Efecto paradojal alude a una expresión comúnmente usada en medicina para explicar un resultado contrario que un medicamento o un tratamiento logra en un paciente a fin de explicar resultados opuestos que se puedan presentar frente a lo que se preveía.

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La candidata que lleva la mayoría de la preferencia en las encuestas se ha quejado públicamente de cargar en los últimos años una “mochila muy pesada”, como queriendo indicar que arrastra una penitencia injusta por los pecados de terceros.  Por otro lado, se pensaba que la expresa desautorización del fundador de su partido, Alberto Fujimori Fujimori (AFF), a la sazón su padre, respecto de la exclusión de algunos líderes “históricos” (e histéricos) de la lista congresal, traería como consecuencia una bajada en la preferencia electoral en el entendido que evidentemente se cuestionaba el verdadero liderazgo de la candidata y se evidenciaba el evidente manejo y grosera intromisión de AFF en la campaña de su retoña.

Pero resultó todo lo contrario: el electorado afín a la candidata no solo se ha mantenido, sin mellar la preferencia por ella, sino que se ha incrementado. ¿Por qué? Ha ocurrido precisamente un efecto paradojal, ya que la intromisión de papi en la campaña, su grotesca participación desde la DIROES y el saberse que, al fin de cuentas, el es quien está de uno u otro modo detrás de la hija-candidata logra un mayor efecto de aceptación entre su fiel electorado.

Por eso, cuando la candidata se queja muy sentidamente de la “pesada mochila” que en los últimos años le ha tocado cargar “tan injustamente”, en verdad  sabe bien que tiene que agradecerle a esa mochila, ya que su valor y contenido es precisamente lo que en este momento le permite estar donde está.  En vez de quejarse de la mochila, debería agradecerle.

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Se tiende a pensar que en el caso del candidato copión, la contundente información y evidencia de que habría hecho del burdo plagio un estilo de vida debería hacer que su electorado se aleje, como los veraneantes frente a una malagua en medio de la playa.  Las flagrantes evidencias del crudo plagio, tanto en la tesis doctoral -engañando a una importante universidad española (asesor y jurado de por medio)-, cuanto en la tesis de maestría en la Universidad de Lima, ahora sumadas al hecho de haberse apropiado de la autoría -o coautoría- de un texto en el que no puso una sola línea propia, y al que jamás aportó nada (salvo su nombre) debería hacer que su preferencia electoral se alejara y que sus más conspicuos asesores, acompañantes y comparsas se alejen.  No ha sucedido así: todo lo contrario, ahí están con cara de palo a su lado avalando las cada vez más desopilantes y alambicadas explicaciones respecto de falsas autorías, coautorías y textos que se pretenden pasar como propios y originales, pero que no son más que pura copia y plagio.

Tampoco ha perdido su electorado.  Es un efecto paradojal.  Entre su público objetivo las serias y fundadas acusaciones de plagio, y de vulneración a  los más elementales derechos de autor, no le hacen mella.  En una sociedad informal, donde las reglas de tránsito son violadas a diario por todos, donde cunde la anomia, donde lo rojo es pase, lo verde pare y el ámbar desgracia segura; en donde nadie pide permiso para apropiarse de la vía pública, o de la propiedad ajena, donde los derechos están aún en construcción y donde la estructura social se parece más al entramado urbano de un pueblo joven, del gana-gana, de la prepotencia y de que hago lo que quiero por que puedo y qué; no interesa que el candidato sea un copión o plagiador.  Al contrario, tal parece que podría ser un valor agregado.

Por eso, cuando en el CADE dijo, con un aire autosuficiente, hedonista y narcisista que ya lo había conseguido todo: título de ingeniero, maestría, doctorado, rectorado, etc., y que no único que le faltaba en su vida era obtener la presidencia de la república, eso podría ser refraseado así: en la vida he plagiado todo: título de ingeniero, grados de maestría y doctorado y togado rector de mi  propia universidad.  Ahora solo me falta “adquirir” a cualquier precio la presidencia de la república. ¿Cuánto es?

(Ilustraciones tomadas de www.larepulica.pe)

La contienda electoral, como era previsible, se está encarnizando y –como ya los habíamos escrito- gracias a nuestro caótico sistema electoral que permite casi 20 candidatos (y candidazos) al Sillón de Pizarro, lo que termina haciendo de la propuesta electoral una lucha de todos contra todos, como en la “Carrera de los Autos Locos”.

Esta semana hemos escuchado las presuntas propuestas para la efectiva lucha contra la corrupción, grave mal generalizado en el país.  Unas han sido desopilantes y otras lugares comunes repetidos casi por todos.  Nadie ha propuesto realmente un plan integral verdaderamente efectivo que empiece por la educación escolar y la formación familiar que elimine ese mal de nuestro ADN nacional.  Han sido alegorías para la tribuna.

Hay muchas y variadas formas de corrupción con la que se convive a diario y de las que nadie habla.  Desde el pago a los policías, funcionarios y demás responsables de procesos e investigaciones para tener una primicia o acceso a documentos confidenciales, hasta el pago por el aviso cuando un famoso de la TV o de la política resbala por una comisaría.

Hay quienes hacen de la anticorrupción y la ética una profesión de vida y, desde esa atalaya, fulminan a quienes consideran, a solo juicio, no cumplen con los estándares que ellos mismos han trazado de modo arbitrario, pero nada dicen de las graves acusaciones contra gobiernos a los que han servido como ministros (arrodillándose ante el presidente de turno) y/o como embajadores.

