A principios del Siglo XX subsistía en el Perú rezagos del fuero eclesiástico, donde las leyes canónicas -de la Iglesia Católica- se anteponían a las leyes del Estado cuando se trataba de juzgar -no solo por infracción a las leyes de la iglesia, sino a las leyes civiles y criminales- a sus clérigos de cualquiera jerarquía.

Con la Carta de 1933 la separación entre el Estado y la Iglesia Católica fue mucho más clara. En años previos se había aprobado leyes de secularización del matrimonio civil, registro civil (de nacimientos y matrimonios) y divorcio vincular. Hoy no queda duda que el Perú es un Estado secular, aunque la Constitución siga proclamando, dentro del Capítulo “Del Estado, la Nación y el Territorio”,  en su Art. 50° que: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas”.

Significa que estamos dentro de un Estado laico, que la católica es una confesión opcional que convive con otras y que no tiene más valor que el moral para quienes la profesan. La fe católica es enteramente voluntaria, separada de las leyes del Estado, que subsiste con otras confesiones igualmente respetadas por el Estado, aunque su énfasis esté en la católica por ser mayoritaria y por su aporte a la formación histórica y cultural del Perú, tanto colonial como republicano.

El “fuero eclesiástico” fue defendido por los canonistas, donde todas las causas civiles y penales contra los ministros cristianos eran competencia de los jueces eclesiásticos, excluyendo a los jueces ordinarios de la república. Explicaron que no les resultaba justo que los sacerdotes, que tenían la misión de juzgar a sus fieles, sean a su vez juzgados por estos, con menoscabo del respeto que debían merecer los representantes de Cristo en la tierra encargados de señalar el camino de la salvación. El Concilio de Macón dijo: “Sería indecoroso que los sacerdotes fueran sometidos al juicio de los seculares a quienes administran la Eucaristía y los demás sacramentos”.

Hace varios lustros que la Iglesia Católica soporta diversas acusaciones, urbi et orbi, por diferentes formas de abuso sexual contra los fieles que se acercaron con fe a quienes predicaban la palabra del Señor y debían ser ejemplo de vida, sobre todo con gravísimas agresiones a menores.

Quizás movidos por la historia del fuero eclesiástico y la vergüenza del escándalo, recién los más altos dignatarios de la Iglesia han reconocido que la primera respuesta no fue la más apropiada. El silencio, la sordidez de la tapadera, el solo alejamiento del abusador fueron sus principales reacciones. Pero los abusos sexuales son, además de pecados capitales según la ley de Cristo, delitos muy graves contenidos en el Código Penal que es aplicable –sin excepción- a todos los ciudadanos, dentro de los cuales hoy están, sin ninguna duda, los clérigos y ministros de la Iglesia Católica, cualquiera sea su jerarquía o denominación, en la medida en que las leyes canónicas de la Iglesia no tienen validez jurídica dentro de la sociedad civil, ni en el Estado de Derecho, sino sólo vigencia moral para quienes abrazan la fe cristiana.

Pero el abuso sexual, en particular la pedofilia, es un grave delito contra seres obnubilados o engañados por falsos profetas, que usan con alevosía la fe cristiana, su autoridad moral y, en muchos casos, la edad de los fieles, como instrumento de depravaciones arruinando la vida a sus víctimas con permanente secuela psicológica.  En estos casos no estaremos sólo frente a un pecado capital contra la Iglesia, ni se trata sólo de seres descarriados del sendero cristiano cuyo castigo deban purgar con abstinencia, alejamiento, expulsión o excomunión, como son los castigos de la iglesia.  Estamos, antes que nada, frente a verdaderos delincuentes que deben ser juzgados con las leyes del Estado que castigan con especial rigor esas conductas, precisamente por su gravedad. Lo que se debe imponer –además de la penitencia eclesial- es la ley penal del Estado que empieza por la obligada denuncia por notitia críminis o denuncia de parte al Ministerio Público (titular de la acción penal según la Constitución), la imputación ante un juez penal, el procesamiento público por un tribunal de justicia y la privación de la libertad por el plazo de ley a ser cumplida en una prisión estatal para quien sea culpable. Como ocurre a diario con cualquier ciudadano infractor.  Ni más ni menos.

Fue precisamente Cristo quien nos enseñó que los deberes con la fe van de la mano con los deberes ciudadanos cuando apostilló: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 21).

Artículo publicado en el diario El Comercio el 13/11/2015

Ilustración tomada de El Comercio (Giovanni Tazza)

http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/al-cesar-lo-que-cesar-anibal-quiroga-leon-noticia-1855782?flsm=1

Como resulta obvio, ya se ha dado la largada de la carrera electoral del 2016 hacia la meta representada por el sillón presidencial y, como en la alegoría animada que  presta el título, los diversos candidatos –que representan opciones y posibilidades muy diversas- corren desesperadamente atacándose inmisericordemente los unos a los otros, con muy variado armamento y munición, desde las acusaciones de transfuguismo, las deslealtades, los roedores, los acomodos y conveniencias, hasta las acusaciones fiscales, penales y constitucionales por doquier, pretendiendo bajarse la llanta y ponerse cabes, los unos a los otros. ¿Fair play? Nada, eso es para los perdedores…

Candidatos abundan. Alguna vez se dijo que en el Perú hay gran facilidad para fabricar candidatos presidenciales. Todo mono con cabeza cree que puede llegar a la presidencia de la república. Y, de algún modo, la historia y la realidad política alientan esos sueños de opio. En los ’90 el fujimorismo legó a la clase política la enseñanza que, un desconocido, sin preparación ni clase ni raza política, podía alzarse con el premio mayor, arrebatando al establishment, al empresariado y a la mayoría de los medios de comunicación, derrotando a un prestigiado novelista que –luego de esa debacle- ganaría el nobel, pero en literatura, no precisamente en política.

