Mes: abril 2016
Ley de institutos y escuelas superiores recién sería aprobada en mayo
Autoridades del Minedu detallan que, debido al retraso, el próximo gobierno estaría encargado de su aplicación.
La Ley de institutos no ha sido tratada por el Pleno todavía. Imagen: larepublica.pe
La Ley de institutos y escuelas de educación superior sigue a la espera de su aprobación y, ahora, las autoridades del Ministerio de Educación (Minedu) estiman que el pleno recién la aprobaría en mayo o, en el mejor de los casos, a fines de este mes.
Así lo confirmó Miguel Calderón Rivera, titular de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística, en diálogo con LaRepública.pe.
El representante del Minedu explicó que, debido a esta demora en la aprobación,varios puntos específicos de la ley recién podrían ser aplicados por el próximo gobierno, durante el segundo semestre de este año.
“Que sea tratado depende de los voceros de los partidos y del presidente del Congreso. De hecho, sería aplicada por el otro gobierno pues tiene que reglamentarse luego de ser aprobada”, explicó.
Calderón Rivera lamentó la demora y aseguró que existe “bastante consenso” en relación a este tema pues cuenta con la aprobación de las asociaciones de institutosy no ha generado rechazo, a diferencia de la Ley Universitaria.
El parlamentario Daniel Mora, por su parte, criticó este retraso e indicó que hay “intereses” detrás de la no aprobación de la ley. “Fue debatido en la comisión de educación el 16 de noviembre, lo remitimos al pleno para su debate porque teníamos la intención de acabarlo pero hasta ahora nada”, aseveró.
Como se recuerda, la Ley de institutos fue debatida en la Comisión de Educación del Congreso en noviembre pasado y se estimaba que en diciembre iba a ser aprobada; sin embargo, ya lleva casi cinco meses de retraso.
Lo que plantea
Para el vocero del Minedu, no existen diferencias marcadas con la Ley Universitariaya que también se debe crear un ente encargado de la supervisión de los institutos:El Educatec.
Al igual que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), con las universidades, será el encargado de sancionar a los institutos que cometan faltas o no se adecúen a la ley.
Por otro lado, también se plantea la creación de una carrera pública de maestros en el sector, que permitirá a los profesores ingresar a laborar a los centros educativos mediante un concurso.
Mora consideró que es uno de los aspectos que requieren de una reglamentación más detallada pues es un aspecto delicado dentro de la ley.
Datos
En el país existen 790 Institutos de Educación Superior Tecnológica y 116 Institutos de Educación Superior Pedagógica.
Los centros educativos albergan a cerca de 400 000 estudiantes.
Computación e Informática, Contabilidad y Enfermería Técnica son las carreras con mayor porcentaje de alumnos.
En: larepublica.pe
About the Presidential Veto
A presidential veto is the rejection of a bill passed by the majority votes of both the House of Representatives and the Senate. While Congress can vote to override a presidential veto, causing the bill to become law without the president’s approval, this is rarely done. More often than not, the threat of presidential veto is sufficient motivation for Congress to modify the bill prior to its final passage. This article provides a brief overview of procedures involved in vetoing a bill and the ways Congress can respond to a presidential veto.
The Veto Process
When a bill is passed by both the House and Senate, it is sent to the president for his signature. All bills and joint resolutions, except those proposing amendments to the Constitution, must be signed by the president before they become law. Amendments to the Constitution, which require a two-thirds vote of approval in each chamber, are sent directly to the states for ratification. When presented with legislation passed by both houses of Congress, the president is constitutionally required to act on it in one of four ways: sign it into law within the 10-day period prescribed in the Constitution, issue a regular veto, let the bill become law without his signature or issue a “pocket” veto.
Regular Veto
When Congress is in session, the president may, within the 10-day period, exercise a regular veto by sending the unsigned bill back to the chamber of Congress from which it originated along with a veto message stating his reasons for rejecting it. Currently, the president must veto the bill in its entirety. He may not veto individual provisions of the bill while approving others. Rejecting individual provisions of a bill is called a “line-item” veto. In 1996, Congress passed a law granting President Clinton the power to issue line-item vetoes, only to have the Supreme Court declare it unconstitutional in 1998.