Tampoco se habla ni se explica cómo es que expedientes de colaboraciones eficaces que estaban atrasados terminan resolviéndose primero que todos cuando de importantes traficantes de armas.  Se exige a los demás meritocracia y concurso de méritos, y títulos académicos válidos, pero nadie habla de aquellos funcionarios que fueron nombrados a dedo por ex presidentes a los que luego terminaron acusando –traicionando la confianza que éste mismo les dio- lavándose de ese modo la cara ante la sociedad. ¿Es o no una forma de corrupción?

¿Es o no una grosera forma de corruptela manejar ebrio, contra la ley vigente, asumiendo que está en “piloto automático”, jactarse de ello, hasta que un enhiesto árbol de una apacible alameda, contra el que termina empotrado el fanfarrón,  demuestra su grave error?

Quizás es por eso mismo, y porque a nadie importa en verdad desterrar en verdad la corrupción enquistada en el seno de toda nuestra sociedad, de que la solo se habla para ganar votos, aplausos fáciles o puestos con los que hacer artificiosamente una profesión con la que vivir cómodamente instalados y, encima, en la nata de los hombres y mujeres justos y políticamente correctos de nuestra sociedad.

Hace ya algunos años, Enrique Santos Discépolo describió magistralmente  –en un tango- esta realidad: “(…) Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador…¡Todo es igual! ¡Nada es mejor!, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los ignorantes nos han igualao. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón…”

Mucho de esto presenta hoy nuestra fauna electoral.  Leyes que se quieren dar con efecto retroactivo. Castigos de los enemigos. Transfuguismo y travestismo político disfrazado de elegancia o de pragmaticidad.  Quienes ayer juraban contritos de rodillas ante sus entonces líderes, hoy son sus más acérrimos enemigos y principales acusadores, sobre todo traicionando los secretos que antaño sus entonces mentores les confiaron.  Y todo en nombre de la democracia y, sobre todo, como bien dice Serrat, en nombre de quien no tienen el gusto de conocer…

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Nuestra solidaridad con la Sra. Julia Panta, abnegada viuda del Héroe Nacional Mayor Luis Alberto García.  Lamentable papelón de la Comandancia General del Ejército que ha postergado su inhumación en la Cripta de los Héroes como corresponde y como, penosamente, se ha dispuesto por orden judicial -previo proceso- porque a las actuales autoridades de defensa no les daba la gana cumplir. Hay militares y militares: los hay quienes nunca pasaron de balas de salva en maniobras, y así han hecho su carrera, y los hay quienes han puesto el pecho por la patria, ofrendando con sacrificio su vida dejando a su familia en la esperanza  que una patria agradecida los acogería. No ha sido así. La envidia, mal mortal en muchos, aún es generada por nuestros muertos. También Grau, Bolognesi y Leoncio Prado supieron de ingratitudes.  ¡Loor al My. García!

CAMBALACHE – ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO

El Tribunal Constitucional (TC) está definido en la Constitución como el tribunal de las libertades, defensor final (dernier resort) de los derechos fundamentales (DDFF). Por eso Mauro Cappelletti definió su más importante facultad como “Jurisdicción de la Libertad”.  Sin embargo, en el último año y medio, a raíz del cambio sin precedentes de seis de sus siete integrantes, el TC ha venido dando muestras de involucionar en aquellos conceptos esenciales de su primordial labor en defensa de los DDFF.

Gonzalo representa la defensa de un ciudadano que se considera injustamente en prisión, solicitando al TC que revise su caso a la luz de sus DDFF por medio del Hábeas Corpus que para eso preveé la Constitución.  La causa llega al TC a finales del 2014, y apenas es ingresada y numerada solicita la palabra para la audiencia pública cuando se vea su caso. Pese a ser un hábeas corpus y pese a que la ley señala su preferente tramitación, el TC se tarda 14 meses en señalar la audiencia. Gonzalo prepara el caso con pasión, llega al TC y no puede hablar por su patrocinado porque el TC le niega el informe oral.  No pasa de la su enrejada puerta.  Personal subalterno le informa que su pedido de palabra no existe. Sorprendido muestra su cargo que data de enero de 2015, con gran antelación y diligencia.

La calichina relatora, que para mala suerte ese día se estrena en el cargo, da cuenta al Pleno del urgido pedido pero, como consta en la grabación, con inexperiencia o mala fe, indica que el pedido ha sido “extemporáneo”.  Allí donde la ley dice que el uso de la palabra se puede hacer “hasta dentro de tres días de señalada la vista”,  su inexperiencia le hace interpretar que el haberlo hecho con un año de antelación -con anticipación- resulta fuera del plazo legal(¿?).  Ante semejante alegación, el Pleno del TC decidió no escuchar los alegatos de Gonzalo, dejando a su representado en la indefensión.

Esta actitud no resulta nueva en los últimos tiempos del TC.  Así como se ha avasallado los derechos de Gonzalo, se ha hecho con otros tantos.  El TC ha derrotado de ser un tribunal de las libertades y DDFF a un TC ritualista, formalista y defensor de los derechos del Estado. De eso no cabe duda y esa, básicamente, ha sido la tónica con que la mayoría de sus nóveles integrantes han sido elegidos por el Congreso.   Ya habíamos señalado que cuando menos tres de sus actuales integrantes no tenían las condiciones básicas para honrar tan importante encargo.  Su actual presidente, magistrado judicial jubilado, ya olvidó los años –publicación de fascículo de por medio- en que hizo antesala –frente a la misma reja de la que Gonzalo no pasó- para lograr su nominación al mismo,

