La Presidencia de Concejo de Ministros, continuando con las medidas normativas promotoras de la libre iniciativa privada y la seguridad jurídica que busca el panorama empresarial, así como el fomento de la inversión ha dictado  el Reglamento de las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Decreto Supremo N° 059-2017-PCM.

Esta norma tiene por objetivo viabilizar mejor el registro marcario para dar facilidades de subsanación oportuna a los usuarios cada vez que efectúen su registro. No olvidemos que la marca no solo es una registro , sino que es en esencia una herramienta de la competencia, creada por los operadores de mercado para identificar y singularizar su negocio y sobre todo una herramienta que les garantiza identidad para posicionarse en el mercado y ganar  clientes, por lo que toda norma que apunte a fortalecer el sistema de registra para facilitar a los operadores de  mercado garantizar su patrimonio intangible, será siempre bienvenida , además de estar en línea con el discurso actual del Estado que  es hacer más simples y transparentes la gestión pública de las instituciones, en este caso el INDECOPI .

En efecto, la norma  establece que de no contener la solicitud de registro de marca los requisitos exigidos por ley, la Unidad de Trámite Documentario debe requerir inmediatamente al solicitante para que complete los mismos dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, sin asignarle número de expediente ni fecha de presentación. Asimismo, la Unidad de Trámite Documentario debe mantener la custodia de la solicitud de registro de marca presentada hasta que el administrado cumpla con subsanar tales requisitos.

Si transcurriera el plazo indicado en el párrafo precedente sin que el solicitante hubiese cumplido con subsanar la totalidad de los requisitos enumerados en el artículo 52 de la Ley, la Unidad de Trámite Documentario devolverá al solicitante los documentos que hubiese presentado.

Cabe recordar que los requisitos establecidos por el artículo 52 del Decreto Legislativo N° 1075 sobre la Propiedad Industrial son:

1. la indicación que se solicita el registro de una marca;
2. los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud.
3. la marca cuyo registro se solicita.
4. la indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; y,
5. el comprobante de pago de las tasas establecidas.

Si alguno de estos requisitos exigidos no fuese detectado por la Unidad de Trámite Documentario, la instancia respectiva procederá a solicitar la subsanación. De transcurrir el plazo de 60 días, sin que el solicitante cumpla con subsanar la totalidad de los requisitos, la solicitud se tiene por no presentada.

Otro punto importante establecido por el nuevo Decreto Supremo N°059-2017-PCM, es que las medidas cautelares dictadas en procedimientos relacionados con la presunta infracción a derechos de propiedad industrial, vinculados con mercancía que se encuentra almacenada en depósitos temporales autorizados por la Sunat, son comunicadas a los correos electrónicos proporcionados por dichos depósitos, precisándose el tipo de medida cautelar a cumplir y la identificación de la mercancía sobre la cual recae la misma.

En líneas generales, es una norma razonable, sistémica y que ayuda a gestionar más eficientemente el registro marcario de cara a los ciudadanos.

Las presentes variables económicas no solamente son la expresión de la conducta de los hombres, sino también son expresión de la coyuntura por la que atraviesa el Perú, por ello en esta oportunidad presento las cifras del comportamiento económico de nuestro país, contrastadas con el comportamiento de otros países a nivel regional e internacional.

Como siempre gracias a la gentil colaboración de nuestro dilecto amigo, el economista Javier Zuñiga, uno de los profesionales en la materia más reconocidos del país, quien con mucha maestría y estudio propio del análisis de un académico reconocido, nos muestra el comportamiento económico en el multinivel internacional. Sin duda alguna un gran aporte en materia académica y para quienes son seguidores de nuestro blog.

Mediante esta palestra académica, le agradezco a Javier Zuñiga, la oportunidad de compartir su trabajo, un trabajo de filigrana hecho en variables económicas.

A continuación, un breve detalle de lo que expresa Javier, respecto de la economía del país hasta el mes de mayo.

Las cifras económicas al mes de mayo del presente año, nos muestran variantes que tomaremos en consideración para este reflexivo análisis de las potencialidades y perspectivas que nos ofrece la economía del país en lo que va del año y en lo que se puede vislumbrar al 2018.

La proyección del crecimiento del PBI anual nos muestra un 3.0% de crecimiento de la producción nacional, porcentaje que nos coloca en una posición expectante respecto de países de la región como Chile (1.67% – porcentaje menor al anterior mes) o Colombia (2.45% – porcentaje menor al anterior mes), mientras que a nivel americano se muestran cifras más alentadoras respecto de países como México (1.67%), Canadá (1.94%) y Estados Unidos (2.31%).

La deuda externa al 2017, representa un 7.7% equivalente a US$ 15,046 mil millones de dólares norteamericanos, deuda que ha sido reducida desde el 2014 cuando su equivalente correspondía a un 8.2%, es decir, unos US$ 16,650 mil millones de dólares norteamericanos.