Bill Becomes Law Without President’s Signature
When Congress is not adjourned, and the president fails to either sign or veto a bill sent to him by the end of the 10-day period, it becomes law without his signature.
The Pocket Veto
When Congress is adjourned, the president can reject a bill by simply refusing to sign it. This action is known as a “pocket veto,” coming from the analogy of the president simply putting the bill in his pocket and forgetting about it. Unlike a regular veto, Congress has neither the opportunity or constitutional authority to override a pocket veto.
How Congress Responds to a Veto
When the President returns a bill to the chamber of Congress from which it came, along with his objections in the form of a veto message, that chamber is constitutionally required to “reconsider” the bill. The Constitution is silent, however, on the meaning of “reconsideration.” According to the Congressional Research Service, procedure and tradition govern the treatment of vetoed bills. “On receipt of the vetoed bill, the President’s veto message is read into the journal of the receiving house. After entering the message into the journal, the House of Representatives or the Senate complies with the constitutional requirement to ‘reconsider’ by laying the measure on the table (essentially stopping further action on it), referring the bill to committee, postponing consideration to a certain day, or immediately voting on reconsideration (vote on override).”
Overriding a Veto
Action by both the House and the Senate is required to override a presidential veto. A two-thirds, supermajority vote of the Members present is required to override a presidential veto. If one house fails to override a veto, the other house does not attempt to override, even if the votes are present to succeed. The House and Senate may attempt to override a veto anytime during the Congress in which the veto is issued. Should both houses of Congress successfully vote to override a presidential veto, the bill becomes law. According the the Congressional Research service, from 1789 through 2004, only 106 of 1,484 regular presidential vetoes were overridden by Congress.
In: usgovinfo
El funcionario viudo que pedía un cambio de turno para atender a sus hijos consigue el traslado
A FONDO: El Ayuntamiento de Madrid niega un cambio de turno a un funcionario viudo para cuidar de sus hijos menores. Rafael Fuentes podrá reincorporarse el próximo 25 de abril a su trabajo en un nuevo puesto en el que podrá compatibilizar su vida laboral y familiar. Le han concedido un cambio de lugar de trabajo y de horario, lo que había pedido. “Me llamaron porque había un puesto vacante, por si me interesaba, y acepté”.
Rafael Fuentes con sus hijos en los aledaños del polideportivo donde trabaja (JORGE PARIS)
El funcionario del Ayuntamiento de Madrid, Rafael Fuentes, viudo desde hace un año, y que había solicitado al consistorio un cambio de turno para atender a sus hijos, ha conseguido el ansiado trasladado.
El padre de familia ha agradecido a los medios de comunicación la difusión realizada —en especial a 20minutos que fue de los primeros en informar de su caso— y al Ayuntamiento de Manuela Carmena que han permitido que firmase, definitivamente este miércoles, el traslado de su trabajo al polideportivo de Latina, como había pedido, y en horario de mañana. Trabajará de 8.00 a 15.30 horas y con flexibilidad horaria, lo que le permite poder pasar el resto del día con sus hijos y compatibilizar su vida laboral y familiar.
El 25 de abril, justo cuatro días después de cumplirse un año desde que comenzó con su petición —el 21 de abril de 2015— comenzará en su nuevo empleo. Hasta el momento trabajaba como oficial administrativo en el polideportivo de Hortaleza en el turno de tarde y ahora pasará a trabajar por la mañana en el edificio de la Calle Bustamante, en el distrito de Arganzuela. “Me llamaron porque había un puesto vacante, por si me interesaba, y por supuesto que acepté”, declara emocionado.
Este cambio se ha llevado a cabo en el más estricto marco de la legalidad, tal y como han destacado fuentes municipales. “No lo pido para hacer yoga o aerobic. Lo solicito por necesidad, porque no tengo a nadie que cuide de mis hijos”, manifestaba hace unas semanas a este periódico, al que ahora asegura que, si no le llegaran a conceder el traslado, “el único remedio que me quedaba era llevarme a mis hijos al trabajo. No veía la luz al final del túnel y ahora todo se ha solucionado”.
