Las cosas por su nombre y al toro por las astas. La nueva ley universitaria es la “Ley Mora” ya que el General de Brigada EP (r) Daniel Emiliano Mora Zevallos, actual congresista por Perú Posible, ha sido presidente de la Comisión de Educación del Congreso que la ha redactado, a su imagen, semejanza, troche y moche, pese a las múltiples objeciones y no pocos conflictos que su promulgación, publicación y vigencia han traído para el país.
Es cosa curiosa que una ley marco sobre la universidad peruana sea finalmente redactada, defendida, aprobada y puesta en vigencia por quien no ha sido formado en las aulas de una universidad. Es una paradoja aún no resuelta. De alguna manera subraya la pérdida de la brújula en la falta de institucionalidad, lo que cunde en nuestra realidad.
El General Mora se formó en la Escuela Militar de Chorrillos para abrazar la milicia como profesión en la especialidad de ingeniería. No se formó para ejercer una profesión liberal. En su experiencia profesional sobresale haber sido oficial de enlace ante la Misión de Observadores Militares (MOMEP) en el conflicto del Cenepa que enfrentó al Ecuador con el Perú, ex Ministro de Defensa y ex Jefe del CNI, heredero del tenebroso servicio de inteligencia nacional (SIN). No llegó al grado máximo de la carrera militar -General de División- ni llegó a ser Comandante General del Ejército. Fue solo un General de Brigada.
La “Ley Mora” tiene varios bemoles que, a pesar de haber salvado con las justas su discutible constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), no deja de tener aspectos ciertamente polémicos y hasta negativos que opacan su bondad y buenas intenciones, y que, sin duda, como ya se anuncia, el nuevo gobierno-congreso de julio de 2016 tendrá forzosamente que revisar. El problema de la “Ley Mora” es que el General Mora no admite la polémica, ni la discusión democrática –no fue formado para eso- y siempre ve detrás de cada cuestionamiento lobbys, pagos, mermeladas e intereses subalternos. Así es poco productiva cualquier discusión.
Para empezar, la ubicación de la Superintendencia (SUNEDU) que crea la “Ley Mora” dentro de la férula del Ministerio de Educación, que es parte del Ejecutivo es, sin duda alguna, un escollo constitucional imposible de sortear, como bien lo ponen de relieve dos de los magistrados del TC, ambos profesores universitarios y uno de ellos ex decano de una importante Facultad de Derecho, que votaron señalando que la “Ley Mora” es inconstitucional. Para pretender salvar ello se hace toda una relación de organismos supervisores que están adscritos al Poder Ejecutivo. Nadie se rasga las vestiduras por ello, arguye el General Mora. El problemita es que ninguno de esos reguladores tiene previsión constitucional, por lo que su creación queda librada a la ley y la ley los puede ubicar como mejor crea conveniente el legislador.
Pero la universidad sí tiene expresa reserva constitucional en el Art. 18° de la Constitución, que señala enfáticamente que el sistema universitario es autónomo, separando (Art. 17°) la regulación de la educación escolar primaria y secundaria de la universitaria. Y ser autónomo significa, en lenguaje mondo y lirondo, no pertenecer ni depender de ningún poder del Estado. Así de simple y claro.
Otro aspecto claramente inconstitucional es la aplicación retroactiva de los requisitos para ser docente universitario. Resulta que para dar clases en el pregrado se requiere grado de magister. Hasta ahí está bien. Eso debe regir de aquí en adelante (hic et nunc), sin efecto retroactivo, como toda norma legal sana y constitucional. Pero la “Ley Mora” da 5 años de adecuación para que los actuales profesores en ejercicio docente (ya nombrados, ya contratados, ya designados, con derechos ya ganados, derechos adquiridos que tienen alcance constitucional), cubran ese requisito, de manera que al cabo de dicho plazo los profesores que no obtengan ese grado académico, deberán cesar en la docencia de inmediato o exponerse a ser ominosamente “degradados” de categoría, según corresponda. Así, un Profesor Principal que ha ganado la categoría por concurso, cumpliendo con los requisitos legales exigidos en su día y con más de 10 años de antigüedad como Profesor Principal, pasaría a ser “degradado” a mero Profesor Asociado si al cumplimiento de ese plazo no obtiene el doctorado.
Eso significa otorgarle a la “Ley Mora” fuerza y efectos retroactivos, cosa expresamente prohibida en el Art. 103° de la Constitución. Para salvar ello, fue aleccionador escuchar al General Mora, con inenarrable candor, intentar explicar la teoría de los hechos cumplidos versus la teoría de los derechos adquiridos (efecto ex nunc y ex tunc de las normas) ya que, según él, si bien no es jurista, si sabe leer, y cree leer bien, de manera que al haber revisado la sentencia del TC en la acción de inconstitucionalidad contra la “Ley Mora”, ha comprendido los alcances de esos principios. Y los que se opongan a eso son meros interesados o están aceitados por los oscuros intereses que se mueven contra su ley. Ni más ni menos. ¿También dirá eso de los dos magistrados del TC que han votado contra su ley?
Para comprender mejor este punto podríamos ejemplificarlo: es como si mañana se diera una ley en que se dijera que los todos los generales de las FFAA (en actividad o retiro) tienen 5 años para obtener el doctorado (lo que exige una previa Maestría) en la creencia de que con ello se elevaría el nivel profesional de las FFAA, de suerte tal que, si no lo hacen, ya no podrán ser considerados en el escalafón militar como generales de la República, sino que pasarían ipso jure a ser degradados, por obra de esta ley, a simples coroneles perdiendo sus añoradas estrellas. Si el autor de la ley universitaria no lo cumpliese, ya no podría ser llamado General Mora, sino llanamente Coronel Mora. ¿Estaría de acuerdo? ¿Le resultaría constitucional? ¿También le aplicaría la teoría de los hechos cumplidos?
El futuro de la universidad peruana es demasiado importante y trascendente para nuestro desarrollo nacional, cultural, formativo y de investigación para reducirlo a estas discusiones de salón, o para ser considerado un “objetivo militar” y a los actuales rectores como “enemigos” a los que hay que destruir. El tema de la universidad, la necesaria mejora de nuestra educación universitaria y la necesidad perentoria de elevar su nivel no debería haberse manejado ni tan de prisa, sin pausa, ni sin un necesario debate, desoyendo y confrontando bélicamente a la mayoría de la universidades que deben de auto gobernarse y auto normarse (eso es la autonomía) con la supervisión del Estado, pero sin estar atadas al Ejecutivo y a la política de turno.
Gonzalo Portocarrero, flamante Premio Nacional de Cultura-Creatividad, acaba de describir: “Quiero dejar constancia de ser resultado de la universidad, de esa institución increíble, definida por la búsqueda del conocimiento, el diálogo razonable, y el servicio a la comunidad”; lo que sin duda está en las antípodas del militar de formación quien ha sido educado en la máxima “las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones”.