Países como Colombia o Chile muestran deudas externas que rodean los US$ 150, 000 mil millones de dólares norteamericanos, mientras que México cuenta con una deuda externa de US$ 412,033 mil millones, es decir, un 43,6% de su PBI.

La inflación anual del año 2016 fue de 3.25% para Perú, se estima que para el 2017 terminemos con una inflación de 3.80%, sin haber precisado los desastres naturales que azotan la costa peruana, y que pueden causar altos y bajos en la inflación nacional, debido a la escasez de productos.

De acuerdo con las expectativas del crecimiento peruano, tanto las  Instituciones Internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el CEPAL, así como las Instituciones Nacionales como el Ministerio de Economía y Finanzas y Banco Central de Reserva del Perú han establecido que el crecimiento económico del Perú al 2017 es de 3.5%.

El tipo de cambio mensual de moneda nacional a dólar norteamericano es de 3.29 y se proyecta que a diciembre del presente año el tipo de cambio sea de 3.40.

En cuanto al PBI por sectores, el sector agropecuario se muestra constante en una variable de 2.5; el sector pesquero muestra un alza a razón de 13.6; la minería e hidrocarburos una baja constante que rodea los 6.9 – lejos del 16.3 del año pasado-; el sector de energía muestra una proyección de 4.6; y los sectores de construcción, comercio, servicios y manufactura muestran índices equivalentes a 2.5.

Dentro de las nuevas cifras que ha estudiado el Dr. Zuñiga, podemos observar el índice de competitividad del Perú, que actualmente se encuentra en el puesto número 67 de los 138 países. Asimismo, se muestran los factores problemáticos para realizar un negocio o una inversión en nuestro país, siendo las barreras burocráticas el principal problema; seguido de la regulación laboral restrictiva, la corrupción y la falta de servicios de infraestructura. Problemas menores los constituyen la regulación tributaria, tasas impositivas y el crimen.

Como podemos observar los índices y variables económicas son de sustantiva importancia para comprender las expectativas y posibilidades de nuestra economía de cara a las exigencias nacionales e internacionales que debemos corresponder para lograr un desarrollo más extensivo a todos los ciudadanos de nuestro país.

Hace unos días un alumno me pregunto en clase si el consumidor tenía participación en la puesta en el mercado de los productos o servicios de las empresas productoras y si el consumidor tiene un mínimo grado de participación en la creación de marcas de las empresas. Evidentemente yo le contesté que si.

Si bien es cierto no se ha prestado mucha importancia a la participación del consumidor en estos casos, es evidente que el consumidor juega un papel y un rol importante en la determinación y estructuración de un signo distintivo de una empresa, porque es el consumidor quien le da vida al mercado con sus actos de consumo.

El consumidor va a expresar si le gusta o no el producto, determinará las características del producto que sean de su agrado, es el consumidor que va a discutir si la marca es bonita o no, si es decorativa, es el mismo quien le da el grado de recordación, penetración y reconocimiento a la marca en el mercado; y es en función de los actos de consumo, que esa marca se va a posicionar en el mercado de manera relevante y le va a dar un señoría y reconocimiento en el mercado.

Las empresas que tienen una o más marcas, no deben olvidar que la marca es un instrumento de la competencia, pero para que una marca exista no vasta el registro, no va la inscripción en la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, este es un requisito legal y un trámite administrativo, que si bien resulta importante y no se puede dejar de lado, lo más importante es que la marca exista en la cabeza de los consumidores y que esta marca haya adquirido tal reconocimiento que cuando una persona pida un producto no lo pida por el nombre genérico sino lo pida por la marca.

Como cuando vamos a comprar Kolinos, Toyota, San Luis, Coca Cola; en estos supuestos lo que estoy mencionando son marcas, no estoy pidiendo nombres genéricos del producto, porque la marca se ha enseñoreado detrás de él, y evidencia que detrás de ella hay un producto.

En este sentido, el consumidor es un protagonista importante en la construcción del posicionamiento marcario de las empresas, porque el con sus actos de consumo, genera la preferencia, generando acercamiento entre las marcas y sus clientes, de tal manera, que para nosotros el consumidor si tiene un rol importante en la presentación de productos en el mercado y más aún, en la gestación y posicionamiento de las marcas.

El día de ayer 26 de abril se celebra el día mundial de la Propiedad Intelectual, y es un día importante para reflexionar sobre el papel de la propiedad intelectual en el desarrollo de los países. En efecto, la propiedad intelectual surte un rol muy importante en el desarrollo de un país, porque expresa el nivel de creatividad y la capacidad creativa e inventiva de los seres humanos.