La alcaldesa de Madrid, ya adelantó esta semana que este caso tendría solución. En una visita al distrito de Hortaleza, algunos vecinos le plantearon sus casos personales, como el de este empleado del Ayuntamiento que no podía conciliar su horario laboral tras quedarse viudo. “Yo creo que lo vamos a poder arreglar”, respondió Carmena.
Rafael Fuentes había pedido un cambio de lugar de trabajo y de horario para atender a sus dos hijos, de nueve y siete años, después de quedarse viudo hace un año, cuando estaba en la alcaldía la popular Ana Botella.
En: 20minutos
TOP 10 Lugares Abandonados que ni sabías que existían
8 datos clave para entender el caso de abuso sexual y “Los porkys” en México
Una menor residente en el estado mexicano de Veracruz denunció una violación múltiple por parte de un grupo de jóvenes adinerados. La Justicia aún no tiene respuestas para un delito que supuestamente sucedió hace más de un año y que ha indignado a los mexicanos.
Los jóvenes han sido denominados en redes sociales como los “Porkys de Costa de Oro”, presuntamente pertenecen a una banda criminal integrada por juniors, la mayoría hijos de funcionarios o bien de gente con dinero. Imagen: http://cdn.impremedia.com/wp-content/uploads/2016/03/veracriz-violadores.jpg
El supuesto delito ocurrió hace más de un año pero las alarmas en México no se encendieron hasta el mes pasado por la difusión mediática del caso: Daphne Fernández, una menor residente en el estado de Veracruz, denunció que en enero de 2015 fue víctima de una violación múltiple. Según cuenta, cuatro jóvenes adinerados le obligaron a subir a un auto y abusaron de ella en la casa de uno de los agresores.
La joven denunció el hecho ante las autoridades el mayo del año pasado, pero hasta el momento no se ha celebrado el juicio ni se ha imputado a ninguno de los supuestos agresores.
El padre de la joven, Javier Fernández, al no recibir respuestas de la justicia, optó por alzar la voz a través de los medios de comunicación, en un caso que ha indignado a los mexicanos en las redes sociales y ha provocado protestas.
La versión de Daphne y de su padre ha sido negada por la de los presuntos agresores, algunos de los cuales ya no se encuentran en México, según la versión de las propias familias.
Estas son las claves para entender el caso:
1. ¿Quiénes son los porkys?
Se trata de un grupo de cuatro jóvenes a los que las redes sociales bautizaron como “Los Porky’s de Costa de Oro”, “Los Chacales del Rougier” o “Banda de juniors”.
Son hijos de políticos, funcionarios y empresarios influyentes en Veracruz.
2. ¿Cómo sucedieron los hechos?
Según la versión de Javier Fernández y el expediente policial, los jóvenes subieron a Daphne por la fuerza al interior de un Mercedes Benz en las afueras de una discoteca.
Le quitaron su celular y la llevaron al domicilio de uno de ellos en el fraccionamiento residencial Costa de Oro, donde, en el baño de la casa, abusaron sexualmente de ella.
3. El fallido acuerdo entre el padre de Daphne y los agresores
Después de que Daphne le contara a su padre lo sucedido, éste se reunió con los presuntos agresores y sus padres. Según relató Fernández, los padres se presentaron apenados y dispuestos a dar un castigo ejemplar a sus hijos.
La familia Fernández pidió tres condiciones para que no se levantara una denuncia y los jóvenes no fueran a la cárcel. Su objetivo era que no se viera afectada la reputación de su hija.
Las condiciones consistían en una disculpa para Daphne, grabada en video porque ella tenía miedo de verlos en persona, explicando las razones de sus actos. Otra de las condiciones era que ninguno de los agresores se acercara a la menor y el último requisito era que todos asistieran a un proceso terapéutico.
Sin embargo, aunque las familias de los implicados se comprometieron a cumplir con las peticiones, el padre de Daphne aseguró que en redes sociales comenzó una campaña de desprestigio contra su familia. Entonces, decidieron proceder legalmente.
4. ¿Por qué se interpuso la denuncia 4 meses después?
Según detallan las autoridades, aunque la violación sucedió en enero de 2015, la investigación se abrió con la denuncia de Javier Fernández en mayo ya que fue cuando se enteró de lo sucedido. Pese al acuerdo que llegó con los padres de los agresores, asegura que los ataques en redes contra su hija lo llevaron a levantar la denuncia.
