La semana pasada alcanzamos un análisis de lo que consideramos un despropósito –producto del chisme y de la falta de ubicación política- acerca de los rumores de un intento elucubración de “Golpe de Estado”, por solo haberse dispuesto una “orden de inamovilidad” en las FFAA para hacer un recuento de las granadas y explosivos bajo su control a fin de que no sea indebidamente trasegado hacia la delincuencia.

En esta ocasión, y para comprobar lo anterior (a despecho de quienes creen que no vemos las “profundidades de la política”) consignamos las respuestas de dos prominentes generales del ejército, en retiro, quienes libremente opinan sobre aquello. Están identificados como General 1 y General 2 y, manteniéndolos en reserva, son fuente (por cierto, sin “peaje”) de fácil acceso.  Han tenido importantes responsabilidades en el ejercicio, ejerciendo el comando de grandes unidades y puestos de trascendencia –uno nada menos que su exComandante General, y otro Secretario de un Comandante General-:

1. ¿CREE POSIBILE QUE EN CORTO PLAZO SE DE UN GOLPE DE ESTADO QUE INTERRUMPA NUESTRA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL?

General 1.- No es posible, forma parte de la historia, está borrado del diccionario militar. 

General 2.- Está totalmente fuera de la realidad esa hipótesis, el solo pensarlo  sindica que quien lo expresa no conoce o no está enterado del actual comportamiento y madurez institucional de las FFAA.

1. ¿QUÉ TAN CERCA O QUE TAN LEJOS ESTARÍAMOS DE ESO?

General 2.- La palabra precisa es “imposible”.

2. ¿POR QUÉ ALGUNOS ANALISTAS Y COMENTARISTAS OPINAN EN UNANIMIDAD QUE HABRÍA “RUIDO DE SABLES” O ALGUN NIVEL DE CONSPIRACION MILITAR?

General 1.- Es una irresponsabilidad que busca desestabilizar al país afectando a las FFAA, para lograr un beneficio político. No es la primera vez, se presenta desde 2004 y todas estas insinuaciones han  terminado siempre en nada. Solo se ha pretendido desestabilizar.

General 2.- Los buenos analistas generan sus opiniones sobre la base de hechos y no se arriesgan solo por evidencias posibles y probables que se suscitan en la vida diaria. Pareciera que los que opinan de probables “conspiraciones militares” se han quedado con la visión de las FFAA de hace 30 o 40 años atrás. No me atrevo a pensar que lo que se busca es generar mayor conflicto entre la población y el actual régimen. Eso sería perverso. 

1. ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECEN ESOS COMENTARISTAS Y/O ANALISTAS?

General 2.- Flaco favor le hacen a la democracia al lanzar ese tipo de comentarios que no tiene ningún sustento.

3. ¿QUÉ ES UNA ORDEN DE INAMOVILIDAD?

General 1.- Es la permanencia del personal en su lugar de trabajo ante una orden motivada por una cuestión de trabajo. Es un hecho normal que forma parte de la vida militar (20 años con inamovilidad absoluta en las zonas de emergencia) y no sorprende a ningún militar. No se puede considerar como una medida para alzarse en armas. Inamovilidad se da para todo tipo de casos (elecciones, desfiles, desastres, etc.). 

General 2.- Es la disposición que se da para que el militar permanezca en la dependencia donde presta servicios por un motivo especifico y de marcada trascendencia.  Puede ser general o relativa, entendiendo lo último para algunas dependencias o hasta una determinada hora y para un hecho especifico y trascendente.

1. ¿ES UN HECHO SINGULAR? ¿SIGNIFICA UN ACUARTELAMIENTO PARA ALZARSE EN ARMAS?

General 2.- Si es un hecho singular que debe tener una motivación especial. La orden impartida por su actual Comandante General estaba dirigida a las unidades operativas  y dependencias que tenían material de guerra (municiones y explosivos) con la finalidad de verificar las granadas por un equipo especial de la Inspectoría. 

4. ¿CUÁL ES EL COMPROMISO DE LAS FFAA CON LA CONSTITUCION Y EL PROCESO DEMOCRÁTICO RETOMADO A PARTIR DE 2001?

