Mes: marzo 2018

 

La Junta de Fiscales Supremos es el órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público, y se reúne bajo la presidencia del Fiscal de la Nación, quien la convoca. La Junta está integrada por los Fiscales Supremos Titulares que están a cargo de las Fiscalías Supremas (órganos de línea de mayor jerarquía) y que están conformadas en lo Penal, en lo Civil, en lo Contencioso Administrativo y de Control Interno. Para el desarrollo de sus actividades cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos.

La Junta de Fiscales Supremos elige al Fiscal de la Nación de entre sus miembros por un período de tres años, prorrogable por reelección sólo por otros dos. Esta instancia igualmente elige al representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la Constitución.

De acuerdo a los artículos N° 62 y 97 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, son atribuciones de la Junta de Fiscales Supremos:

• Absolver las consultas que los fiscales alcanzan al Fiscal de la Nación, en cuanto a exhortaciones que les son hechas por el Poder Ejecutivo -a través del Ministerio de Justicia-; cuando el titular del Ministerio Público no las absuelva de inmediato.
• Revisar el Pliego correspondiente del Presupuesto del Sector Público que le someta el Fiscal de la Nación para el efecto de considerar las necesidades del Ministerio Público que faltara satisfacer y aprobarlo.
• A propuesta del Fiscal de la Nación, acordar, por especialidades, el número de los Fiscales Superiores y Provinciales de cada distrito Judicial, teniendo en cuenta las necesidades correspondientes y las posibilidades del Pliego Presupuestal del Ministerio Público.
• Acordar la sanción disciplinaria aplicable en un caso concreto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51 y siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
• Elegir en votación secreto al representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones y al Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la Constitución.

Igualmente, la Junta de Fiscales Supremos crea los despachos fiscales. En cuanto a la designación de Fiscales Especializados para determinados delitos, la Junta de Fiscales Supremos da una aprobación previa a la designación que hace el Fiscal de la Nación de los Fiscales para que intervengan, según su categoría, en la investigación y juzgamiento de todos aquellos hechos delictivos vinculados entre sí o que presentan características similares y que requieran de una intervención especializada del Ministerio Público.

En: mpfn

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se presentará al Congreso y se votará para decidir si es que continuará en el cargo o si será vacado. No obstante, se ha discutido mucho sobre si el proceso se está llevando de forma adecuada o si lo que está habiendo es un golpe de Estado.

¿Qué se necesita para poder vacar al presidente?

En primer lugar, las causales de vacancia son las siguientes según la Constitución:

Artículo 113°.- La Presidencia de la República vaca por: 1. Muerte del Presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117º de la Constitución.

En este caso, quienes apoyan la moción de vacancia argumentan que PPK estaría en una situación de incapacidad moral permanente. Sin embargo, no hay claridad sobre cuándo un presidente es un incapaz moral y no debe seguir en su cargo, lo que da pie a muchísimas interpretaciones.

Ahora, el proceso de vacancia está regulado en el artículo 89-A del reglamento del Congreso.

-Para que se pueda hacer un pedido de vacancia (que ya se hizo) se requiere la firma de no menos del 20% del Congreso, más los fundamentos por los que se presenta la vacancia y documentos que acrediten esos fundamentos.

-Luego, el pedido debe aprobarse con, por lo menos, el 40% de los votos del Congreso. El pedido se aprobó con 93 votos a favor, lo que equivale aproximadamente al 67% de congresistas. Esta votación, según el reglamento, debe hacerse en la sesión siguiente a la que se presentó el pedido.

-Luego, se acuerda el día y hora para el debate y votación. Aquí lo importante. El reglamento dicta que esa sesión debe realizarse entre 3 y 10 días desde que se apruba la moción. Si las cuatro quintas partes del Congreso deciden que se haga en un plazo menor, pueden hacerlo, pero no puede extenderse el plazo. Por lo tanto, dentro de los 10 días necesariamente debe decidirse si el presidente será vacado o no.

Además, el presidente puede defenderse. Para ello, el reglamento le da un máximo de 60 minutos. “El Presidente de la República cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos.”

-Para que el presidente sea vacado se necesita dos tercios del voto del número legal de congresistas, lo que equivale a 87 votos como mínimo.