Con la denuncia se abrió una averiguación previa. Se presentaron como pruebas los videos de los agresores y Daphne fue sometida a las pruebas periciales para comprobar la agresión.
Sin embargo, la denuncia no procedió.
5. La versión de la fiscalía y acusaciones de encubrimiento
La lentitud de la investigación ha provocado cuestionamientos a la justicia, teniendo en cuenta que los cuatro acusados pertenecen a familias influyentes de Veracruz. Todos son miembros de un prestigiado club y tienen amistad cercana con el exgobernador Fidel Herrera y el actual gobernador Javier Duarte.
En noviembre del año pasado, la investigación se detuvo, puesto que pasaron los 180 días para definir la situación jurídica de los acusados.
El Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, aseguró que los videos difundidos por los jóvenes pidiendo disculpas no son pruebas que legalmente puedan ser tomadas en cuenta en la investigación.
“Es mentira que haya opacidad, dilación, se está haciendo una investigación seria; mi más alto compromiso con la víctima y mi compromiso de que tendrán justicia”, dijo.
A más de un año de los hechos, ni la fiscalía ni ninguna instancia de Derechos Humanos han ofrecido a Daphne la atención a víctimas, ni el acompañamiento requerido en este tipo de casos.
6. La difusión del video y el alcance mediático
Ante el estancamiento en las investigaciones, el padre de Daphne publicó la carta que les envió a los padres de los agresores y el video en el que los cuatro confiesan su crimen y se disculpan con la joven.
Tanto la carta como el video se hicieron virales; en ambas publicaciones, el padre de la víctima pide el cese del hostigamiento contra su hija y su familia.
Asimismo, Anonymous México, a través de su canal de YouTube, difundió teléfonos, fotos y videos de los cuatro jóvenes.
7. La carta de Daphne
Ante el alcance y difusión del caso, luego de mantenerse en el anonimato, Daphne Fernández decidió romper el silencio y publicó una carta abierta en su cuenta de Facebook en donde dice que es “deprimente” y “aterrorizante” que se diga que su caso es político y que su familia está operando una extorsión.
“Me dije a mí misma que no pondría nada al respecto, al menos no directo pero creo que ya toqué fondo. Ellos saben la verdad, ellos saben lo que pasó esa noche y aún así siguen mintiendo… Es aterrorizante y muy deprimente para mí el hecho de que ahora digan que es ‘político’, que ‘nos dieron dinero’, que estamos ‘extorsionando’. Dios los perdone, Dios los perdone porque todos aquellos que tienen si quiera esos pensamientos es porque no están en nuestro lugar y solo lo entenderían estando en nuestro lugar, porque NO tienen UNA sola idea del infierno que se vive”, dice la carta de Fernández.
8. La versión de los agresores
Héctor Cruz, padre de Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro jóvenes acusados, aseguró que los muchachos grabaron una disculpa porque fueron amenazados por el padre de Daphne y negó que hubiese existido una violación.
En entrevista radiofónica este lunes, detalló que esa reunión donde grabaron la disculpa se realizó el 28 de abril del año pasado y que fue “extremadamente violenta”.
Aseguró que Javier Fernández golpeó muy fuerte a Gerardo Rodríguez, otro de los acusados, y que incluso iba armado, por lo que grabaron las disculpas intimidados y amenazados.
El padre de Diego aceptó que su hijo se encuentra en España, pero por razones ya planeadas con anterioridad.
Anteriormente, una de las familias de los agresores acusó a Daphne y a sus padres de extorsión, argumentando que en las reuniones sostenidas Fernández había exigido dinero para no proceder con la denuncia.
Por su parte, los abogados defensores han pedido un peritaje a los videos para que se compruebe que los acusados no estaban siendo presionados para emitir su declaración.
En: laopinion.com
Universidad Complutense: la imparable decadencia de una institución histórica
Extrañamente a pocos días de las elecciones generales para presidente y congresistas en el Perú, es decir, cuando toda la atención de la sociedad peruana está enfocada en llegar al centro de votación, encontrar la mesa de sufragio, hacer la cola, retornar a casa, descansar, esperar los resultados de las elecciones y olvidarse de toda esta pesadilla electoral; la hija del dueño de la universidad César Vallejo, Kelly Acuña, trata de tomarle el pelo a los peruanos indicando que la Universidad Complutense de Madrid había emitido una constancia que certifica que el ex-candidato presidencial tachado por entregar dádivas en pleno proceso electoral, César Acuña, es doctor por dicho centro de estudios.