General 1.- Existe un irrestricto respeto a la Constitución, al Estado de derecho y al orden democrático establecido.

General 2.- Las Instituciones castrenses tienen un proceso de revisión que se denomina “lecciones aprendidas” con relación a los hechos de la década del 90 que fueron nefastos para el prestigio y el verdadero rol que cumplen las FFAA.  Esa revisión ha permitido que las actuales generaciones de  miliares entiendan plena y totalmente el valor que tiene la democracia para el desarrollo de nuestro país, que es lo que al final  nos importa a todos.  Por otro lado, hace más de 10 años se dan Cursos de Alto Mando que tienen dentro de su currícula estudios sobre temas constitucionales.  Por ello existe un cabal compromiso con el rol constitucional a desempeñar en beneficio del país.

5. ¿LA POSICISIÓN DE LA PROMOCIÓN DEL PRESIDENTE HUMALA EN LOS MANDOS DEL EJERCITO FACILITARIA UN ‘GOLPE DE ESTADO’?

General 1.- No, porque una decisión de esa naturaleza requiere de la aprobación y participación de todos los institutos de las FFAA, y no solo la participación de algunos oficiales (como, por ejemplo, lo del “13 de noviembre”).

General 2.- Se ha generado toda una leyenda urbana en lo referente a la promoción del presidente Humala, pero le puedo asegurar que pese al número de generales y el copamiento de puestos dentro de la institución, el que se comande una gran unidad  no necesariamente significa el liderazgo sobre ella o que se la pueda lanzar de pronto a una aventura golpista. No tienen posibilidad alguna de organizar una acción de esta naturaleza.  Por otro lado, en el presente año más del 50% de generales de brigada de esa promoción deben pasar al retiro, 17 ascienden y 17 pasan al retiro, así que el piso queda parejo para el próximo gobierno.   

6. ¿CUÁL ES SU BALANCE Y EXPERIENCIA PERSONAL DEL ‘GOLPE DE ESTADO’ DE 5 DE ABRIL DE 1992?

General 1.- Fue una participación  justificaron por el ‘estado de necesidad’ en que se encontraba el país, pero nadie pronosticó que el presidente iba a ‘utilizar’ a las FFAA para perpetuarse en el poder violando la Constitución. Se afectó gravemente la institucionalidad, se alteraron los valores y principios, se perdió el respeto por la antigüedad y los méritos, se generaron abusos con los ascensos y pases al retiro de los oficiales más representativos, dio lugar al el uso político de la Justicia Militar, se generó una desconfianza en las relaciones interpersonales, en definitiva se perdió de autoridad y confianza en los sistemas de comando, personal e  inspectoría.

General 2.- Ocupaba un cargo en el estado mayor de la Segunda Región Militar y puedo asegurar que no cabía de modo alguno realizar una acción de esa naturaleza.  Existían otros mecanismos democráticos que el régimen no optó y, por otro lado, fue nefasto para el prestigio del país pues nos catalogaron como un paria internacional.

 

1. ¿CONSIDERA QUE HAY POSIBILIDAD DE QUE EL 5 DE ABRIL SE REPITA?

General 2.- De ninguna manera, la visón actual de los militares es hacia el interior de sus instituciones, en la búsqueda de educar a sus cuadros en las mejores universidades del país para mejorar sus capacidades y competencias, gestionar mejor sus recursos.  Cualquier otra “afiebrada opinión” solo busca titulares escandalosos que no tienen sustento fáctico.

7. ¿DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MILITAR PERUANO DEL SIGLO XXI, AD PORTAS DEL BICENTENARIO NACIONAL, QUÉ SE REQUIERE PARA IMPONER CON ÉXITO UN ‘GOLPE DE ESTADO’ QUE INTERRUMPA LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL?

 

General 1.- ¿Que el presidente pretenda romper el orden constitucional? Las FFAA serían el fiel de la balanza, bien para apoyar un autogolpe, o bien para un contragolpe militar para evitarlo en defensa de la democracia. Hoy las FFAA están subordinadas al poder constitucional, no al poder político de turno; son del Estado y no del gobierno en funciones; no están subordinadas ni menos sometidas al gobierno ni al partido político de turno.  

