejandro Encinas Fernández.

“El juez debió inhibirse de asumir el caso pues, tal como se difundió en un medio de comunicación tiene vinculación con la universidad, su padre es decano de una facultad y sus hermanos son docentes. Por eso su dictamen es parcializado”, dijo.

La Sunedu entró en funcionamiento el 5 de enero, y el Ministerio ya inició la implementación de la nueva Ley Universitaria en el más corto plazo, puntualizó Trelles.

En: larepublica.pe

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