El Tribunal Constitucional (TC) está definido en la Constitución como el tribunal de las libertades, defensor final (dernier resort) de los derechos fundamentales (DDFF). Por eso Mauro Cappelletti definió su más importante facultad como “Jurisdicción de la Libertad”.  Sin embargo, en el último año y medio, a raíz del cambio sin precedentes de seis de sus siete integrantes, el TC ha venido dando muestras de involucionar en aquellos conceptos esenciales de su primordial labor en defensa de los DDFF.

Gonzalo representa la defensa de un ciudadano que se considera injustamente en prisión, solicitando al TC que revise su caso a la luz de sus DDFF por medio del Hábeas Corpus que para eso preveé la Constitución.  La causa llega al TC a finales del 2014, y apenas es ingresada y numerada solicita la palabra para la audiencia pública cuando se vea su caso. Pese a ser un hábeas corpus y pese a que la ley señala su preferente tramitación, el TC se tarda 14 meses en señalar la audiencia. Gonzalo prepara el caso con pasión, llega al TC y no puede hablar por su patrocinado porque el TC le niega el informe oral.  No pasa de la su enrejada puerta.  Personal subalterno le informa que su pedido de palabra no existe. Sorprendido muestra su cargo que data de enero de 2015, con gran antelación y diligencia.

La calichina relatora, que para mala suerte ese día se estrena en el cargo, da cuenta al Pleno del urgido pedido pero, como consta en la grabación, con inexperiencia o mala fe, indica que el pedido ha sido “extemporáneo”.  Allí donde la ley dice que el uso de la palabra se puede hacer “hasta dentro de tres días de señalada la vista”,  su inexperiencia le hace interpretar que el haberlo hecho con un año de antelación -con anticipación- resulta fuera del plazo legal(¿?).  Ante semejante alegación, el Pleno del TC decidió no escuchar los alegatos de Gonzalo, dejando a su representado en la indefensión.

Esta actitud no resulta nueva en los últimos tiempos del TC.  Así como se ha avasallado los derechos de Gonzalo, se ha hecho con otros tantos.  El TC ha derrotado de ser un tribunal de las libertades y DDFF a un TC ritualista, formalista y defensor de los derechos del Estado. De eso no cabe duda y esa, básicamente, ha sido la tónica con que la mayoría de sus nóveles integrantes han sido elegidos por el Congreso.   Ya habíamos señalado que cuando menos tres de sus actuales integrantes no tenían las condiciones básicas para honrar tan importante encargo.  Su actual presidente, magistrado judicial jubilado, ya olvidó los años –publicación de fascículo de por medio- en que hizo antesala –frente a la misma reja de la que Gonzalo no pasó- para lograr su nominación al mismo,

Un importante funcionario preguntó por uno de sus actuales integrantes del TC y, para ser mejor entendido, se le puso un simple ejemplo: es como si un mayor de las fuerzas armadas fuese, de un día para el otro, por arte de birlibiloque, directamente ascendido a General de División, sin haber pasado por los mandos anteriores y, sobre todo, sin tener la experiencia, sindéresis y solera que deja precisamente el paso por los estamentos inferiores.  Así de simple.  Y en el tercer caso, resultó candoroso (y consta en la grabación) escuchar  a un joven magistrado del TC hacer alegoría –sin qué ni porqué- de su supuesta independencia, jactándose de no recibir indicaciones ni presiones de nadie. Dime de qué alardeas, y te diré que te falta. Ojito con eso…

Desde la expedición de la malhadada “sentencia interlocutoria” con que el TC ha pretendido recortar ostensiblemente su trabajo, creando una suerte de “admisibilidad” al recurso de agravio constitucional (allí donde la Constitución no lo precisa, asimilándolo a una suerte de casación constitucional) hasta las últimas sentencias en que claramente ha favorecido al Estado, o del Gobierno, antes que los DDFF de los ciudadanos que angustiosamente  –en última instancia- recurren a el, el TC ha evidenciado una clara involución ideológica en el tratamiento de una de sus principales funciones: ser el verdadero guardián de las libertades constitucionales de los ciudadanos.