En el caso concreto del Perú, es una oportunidad para reflexionar cuál es el nivel que hemos tenido en esta materia, cual es el avance que se ha podido observar en las últimas décadas; no solamente a nivel normativo, institucional – a través de Indecopi, que viene haciendo esfuerzos por establecer un sistema ágil, transparente, muy avanzado desde el punto de vista administrativo y funcional, para la mejor gestión de los elementos de propiedad intelectual que le son confiados a su registro – ; sino que lo más importante es promover más propietarios intelectuales,  y eso únicamente se puede hacer a través de una política pública que esté dirigida a la promoción de la propiedad intelectual en el país implicando: promover creatividad, investigación, nuevas líneas investigativas a través de los Centros de Educación Superior, que finalmente se materialicen en un producto intelectual que sea capaz de empujar la barrera del conocimiento y la tecnología para el país.

La propiedad intelectual hace crecer al país, pero también hacen crecer a las personas, por ejemplo, los inventos implican el desarrollo tecnológico del país. Un invento hace crecer al país, empuja la barrera del conocimiento, porque se inventa para ser feliz, para mejorar el puesto del hombre en el cosmos, para trascender, para hacer cada día más confortable la vida de las personas en nuestro mundo. Esto es propiedad intelectual,  esto es creatividad, el invento se ha hecho para hacer un mundo cada vez más confortable, desarrollado, creciente y extendido con oportunidades para todos.

Varias reflexiones vienen a la mente cuando hablamos del tema. Existe una que me ha preocupado siempre es: si tenemos una legislación andina en propiedad industrial y derechos de autor, es decir, propiedad intelectual en general, ¿por qué no tenemos un registro comunitario andino?

Un solo registró para todos los países de la Comunidad Andina de Naciones. Esto ahorraría costos, esto generaría economía a escala, pero sobretodo nos fortalecería y nos uniría más como lo que somos en esencia, un club de países emergentes que apostamos por el desarrollo. Países que necesitan articularse de manera general, y una de las formas de comenzar a hacerlo es por medio de la propiedad intelectual, es decir, que haya como en Europa la marca comunitaria europea, con sede en Alicante, España; o la patente comunitaria europea, con sede en Munich, Alemania.

Estos son un gran ejemplo, y a esto deberíamos enfocarnos en materia de propiedad intelectual. Creemos que es hora que los países andinos se pongan de acuerdo y creen un sistema, porque todo está por hacer, lo importante es tener la voluntad política para hacerlo.

Crear un Sistema de Patentes y Marcas comunitarias a nivel Andino o Latinoamericano, generaría un registro de propiedad adecuado a la necesidad como región. Esto generaría varias ventajas estratégicas al país, como potenciar el desarrollo. Han habido varios argumentos por los cuales no se ha dado estos mecanismos, algunos dicen que todos los países no tienen la misma hegemonía ni estructura política, otros dicen que cada país tiene un nivel de desarrollo diferentes, hay diferencias grandes y políticas dispares en materia económica y social. Lo importante es sentarnos a encontrar un punto de equilibrio.

Es hora de que avancemos a un sistema de propiedad intelectual andino y que se creen mientras tanto, una oficina de armonización interna, que armonice a los países de la Comunidad sus legislaciones con miras a tener un solo procedimiento andino.

A celebrar, a promover y difundir la propiedad intelectual, esta debe ser una consigna para los peruanos en estos días.