Para lograrlo, bastaba estar en el momento y lugar oportuno a fin de que la ansiada ola de popularidad llevase en su cresta al ganador en un surfeo electoral directo hasta palacio de gobierno. Fue la imagen del no partido, del no programa, de la improvisación y del candidato que se hizo de la mayoría en un tsunami electoral, del que luego el país pagaría la factura. Luego de eso, todos –de uno u otro modo- han querido emular a Fujimori, y se han posicionado en el rompiente pretendiendo montar en la ola ganadora. Pero, en este corsi e recorsi las historias nunca se repiten y nadie más ganó la tinka electoral.

Tenemos los candidatos grandes: la heredera de Fujimori, cuyo mayor activo es la herencia de papá y el recuerdo en su electorado de la añorada gestión de papi. Si fuera Keiko Pérez carecería de toda opción. Luego está PPK, la versión andina del Tío Sam, también arropado por el empresariado y la mayoría de los medios, aceptado por clase política que, siendo importante, no deja de ser una elite en términos del colegio electoral. Será muy difícil que el mayoritario electorado provinciano, sobre todo el progresista del sur, extienda su voto a quien perciben como un gringo empresario exponente del capitalismo yanqui. Su pasaporte y la partida de nacimiento también conspirarán en su contra. El APRA, que no deja de ser un partido organizado pese a su magra representación congresal, apuesta con toda fuerza al segundo lugar pasando al ballotage, donde daría el batacazo alzándose con la victoria final en la segunda vuelta. Llevan a su indiscutible carta  ganadora ya en dos oportunidades,  bajo el axioma de no cambiar lo que ya ha demostrado eficacia y triunfo.

Los demás correlones son como pequeñas comparsas, con más entusiasmo que posibilidad alguna, y que sólo animarán la fiesta dándole un toque folklórico.  Entre ellos, el del partido de gobierno con una cara más presentable que el anterior, pero no necesariamente más popular -y las elecciones se ganan con votos, no con bonitos rostros-.

¿Cuál será el desenlace en la meta? Nadie lo sabe a ciencia cierta, ni los gurúes en comunicación que asesoran a los candidatos, cuales personal trainers, con un abultado presupuesto, como es de rigor.  Pero, sea cual sea este, hay tres ideas que deben estar al margen de toda discusión, discrepancia o duda: (i) Deben haber elecciones limpias y transparentes, que recojan la verdadera voluntad popular, debidamente auditadas por la ONPE, el JNE y los organismos internacionales; (ii) Se reconocerá como legítimo sucesor presidencial al legítimo ganador electoral, sea en primera vuelta, sea en segunda; y, (iii) Habrá una transferencia democrática  -la cuarta sucesiva en 20 años de alternancia constitucional- que el 28 de julio transfiera la banda presidencial al legítimo electo. Ni un minuto antes, ni un minuto después.

Los abogados cumplen una función social al servicio de la justicia y del derecho.  Son servidores y colaboradores esenciales de la justicia y de los magistrados, en general. Al menos, eso dice la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Su actuación -en el Estado de derecho y ante la sociedad- legitima toda actuación de las autoridades (judiciales, parlamentarias, constitucionales, administrativas, arbitrales, policiales, militares, etc.), ya sea como defensor, asesor, ilustrador o informador.  Inclusive como acusador ya que, al fin de cuentas, fiscales y procuradores son también abogados.

No podrá reputarse como debido un proceso del Estado –en cualquiera de sus manifestaciones- si sus partes no tengan un abogado de su libre elección. También lo dice la Constitución, y el Pacto de San José, como un derecho fundamental y una garantía constitucional de la administración de justicia, en general.

Es evidente que en los últimos tiempos la función del abogado ha decaído muchísimo, por muy variadas razones.  Desde la nula participación gremial en la sociedad, pasando por el escaso control deontológico que se ejerce sobre la abogacía, hasta la proliferación de facultades de derecho que gradúan con poca calidad profesional.  Y eso se nota día a día, cuando los pilares básicos y esenciales del derecho son desconocidos, olvidados o, simplemente, ignorados por ausencia de una bibliografía básica en la formación del abogado.

Pero también las autoridades contribuyen al desprestigio y baja estima social de abogado.  El problema es que esas autoridades olvidan que –antes que autoridades- son también abogados y que gracias a ese título han llegado a ser autoridades.  Una paradoja.

Una prueba de ello es la reciente malhadada disposición en el Palacio de Justicia, que desde hace unas semanas, impide a los abogados ingresar por la puerta principal. Members only… Luego de 80 años de haber si inaugurado, y de haber permitido que abogados y magistrados ingresen por la misma puerta, ahora el abogado debe entrar por la puerta de atrás, ya que el acceso principal ha sido reservado, cancerbero de por medio, para “magistrados y autoridades”.  Una clara alegoría –en la hora actual- del descrédito de la abogacía ante la justicia.  ¿Y el Colegio de Abogados?  Bien gracias, muy ocupado en sus fratricidas luchas, cada vez más irresolubles.