Un importante funcionario preguntó por uno de sus actuales integrantes del TC y, para ser mejor entendido, se le puso un simple ejemplo: es como si un mayor de las fuerzas armadas fuese, de un día para el otro, por arte de birlibiloque, directamente ascendido a General de División, sin haber pasado por los mandos anteriores y, sobre todo, sin tener la experiencia, sindéresis y solera que deja precisamente el paso por los estamentos inferiores.  Así de simple.  Y en el tercer caso, resultó candoroso (y consta en la grabación) escuchar  a un joven magistrado del TC hacer alegoría –sin qué ni porqué- de su supuesta independencia, jactándose de no recibir indicaciones ni presiones de nadie. Dime de qué alardeas, y te diré que te falta. Ojito con eso…

Desde la expedición de la malhadada “sentencia interlocutoria” con que el TC ha pretendido recortar ostensiblemente su trabajo, creando una suerte de “admisibilidad” al recurso de agravio constitucional (allí donde la Constitución no lo precisa, asimilándolo a una suerte de casación constitucional) hasta las últimas sentencias en que claramente ha favorecido al Estado, o del Gobierno, antes que los DDFF de los ciudadanos que angustiosamente  –en última instancia- recurren a el, el TC ha evidenciado una clara involución ideológica en el tratamiento de una de sus principales funciones: ser el verdadero guardián de las libertades constitucionales de los ciudadanos.

A raíz de la agresión de una ciudadana a varios agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), su arresto, acusación fiscal de 9 años de prisión, juzgamiento inmediato bajo las nuevas reglas de la flagrancia y posterior condena de más de 6 años de carcelería efectiva, lo que de inmediato cumple en la prisión de Chorrillos, se han evidenciado hechos y análisis que, desde el punto de vista del derecho, su eficacia y el necesario respeto social hacia la PNP, deben de considerarse.

Nada justifica –y a nadie en la sociedad y en el Estado beneficia- una innoble acción sobre uno o más agentes de la PNP, menos aún que se le falte el respeto y se le agreda física y verbalmente.  Eso debe quedar claro.  La ley del Estado señala –tipifica- que hacerlo es un delito y, como tal, está severamente sancionado con una pena que tiene lleva mínimo una condena efectiva de 8 años carcelería, la que puede llegar hasta 12 años como máximo.  Es una sanción severa que pretende ejemplarizar y, a la vez, disuadir conductas reprensibles como esa.

La eficacia del derecho se basa en el cumplimiento de sus reglas y, en caso contrario, en la eficacia de su sanción.  Werner Goldschmidt enseñaba en su tridemensionalismo, la estructura trilógica de la norma: supuesto de hecho normativo (la conducta que se describe), valor y sanción.

Por lo tanto, la eficacia del derecho pasa, fundamentalmente, por que la conducta descrita en la norma sea coercible –sancionable- por el Estado de manera forzosa.  En caso contrario, el derecho carecería de eficacia ya que una norma sin sanción no pasará de ser una mera formulación lírica sin eficacia, lo que atenta contra el orden jurídico de la sociedad a ser impuesto por el Estado para lograr el bienestar común, el de todos nosotros.

Lo que no llegamos a comprender es que cuando se ataca a un agente de la PNP, lo que en verdad se ataca es a toda la sociedad representado por este, y a la esencia misma del Estado de derecho.  No es solo la agresión de una persona a otra persona. Constituye la agresión de una persona hacia la autoridad que esa persona representa, autoridad que el Estado le ha conferido en cuya virtud impone reglas de conducta previstas en la ley, defiende a los ciudadanos y, sobre todo, está autorizado a usar armas que le permitan realizar esa función con decisión y eficacia.

Precisamente el uso de un arma -que otorga innegable poder dentro de una sociedad- debe ejercitarse con disciplina y bajo estricto protocolo que los agentes de la PNP deben observar, para permitirles defender a los ciudadanos, aún a costa de su integridad física, o de su vida, como cotidianamente sucede.  Esa es la autoridad que debemos respetar.

¿Cómo vamos a exigir, y a esperar, que la PNP cumpla adecuadamente sus funciones, que nos proteja de la delincuencia y nos otorgue seguridad personal y familiar, si no respetamos la autoridad que nosotros mismos le hemos concedido?  Por lo demás, expresiones racistas o la sempiterna frasecita de “tú no sabes con quién estás hablando…” deberían haber desaparecido hace buen tiempo de nuestro vocabulario.  Por principio constitucional, todos somos iguales ante la ley y así deberíamos comportarnos, enseñando a nuestros hijos a comportarse.  No estaría de más que en los colegios se recalque ese principio ciudadano básico.

Lo que hemos visto ha sido bochornoso, además de una conducta que la ley del Estado tipifica como un delito grave.  Esa ciudadana, pronta y severamente castigada, debió ser de inmediato sometida y enmarrocada a la primera pataleta agresiva contra la autoridad de la PNP, como ocurre en el protocolo de seguridad de cualquier policía democrática del mundo, y no ver la patética escena en que la PNP le ruega que se comporte bien, que por favor los acompañe a la comisaría o pretender arrollarlos con su 4X4.  Lo acontecido debe servir de necesaria lección para que esta reprochable conducta desaparezca a nivel nacional, y la PNP tenga el respeto que no solo merece, sino que es esencial para el cumplimento de sus fundamentales funciones en resguardo de todos nosotros, otorgando la seguridad ciudadana que tanta falta hace y que tanto reclamamos.

“Libertad para los presos políticos en Venezuela en esta Navidad”

FOTO: SERGIO URDAY

Una de las candidaturas expectantes de cara a las elecciones generales del 10 abril venidero es la de Keiko Fujimori (KF), según rezan las encuestas de hace algún tiempo.