La economía si bien es cierto se expresa en número no deja de ser una ciencia social, toda vez que lo que reflejan los guarismos es producto de la conducta de los hombres en función de sus determinaciones económicas.
Las variables económicas expresan lo que el hombre es capaz de introducir, es capaz de hacer, etc., de manera que siempre hay una variable social y humana en las variables económicas.
La economía en tiempos de crisis también tiene una expresión, crisis provocadas por los hombres o por los fenómenos naturales – como es el caso de Perú-. Estas crisis se reflejan en el comportamiento de las variables económicas.
Situaciones como las provocadas por el niño costero, que han generado pérdidas de vidas humanas o de bienes materiales, repercuten estadísticamente en las variables económicas, se genera así una contracción de la demanda y evidentemente de la oferta, como paso hace algunos días con el tema del limón y otros productos alimenticios.
Las presentes variables económicas no solamente son la expresión de la conducta de los hombres, sino también son expresión de la coyuntura por la que atraviesa el Perú, por ello en esta oportunidad presento las cifras del comportamiento económico de nuestro país, contrastadas con el comportamiento de otros países a nivel regional e internacional.
Como siempre gracias a la gentil colaboración de nuestro dilecto amigo, el economista Javier Zuñiga, uno de los profesionales en la materia más reconocidos del país, quien con mucha maestría y estudio propio del análisis de un académico reconocido, nos muestra el comportamiento económico en el multinivel internacional. Sin duda alguna un gran aporte en materia académica y para quienes son seguidores de nuestro blog.
Mediante esta palestra académica, le agradezco a Javier Zuñiga, la oportunidad de compartir su trabajo, un trabajo de filigrana hecho en variables económicas.
A continuación, un breve detalle de lo que expresa Javier, respecto de la economía del país hasta el mes de marzo.
Las cifras económicas al mes de marzo del presente año, nos muestran variantes que tomaremos en consideración para este reflexivo análisis de las potencialidades y perspectivas que nos ofrece la economía del país en lo que va del año y en lo que se puede vislumbrar al 2018.
La proyección del crecimiento del PBI anual nos muestra un 3.0% de crecimiento de la producción nacional, porcentaje que nos coloca en una posición expectante respecto de países de la región como Chile (2.52%) o Colombia (2.45%), mientras que a nivel americano se muestran cifras más alentadoras respecto de países como México (2.27%), Canadá (2.13%) y Estados Unidos (2.27%).
El PBI per cápita nos muestra cifras en crecimiento, aún lejos de países como Estados Unidos, Alemania, Canadá, Japón, Corea del Sur; pero cercanas a las economías de nuestra región como Chile ($ 12,909.81), México ($ 8,698.59), Brasil ($ 8,586.55), Ecuador ($ 5,996.70). El Perú cuenta con $ 5,726.93 al análisis de las cifras del 2016.
La inflación anual del año 2016 fue de 3.25% para Perú, se estima que para el 2017 terminemos con una inflación de 3.80%, sin haber precisado los desastres naturales que azotan la costa peruana, y que pueden causar altos y bajos en la inflación nacional, debido a la escasez de productos.
El tipo de cambio mensual de moneda nacional a dólar norteamericano es de 3.29 y se proyecta que a diciembre del presente año el tipo de cambio sea de 3.40.
Entre las nuevas cifras que podemos observar destacan la cuantificación y cualificación del índice de confianza empresarial, que en un rango de 12 meses se muestra estable en un 66% de confiabilidad, aceptación y posibilidad de inversión en nuestro mercado nacional.
En cuanto al PBI por sectores, el sector agropecuario se muestra constante en una variable de 2.5; el sector pesquero muestra un alza a razón de 13.6; la minería e hidrocarburos una baja constante que rodea los 6.9 – lejos del 16.3 del año pasado-; los sectores de construcción, comercio, servicios y manufactura muestran índices equivalentes a 2.5.
Como podemos observar los índices y variables económicas son de sustantiva importancia para comprender las expectativas y posibilidades de nuestra economía de cara a las exigencias nacionales e internacionales que debemos corresponder para lograr un desarrollo más extensivo a todos los ciudadanos de nuestro país.

El 22 de marzo se celebró el día mundial del agua y es una oportunidad para reflexionar sobre el papel y el rol ciudadano que hemos asumido respecto del uso de nuestros recursos hídricos de manera responsable, sostenible y eficiente.
En momentos en que nuestro país sufre graves daños materiales y personales a consecuencia de las fuertes lluvias y los huaycos causados por el fenómeno del niño, lo primero que debemos preguntarnos es ¿Cuál es la cultura que hemos asumido en relación al respeto a los cauces naturales de los ríos, el respeto al nivel de los acuíferos y sobre todo la cultura que hemos asumido en relación al agua y su uso sostenible, eficiente y seguro.
El agua y el derecho que tenemos todos los seres humanos a acceder a ella en condiciones de salubridad y equidad es un tema de Estado y además es un tema de agenda pública y como tal debe movilizar no solo a la población para persuadirla de usar el agua responsablemente y entender que el agua cuesta llevarla a cada vivienda , sino que también es un tema que debe estar en los planes de trabajo del Poder ejecutivo a través de los sectores mas vinculados al recurso hídrico, es decir , agricultura, vivienda, salud, minería , servicios públicos y otros.
Si el Perú como hoy tiene abundancia de agua, entonces debemos movilizarnos para usarla y aprovecharla con eficiencia, en materia de agricultura, salud, minería, etc. . El agua es fuente de vida y adecuadamente suministrada tiene un impacto importante en la salud de las personas y el Estado debe apuntar a dotar a los ciudadanos del recurso hídrico que nuestra madre naturaleza nos provee.
Según las Naciones Unidas, el agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente.
En la actualidad más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de casa, lo que les obliga a pasar horas haciendo cola o trasladándose a fuentes lejanas, así como a hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada.
Según datos estadísticos de las naciones Unidas :
• Mundialmente, más del 80% de las aguas residuales que generamos vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada.
• 1800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por material fecal, poniéndolas en riesgo de contraer el cólera, la disentería, el tifus o la polio. El agua no potable, y unas pobres infraestructuras sanitarias, así como la falta de higiene, causa alrededor de 842 000 muertes al año.
• Las oportunidades de explotar las aguas residuales como un recurso son enormes. El agua tratada de una forma segura es una fuente sostenible y asequible de agua y energía, así como para obtener nutrientes y otros materiales recuperables.