La Corte Suprema, a través de su Consejo Ejecutivo, no se queda atrás y con la RA No. 025-2012-CE-PJ “exhorta” a los jueces del país a exigir –compulsivamente- a los abogados a presentar una “constancia de habilitación” emitida por un Colegio de Abogados.  Es decir, ya no es suficiente estar graduado, ni tener título, ni tampoco estar colegiado; ahora en cada juicio el abogado debe demostrar que es abogado, entregando una certificación, lo que es ilegal ya que va contra la ley de simplificación administrativa y el principio de la buena fe. Y, de pasadita, incrementa indebidamente las arcas de los Colegios de Abogados (encareciendo el proceso, a expensas del cliente).

Este descrédito también ocurre en la actividad privada. En una institución creada para la autorregulación de la prensa, una vez se procesó a dos periodistas. Estos, ante la eventualidad de ser sancionado, acreditaron a su abogado defensor quien formuló sus alegatos.  Cuando pidió ser escuchado antes de la resolución, le dijeron que no, que ellos eran una entidad ética, y que no le daban cabida a la defensa legal (¿?).  En otra ocasión un afanoso procurador ad hoc (abogado designado a dedo) recibió la solicitud de un defensor para poder exponer los argumentos de su defendido a quien éste públicamente acusaba.  Recibió la negativa por respuesta, “ya que no tenía obligación de escucharlo, porque -según él- eso era para el juez…” Es decir, podría acusarlo, podía sindicarlo como delincuente, podía exigir una pena de cárcel, pero no podía perder su valiosísimo tiempo escuchando a un defensor que por escrito había solicitado ser escuchado como simple colaborador de la justicia.

Sin embargo, una y otro ignoraron la esencia de la defensa y lo básico de la ley. Desde 1992 el Art. 293° de LOPJ dice: “El abogado tiene derecho a defender o prestar asesoramiento a sus patrocinados ante las autoridades judiciales, parlamentarias, políticas, administrativas, policiales y militares y ante las entidades o corporaciones de derecho privado y ninguna autoridad puede impedir este ejercicio, bajo responsabilidad”.

Siempre se ha dicho que las grandes causas nunca son resueltas por los juzgadores con la cabeza, sino con el asiento, en la medida en cuán caliente este se pueda poner por causa de aquella, poniendo en riesgo su estabilidad, continuidad, autonomía y tranquilidad espiritual. En el mejor de los casos, serán resueltos con ambos…

Así ha sido la historia de la humanidad, en todos los lares y confines.  Finalmente también los juzgadores son seres humanos que juzgan a otros seres humanos con sus propios temores, aprehensiones, ideologías, fobias, ambiciones  y entorno personal.  Como bien enseñó Ortega y Gasset, los hombres –y las mujeres- somos lo que somos, más nuestras circunstancias.

Cuenta el tradicionalista Ricardo Palma, en “Los tres motivos del Oidor”,  que “El 27 de octubre de 1544 estaban los vecinos de Lima que no les llegaba la camisa al cuello. Y con razón, eso sí. Al levantarse de la cama y abrir puertas para dar libre paso a la gracia de Dios se hallaron con la tremenda noticia de que Francisco de Carbajal, sin ser de nadie sentido, se había colado en la ciudad con cincuenta de los suyos, puesto en prisión a varios sujetos principales tildados de amigos del virrey Blasco Núñez, y ahorcado, no como quiera a un par de pobres diablos, sino a Pedro del Barco y Machín de Florencia, hombres de fuste, y tanto que fueron del número de los primeros conquistadores, es decir, de los que capturaron a Atahualpa en la plaza de Cajamarca

Carbajal previno caritativamente a los vecinos de Lima que estaba resuelto a seguir ahorcando prójimos y saquear la ciudad, si ésta no aceptaba por gobernador del Perú a Gonzalo Pizarro, quien, con el grueso de su ejército, se encontraba esperando la respuesta a dos leguas de camino.

Componían a la sazón la Real Audiencia los licenciados Cepeda, Tejada y Zárate; pues el licenciado Álvarez había huido el bulto, declarándose en favor del virrey.  Asustados los Oidores con la amenaza de Carbajal, convocaron a los notables en Cabildo.  Discutióse el punto muy a la ligera, pues no había tiempo que perder en largos discursos ni en flores de retórica, y extendióse acta reconociendo a Gonzalo por Gobernador.

Cuando le llegó turno de firmar al Oidor Zárate, que, según el Palentino, era un viejo chocho, empezó por dibujar una † y bajo de ella, antes de estampar su garabato, escribió: Juro a Dios y a esta † y a las palabras de los Santos Evangelios, que firmo por tres motivos: por miedo, por miedo y por miedo”

Oidor fue la denominación de los jueces de las Reales Audiencias,  tribunales colegiados originarios de Castilla, que se convirtieron en los máximos órganos de justicia dentro del Imperio español.  Como tales, fueron trasplantados a las novísimas colonias de ultramar que, antes de los virreyes, también ejercieron funciones de gobierno. Su nombre proviene de su obligación de escuchar (oír) a las partes en todo proceso, particularmente en los alegatos.

Con la República, en el Siglo XIX, las Reales Audiencias cedieron paso a la creación republicana de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante Decreto Dictatorial provisorio de Bolívar, de 22 de diciembre de 1824, en cumplimiento del Art 98° de la Constitución de 1823.   Allí es donde a los integrantes del más alto tribunal de justicia de la nueva república se les denomina “Vocales”, cuyo genérico es el de “Magistrados”.   Los magistrados -en general- tienen como antecedente histórico  a los antiguos Oídores de la Colonia y, estos, al Iudícum (de donde la denominación de Juez) del derecho romano.