Muy orgullosa de mi papá. Para todos los que lo calumniaron. La Complutense ayer ratificó su grado de doctor
El tema es que dicho documento no se pronuncia sobre el fondo de la denuncia sobre plagio, PORQUE NO TIENE NINGUNA RELACIÓN CON EL PROCESO ABIERTO POR LOS INDICIOS DE PLAGIO EN SU TESIS DOCTORAL! el documento que “orgullosamente” presenta Kelly Acuña se trata de un mero certificado académico que expide la Secretaría a petición del interesado y que solamente indica que César Acuña obtuvo su grado de doctor en 2009, sólo eso. La administración de la universidad, como en todo procedimiento administrativo, tiene la obligación de remitir cualquier documento en los plazos determinados. Así, la respuesta dada por la Universidad Complutense de Madrid a Kelly Acuña ha sido épica:
@kellyacuna El documento expedido UCM a Sr.Acuña no tiene ninguna relación con proceso abierto x indicios de plagio https://t.co/ElhhgjOTuB
— Complutense (@unicomplutense) April 11, 2016
César Acuña ha sido acusado de cometer plagio en la elaboración de su tésis de doctorado en dicha universidad. A pesar de las pruebas posteadas por muchos investigadores y periodistas, la Complutense se ha hecho de la vista gorda durante todo el tiempo que ha durado el proceso electoral peruano para evitar el “roche” ¡Psst! por si acaso, existe un software llamado turnitin.
La verdad no sorprende la noticia de que el proceso abierto por La Complutense en relación a los indicios de presunto plagio en la tesis doctoral de César Acuña “sigue su curso” (¿Cuánto tiempo más?), tomando en cuenta que la universidad de Acuña mantiene convenios de cooperación con una universidad en crisis como la Complutense de Madrid. Dinero va dinero viene para la cooperación. No van a dejar que se pierda un benefactor que ha formado un gran imperio de centros de educación gracias a los beneficios tributarios que gozan dichos centros otorgados por la ley peruana.
Los peruanos no somos tontos, ¡no nos tomen el pelo!
https://youtu.be/7DsaefKVJdc
Imagen en: http://ep00.epimg.net/ccaa/imagenes/2015/01/09/madrid/1420837419_437746_1420991107_noticia_normal.jpg
La elevada deuda, una mala gestión y la politización afectan más que nunca a los brillantes alumnos e investigadores con los que cuenta el centro, cuyo prestigio comienza a estar en entredicho.
No es esta la primera vez que se habla del ocaso de la Universidad Complutense (UCM). Su ingente deuda —76,8 millones de euros—, ligada a una gestión más que cuestionada por el personal universitario y a las inmensas dimensiones de sus instalaciones llevan ya tiempo mermando el prestigio de una insitución que vive su peor momento en varios siglos de historia. De hecho, hace ya tiempo que las apariciones de la UCM en los medios de comunicación se deben más a sus errores que a sus aciertos:politización, sectarismo y deterioro son solo algunos de los males que han convertido a la otrora prestigiosa universidad pública en un enfermo crónico al que no se le encuentra remedio.
Sin embargo, ni el deterioro de las instalaciones ni la falta de recursos materiales son hoy los mayores problemas de la UCM. La investigación, uno de los tesoros más preciados para cualquier país que se crea en la senda del progreso, está en serio riesgo en la Complutense, que a día de hoy no se ve con capacidad para destinar fondos a esta importante causa. Este diario ha entrevistado a todos los candidatos que este año se disputarán el rectorado de la Universidad, dirigida ahora por José Carrillo. Rafael Calduch, catedrático de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias de la Información y uno de los que pugnará por el puesto, no duda en asegurar a ABC que la actividad investigadora en la UCM es hoy «prácticamente inviable».