El año 2008 con la ocasión de adecuar las normas internas al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el gobierno de ese entonces emitió el Decreto legislativo 1034, llamado Ley de Conductas Anticompetitivas, en el cual estableció una serie de reglas en materia de libre competencia que contiene claras omisiones a categorías conceptuales modernas en la doctrina del Derecho de la Competencia y lo que es más grave a pesar de no estar facultados para ello, porque la autorización del Poder Legislativo al ejecutivo se dio solamente para temas económicos y de mercado, sin embrago terminaron derogando varios artículos del Código Penal, sin estar facultados para ello, y ahora recién se observa las consecuencias de esa norma que no consideró un marco legal doctrinariamente suficiente, preciso y coherente para garantizar al país un sostenido crecimiento del mercado en condiciones, éticas, de transparencia y competitividad

Al legislar y aprobar el Decreto Legislativo 1034 , no se consideró que el funcionamiento competitivo de los mercados requiere una adecuada legislación de competencia para que haya eficiencia económica, y hoy es necesario una mayor vigilancia de los poderes públicos con el fin de que las fuerzas del mercado se desarrollen eficiente y eficazmente y para que encuentres espacios suficientes para crecer en condiciones de igualdad y de auténticas condiciones de competencia efectiva, con un cuadro normativo, adecuado, que tenga en consideración los derechos de los consumidores.
La despenalización de las conductas de abuso de poder económico

Lo primero que es necesario analizar, es si esta modificación es pertinente en los actuales momentos de integración de mercados, donde la dinámica económica impone una serie de conductas lesivas a los bienes jurídicos tutelados por la dogmática penal .

Carneluti, expresaba que la regla fundamental de una norma es la simetría,. es decir una relación adecuada que guarde equidistancia entre la prescripción legal y la realidad en la que opera la norma para garantía de sus destinatarios y del sistema jurídico en general. En este sentido, es preciso estudiar si la despenalización establecida responde a las nuevas tendencias del mercado, la circulación de mercancías, la transferencia de tecnología, la movilización de capitales, el influjo de las inversiones, la transfroterización de las relaciones comerciales, la integración y ampliación de los mercados, entre otros fenómenos que trae consigo la globalización económica .

Por otro lado, el nuevo orden económico internacional replantea también nuevos retos para dogmática penal en función de la economía moderna y de la redefinición del concepto de empresa, que va más allá de la concepción clásica de sociedad mercantil; del mercado y de los intereses de los consumidores.
En efecto, esta ley ha derogado los artículos 232, 233 y 241 inciso 3 del Código Penal, hecho que merece ser comentado toda vez que se destipifica y por ende se despenaliza las conductas de abuso de poder económico que eventualmente pudieran tener efectos nocivos para la economía y que afecten los intereses de los consumidores y del sistema en general.

TAMBIÉN SE DESPENALIZA LAS CONDUCTAS DE ACAPARAMIENTO QUE LESIONAN SERIAMENTE LOS INTERESES DEL PÚBLICO CUANDO HAY UNA SUSTRACCIÓN ILEGÍTIMA DE LA PRODUCCIÓN PARA CREAR CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN ARTIFICIALES Y OBVIAMENTE FAVORABLES A DETERMINADOS COMERCIANTES QUE LUCRAN CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDORES.
Este artículo fue derogado a pesar de existir en varias regiones del país verdaderas mafias de personas que acaparan productos, los sustraen del comercio para generar escasez artificial y luego los sacan al mercado para ganar en el precio elevado, porque al generar escasez artificial los precios suben por mayor demanda y así se benefician ilícitamente a costa de los consumidores, eso está pasando en este momento de crisis generada por las lluvias y los huaycos .
Hay gente que ha comprado alimentos, agua y otros productos en grandes cantidades los han guardado para generar escasez y luego los están vendiendo en afinas localidades a precios muy elevados. La lógica nos dice que esto está mal que no es ético, que no es correcto y que es ilícito, sin embrago no lo es porque el 2008 el gobierno de ese entonces derogó el articulo del Código Penal que tipificaba el delito de acaparamiento.
Concertación de posturas en la contratación pública
Se ha derogado también el artículo 242-3 que sancionaba a quienes concertaban entre si con el objeto de alterar el precio, en los remates, licitaciones y concursos públicos.
Este es un tema que merece un comentario especial ya que no o se ha tomado en consideración el hecho de que esta conducta es una modalidad de la concertación de precios sancionada por la Ley, cuya penalización responde al hecho de que se trata de actos de colusión y concertación de posturas en la contratación pública en los que no solo se lesiona el juego la competencia , sino también los intereses del propio Estado en la medida que se afecta a su vez los fondos públicos porque a través de ellos se financian las compras del sector público, las cuales pueden ser seriamente afectadas con el manejo de los precios por parte de postores que concertan el precio entre sí para su beneficio.

Paradójicamente la Ley deja en vigencia el articulo 234 sobre especulación en el que se establece una sanción para aquel que venda productos a precios superiores al precio oficial fijado por autoridad competente, cuando en el actual modelo económico no existe entidad que fije los precios

Es preocupación del Estado vigilar y proteger la libre competencia como institución que permite la transparencia y el crecimiento del mercado en el proceso de desarrollo económico del país, de manera que es totalmente válido que cualquier conducta de un agente económico que de una u otra manera tienda no solo a abusar de su posición de dominio en el mercado, sino también que tienda a impedir, restringir o falsear la competencia y a presionar al consumidor con condiciones de comercialización absurdas y abusivas, pueda ser sancionada por la autoridad competente, y eventualmente ser pasibles también de sanción penal si existiera, pero lamentablemente se han derogado los delitos de abuso de poder económico.