Hay una diferencia importante entre los magistrados de la Corte Suprema y los demás funcionarios que juzgan otras especialidades (administrativa, constitucional, arbitral, etc.) y es que –generalmente- los miembros de la Corte Suprema han empezado desde abajo, como amanuenses, secretarios, relatores, jueces de instancia, vocales superiores y, al cabo de una dilatada carrera, hoy por meritocracia vía concurso del CNM, alcanzan la máxima judicatura.  En los otros casos casi siempre llegan (también por meritos personales y designación política) en paracaídas, sin la solera ni la experiencia necesaria en el decisivo arte de administrar justicia, que no es otra cosa que el divino don de juzgar a sus semejantes.  Por eso son más susceptibles de presiones, temores y miedos, como magistralmente enseña –con la historia del Perú- Ricardo Palma.

El magistral procesalista Mauro Cappelletti dio esa denominación a una de las facultades de los tribunales constitucionales en el mundo, lo que significa decidir, en última instancia, los casos de protección de derechos fundamentales (DDFF) previstos en la Constitución y en tratados de DDHH.

En el Perú, se denomina “jurisdicción de la libertad” a la tercera facultad del Tribunal Constitucional (TC), prevista constitucionalmente, en cuya virtud se pronuncia en última instancia -sólo en defecto del Poder Judicial (PJ)-  en las acciones de garantía constitucional: hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento.  Por eso la doctrina nacional ha recreado la expresión denominándola “jurisdicción negativa de la libertad” en la medida en que el TC sólo se pronuncia en esos procesos sí, y solo sí, el PJ los hubiese rechazado.

Dicho de otro modo, cuando el PJ acoja favorablemente una acción de garantía, la Constitución  no le concede competencia al TC para pronunciarse en última -y definitiva-  instancia,  ya que tal decisión estará reservada sólo para el PJ.  Vis a vis,  sólo cuando el PJ haya desestimado tal acción de garantía, la Constitución abre las puertas del TC sólo al demandante perdedor (no al demandado perdedor) a fin que el TC dilucide, finalmente, el fundamento del proceso constitucional protector de DDFF.

Esto no fue invento de la Constitución de 1993, dada luego del autogolpe de Fujimori.  Es un esquema nacido en la Carta de 1979(D) y que la actual Constitución replica exactamente.

La “jurisdicción negativa de la libertad” se forjó en el Perú –y así consta en las actas constituyentes- por la desconfianza ciudadana sobre el PJ como protector de libertades y defensor del justiciable frente a los abusos del poder.  La debilidad, falibilidad y obsecuencia judicial frente al poder, en desmedro de la efectiva protección de los DDFF, hizo que el Constituyente de 1978 previera que, cuando el juez protege los DDFF, eso fuera cosa juzgada.  Pero, cuando no lo hiciera, el PJ debía soportar un “controlador” constitucional, responsabilidad recaída en el TC.  Por eso el TC sólo tiene competencia para resolver –vía recurso de agravio constitucional- las sentencias desestimatorias del PJ.  Eso dice la Constitución.

En octubre 1968 ocurrió un Golpe de Estado que derrocó al presidente Belaunde e instaló por 12 años un gobierno de las FFAA.  En aquella época la represión política era menos cruenta –como lo fue en otros países- y al opositor no se le “desaparecía”.  Se le “expatriaba” con una mera “orden verbal”.  Es decir, se le expulsaba del país contra su voluntad y prepotentemente.  Enmarrocado y apachurrado entre dos gorilones, el opositor era embutido en la cabina de un avión. En el camino le metían un salvoconducto y $100.- al bolsillo. Se le botaba con prohibición de reingreso al país hasta que la prepotencia culminase illo témpore.  Así, Buenos Aires, Santiago, Guayaquil, Bogotá o Caracas fueron comunes destinos de aquellos forzados exiliados.

El Dr. De La Jara, ex ministro de Gobierno y Policía de entonces, fue expulsado a Buenos Aires.  Su esposa planteó un hábeas corpus con la Constitución de 1933(D), y la ley de entonces, exigiendo a la justicia su inmediato regreso y protección al no mediar proceso alguno, no ser sanción prevista en ninguna ley y no constituir una orden legítima, además de lastimar la unión familiar sin justificación alguna.  La Corte Superior de Lima recibió la causa con especial revuelo, ya que por primera vez se sentaba en el banquillo al novísimo régimen militar.  Su abogado: Luis Bedoya Reyes.  Luego de los alegatos y los fundamentados escritos la Corte Superior sentenció: ¿Qué dijo?: “Improcedente la demanda por no constar en el expediente la partida de matrimonio”.  Los jueces no supieron dilucidar si la esposa era la esposa.  La Corte Suprema convalidó esto en la ulterior apelación.

Eso, entre otros ejemplos de clamoroso desamparo judicial frente a los DDFF, motivó al constituyente a crear la “jurisdicción negativa de la libertad”  impactando en la posterior legislación, que hoy reza así respecto del hábeas corpus: “La demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación.  Tampoco requerirá de firma de letrado, tasa o alguna formalidad. También puede interponerla la Defensoría del Pueblo” (Art. 26° Cód. Proc. Constitucional).