“La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al vacado, al Presidente del Consejo de Ministros o se efectúa su publicación, lo que ocurra primero.”

Por: Renán Ortega
Editor Altavoz
@rortegaolivera

En: altavoz.pe

A jury’s near-full acquittal in the Pier 14 killing of Kate Steinle shocked many people who expected a conviction for murder or at least manslaughter. After all, there was no dispute that the accused man held the gun that fired the fatal bullet and that he hurled the weapon into San Francisco Bay as Steinle lay dying.

But the prosecution was, in some ways, fighting uphill from the start, legal experts said Friday, one day after Jose Ines Garcia Zarate was convicted only of a single count of being a felon in possession of a firearm.

“You have to prosecute a case with the evidence you have, and that’s what the prosecution did,” said Hadar Aviram, a criminal law professor at UC Hastings College of the Law in San Francisco. “I think in this case, there just wasn’t the evidence.”

City authorities never overcame a critical obstacle and established a motive that would explain why the 45-year-old homeless undocumented immigrant — whose release from San Francisco jail before the shooting under the city’s sanctuary policies became a national controversy — would want to kill a stranger.

And though prosecutors believed Garcia Zarate brought the semiautomatic pistol to the waterfront on July 1, 2015, they had little evidence to counter the defense assertion that he found the gun in a T-shirt or cloth and picked it up, causing it to fire accidentally. The gun had been stolen four days earlier from the nearby parked car of a federal ranger, but the burglary remains unsolved.

The defense had little evidence supporting its account, either, but the burden was on the prosecution to prove guilt beyond a reasonable doubt.

President Trump called the verdict “a complete travesty of Justice” on Friday and — echoing of a number of conservative pundits — suggested that the jury should have been told that Garcia Zarate “came back and back over the weakly protected Obama border, always committing crimes and being violent.”

But while Garcia Zarate has been deported five times and has drug convictions in the U.S., he has no violent convictions. And evidence of prior criminal history — and by extension, poor character — is generally not admissible in U.S. courts, unless it is directly relevant to the current case.

Garcia Zarate was charged with murder from the beginning, and prosecutors gave jurors three options.

They could convict on first-degree or premeditated murder. They could opt for second-degree murder, requiring a finding that Garcia Zarate either intended to kill Steinle or intentionally committed a dangerous act with conscious disregard for human life. Or they could choose involuntary manslaughter, which would require a finding that Garcia Zarate caused Steinle’s death with an unlawful, negligent act.

To prove murder, Assistant District Attorney Diana Garcia needed to convince jurors that the round that killed Steinle had been fired intentionally. But this was a difficult task as the bullet first struck the pier’s concrete 12 to 15 feet from Garcia Zarate, then bounced and traveled 78 more feet to strike Steinle in the back as she strolled with her father.

“The evidence that Kate Steinle was killed with a ricochet shot, rather than a direct shot, makes it even tougher to prove to the jury beyond a reasonable doubt that it was an intentional killing,” said attorney Jim Hammer, a former city prosecutor.

Throughout the trial, attorney Matt Gonzalez of the public defender’s office sought to characterize the ricochet as proof that Steinle’s death had been a tragic accident that befell a hapless man.

With no direct accounts from eyewitnesses or surveillance video showing Garcia Zarate’s actions during the shooting and in the moments just before, what remained were dueling conclusions drawn from circumstantial evidence.

And in California, the law on circumstantial evidence swings in the defense’s favor. Jurors are instructed that if they “can draw two or more reasonable conclusions from the circumstantial evidence, and one of those reasonable conclusions points to innocence and another to guilt, you must accept the one that points to innocence.”

“That’s a tough hurdle for a prosecutor to overcome,” Hammer said. “I think for those who are outraged by this verdict, they have to remember that the defense didn’t have to prove that it was an accident. All they had to do was raise reasonable doubt and that there was some other reasonable scenario.”

Jurors declined requests to explain their thinking as they left the city courthouse Thursday.

Garcia offered evidence that the pistol that killed Steinle would fire only with a firm pull of the trigger. She pointed at the defendant’s actions after the shooting — tossing the firearm and walking away — as an implication of guilt. The prosecutor called to the stand a crime scene inspector, who testified that he believed Garcia Zarate had to have aimed the gun toward Steinle for the bullet to have followed the path that it did.