Al sancionar el Decreto Legislativo 1034 , quizá no se tuvo en consideración que en materia de vigilancia del mercado confluyen una complejidad de regulaciones, estrechamente vinculadas a las relaciones económicas nacionales que por sus características comprometen gravemente intereses sociales de mayor significación, por ello, tanto el abuso de posición de dominio en el mercado, como las prácticas restrictivas de la competencia, constituyen conductas que en el fondo afectan al consumidor porque el bienestar del consumidor en el mercado, está en función de los precios, la eficiencia productiva, la adecuada asignación de recursos, entre otras prerrogativas de la libre competencia. Las normas están dirigidas a proteger no solo el mercado sino fundamentalmente a las personas, a los ciudadanos que reclaman una actuación idónea del Estado frente a los que se aprovechan del mercado en tiempos de crisis como el acaparamiento, la adulteración, abuso explotativo de la posición de dominio , entre otros.

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La reconstrucción de las ciudades del norte peruano como Piura, Chiclayo, Trujillo. Chimbote e inclusive Lima va a demandar del Estado y de todos los peruanos en general un enorme esfuerzo desde todo punto de vista y en ese contexto seguramente van a surgir una serie de ideas, de propuestas y de alternativas de solución cada uno con sus ventajas y sus desventajas, pero lo más importante es que se hagan y que se hagan pronto.
Es evidente que tamaña tarea necesita de una cabeza, de alguien que dirija, que monitoree los avances, que organice, que ordene y en general que lidere de manera sostenida ese proceso de reconstrucción nacional y en ese sentido es obviamente el Presidente de la República quien debe liderar ese movimiento, obviamente el sabrá delegar inteligentemente en las personas que considere mas convenientes para esa tarea.
En este mar de propuestas, yo considero que una de las medidas más apropiada para este momento es la reconstrucción a través del sector privado vía OBRAS POR IMPUESTOS, porque es una sistema que ya ha demostrado que se pueden hacer obras de manera sostenida, rápida, sin contratiempos que generan las clásicas obras públicas que necesitan una serie de refrendos y autorizaciones para llevarse a cabo, lo que garantiza sin duda celeridad y además mayor transparencia e idoneidad en la construcción evitando la corrupción que suele merodear en estos casos , dada la situación de emergencia. Complementando proponemos que la responsabilidad social empresarial, no sólo sea parte de una tendencia, sino que sea parte de la estructura legal y societaria de nuestro país, de manera que todas las empresas tengan aunque sea un mínimo de responsabilidad social empresarial, mediante un programa, que deberá ser monitoreado, estructurado y desarrollado en colaboración con el Estado.
Hoy en día, el Estado ha estructurado lo que se llama “obras por impuestos” (Ley N° 29230), y puede llevarse a cabo con una visión de responsabilidad social empresarial. En efecto, la empresa deja de pagar impuestos al Estado y en su lugar se obliga a desarrollar o construir una obra que compense los tributos dejados de pagar, por ejemplo, el privado construye un puente en un determinado lugar, con lo cual se colabora con las vías de comunicación nacional; o se construye un colegio para mejorar la prestación del servicio educativo, entre otras ideas, que serían útiles y efectivas llevar a la práctica.
Para la ejecución de este programa de responsabilidad social empresarial, se debe coordinar con el Estado, que es en este caso un determinado sector. Como mencionamos, si somos un Banco, pago mis impuestos, pago mis utilidades y voy a hacer un programa de responsabilidad social empresarial, y el directorio ha aprobado que el programa sea la construcción de una escuela, pues intervengo y propongo donde pueda llevarse a cabo el proyecto, el Ministerio de Educación le da el visto bueno y el proyecto se pone en marcha.
Si el programa es hacer una pista, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobará el lugar de ejecución del proyecto. Obviamente las empresas, buscan su mayor rentabilidad, por ende ellos hacen una obra social, que a la larga le va a beneficiar, porque si yo hago una carretera, habrá mejor transporte; si se hace un colegio, capacitaré a los jóvenes y tendré más clientes; si promuevo la educación financiera, a la larga voy a tener menos conflictos financieros.
Esta fórmula es costo-eficiente para el Estado, en primer lugar, las empresas buscarán su mayor rentabilidad, pero a su vez estoy colaborando con el entorno y la sociedad.
El costo tiene el mejor sentido, por ejemplo, EL Banco de Crédito, ha ejecutado la carretera Piura- Huancabamba, esto le ha dado significado existencial a la gente de la zona, ha ganado la región y ha incrementado el nivel de productividad en el llamado Alto Piura que es una zona de gran riqueza ganadera y de agricultura y se han puesto agentes bancarios a lo largo de la carretera, con lo cual es saldo es obviamente positivo.

