Lo ocurrido en el peaje del río Chillón y el levantamiento de las comunidades aledañas (ciertamente, gente de bajos recursos) es una radiografía de cómo están las entrañas de nuestra sociedad. Supuestamente, somos un país con un gran desarrollo económico en la región, tenemos alejado el fantasma de la inflación y postulamos a la platea hacia el primer mundo ante la OCDE. Y, sin embargo, el Estado es incapaz de poder proveernos de lo básico: seguridad, salud, infraestructura, educación y mejores condiciones de vida.
No existe seguridad en las calles, no se ven policías y —a menos que uno sea funcionario público privilegiado— de cuando en cuando aparece un desmayado patrullero normalmente sin gasolina ni ganas de hacer nada. Para ello se ha desarrollado el esquema por el cual la propia ciudadanía debe proveerse su propia seguridad (una forma de justicia autotutelar) por medio del llamado “serenazgo”, que no es otra cosa que una policía mocha autogestionada a nivel municipal que en el fondo es poco eficaz (carece de armas) y tiene un efecto más disuasivo que real. La gracia está en que, además de los impuestos, la propia ciudadanía debe pagar ese servicio “extra” de seguridad por medio de tasas que se cobra al mismo tiempo que los impuestos municipales. Es decir, cada ciudadano paga doble: los impuestos a un Estado ineficiente que no le protege y una tasa por el servicio municipal de seguridad conocido como “serenazgo”.
Es este mismo esquema —que revela una profunda desestructuración social— el que sirve de base al peaje del río Chillón (y a los de la mayoría, como es otro abusivo -en barrio más pudiente- de Separadora Industrial), ya que la exacción a los usuarios de una carretera nacional —como la Panamericana Norte— de pronto se ven asaltados por el propio Estado que, representado por una concesionaria privada, decide de la noche a la mañana cobrarle más de tres dólares por salir y entrar a su barrio o a su vivienda, encareciendo abruptamente su ya agravado costo de vida. Y con la plata de los ciudadanos es que la empresa privada (que invierte poco y recupera mucho)l eximiendo al Estado del gasto, va a hacer las mejoras en las pistas, la extensión de estas o la construcción de nuevas, como la ansiada autopista al centro del país, ya que Lima, la capital del Perú, solo tiene una magra y roñosa autopista de 10 km. hacia el este. Es decir, lo que no quiere gastar el Estado, y que tampoco invierte la empresa privada, es puesto sobre las espaladas de los pobladores. El problema —a diferencia de Separadora Industrial o de Bujama— es que esta vez hicieron tan mal sus cálculos que chocaron con el pueblo. Y el pueblo se levantó, protestó y reclamó hasta conseguir que la concesionaria y el Estado dieran marcha atrás. Esa es la fuerza que falta a los de Surco y La Molina para lograr lo propio.
Y así como ocurre en la seguridad o en la infraestructura vial, pasa lo mismo con todos los órdenes de la sociedad. Con la salud, la educación, el tránsito, etc. Si no se aborda esto de manera directa, por más que exista la iniciativa privada, el Estado será reemplazado por la exacción a sus ciudadanos con iniciativas privadas que se disfrazan de inversión, pero que no es otra cosa que un carrusel para hacer que el sufrido ciudadano termine pagando el doble y asumiendo el costo que le corresponde al Estado, dejando de paso pingües ganancias para las empresas que digitan estas iniciativas que, claramente, son un directo latrocinio. Una cosa es investir y hacer y presentar una autopista decente, con cuatro carriles por lado que nos lleve a la modernidad en cuanto a vías de acceso a la capital se refiere, que verdaderamente funcione, nueva, con vías alternas como la ley lo ordenada y que, luego de eso, con el peaje, se “recupere” la inversión con un razonable margen de ganancia, y otra muy diferente es que todo el pago sea cargado en las espaldas del pueblo bajo la edulcorada etiqueta de un “peaje”, cuando no pasa de ser un descarado robo por un servicio que no se brinda, ni se da, ni se ha hecho aún.
Por eso, esta descarada situación ya no podrá proliferar. A la gente no se le puede engañar todo el tiempo, sobre todo cuando se le toca el ya magro bolsillo. Es un esquema que no se sostiene y que no va a funcionar mientras no se haga como corresponde. El Estado, sus autoridades y la empresa privada ya deberían haber aprendido de los varios ejemplos de hartazgo y violencia que este proceder ha generado. Era más que obvio que esto podía pasar, tan obvio que el propio contrato lo preveía, cargándole las tintas —y el costo— a la Municipalidad de Lima. Sin duda, fue una “brillante” negociación que solo terminó afectando a quien se dice proteger y de quien se dice provenir: el pueblo.