Estando ad-portas de un nuevo proceso eleccionario previsto para el primer cuatrimestre del próximo año, la lucha política se ha encarnizado mucho más, y se está volviendo un cachascán de todos contra todos, donde lo que abunda son acusaciones y, ciertamente, la judicialización de la política.  En defecto de la Fiscalía o del Poder Judicial, saltan de inmediato las comisiones investigadoras de los unos contra los otros, procurándose con ello posicionarse del mejor modo ante el futuro electorado y lograr su favor político en el resultado eleccionario.

Sin embargo, hay cosas que no vemos: (i) Se debe hacer todo lo posible para que todo el estamento político del Estado garantice elecciones limpias, libres, democráticas y trasparentes.  Estamos trabajando en todos los frentes, menos en ese; (ii)  Se deben crear las condiciones necesarias para que desde el estamento del gobierno ese resultado electoral se respete de modo pleno, bien sea en la primera vuelta, bien sea en la segunda; (iii) Se debe llegar a un acuerdo, o consenso mínimo, de que el mandato presidencial concluya al medio día del 28 de julio de 2016, ni un minuto antes y ni un minuto después; y, (iv) Se deben crear las condiciones necesarias –con los acuerdo suficientes- para que la banda presidencial se entregue ese 28 de julio quien resulte elegido por la mayoría del electorado, sea quien sea, como manda la Constitución y las bases esenciales de una democracia representativa.

Parece que no nos damos cuenta de la situación en la que estamos, del bienestar y regularidad constitucional que se ha alcanzado, al punto que a veces, en esta lucha fratricida y cainita quisiéramos echar todo por la borda y volver a épocas pasadas de autoritarismos, golpes de Estado, paros nacionales, huelgas indefinidas y conflictos sociales permanentes (sin hablar del terrorismo).  Y no reparamos que si el año que viene se produce –como quisiéramos y como debe hacerse- el recambio constitucional, institucional y democrático a un nuevo presidente de la república, sería la primera vez en la historia del Perú que habríamos logrado una cuarta alternancia constitucional consecutiva, sin que en más de 20 años se haya presentado –felizmente- ninguna interrupción antidemocrática o autoritaria o ilegítima que se haya pretendido dar al margen de la Constitución.  Si el actual gobierno cumple su mandato, serían 20 años de normalidad constitucional consecutiva, más el año de gobierno transitorio del presidente Paniagua.  Algo inédito en nuestra república. No es poca cosa.

Sin embargo,  a veces parecemos cangrejos.  Nos esforzamos en ir hacia atrás y en tratar de destruirnos los unos a los otros.  Si no tienes con qué atacar, inventa una denuncia, promueve a un fiscal, moviliza a un juez o crea una comisión investigadora, y de ese modo vas haciendo la política.  Y cuando uno pretende defenderse, un naif sale con el “manual del culpable” con el que se impide el derecho de defensa, que es un derecho fundamental.  El mensaje es escalofriante: todos somos presuntos culpables y todos deberemos probar nuestra inocencia y, para eso, deberemos dejarnos apabullar por la arbitrariedad de las autoridades –por venales, por poco preparadas o simplemente por prepotentes en el ejercicio de su poder- por que cuando utilicemos las herramientas que el derecho constitucional y los derechos humanos nos dan, seremos acusados de ser más culpables y la presunción correrá en nuestra contra. Para demostrar nuestra inocencia, deberemos dejarnos aplastar y hasta purgar carcelería, con todo el daño y oprobio que eso conlleva, ya que eso es lo que se espera de uno y eso sería lo “políticamente correcto”.  Es mensaje no solo peca de antijurídico, sino que es inmoral desde la óptica del derecho e, inclusive, desde el cristianismo.

Necesitamos empatar nuestro desarrollo económico, tecnológico, social y cultural con un necesarísimo desarrollo político, de evolución política en todos los lados, en todos los bandos y en todos los lares, sin excepción.  Lo que es bueno para uno, debería ser bueno para todos y no solo para algunos.  “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley” se dijo con cinismo desde principios del Siglo XX. La moral no debería tener doblez y debería ser entera.  Sin diálogo, sin una mínima concertación para nuestra convivencia nacional, nunca llegaremos lejos, ni nos perfilaremos como la gran nación que el Perú exige.

La semana pasada alcanzamos un análisis de lo que consideramos un despropósito –producto del chisme y de la falta de ubicación política- acerca de los rumores de un intento elucubración de “Golpe de Estado”, por solo haberse dispuesto una “orden de inamovilidad” en las FFAA para hacer un recuento de las granadas y explosivos bajo su control a fin de que no sea indebidamente trasegado hacia la delincuencia.

En esta ocasión, y para comprobar lo anterior (a despecho de quienes creen que no vemos las “profundidades de la política”) consignamos las respuestas de dos prominentes generales del ejército, en retiro, quienes libremente opinan sobre aquello. Están identificados como General 1 y General 2 y, manteniéndolos en reserva, son fuente (por cierto, sin “peaje”) de fácil acceso.  Han tenido importantes responsabilidades en el ejercicio, ejerciendo el comando de grandes unidades y puestos de trascendencia –uno nada menos que su exComandante General, y otro Secretario de un Comandante General-:

1. ¿CREE POSIBILE QUE EN CORTO PLAZO SE DE UN GOLPE DE ESTADO QUE INTERRUMPA NUESTRA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL?

General 1.- No es posible, forma parte de la historia, está borrado del diccionario militar. 