And she played clips of Garcia Zarate’s four-hour police interrogation for the jury. But his alleged confession included a variety of stories about what happened, some conflicting with each other and physical evidence.

Garcia Zarate’s attorneys attacked the interrogation, and they countered as well by calling an expert who testified it was unlikely that such a ricochet shot was intentional. They contended that Garcia Zarate tossed the gun in the bay because he was frightened.

“We have to deduce how a stranger was thinking at the time of the crime from various external evidence,” Aviram said. “It’s not a question of who the jurors believe more. They have to be very close to 100 percent certain that he had intent in order to convict. And they were not.”

It’s unclear whether the prosecution’s trial strategy backfired. Garcia spent most of the trial laying the groundwork for a second-degree murder charge, but in her closing remarks, she introduced a possible motive in a bid for first-degree murder, saying Garcia Zarate had been “playing his own secret version of Russian roulette” when he brought a loaded firearm to a “target-rich environment.”

However, throughout the six-week trial the prosecutor presented little evidence to support that theory, only calling to the witness stand a tourist who was at the pier the day of the shooting and who testified that Garcia Zarate gave her an uneasy feeling.

In his closing arguments, Gonzalez said the case should not have been charged at all, hinting that the political uproar caused by Garcia Zarate’s immigration status had pushed prosecutors — who deny the claim — to seek a harsher punishment.

“Prosecutors don’t always pursue cases in which they’re certain of the outcome,” Aviram said.

Alex Bastian, a spokesman for the district attorney’s office, said the case “made its way to a trial courtroom for a reason. … At every stage, there was sufficient evidence.”

Hammer noted that the jury spent six days in deliberations, suggesting their decision was not rushed and that they carefully weighed the evidence.

“You may not like the outcome, but if you put 12 strangers into a room and they all agree on something, you need to respect that,” Hammer said. “I don’t think it was an easy decision. I think they knew they were going to walk out and get criticized. But they were the 12 who had that responsibility, and that was what they did.”

Garcia Zarate is scheduled to return to court Dec. 14, and when he is sentenced faces up to three years in state prison — a term he has likely already satisfied since his arrest. Federal authorities on Friday unsealed a warrant for his arrest related to his immigration status, and plan to deport him for a sixth time.

Vivian Ho is a San Francisco Chronicle staff writer. Email: vho@sfchronicle.com Twitter: @VivianHo

In: sanfranciscochronicle

Yo fui jurado suplente en el juicio por el asesinato de Kate Steinle en San Francisco. Yo no voté en la decision, pero estuve en contacto con toda la evidencia así como las instrucciones dictadas al jurado, y pude discutir el veredicto en este luego de que dicha decisión fuera emitida. La mayores reacciones públicas que pude ver fueron de sorpresa, confusión y burla. Si estas estuvieron entre tus reacciones también, te escribo para explicar por qué el jurado hizo lo correcto al tomar esa decisión.

No soy abogado, pero comprendí la Ley que nos leyó para este caso. Los acusados ​​en este país tienen derecho a la presunción de inocencia, lo que significa que si hay una interpretación razonable de la evidencia que favorece al acusado, el jurado debe aceptar esa interpretación sobre cualquier otra que lo incrimine. Este principio es un pilar del sistema de justicia estadounidense, y fue parte importante de las instrucciones para el jurado.

José Inés García Zárate, un inmigrante indocumentado que fue acusado de matar a Steinle, fue acusado de asesinato en primer grado (first degree murder) y los delitos menores adicionales de asesinato en segundo grado (second degree murder) y homicidio involuntario (involuntary manslaughter). Cuando el fiscal descansó en su caso, me pareció evidente que la evidencia no respaldaba los requisitos de premeditación (premeditation) o “malice aforethought” (intentional recklessness or killing) por los cargos de homicidio (murder charges). Después de haber escuchado la evidencia, estuve de acuerdo con la opinión de la defensa de que los cargos de homicidio (murder charges) no debieron ser presentados. La evidencia no mostró que García Zarate intentara matar a alguien.