Se ha anunciado que el Indecopi en estos momentos aciagos que pasa el país por las lluvias en el norte y los huaycos en lima y en general la situación de zozobra que vivimos los peruanos en casi todo el país, va a salir a ver y supervisar los mercados, toda vez que hay una situación de alarma en la comercialización de ciertos productos como el agua, el papel y algunos alimentos, tanto en los supermercados y los mercados de abastos propiamente dichos.

En primer lugar, lo que tenemos que decir al respecto, es que es una situación normal que los precios de los productos suelen elevarse un poco por la situación de escasez y por la contracción de la oferta en algunos casos, porque al haberse cortado las vías de comunicación de acceso a Lima, como la carretera central y la panamericana norte y sur, es obvio que el fuljo de los suministros que viene del campo a la ciudad , se ven disminuidos y por ende los precios tiendan a elevarse, lo que de ninguna manera significa una licencia para elevar los precios de manera exagerada por encima del limite superior promedio del mercado y tampoco eso significa una licencia para prácticas de acaparamiento para generar artificialmente escasez para la posterior alza de los precios, tampoco significa una licencia para practicas mezquinas de adulteración de productos básicos como los alimentos. .

Por otro lado, es verdad que en el actual sistema económico no se puede fijar precios, porque los precios en un mercado de libre competencia de manera autónoma por el libre juego de la oferta y demanda, no obstante si puede vigilar que no se cometan actos de abuso de posición de dominio en el mercado de carácter reclusorio y explotativas, así como también sancionar los acuerdos colusorios anticompetitivos que afecten finalmente a los ciudadanos.

Cuando el Estado ha tratado de establecer tarifas mínimas , estas han sido muy cuestionadas , tan es así que cuando el Estado trató de establecer por ejemplo tarifas mínimas para la prestación del servicio de transporte terrestre nacional e internacional de pasajeros y carga, a través del artículo 4° del Decreto de Urgencia N.° 140-2001, expresando que se trataba de una medida extraordinaria y basada en estudios técnicos; toda vez que el Estado afrontaba una emergencia económica motivada por el bloqueo de carreteras y una huelga en el sector transporte, lo cual resultaba razonable; dicho decreto fue objeto de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Roberto Nesta Brero, en representación de 5,728 ciudadanos y declarada fundada por el Tribunal Constitucional de ese entonces, por considerar que existían ….” dudas razonables respecto de la idoneidad de medidas como la fijación de precios mínimos en los servicios en aras de evitar la informalidad y la baja calidad de los mismos…”.

Por otro lado, el Decreto Legislativo 1034, en su artículo 3, establece que: “…. El Estado podrá asumir las acciones que considere necesarias para contribuir a mejorar las condiciones de oferta de los productos en beneficio de los consumidores….”. La pregunta que se genera es como debemos interpretar este articulo y si es que sobre la base de este texto normativo, se puede colegir que el Estado ante situaciones de emergencia nacional pueda en determinado momento emitir reglas en materia de competencia que tiendan establecer normas que eviten precios inequitativos en el mercado, así como sancionar conductas de abuso de posición de dominio de carácter explotativas, ya que actualmente solo se sancionan las conductas de abuso de posición de dominio exclusorio.

Es un tema interesante, hay autores que piensan que el este debe ser interpretado solo a la luz del principio de subsidiaridad, por el cual el Estado por razones de interés público puede ejercer actividad privada, así como hay autores que establecen que el Estado si puede por alto interés público, en situaciones como la actual, de emergencia nacional, establecer reglas para evitar precios inequitativos por un determinado momento mientras se supera la situación de desastre. Este tema ya se vivió cuando ocurrió el terremoto de Pisco y se planteó que momentáneamente se establecieran reglas para evitar la exagerada subida de los precios en productos básicos para que las familias pudieran reconstruir sus viviendas. El presidente Bush, que incluso es republicano, en la época en que sucedió el desastre natural en USA por el huracán Katrina y el maremoto de New Orleans, hizo algo parecido por un determinado momento y eso ayudó a reconstruir la ciudad. Eso pasó y luego el mercado volvió a su status natural y la vida, la economía, el mercado, el comercio y todo continuó normalmente, no se cayó el sistema económico norteamericano por esa medida.

Sin embargo, en Pisco esto no ocurrió y la ciudad hasta el momento no ha superado la crisis, no se ha reconstruido totalmente y da pena ir de visita y observar hasta ahora los estragos del terremoto de esa época. Faltó quizá firmeza política y quizá visión de futuro y compromiso social en ese momento para tomar una decisión de esa naturaleza, es decir una decisión de estado trascendente , potente y firme para dar significado existencial a las personas afectadas y contribuir a reconstruir un pueblo y ayudar a la resiliencia de la gente para superar la crisis . Hay estudios de informan, que en ese momento en Pisco, en los momentos aciagos del terremoto, los precios no solo de alimentos, sino de productos para reconstruir las cosas como clavos, madera, tubos, etc subieron entre 4 y 8 veces su precio, incluso hasta los servicios mortuorios subieron considerablemente sus precios.