General 2.- Está totalmente fuera de la realidad esa hipótesis, el solo pensarlo  sindica que quien lo expresa no conoce o no está enterado del actual comportamiento y madurez institucional de las FFAA.

1. ¿QUÉ TAN CERCA O QUE TAN LEJOS ESTARÍAMOS DE ESO?

General 2.- La palabra precisa es “imposible”.

2. ¿POR QUÉ ALGUNOS ANALISTAS Y COMENTARISTAS OPINAN EN UNANIMIDAD QUE HABRÍA “RUIDO DE SABLES” O ALGUN NIVEL DE CONSPIRACION MILITAR?

General 1.- Es una irresponsabilidad que busca desestabilizar al país afectando a las FFAA, para lograr un beneficio político. No es la primera vez, se presenta desde 2004 y todas estas insinuaciones han  terminado siempre en nada. Solo se ha pretendido desestabilizar.

General 2.- Los buenos analistas generan sus opiniones sobre la base de hechos y no se arriesgan solo por evidencias posibles y probables que se suscitan en la vida diaria. Pareciera que los que opinan de probables “conspiraciones militares” se han quedado con la visión de las FFAA de hace 30 o 40 años atrás. No me atrevo a pensar que lo que se busca es generar mayor conflicto entre la población y el actual régimen. Eso sería perverso. 

1. ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECEN ESOS COMENTARISTAS Y/O ANALISTAS?

General 2.- Flaco favor le hacen a la democracia al lanzar ese tipo de comentarios que no tiene ningún sustento.

3. ¿QUÉ ES UNA ORDEN DE INAMOVILIDAD?

General 1.- Es la permanencia del personal en su lugar de trabajo ante una orden motivada por una cuestión de trabajo. Es un hecho normal que forma parte de la vida militar (20 años con inamovilidad absoluta en las zonas de emergencia) y no sorprende a ningún militar. No se puede considerar como una medida para alzarse en armas. Inamovilidad se da para todo tipo de casos (elecciones, desfiles, desastres, etc.). 

General 2.- Es la disposición que se da para que el militar permanezca en la dependencia donde presta servicios por un motivo especifico y de marcada trascendencia.  Puede ser general o relativa, entendiendo lo último para algunas dependencias o hasta una determinada hora y para un hecho especifico y trascendente.

1. ¿ES UN HECHO SINGULAR? ¿SIGNIFICA UN ACUARTELAMIENTO PARA ALZARSE EN ARMAS?

General 2.- Si es un hecho singular que debe tener una motivación especial. La orden impartida por su actual Comandante General estaba dirigida a las unidades operativas  y dependencias que tenían material de guerra (municiones y explosivos) con la finalidad de verificar las granadas por un equipo especial de la Inspectoría. 

4. ¿CUÁL ES EL COMPROMISO DE LAS FFAA CON LA CONSTITUCION Y EL PROCESO DEMOCRÁTICO RETOMADO A PARTIR DE 2001?

General 1.- Existe un irrestricto respeto a la Constitución, al Estado de derecho y al orden democrático establecido.

General 2.- Las Instituciones castrenses tienen un proceso de revisión que se denomina “lecciones aprendidas” con relación a los hechos de la década del 90 que fueron nefastos para el prestigio y el verdadero rol que cumplen las FFAA.  Esa revisión ha permitido que las actuales generaciones de  miliares entiendan plena y totalmente el valor que tiene la democracia para el desarrollo de nuestro país, que es lo que al final  nos importa a todos.  Por otro lado, hace más de 10 años se dan Cursos de Alto Mando que tienen dentro de su currícula estudios sobre temas constitucionales.  Por ello existe un cabal compromiso con el rol constitucional a desempeñar en beneficio del país.

5. ¿LA POSICISIÓN DE LA PROMOCIÓN DEL PRESIDENTE HUMALA EN LOS MANDOS DEL EJERCITO FACILITARIA UN ‘GOLPE DE ESTADO’?

General 1.- No, porque una decisión de esa naturaleza requiere de la aprobación y participación de todos los institutos de las FFAA, y no solo la participación de algunos oficiales (como, por ejemplo, lo del “13 de noviembre”).

General 2.- Se ha generado toda una leyenda urbana en lo referente a la promoción del presidente Humala, pero le puedo asegurar que pese al número de generales y el copamiento de puestos dentro de la institución, el que se comande una gran unidad  no necesariamente significa el liderazgo sobre ella o que se la pueda lanzar de pronto a una aventura golpista. No tienen posibilidad alguna de organizar una acción de esta naturaleza.  Por otro lado, en el presente año más del 50% de generales de brigada de esa promoción deben pasar al retiro, 17 ascienden y 17 pasan al retiro, así que el piso queda parejo para el próximo gobierno.   

6. ¿CUÁL ES SU BALANCE Y EXPERIENCIA PERSONAL DEL ‘GOLPE DE ESTADO’ DE 5 DE ABRIL DE 1992?

General 1.- Fue una participación  justificaron por el ‘estado de necesidad’ en que se encontraba el país, pero nadie pronosticó que el presidente iba a ‘utilizar’ a las FFAA para perpetuarse en el poder violando la Constitución. Se afectó gravemente la institucionalidad, se alteraron los valores y principios, se perdió el respeto por la antigüedad y los méritos, se generaron abusos con los ascensos y pases al retiro de los oficiales más representativos, dio lugar al el uso político de la Justicia Militar, se generó una desconfianza en las relaciones interpersonales, en definitiva se perdió de autoridad y confianza en los sistemas de comando, personal e  inspectoría.