Y una de las tareas más arduas que tiene por delante KF, lideresa de un partido heredado de su padre, para crecer en la preferencia electoral más allá del núcleo duro que la realidad le ha otorgado desde siempre, es tratar de desfujimorizar el fujimorismo base de su partido o movimiento.  Es decir, pretende presentar un fujimorismo sin Fujimori.

Para ello, ha empezado a abrir la cancha de la autocrítica y la reflexión, reconociendo los aciertos más importantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, a realizar cierta autocrítica a los gruesos errores de su padre en la conducción del país en años pasados (autocracia, golpe de estado, corrupción, mal manejo de los recursos del Estado, injerencia exorbitada del SIN y, sobre todo, graves violaciones de DDHH en la lucha y represión legítima al flagelo terrorista.  Con ello pretende correr hacia la preferencia electoral que aún no la favorece pero, por sobre todo, superar aquel antivoto o rechazo absoluto a su candidatura.

Pero quizás –y sin quizás- el reto más grande que tiene por delante es aquel que define la esencia de su candidatura: el liderazgo. Es decir, siendo hija de quien es, habiendo recibido de su padre en calidad de herencia el “liderazgo” de su partido o movimiento (sólo en la medida en que el padre no puede participar por si mismo dado que cumple condena de 5 años -ratificada por la Corte Suprema- en un centro de reclusión penal), tiene por delante demostrar que élla, en efecto, es la lideresa, y no un simple instrumento del padre en prisión que hace de ventrílocuo.

Este reto pasa por definir y exponer que en efecto es una lideresa, que tienen las condiciones para ser tal y que ha hecho los méritos para serlo, y no una simple mandadera de lo que se agita y decide en la DIROES.

Dentro de ello, una de las varias fórmulas para desfujimorizar su partido o movimiento, fue el plantear que alguno de los personajes “históricos” y representativos del ala dura del fujimorismo del pasado y del presente fuera superado y dejado de lado, de cara a mostrar un nuevo rostro más juvenil, más aggiornado, más democrático, que no le haga recordar al elector permanentemente el anclaje en el pasado autoritario, prepotente y antidemocrático del partido o movimiento de KF en la égida de su papi a fin de procurar conquistar terrenos que aún le son vírgenes en el electorado.

Pero este intento acaba de ser malamente torpedeado por papi.  Desde la DIROES ha enviado urbi et orbi –via facebook- un úkase en el cual le ha ordenado a  KF que aquellos personajes “históricos”  (e histéricos en algún caso) del fujimorismo no pueden ni deben ser dejados de lado, ordenándole que los mantenga dentro de la lista congresal.  Para ello, papi cuenta con el apoyo incondicional de Kenyi, hermano de la lideresa y, al mismo tiempo, el verdadero delfín de papi, según cuentan las malas lenguas, con lo cual el liderazgo de la lideresa ha quedado mucho más horadado aún.

Cuentan también, quienes le escucharon en su forzado retiro japonés antes de iniciar la –para él- desventura chilena que le llevó a la detención, extradición, juzgamiento y condena; que papi siempre manifestaba que su “destino” estaba signado por gobernar el Perú, que “para eso había nacido”, poderosa razón por la que intentó regresar al Perú para cumplir ese sino, terminando el afán recluido en la DIROES, y por muchos años, según la cosa juzgada de la Corte Suprema.

El principal reto de KF es demostrar la esencia de su candidatura: que es la de élla, de KF, y no la de su padre interpósita persona; que en verdad élla tiene los méritos suficientes para ser tal y para liderar su partido o movimiento (y, eventualmente, para gobernar el Perú) y que no será marioneta o títere de su padre, impidiendo que indebidamente que él sea el nuevo gran gobernante del país, o su gran consejero, o su gran decidor.  Y convencer de ello al electorado que aún no le favorece. No la tiene fácil.

La democracia se basa en la aceptación de la mayoría ciudadana.  Lo que esa mayoría decida se torna, así, en la decisión legítima de la sociedad respecto de su forma esencial de gobierno y, sobre todo, de quienes serán los gobernantes y quienes los gobernados. Esa es la base del sistema que, luego de toda la historia de la civilización, hemos tratado de perfeccionar en los inicios del Siglo XXI.

Para eso las elecciones periódicas son la llave de la democracia.  Elecciones que deben hacerse en condiciones de igualdad de oportunidades para todos los candidatos, respetándose escrupulosamente las reglas de juego previamente previstas.

Y la democracia también está hecha de formas, figuras y gestos, pero esos son sus adornos (como el absurdo desplante de la Fernández a Macri al dejar el poder, lo que al autoritario duele y cuesta mucho).  Lo esencial es que el electorado se pronuncie libre y soberanamente, y que todos, los unos y los otros, respeten como legítima esa decisión.

A pesar del tiempo y la experiencia transcurrida, y los notorios cambios en más de 200 años del estado social de derecho, persisten figuras tuitivas y discriminatorias que pretenden imponer criterio de democracia de los unos sobre los otros. Todos decimos que la voz del pueblo es la voz de dios, y que conforme habla el pueblo habrá que organizar el gobierno de la nación, pero seguimos creyendo que ese pueblo es inculto, manipulable e influenciable.  Por lo tanto, desde el poder, desde la legislación o desde la “sabiduría” hay que “dirigirlo” y “condicionarlo” para que acierte de mejor manera o, en todo caso, para que no se equivoque tanto.  Es un gran contrasentido decir que la voz del pueblo es la voz de dios, pero que esa deidad se puede equivocar por lo que alguien, más sabio, más culto o mejor enterado (como los “filósofos” en la República de Platón) tiene que dirigir que esa voz divina no se extravíe o decida con acierto.