Estos son algunos de los hechos que se nos presentaron:

Zárate no tenía ningún motivo ni historial registrado de violencia. El tiro que Zarate disparó desde su silla golpeó el suelo a 12 pies delante de él antes de rebotar otros 78 pies para alcanzar y golpear a Steinle. El daño de la bala indica un impacto de desvío durante el rebote, por lo que parece haber sido disparado desde una baja altura. El arma, una pistola Sig Sauer P239, es un arma de emergencia utilizada por la policía que tiene un modo de disparo ligero y sin seguridad. (Los miembros del jurado solicitaron probar el gatillo del arma durante la deliberación, pero el juez no lo permitió, por razones que no están claras para nosotros). El video pixelado del incidente que se nos mostró, filmado desde un muelle adyacente, muestra a un grupo de seis personas pasando media hora en la misma silla bajando y recogiendo objetos apenas 30 minutos antes de que García Zarate llegara allí.

Aquí hay una interpretación razonable que favorece al acusado: encontró el arma en el asiento, la recogió por curiosidad y accidentalmente la hizo disparar. Como un hombre asustado y sin hogar buscado por las autoridades de inmigración, arrojó la pistola al agua y se alejó. La presunción de inocencia, según lo establecido en las instrucciones del jurado, requería que el jurado seleccionara esta interpretación porque es razonable y favorece al acusado.

Pero, ¿por qué la absolución (acquital) por manslaughter? La mayor parte de la confusión que he encontrado ha sido sobre esta parte del veredicto, y personalmente me parece que manslaughter es el cargo apropiado para el asesinato de Steinle. Sin embargo, dada la evidencia y la Ley presentada en este juicio, es claro para mí que el jurado tomó la decisión correcta.

El cargo de involuntary manslaughter que se leyó al jurado incluía dos requisitos clave: 1) Se cometió un crimen en un acto que causó la muerte; 2) El acusado actuó con “criminal negligence”: hizo algo que una persona común sabría que probablemente podía causar a la muerte de alguien.

Los miembros del jurado no tuvieron la libertad de seleccionar el delito para la parte (1): tenían que utilizar el elegido por la fiscalía (prosecution), y esta eligió ese delito como el “blandir” o agitar con amenaza el arma. Como miembro del jurado, esta elección me pareció desconcertante, porque el fiscal (prosecutor) presentó absolutamente cero pruebas respecto de blandir el arma durante el juicio. No creo que hayamos escuchado la palabra “blandir” hasta que se leyó como parte del cargo durante las instrucciones al jurado al final del juicio. Ningún testigo vio al acusado sosteniendo un arma, mucho menos blandiéndola. Dada esta singular elección del delito por parte de la fiscalía, el cargo por manslaughter fue algo con pocas chances de éxito para el jurado. Si se hubiera elegido un crimen anterior distinto, por ejemplo, la posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente (unlawful possession of a firearm by a felon), el resultado podría haber sido diferente.

Incluso en ese caso, sin embargo, no es claro para mí que la parte (2) de la acusación por manslaughter haya sido probada. Solo se encontró una sola partícula de residuo del disparo en las manos del acusado, lo que parece respaldar su reiterada afirmación de que el arma estaba envuelta en una especie de tela cuando la levantó y provocó su disparo. Si él no sabía que el objeto era un arma, es exagerado afirmar que fue una negligencia criminal (criminal negligence) para él recogerla.

El jurado condenó a García Zarate por el cargo separado de posesión ilegal de un arma de fuego (illegal possession of a firearm), lo que indica que los miembros del jurado consideraron que era una conclusión irracional el hecho de que él no supiera que estaba sosteniendo un arma de fuego. Él estaba en el asiento donde dijo haberla encontrado durante unos 20 minutos antes del disparo, y realizó declaraciones durante el interrogatorio que parecía indicar que el sabia cuál era el objeto. Sin el beneficio de poder re-examinar la evidencia durante la deliberación, no estoy seguro de que consideraría esa evidencia como prueba más allá de una duda razonable, pero conociendo a estos jurados, confiaría en que hayan emitido un juicio preciso si el manslaughter charge había sobrevivido al primer requisito.

He salido de esta experiencia con un fuerte sentido de respeto por los miembros del jurado y su manejo objetivo de un caso sensible bajo la atención nacional. Espero haber actuado con el mismo nivel de madurez.

Phil Van Stockum is a mechanical engineer who lives in San Francisco and occasionally writes at abinitioblog.com. He is not a lawyer.

Traducido al español de: politico