General 2.- Ocupaba un cargo en el estado mayor de la Segunda Región Militar y puedo asegurar que no cabía de modo alguno realizar una acción de esa naturaleza.  Existían otros mecanismos democráticos que el régimen no optó y, por otro lado, fue nefasto para el prestigio del país pues nos catalogaron como un paria internacional.

1. ¿CONSIDERA QUE HAY POSIBILIDAD DE QUE EL 5 DE ABRIL SE REPITA?

General 2.- De ninguna manera, la visón actual de los militares es hacia el interior de sus instituciones, en la búsqueda de educar a sus cuadros en las mejores universidades del país para mejorar sus capacidades y competencias, gestionar mejor sus recursos.  Cualquier otra “afiebrada opinión” solo busca titulares escandalosos que no tienen sustento fáctico.

7. ¿DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MILITAR PERUANO DEL SIGLO XXI, AD PORTAS DEL BICENTENARIO NACIONAL, QUÉ SE REQUIERE PARA IMPONER CON ÉXITO UN ‘GOLPE DE ESTADO’ QUE INTERRUMPA LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL?

General 1.- ¿Que el presidente pretenda romper el orden constitucional? Las FFAA serían el fiel de la balanza, bien para apoyar un autogolpe, o bien para un contragolpe militar para evitarlo en defensa de la democracia. Hoy las FFAA están subordinadas al poder constitucional, no al poder político de turno; son del Estado y no del gobierno en funciones; no están subordinadas ni menos sometidas al gobierno ni al partido político de turno.  

General 2.- Sólo cabría 0.0001%; es como si “Velasco Alvarado se levante de su tumba”… Aun en el supuesto negado que esto ocurra no tendría posibilidad alguna de éxito ya que no existen los cuadros capaces de siquiera de compartir con el golpista esa visión o esa aventura suicida.  Dentro del ejército no hay facciones “humalistas”, “institucionalistas”, etc. Esa es otra leyenda urbana que otro afiebrado columnista que ha manifestado en forma irreal, cobijado con el argumento de que se lo “comento un alto mando”.  Por el resultado que el 54% de la población no cree en la prensa, como lo señala la encuesta de IPSOS–Apoyo publicada en “El Comercio”.

A un conocido “broadcaster” limeño, ya jubilado, le llamaba la atención el que un popular locutor y presentador de muchos años, casi fundador de la TV y líder en la radio, cuya imagen representaba al medio en que trabajaba y que durante muchos años opinó, editorializó y juzgó de modo implacable sobre distintos aspectos de al vida nacional, se llamaba al dolor cuando fue objeto de crítica por su comportamiento público en los finales de su actuación frente al público.

Una presentadora de TV, también afamada y ya jubilada, pedía respeto y discreción cuando uno de sus ex jefes, un reputado jefe de prensa, decidió poner fin a su vida disparándose en la sien en un oscuro cuarto de un desconocido hostal, aplacando penosamente el sufrimiento que le causaba una profunda depresión.

En general los agentes de prensa escrita, radio y TV que cotidianamente presentan las más diversas informaciones, editorializando, opinando, juzgando, calificando, hurgando sin compasión ni piedad en las los más profundos recovecos de la vida, actividad, pensamiento y hasta en el alma de las figuras públicas -privadas, sociales, deportivas, gubernamentales, regionales, municipales, etc., incluyendo ciertamente a sus familiares-  suelen ser rigurosamente escrupulosos con su vida –también pública, sin duda alguna- exigiendo respeto a su intimidad, familia, privacidad y pensamientos cuando se ven en medio de una tragedia personal o familiar (como perder al novio en un confuso accidente de tránsito), pidiendo para sí lo que en su diario quehacer no conceden a los demás.

Este contrasentido no ha sido aún resuelto.  Esa vara de doble dimensión no ha sido enfrentada aún.  Esa doble moral aún no ha sido objeto de análisis ni reflexión.  La actividad de la prensa -en general- es una conquista del Estado de Derecho y una manifestación de una democracia que se precia en defender los principales valores de una sociedad libre.  El autoritarismo, la dictadura –dura y blanda- y la autocracia no suelen llevarse bien con la prensa libre.  Pero, al mismo tiempo, esa democracia y ese Estado de derecho exigen que toda actividad sea hecha con respeto de la ley y de los valores morales y democráticos del comportamiento ciudadano.

Por alguna razón que no se llega a comprender, cuesta mucho conceder a los demás lo que exigimos para nosotros.  Nos da urticaria cuando se nos exige que las mismas limitaciones morales y legales que imponemos a los demás, nos sea enrostrada.  Pretendemos apoyarnos en Maquiavelo con la máxima de que el fin justifica los medios, cuando eso no es acorde ni con el sistema jurídico, ni con el imperativo moral en que se debe desenvolver una sociedad democrática: no, jamás el fin debe ni puede justificar los medios utilizados, ya que eso rebaja la categoría moral del autor para achatarlo hasta llegar al mismo rasero de aquello que se censura, ataca o combate.  Si un delincuente mata, no se le puede dar directa  muerte (salvo en legítima defensa) ya que el sistema jurídico exigirá que la sanción al asesino sea impuesta conforme a los parámetros legales, por un tribunal de justicia imparcial y por medio de un debido proceso.  Sólo en tal caso, el Estado y la sociedad se elevarán moralmente sobre el delincuente adquiriendo el derecho a sancionar su conducta.  Hacerlo de modo directo y ser el omnímodo juez de la vida y conducta de los demás, ya está visto en la historia social y política, sólo nos hace tan censurable como aquel a quien se pretenda castigar.  Ni más, ni menos.