Es en estos momentos en que nota el liderazgo para establecer las medidas que sean las más a asertivas y coherentes para superar la crisis de emergencia nacional, ayudar a los más necesitados y reconstruir las ciudades afectadas. Yo soy natural de Piura y he visto muchas veces los estragos de las lluvias desde mi niñez y es necesario que se reconstruya pronto. Hay esperanza que las medidas del gobierno sean las más acertadas. Y no olvidemos el rol que deben estar cumpliendo ya los organismos reguladores para garantizar la efectiva prestación de los servicios públicos como luz a, agua teléfono, hasta hoy Sedapal, por ejemplo no emitía información concreta y veraz sobre el servicio de agua, igual pasa con las empresas de telefonía y de energía, respecto de los servicios cortados en algunas zonas del país. Por lo menos hasta hoy no he escuchado a los organismos reguladores expresar algo al respecto. Igual esperemos que esto difícil momento se supere.

En un mercado como el de hoy, lleno de presiones crecientes y extendidas, vale la pena repasar algunas ideas para reflexionar en torno al tema del consumidor y analizar su esencia, más aun ahora que ya contamos con un Código de Protección y Defensa del Consumidor. EL 15 de marzo se celebra el “Dia mundial del Consumidor”, por ello es preciso detenernos a pensar sobre lo que significa el Derecho del Consumidor.
El Derecho del Consumidor no es un Derecho Estatutario, especial para una clase, porque no existe una clase, un gremio o una profesión de consumidores, dado que todos los seres humanos somos consumidores desde que nacemos y aún antes de nacer e incluso las personas jurídicas pueden ser consideradas como consumidores dentro del marco conceptual de la ley, sin distinciones sociales, económicas, políticas, ni profesionales.
El Derecho del Consumidor es para todos y solo cuando se comprenda que lo que está en juego en este Derecho no es una categoría, sino la centralidad de la persona misma en el ordenamiento jurídico, su prioridad sobre cualquier otro tipo de interés; cuando se comprenda que ella prevalece sobre el mercado y que la producción de bienes tiene por fin su realización, se entenderá que el Derecho del Consumidor no es un Derecho Estatutario, especial para una clase.
La tutela del Derecho del Consumidor no va dirigida a cierta clase de personas, o a determinado sector social; no existe el grupo o la clase de los consumidores porque todos los seres humanos, sin excepción somos consumidores que de un modo u otro debemos adquirir bienes en el mercado en las condiciones que se ofrecen, sea el adquiriente un obrero, un empleado, un profesional, un directivo de una empresa, o un dueño de empresa y requerimos de una tutela y de una protección especial del Estado, a fin de que las fuerzas del mercado respeten los derechos de quienes damos vida precisamente a ese mercado.
Aunque la noción de consumidor constituye una categoría de la que se sirven economistas y juristas, tiene una traducción directa y un significado propio en la realidad sociológico-existencial, pues todos somos consumidores, pero ante todo personas. Por ende el consumidor es una persona con necesidades, gustos, preferencias, sentimientos, vanidades, etc. en el mercado los consumidores somos protagonistas principales.
No quisiera terminar esta breve nota sin dejar de reflexionar sobre el Sistema de Protección del Consumidor en el Perú y lo que surge a la mente es si tenemos realmente un sistema, que sea orgánico y que funcione de manera sistémica y armoniosa para garantizar el respeto a los derechos de los consumidores y las correspondientes sanciones a los proveedores que incumplan el mandato legal del Código. Un sistema implica la existencia de una política pública y de un mandato del Estado en esta materia, contenido en el artículo 65 de la Constitución; la existencia de un marco normativo adecuado y moderno; y la existencia de institucionalidad que responda a las exigencias del mercado y que el ente tutelar correspondiente – en este caso Indecopi- tenga una organización funcional y administrativa que le permita asumir con suficiencia, precisión y coherencia las exigencias propias de un mercado creciente y extendido . Nos toca a los consumidores vigilar si el sistema de protección al consumidor en el Perú funciona y si no, exigir que funcione al propio Estado, porque nuestra ciudadnía económica nos da ese derecho.
Por otro lado no basta analizar el rol del Indecopi como la autoridad encargada de la protección del consumidor, sino también es necesario reflexionar el rol de los operadores de mercado , para ver si existe un alineamiento empresarial que establezca buenas prácticas de gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial de cara al mercado , y que promuevan prácticas de buen trato al cliente, normas de compliance en materia de mercado, que de una u otra manera evidencien respeto a los derechos del consumidor pasar lograr un mercado transparente, creciente, competitivo y con un carácter más ético