Eso pasa con el voto preferencial, vigente desde que se dio el retorno de la democracia en 1978 para elegir la Asamblea Constituyente que dio lugar a la Carta Política de 1979(D).  Si la democracia es la elección del pueblo, y el pueblo es la voz de dios, no hay nada más democrático que el voto preferencial con el cual el ciudadano no solo elige al grupo de su preferencia, sino inclusive elegir a la persona de su preferencia dentro de ese grupo.

Por los actuales “sabios filósofos” de las nuevas repúblicas piensan diferente.  Creen que el pueblo es un “electarado” –ironía política de Aldo Mariátegui- que se equivoca, y mucho.  Como estos “sabios filósofos” no pueden designar a dedo a los gobernantes imponiéndolos a la mayoría, como en el fondo quisieran, pretenden reconducir la voluntad del “electarado” por medio de normas que condicionan la voluntad del pueblo, remplazándola por la ley, de manera que ya no será el dios pueblo el que elija a sus representantes, sino la cúpula de los partidos.

Así, ya no será la voluntad del elector quien elija a sus representantes, sino el amiguismo, la cercanía al líder, los acomodos, reacomodos, tránsitos y transfuguismos puestos a la orden del día, cuando no el pago de cupos para ocupar los primeros lugares.

A los “sabios filósofos” les parece que eso es más democrático a que el pueblo elija. Dicen que el pueblo se equivoca, que la propaganda influye, que se elige al que tiene más dinero para hacer la campaña, que nos llenamos de comediantes, artistas, deportistas y de cuanto figuretti, número en nalga capte la atención popular.

Pero ese no es un defecto del sistema que deba ser reemplazado por la voluntad de una cúpula, o condicionada por los “sabios filósofos”, sino un defecto de la educación política en la sociedad y la falta, precisamente, de verdaderos partidos políticos.

Es muy curioso que en contra del voto referencial, se esgrimen similares conceptos con los que hace 60 años se  oponían  al voto femenino, o hace 40 años contra el voto de los jóvenes entre 18 y 21 años, o de los analfabetos, o hace 15 años en contra del voto de militares y policías.  Todo eso se dio paulatinamente sin que la democracia colapse.  Ha resultado, más bien todo lo contrario.  Esa inclusión fortaleció nuestra democracia e hizo crecer nuestro colegio electoral.  ¿No hemos aprendido de la experiencia?

Las cosas por su nombre y al toro por las astas. La nueva ley universitaria es la “Ley Mora” ya que el General de Brigada EP (r) Daniel Emiliano Mora Zevallos, actual congresista por Perú Posible, ha sido presidente de la Comisión de Educación del Congreso que la ha redactado, a su imagen, semejanza, troche y moche, pese a las múltiples objeciones y no pocos conflictos que su promulgación, publicación y vigencia han traído para el país.

Es cosa curiosa que una ley marco sobre la universidad peruana sea finalmente redactada, defendida, aprobada y puesta en vigencia por quien no ha sido formado en las aulas de una universidad. Es una paradoja aún no resuelta. De alguna manera subraya la pérdida de la brújula en la falta de institucionalidad, lo que cunde en nuestra realidad.

El General Mora se formó en la Escuela Militar de Chorrillos para abrazar la milicia como profesión en la especialidad de ingeniería. No se formó para ejercer una profesión liberal. En su experiencia profesional sobresale haber sido oficial de enlace ante la Misión de Observadores Militares (MOMEP) en el conflicto del Cenepa que enfrentó al Ecuador con el Perú, ex Ministro de Defensa y ex Jefe del CNI, heredero del tenebroso servicio de inteligencia nacional (SIN). No llegó al grado máximo de la carrera militar -General de División- ni llegó a ser Comandante General del Ejército. Fue solo un General de Brigada.

La “Ley Mora” tiene varios bemoles que, a pesar de haber salvado con las justas su discutible constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), no deja de tener aspectos ciertamente polémicos y hasta negativos que opacan su bondad y buenas intenciones, y que, sin duda, como ya se anuncia, el nuevo gobierno-congreso de julio de 2016 tendrá forzosamente que revisar. El problema de la “Ley Mora” es que el General Mora no admite la polémica, ni la discusión democrática –no fue formado para eso- y siempre ve detrás de cada cuestionamiento lobbys, pagos, mermeladas e intereses subalternos. Así es poco productiva cualquier discusión.

Para empezar, la ubicación de la Superintendencia (SUNEDU) que crea la “Ley Mora” dentro de la férula del Ministerio de Educación, que es parte del Ejecutivo es, sin duda alguna, un escollo constitucional imposible de sortear, como bien lo ponen de relieve dos de los magistrados del TC, ambos profesores universitarios y uno de ellos ex decano de una importante Facultad de Derecho, que votaron señalando que la “Ley Mora” es inconstitucional. Para pretender salvar ello se hace toda una relación de organismos supervisores que están adscritos al Poder Ejecutivo. Nadie se rasga las vestiduras por ello, arguye el General Mora. El problemita es que ninguno de esos reguladores tiene previsión constitucional, por lo que su creación queda librada a la ley y la ley los puede ubicar como mejor crea conveniente el legislador.

Pero la universidad sí tiene expresa reserva constitucional en el Art. 18° de la Constitución, que señala enfáticamente que el sistema universitario es autónomo, separando (Art. 17°) la regulación de la educación escolar primaria y secundaria de la universitaria. Y ser autónomo significa, en lenguaje mondo y lirondo, no pertenecer ni depender de ningún poder del Estado. Así de simple y claro.

