A raíz de la agresión de una ciudadana a varios agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), su arresto, acusación fiscal de 9 años de prisión, juzgamiento inmediato bajo las nuevas reglas de la flagrancia y posterior condena de más de 6 años de carcelería efectiva, lo que de inmediato cumple en la prisión de Chorrillos, se han evidenciado hechos y análisis que, desde el punto de vista del derecho, su eficacia y el necesario respeto social hacia la PNP, deben de considerarse.

Nada justifica –y a nadie en la sociedad y en el Estado beneficia- una innoble acción sobre uno o más agentes de la PNP, menos aún que se le falte el respeto y se le agreda física y verbalmente.  Eso debe quedar claro.  La ley del Estado señala –tipifica- que hacerlo es un delito y, como tal, está severamente sancionado con una pena que tiene lleva mínimo una condena efectiva de 8 años carcelería, la que puede llegar hasta 12 años como máximo.  Es una sanción severa que pretende ejemplarizar y, a la vez, disuadir conductas reprensibles como esa.

La eficacia del derecho se basa en el cumplimiento de sus reglas y, en caso contrario, en la eficacia de su sanción.  Werner Goldschmidt enseñaba en su tridemensionalismo, la estructura trilógica de la norma: supuesto de hecho normativo (la conducta que se describe), valor y sanción.

Por lo tanto, la eficacia del derecho pasa, fundamentalmente, por que la conducta descrita en la norma sea coercible –sancionable- por el Estado de manera forzosa.  En caso contrario, el derecho carecería de eficacia ya que una norma sin sanción no pasará de ser una mera formulación lírica sin eficacia, lo que atenta contra el orden jurídico de la sociedad a ser impuesto por el Estado para lograr el bienestar común, el de todos nosotros.

Lo que no llegamos a comprender es que cuando se ataca a un agente de la PNP, lo que en verdad se ataca es a toda la sociedad representado por este, y a la esencia misma del Estado de derecho.  No es solo la agresión de una persona a otra persona. Constituye la agresión de una persona hacia la autoridad que esa persona representa, autoridad que el Estado le ha conferido en cuya virtud impone reglas de conducta previstas en la ley, defiende a los ciudadanos y, sobre todo, está autorizado a usar armas que le permitan realizar esa función con decisión y eficacia.

Precisamente el uso de un arma -que otorga innegable poder dentro de una sociedad- debe ejercitarse con disciplina y bajo estricto protocolo que los agentes de la PNP deben observar, para permitirles defender a los ciudadanos, aún a costa de su integridad física, o de su vida, como cotidianamente sucede.  Esa es la autoridad que debemos respetar.

¿Cómo vamos a exigir, y a esperar, que la PNP cumpla adecuadamente sus funciones, que nos proteja de la delincuencia y nos otorgue seguridad personal y familiar, si no respetamos la autoridad que nosotros mismos le hemos concedido?  Por lo demás, expresiones racistas o la sempiterna frasecita de “tú no sabes con quién estás hablando…” deberían haber desaparecido hace buen tiempo de nuestro vocabulario.  Por principio constitucional, todos somos iguales ante la ley y así deberíamos comportarnos, enseñando a nuestros hijos a comportarse.  No estaría de más que en los colegios se recalque ese principio ciudadano básico.

Lo que hemos visto ha sido bochornoso, además de una conducta que la ley del Estado tipifica como un delito grave.  Esa ciudadana, pronta y severamente castigada, debió ser de inmediato sometida y enmarrocada a la primera pataleta agresiva contra la autoridad de la PNP, como ocurre en el protocolo de seguridad de cualquier policía democrática del mundo, y no ver la patética escena en que la PNP le ruega que se comporte bien, que por favor los acompañe a la comisaría o pretender arrollarlos con su 4X4.  Lo acontecido debe servir de necesaria lección para que esta reprochable conducta desaparezca a nivel nacional, y la PNP tenga el respeto que no solo merece, sino que es esencial para el cumplimento de sus fundamentales funciones en resguardo de todos nosotros, otorgando la seguridad ciudadana que tanta falta hace y que tanto reclamamos.

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