Cómo vamos a censurar, y pedir castigo, para la corrupción pública y privada, si “compramos” una primicia  para generar una noticia.  No es acaso, más allá del grave dilema moral, que la noticia así obtenida estará contaminada por un evidente conflicto de interés, ya que no se obtendrá ni conseguirá, sino que será objeto de un toma y daca, dentro en un “contrato”, en que puede haber de todo, menos objetividad, imparcialidad y rigurosidad en su tratamiento.  Cómo lamentar la corrupción estatal o privada si pagamos a los agentes del orden, judiciales o fiscales para obtener copia de atestados, expedientes y piezas judiciales en aras de una “noticia” o “primicia”.

Aún subsiste un importante dilema moral –y ético- por dilucidar de cara a una sociedad verdaderamente sana, democrática y con plena libertad de expresión.

Cuenta Sábato, en su magnífico testimonio “Nunca más” que un buen día la arbitraria represión argentina se llevó sin ton ni son al menor de los hijos de un importante fiscal del régimen, tan solo ser activista social en su parroquia.  El padre, convencido del error y sin hacer parte de los horrores del régimen al cual servía, empezó a indagar y a reclamar. Hasta que un buen día también fue desaparecido.  El yerno, joven oficial de la armada, también empezó a hacer preguntas a sus superiores, señalando el grave error que se había cometido con un importante fiscal del régimen y su cuñado menor, tan solo vinculado a la labor social de la iglesia de su barrio. Trató de llegar a las más altas instancias de sus superiores -siendo él parte de las fuerzas armadas que gobernaban-, hasta ser considerado como peligro potencial y también fue desaparecido.  Finalmente, la hija del fiscal –sin padre, ni marido- y su madre –sin esposo, ni hijo, ni yerno- escaparon a España, donde rindieron su testimonio a la Comisión Sábato y rehicieron lo que quedó de sus vidas.

El problema con la barbarie es que se vuelve contra quien la crea.  Así ha sido la penosa historia de la humanidad, como la Revolución Francesa que empezó haciendo rodar las cabezas de sus reyes y terminó viendo rodar las de los más enfebrecidos revolucionarios.  O el Khmer Rouge de Camboya, o con el propio Sendero Luminoso.

Ahora que alguien muy sagaz ha tratado de poner en marcha la despreciable campaña “chapa a tu choro y déjalo paralítico”, a fin que la sociedad ponga en marcha mecanismos de autotutela para ejercer la justicia por mano propia, la Ley de Talión, subrayando la deficiencia del Estado la seguridad ciudadana, la situación se puede complicar muchísimo y, aunque no se den cuenta, los propios autores de esta efectista campaña, o sus amigos, o sus familiares, podrían terminar siendo licuados por la misma.  A ello, otro sagaz comunicador ha pergeñado una variante: “chapa tu juez y déjalo paralítico”, con el afán de resaltar la clamorosa deficiencia de la administración de justicia.  Y un preclaro congresista ha tenido expresiones de similar calibre.

El problema es que puede cundir el brillante ejemplo y hacerse viral: “chapa a tu periodista y dejalo paralítico”, “chapa a un político y déjalo paralítico”, “chapa a tu opositor político y déjalo paralítico”, “chapa a tu indeseable vecino y déjalo paralítico”, “chapa a tu enemigo profesional y déjalo paralítico”, “chapa a tu competencia y déjalo paralítico”, “chapa a un ministro y déjalo paralítico”; hasta llegar al paroxismo: “chapa a un congresista y déjalo paralítico…”.

La historia de la justicia habla justamente de la superación del rencor, de la venganza y de la autodefensa como mecanismos incivilizados de solución  de las injustidias que siempre ha presentado la sociedad.  Los libros están llenos de ejemplos en sentido contrario, y se habla de la administración de justicia (y del sistema de justicia en general) precisamente como una superación de la autotutela y la defensa violenta por mano propia.

Hace algunos siglos El Conde de la Cañada dijo: “Los hombres, que en su estado primitivo natural no reconocían superior que los defendiese de insultos, opresiones y violencias, estaban por consiguiente autorizados para hacerlo por sí propios: la experiencia les hizo entender los graves daños a los que conducían estos medios, pues o no podían defenderse por sí mismos, o excediendo los justos límites para conservarse, excitaban turbaciones a que eran consiguientes mayores desavenencias, injurias y muertes; y consultando otros medios que mejorasen la  seguridad de sus personas sin los riesgos anteriormente indicados, acordaron unirse en sociedades y confiar su defensa y la de todos sus derechos a una persona que mirándolos con imparcialidad les distribuyese sus derechos y les conservase en paz y en justicia”.

Gonzáles Pérez acotó:”Sólo impidiendo el ejercicio de la fuerza privada como modo de satisfacer las pretensiones y el reconocimiento de los derechos podrá asegurarse el imperio de la justicia. De un caos en el que prevalecía la ley del más fuerte se pasó a un orden jurídico en el que prevalece el criterio de un sujeto imparcial, sustituyéndose la acción directa frente al adversario por la acción dirigida al Estado…”