Otro aspecto claramente inconstitucional es la aplicación retroactiva de los requisitos para ser docente universitario. Resulta que para dar clases en el pregrado se requiere grado de magister. Hasta ahí está bien. Eso debe regir de aquí en adelante (hic et nunc),  sin efecto retroactivo, como toda norma legal sana y constitucional.  Pero la “Ley Mora” da 5 años de adecuación para que los actuales profesores en ejercicio docente (ya nombrados, ya contratados, ya designados, con derechos ya ganados, derechos adquiridos que tienen alcance constitucional), cubran ese requisito, de manera que al cabo de dicho plazo los profesores que no obtengan ese grado académico, deberán cesar en la docencia de inmediato o exponerse a ser ominosamente “degradados” de categoría, según corresponda. Así, un Profesor Principal que ha ganado la categoría por concurso, cumpliendo con los requisitos legales exigidos en su día y con más de 10 años de antigüedad como Profesor Principal, pasaría a ser “degradado” a mero Profesor Asociado si al cumplimiento de ese plazo no obtiene el doctorado.

Eso significa otorgarle a la “Ley Mora” fuerza y efectos retroactivos, cosa expresamente prohibida en el Art. 103° de la Constitución. Para salvar ello, fue aleccionador escuchar al General Mora, con inenarrable candor, intentar explicar la teoría de los hechos cumplidos versus la teoría de los derechos adquiridos (efecto ex nunc y ex tunc de las normas) ya que, según él, si bien no es jurista, si sabe leer, y cree leer bien, de manera que al haber revisado la sentencia del TC en la acción de inconstitucionalidad contra la “Ley Mora”, ha comprendido los alcances de esos principios. Y los que se opongan a eso son meros interesados o están aceitados por los oscuros intereses que se mueven contra su ley. Ni más ni menos. ¿También dirá eso de los dos magistrados del TC que han votado contra su ley?

Para comprender mejor este punto podríamos ejemplificarlo: es como si mañana se diera una ley en que se dijera que los todos los generales de las FFAA (en actividad o retiro) tienen 5 años para obtener el doctorado (lo que exige una previa Maestría) en la creencia de que con ello se elevaría el nivel profesional de las FFAA,  de suerte tal que, si no lo hacen, ya no podrán ser considerados en el escalafón militar como generales de la República, sino que pasarían ipso jure a ser degradados, por obra de esta ley, a simples coroneles perdiendo sus añoradas estrellas. Si el autor de la ley universitaria no lo cumpliese, ya no podría ser llamado General Mora, sino llanamente Coronel Mora. ¿Estaría de acuerdo? ¿Le resultaría constitucional? ¿También le aplicaría la teoría de los hechos cumplidos?

El futuro de la universidad peruana es demasiado importante y trascendente para nuestro desarrollo nacional, cultural, formativo y de investigación para reducirlo a estas discusiones de salón, o para ser considerado un “objetivo militar” y a los actuales rectores como “enemigos” a los que hay que destruir.  El tema de la universidad, la necesaria mejora de nuestra educación universitaria y la necesidad perentoria de elevar su nivel no debería haberse manejado ni tan de prisa, sin pausa, ni sin un necesario debate, desoyendo y confrontando bélicamente a la mayoría de la universidades que deben de auto gobernarse y auto normarse (eso es la autonomía) con la supervisión del Estado, pero sin estar atadas al Ejecutivo y a la política de turno.

Gonzalo Portocarrero, flamante Premio Nacional de Cultura-Creatividad, acaba de describir: “Quiero dejar constancia de ser resultado de la universidad, de esa institución increíble, definida por la búsqueda del conocimiento, el diálogo razonable, y el servicio a la comunidad”; lo que sin duda está en las antípodas del militar de formación quien ha sido educado en la máxima “las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones”.

El 28 de julio de 1963 Fernando Belaunde juramentó la presidencia de la república iniciando su primer gobierno (1963-1968). Lo hizo ante un Congreso dominado por una mayoría adversa a la que había ganado la carrera presidencial. Adquirió ese derecho en las elecciones generales de 9 de junio anterior –donde no votaron los analfabetos, ni aquellos entre 18 y 21 años, ni militares, ni policías- obteniendo un magro 39.1%, apenas un 6.6% del total de la población cifrada en casi 11’000,000 para entonces. Superó a Haya por escasos 4.7% y a Odría en 13.6%.

Con esas cifras no tenía mayoría en un Parlamento que dominaba la  férrea oposición y sus escasas alianzas no lograron superar la fragilidad congresal.  El resultado: lucha fratricida, censuras a ministros y gabinetes, ingobernabilidad y debilidad política que fueron el pretexto y coartada para el Golpe de Estado de 1968, impidiéndole cumplir los 6 años del mandato presidencial conforme a la Constitución de 1933.

La necesidad de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales nace precisamente de la constatación anterior y la evidencia que un presidente no puede resultar bien elegido, ni tener solidez para gobernar, si no logra la adhesión de la mayoría de los electores. Por eso, precisamente, se prevé en las modernas constituciones -Argentina acaba de estrenar el balotaje-.  Para eso se pacta en la Carta Política que si los contendores presidenciales no obtienen la mitad más uno de los votos (mayoría absoluta), entonces no habrá ganador y deberá hacerse una segunda elección solo entre los dos primeros, uno de los cuales se alzará con el resultado que forzosamente obtendrá mayoría absoluta en el electorado luego del repechaje. A eso se le conoce en la ciencia política como el balotaje.