Para el catedrático, de hecho, los problemas son anteriores a los recortes que han vivido el conjunto de las universidades públicas madrileñas. «Los recursos, aunque hayan disminuido en los últimos tiempos, no se han gestionado como debían y Carrillo no ha buscado apoyos financieros para sacar adelante la Universidad en los malos tiempos». Los alumnos también tienen sus quejas: prácticas en grupos más numerosos, tasas cada vez más elevadas e instalaciones cerradas son solo algunos de los fallos del sistema que los estudiantes no alcanzan a entender. «Hasta hemos tenido que comprar nuestros guantes de látex para algunas prácticas en laboratorio», se quejaba a ABC un estudiante de Biología.
La investigación se muere
Para defender la investigación en la Universidad Complutense nació en 2012 la Plataforma de Investigadores de la UCM, una iniciativa totalmente independiente y puesta en marcha por un grupo de profesores en defensa de esta importante actividad. Jesús Pérez Gil, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, recalca a ABC que la competitividad de los investigadores de la UCM está por encima de la media, lo que en su opinión ha ayudado a paliar muchos de los problemas derivados de la falta de recursos. El sentir del grupo, no obstante, es de desánimo y decepción con un equipo directivo que, dicen, no apoya ni entiende la importancia de la investigación. «Nos vemos cada vez más solos», apuntan.
Del mismo modo, la catedrática de Lingüística Inglesa Julia Lavid López, miembro también de la plataforma, considera «que no se premia la investigación» y que, además, «esta actividad se valora poco en comparación con otras Universidades de nuestro entorno». A esto se suma, dice el colectivo, el inevitable envejecimiento de la plantilla y que a la larga provocará que «la UCM pierda el alto potencial investigador que ahora demuestra». «Hay investigadores buenísimos que han desarrollado su trabajo fuera de España y que podrían regresar para aportarnos sus conocimientos, pero la Universidad no está por la labor», asegura Pérez Gil. Si la situación se perpetúa, dicen los miembros de la plataforma, se generará una pérdida imposible de reponer.«Lo que estamos perdiendo es de un valor incalculable».
En: abc.es
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UCV y Universidad Complutense firmaron convenio en 2014
Peru: Elecciones 2016
Colombia aprueba el matrimonio homosexual
Ángélica Lozano (izqda) y Clara López (drcha), pareja y activistas a favor de los derechos de los gays. La primera es Congresista por Bogotá y la segunda, senadora. SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Colombia ha aprobado este jueves el matrimonio entre personas del mismo sexo, en en lo que ha sido una jornada histórica. “Es un avance fundamental, pero sólo es parte del camino que tenemos que recorrer. La principal conquista del movimiento es la igualdad en todos los aspectos de la sociedad”, comenta a EL MUNDO Marcela Sánchez, directora de la ONG Colombia Diversa, una de las más activas del país.
La decisión es el resultado de un largo camino desde que en 2011 la Corte Constitucional estableció que las uniones entre personas del mismo sexo constituían una familia. Entonces se fijó un plazo de dos años para que los integrantes de la comunidad LGBT (que agrupa a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero) pudieran acudir ante un notario o juez mientras el legislativo no estableciera una regulación precisa.
A partir de este jueves, ningún notario o juez colombianos podrán negarse a casar a dos personas del mismo sexo, como sí venía sucediendo. En lugar de un matrimonio civil, sólo tenían reconocido el derecho a establecer una “unión solemne”. “Es una figura jurídica que no existe en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Nos da a las parejas gays un estado civil de solemnizados. Es una manera diplomática de discriminar”, decía el año pasado en el diario El TiempoLuis Felipe Rodríguez Rodas, el primero que presentó una tutela para que esta unión se reconozca como matrimonio.
La votación, alentada por otros activistas, venía demorándose desde hace un tiempo. Finalmente se ha aprobado por seis votos a favor y tres magistrados en contra. Ha destacado el argumento de Jorge Pretelt; a su juicio, la unión de dos personas del mismo sexo no podía considerarse un vínculo civil, pues la ley colombiana sólo contemplaba (hasta ahora) el matrimonio entre un hombre y una mujer.