Nacido en Francia (de allí su nombre) en la mitad del Siglo XIX con la Tercera República, tuvo gran auge en el resto de Europa, cundiendo como modelo.  Pero quien fue su fervoroso partidario, imponiéndolo en la Constitución de 1958 que inauguró la V República Francesa, fue De Gaulle. Quizás impresionado por el desgobierno y fragilidad política de la IV República instaurada en la post guerra, durante la cual fue ingratamente postergado -pese a ser el vencedor de la Resistencia- su desquite llegaría cuando los fracasados políticos de la IV República le buscaron en su apacible retiro para que se haga cargo de las riendas de su zarandeada nación. Impuso condiciones, una nueva Constitución y se aseguró la elección por medio del sistema indirecto que luego reformó dando paso a la elección directa que rige hoy, con un mandato de 7 años (de los más longevos del mundo), generando una necesaria fortaleza al nuevo gobierno por medio de una esencial legitimidad. Esa es la clave del balotaje impuesto inicialmente para la Asamblea Nacional –logrando una mayoría legitima en el Congreso- extendiéndola a la presidencia con la reforma constitucional de 1962, con lo cual el sistema se consolidó y se volvió modélico al dotar de legitimidad al presidente que así resulte electo, evitándose que se le elija con un escueto 35% con el rechazo de más del doble del electorado.

Nuestra Constitución de 1979(D) instauró el balotaje por primera vez en el Perú para la elección del presidente de la república, con la finalidad de otorgarle  legitimidad al necesariamente lograr la adhesión de la mayoría absoluta del electorado, reforzando –al mismo tiempo- la solidez institucional del nuevo gobierno. Y sí que ha dado resultado, conforme a las experiencias vividas desde 1990.

En el balotaje es usual que el segundo voltee al primero de la primera vuelta. Normalmente, al primer finalista le resulta más difícil hacer alianzas y lograr la adhesión de los votos de quienes se quedaron fuera del partidor para la segunda vuelta y de los indecisos. Suele darse el “Síndrome Pacheco”, aquel maratonista peruano del último panamericano que punteó toda la carrera hasta el kilometro final, llevando en la nuca al cubano Pérez para, en el rush final, ceder paso quedando relegado al triste consuelo del segundo lugar. Es la estrategia básica: pasar la valla de la primera vuelta y, en la segunda vuelta,  hacer de la cosa otro cantar ya que el balotaje tiende a favorecer al segundo antes que el primero. A tener en cuenta.

En la historia de humanidad, la evolución del hombre (y de la mujer) data de muy antiguo. Desde el “homo hábilis” que pobló la tierra hace 2’000,000 de años, hasta el “homo sapiens” que apareció entre 40,000 y 25,000 años a.c., pasando en el intermedio por el “homo erectus” y el “homo de Neanderthal”, denominaciones asignadas a estos “homínidos”.

Desde esa perspectiva la evolución de la humanidad en la era cristina es nada: poco más de 2000 años. Desde la historia antigua (800 años a.c.) hasta el esplendor romano 200 años d.c., pasando por el medioevo, el oscurantismo, la ilustración hasta llegar a la era moderna con la concreción del Estado de Derecho a finales del Siglo XVIII, las grandes revoluciones libertarias, el proceso de industrialización, la modernización de la economía y el imparable avance tecnológico alcanzado en los inicios del Siglo XXI que nos ha llevado a avances científicos impensables,  enviando al hombre (y la mujer) de la era moderna fuera de los confines de la tierra lanzándolos hacia el espacio interestelar.

Se tiende a pensar que ese progreso, que lleva de la mano un mayor desarrollo cultural, cívico y democrático, también debería haber logrado la necesaria evolución del alma humana a fin de contenerse frente a tropelías sin nombre, al abuso, la muerte del enemigo, la eliminación de inocentes como forma de demostración de poder, o sencillamente de quien –sin ser enemigo- no comulga con el asesino, o por sólo imponer la fuerza, un dios, una nación, una frontera o un descarriado ideal que hace creer al criminal tener una posición mental de superioridad sobre sus víctimas.

No es un tema de cultura, de educación ni de desarrollo cívico. Desterremos el maniqueísmo de pensar que la vesanía humana es privativa de los pueblos subdesarrollados, atrasados, incultos o pobres.  Lamentablemente no es así y, existencia de malvados, abusivos o sádicos cortan horizontalmente la existencia de la humanidad pululando en todos los lares y de toda laya.

¿Cómo explicar, sino, los horrores de los campos de concentración y los millones de víctimas inocentes –niños, mujeres y ancianos- gaseados en la mitad del Siglo XX por alemanes provenientes de una de las sociedades más cultas de Europa con estándares muy exigentes en su educación? ¿Cómo entender que hermanos, familiares, amigos y vecinos se matasen unos a otros en la Guerra Civil española por el sólo hecho de que el conflicto trazó, de la noche a la mañana, una línea divisora entre los unos y los otros? ¿Cómo comprender que en Argentina, Chile o Uruguay la represión indiscriminada contra la subversión propiciara secuestros, muerte y desaparición de miles de personas, muchos de ellos conocidos o familiares de los verdugos? ¿Cómo aceptar que Sendero aniquilara pueblos enteros del ande para imponer su ideología basada en el terror? ¿Y cómo explicar que sociedades desarrolladas y modernas se vean prontamente asaltadas por turbas, desmanes, muertes y latrocinios ante una catástrofe en Nueva  Orleans o ante una huelga de su policía en Nueva York o Los Angeles, donde bastó la ausencia de control y de sanción -que impone el derecho para los crímenes- para que ciudadanos pacíficos -hasta el día anterior modelos de civilidad-  sacaran sus armas  dando rienda suelta a sus atávicos temores, frustraciones y fanátismos frente a sus pacíficos vecinos, echando por delante lo que –los estudiosos del alma- llaman “el impulso de dominio” que lleva al ser humano al delicioso y peligroso ejercicio del poder sin límites.