Colombia se suma a otros países latinoamericanos donde ya está reconocido este derecho. “Por desgracia, y por fortuna para ellos, Uruguay y Argentina nos llevan mucha ventaja. Nosotros ahora entramos a un lugar equiparable al de México y Brasil, donde ante la inacción del Congreso hemos tenido que acudir a las Cortes”, denuncia Marcela Sánchez.
“Ahora nos toca vigilar a los funcionarios públicos para que hagan realidad esta decisión de la Corte. No sería la primera vez que se aprueba una ley en este país sin que se garantice su cumplimiento”, advierte la portavoz de Colombia Diversa, que señala otros puntos donde su lucha continúa: “La discriminación en colegios y familias, el abuso policial contra nuestro colectivo y la postura de ciertos sectores de la Iglesia”.
Más de dos millones de firmas contra la adopción
La homosexualidad hace tiempo que cruzó el debate social en Colombia para instalarse en la política. Las ministras Cecilia Álvarez y Gina Parody han llevado de forma discreta su relación. Mientras, la senadora Claudia López y la representante a la Cámara Angélica Lozano, que comparten una relación sentimental desde 2012, tuvieron que defenderse en 2014 por una demanda del letrado Víctor Velásquez, ex senador y pastor evangélico, que acusó a la pareja de violar la Constitución por postularse a la corporación pública con el aval de la misma organización política, el Partido Verde.
“Velásquez nos armó la pelea legal porque nuestro activismo y denuncia incomodan. En el Congreso hay varios gays, pero como permanecen callados o tapados entonces no les dicen nada. Él, además, señala todo lo que tenga que ver con gays y lesbianas. Bueno, con la sexualidad en general. Sencillamente es homofóbo“, declaraban en la revista JetSet.
La última polémica en Colombia gira en torno al derecho de los homosexuales a adoptar, aprobado en otra decisión sin precedentes por la Corte Constitucional en noviembre de 2015. La senadora del Partido Liberal y abogada constitucionalistaViviane Morales, que no ha escondido su fe cristiana, lanzó la campaña ‘Firme por papá y mamá’ con la que ha reunido 2.134.800 firmas para prohibir esta nueva ley a través de un referendo.
“En el juego democrático cualquier ley se puede echar para atrás. Lo que es una incoherencia y una injusticia es que una mayoría opine sobre los derechos que tenemos o no tenemos una minoría”, lamenta Marcela Sánchez. “La ley que reconoce a los niños el derecho a tener una familia, sea ésta del género que sea, sigue vigente. La constitucionalidad de esas firmas todavía no ha sido validada y después tendría que iniciar un trámite muy largo por parte del Estado. Nosotros seguiremos luchando por nuestros derechos, le pese a quien le pese”, aseguran desde Colombia Diversa.
En: elmundo.es
Cinco municipalidades “jaladas” en transparencia
Al menos 17 municipios no implementan a cabalidad sus portales de acceso a la información pública
Desde el 2002, año en que se aprobó la Ley de Transparencia, las municipalidades están obligadas a difundir información pública en plataformas digitales estándar. En la actualidad, sin embargo, son varias las que no cumplen a cabalidad dicha norma.
De acuerdo con un sistema de evaluación elaborado por el observatorio Lima Cómo Vamos, son cinco los municipios que están “jalados” en la difusión de información pública en sus sitios web.
Se trata de las comunas de Pachacámac, Surquillo, Santa Rosa, Punta Negra y San Bartolo. Todas ellas obtuvieron un puntaje menor a cinco (de ocho posibles).
El ranking evaluó la presencia de información sobre el organigrama edil, la ejecución presupuestal, los proyectos de inversión, el directorio de funcionarios, los acuerdos de concejo, entre otros criterios.
APROBADOS. En esa misma relación, San Isidro alcanzó un puntaje perfecto, por lo que se coronó como municipio modelo en el rubro.
Le siguen en la lista Villa María del Triunfo (7.8); Jesús María, Puente Piedra y San Borja (7.7); Pucusana (7.6); Rímac (7.3); Lurigancho-Chosica (7.1) y Miraflores (7.00).
Otras 12 entidades, entre ellas de San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Comas, merecieron una calificación “regular aprobatoria”.
Lima Cómo Vamos indicó que al mejorar los portales de transparencia se pueden evitar trámites innecesarios, lo que agilizaría la gestión en los gobiernos locales.
En: correo