Causar el sufrimiento del otro, su desdicha o su muerte por el solo prurito de poderlo hacer o en nombre de un descarriado ideal produce en algunos un insondable placer que nos pone muy lejos de nuestra esencia humana. Y es curioso porque la humanidad ha logrado muestras excelsas en el arte, en todas sus dimensiones, creaciones culturales y arquitectónicas que evidencian un alma depurada y una especial sensibilidad del espíritu que e, precisamente, lo que nos  distingue de los animales irracionales.

Sin embargo no todo nuestro espíritu ha evolucionado de modo uniforme y, a pesar del desarrollo alcanzado, en la escala de la evolución humana aún mantenemos serios rezagos que, día a día, nos acercan más a los homínidos, evidenciado que aún estamos muy lejos de haber logrado una verdadera evolución del alma humana.

Una vez más las relaciones con Chile se han tensado.  El origen de este soterrado, pero evidente, enfrentamiento es la disputa sobre la soberanía del denominado “triangulo terrestre” en el extremo de la frontera, precisamente allí donde está delimitada el inicio de la frontera.

La verdad es que en la historia de las relaciones entre el Perú y Chile las tensiones territoriales siempre han jalonado nuestro azaroso y trágico destino común.  Estamos condenados a convivir a punta de contenciosos, siempre generados por Chile a contra el Perú.  Desde la tragedia de una cruenta guerra, con despojo territorial, cobro de indemnizaciones, muerte y destrucción, pasando por haber destruído la economía del Perú generando un atraso de casi 30 años, hasta la ocupación de nuestra nación por más de tres años.  Durante la ocupación, en Lima, se izó la bandera chilena y sus tropas desfilaron por nuestras calles.  Como los nazis en París de la Francia ocupada durante la II Guerra  mundial, saqueos y ese crimen de lesa humanidad que fue el incendio de la biblioteca nacional luego de vaciar cuanto estante pudieron.

Sin embargo, hoy más que nunca, mantenemos con Chile intensas relaciones comerciales y empresariales.  Mientras sus afiebrados  políticos y militares siguen desarrollando hipótesis bélicas contra el Perú, sus empresarios nos ven como un potencial mercado en el que desarrollan pingues ganancias.  Mientras los halcones de su diplomacia nos amenazan de modo directo (“no vamos a tener una tímida respuesta en defensa de nuestro territorio…”), seguimos hablando de “hermandad”, “buenos vecinos” y grandes inversiones, de las que esperan –ley en la economía- incrementar sus capitales –“retorno” en la jerga económica”-  a costa del bolsillo de los peruanos.  Evidentemente es una clara contradicción y en eso deberíamos revalorar nuestra política económica con Chile hasta tanto todos, absolutamente todos, los contenciosos hayan sido efectivamente superados.

Y es que la política chilena hacia el Perú ha tenido siempre esa metodología: se ha desarrollado a punta de contenciosos.  Ese es el leit motiv de su diplomacia.  Ese camino fue señalado por Diego Portales en el Siglo XIX y se ha cumplido con escrupulosidad. A Chile no le conviene dejar de tener  reclamos hacia el Perú. Nunca dejarán de tenerlos.  Pero, al mismo tiempo, apuntan hacia nuestra energía (gas), hacia nuestras riquezas naturales y hacia un intenso intercambio comercial.  Una paradoja que nos perjudica.

No queda duda que en la artificialidad del impasse por el “triángulo terrestre”  Chile carece de absoluta razón y fue creado por la diplomacia chilena del Presidente Piñera para aminorar en Santiago el adverso impacto de la sentencia de la Corte de la Haya en la delimitación marítima, por la cual, por primera vez en su historia, Chile retrocedió sus líneas hacia el sur, en lo que había sido un permanente avance histórico hacia el norte, a costa del Perú.

La creación del Distrito de “La Yarada-Los Palos” (Ley 30358) se ajusta perfectamente al Tratado de 1929 con que se zanjó (¿para siempre?) la delimitación territorial con Chile, disponiéndose el retorno de Tacna a seno nacional y sentenciándose la irremisible pérdida de Arica, ya que Chile jamás quiso cumplir el Tratado de Ancón de 1883 al fin de la Guerra del Pacífico.  En el Tratado de 1929 se pactó claramente que la frontera terrestre entre Chile y Perú quedó establecida en un punto marcado a 10 Kms.  al norte del puente sobre el Río Lluta, en el arco formado donde el mar termina y empieza la tierra, punto que recibió el eufemístico nombre de “Concordia”.  La creación artificial del “triangulo terrestre” obvia eso y fija arbitrariamente ese inicio en el hoy denominado Hito No. 1, ubicado a 256 mts. tierra adentro.  Al omitir el arco, generando una paralela, se da nacimiento a este malhadado “triángulo terrestre” de  32,000 m2 que es, ahora, la nueva manzana de la discordia.

Debemos revisar intensamente nuestra verdadera relación con Chile.  Mientras todos los temas territoriales, políticos y de buena vecindad no queden verdaderamente zanjados para siempre, pongamos en la congeladora las demás relaciones comerciales y empresariales en las que servimos de apetitoso mercado.  Sinceremos nuestra verdadera relación, ya que es evidente que la política de las “cuerdas separadas” no ha resultado beneficiosa para el Perú.