General 2.- Sólo cabría 0.0001%; es como si “Velasco Alvarado se levante de su tumba”… Aun en el supuesto negado que esto ocurra no tendría posibilidad alguna de éxito ya que no existen los cuadros capaces de siquiera de compartir con el golpista esa visión o esa aventura suicida.  Dentro del ejército no hay facciones “humalistas”, “institucionalistas”, etc. Esa es otra leyenda urbana que otro afiebrado columnista que ha manifestado en forma irreal, cobijado con el argumento de que se lo “comento un alto mando”.  Por el resultado que el 54% de la población no cree en la prensa, como lo señala la encuesta de IPSOS–Apoyo publicada en “El Comercio”.

A un conocido “broadcaster” limeño, ya jubilado, le llamaba la atención el que un popular locutor y presentador de muchos años, casi fundador de la TV y líder en la radio, cuya imagen representaba al medio en que trabajaba y que durante muchos años opinó, editorializó y juzgó de modo implacable sobre distintos aspectos de al vida nacional, se llamaba al dolor cuando fue objeto de crítica por su comportamiento público en los finales de su actuación frente al público.

Una presentadora de TV, también afamada y ya jubilada, pedía respeto y discreción cuando uno de sus ex jefes, un reputado jefe de prensa, decidió poner fin a su vida disparándose en la sien en un oscuro cuarto de un desconocido hostal, aplacando penosamente el sufrimiento que le causaba una profunda depresión.

En general los agentes de prensa escrita, radio y TV que cotidianamente presentan las más diversas informaciones, editorializando, opinando, juzgando, calificando, hurgando sin compasión ni piedad en las los más profundos recovecos de la vida, actividad, pensamiento y hasta en el alma de las figuras públicas -privadas, sociales, deportivas, gubernamentales, regionales, municipales, etc., incluyendo ciertamente a sus familiares-  suelen ser rigurosamente escrupulosos con su vida –también pública, sin duda alguna- exigiendo respeto a su intimidad, familia, privacidad y pensamientos cuando se ven en medio de una tragedia personal o familiar (como perder al novio en un confuso accidente de tránsito), pidiendo para sí lo que en su diario quehacer no conceden a los demás.

Este contrasentido no ha sido aún resuelto.  Esa vara de doble dimensión no ha sido enfrentada aún.  Esa doble moral aún no ha sido objeto de análisis ni reflexión.  La actividad de la prensa -en general- es una conquista del Estado de Derecho y una manifestación de una democracia que se precia en defender los principales valores de una sociedad libre.  El autoritarismo, la dictadura –dura y blanda- y la autocracia no suelen llevarse bien con la prensa libre.  Pero, al mismo tiempo, esa democracia y ese Estado de derecho exigen que toda actividad sea hecha con respeto de la ley y de los valores morales y democráticos del comportamiento ciudadano.

Por alguna razón que no se llega a comprender, cuesta mucho conceder a los demás lo que exigimos para nosotros.  Nos da urticaria cuando se nos exige que las mismas limitaciones morales y legales que imponemos a los demás, nos sea enrostrada.  Pretendemos apoyarnos en Maquiavelo con la máxima de que el fin justifica los medios, cuando eso no es acorde ni con el sistema jurídico, ni con el imperativo moral en que se debe desenvolver una sociedad democrática: no, jamás el fin debe ni puede justificar los medios utilizados, ya que eso rebaja la categoría moral del autor para achatarlo hasta llegar al mismo rasero de aquello que se censura, ataca o combate.  Si un delincuente mata, no se le puede dar directa  muerte (salvo en legítima defensa) ya que el sistema jurídico exigirá que la sanción al asesino sea impuesta conforme a los parámetros legales, por un tribunal de justicia imparcial y por medio de un debido proceso.  Sólo en tal caso, el Estado y la sociedad se elevarán moralmente sobre el delincuente adquiriendo el derecho a sancionar su conducta.  Hacerlo de modo directo y ser el omnímodo juez de la vida y conducta de los demás, ya está visto en la historia social y política, sólo nos hace tan censurable como aquel a quien se pretenda castigar.  Ni más, ni menos.

Cómo vamos a censurar, y pedir castigo, para la corrupción pública y privada, si “compramos” una primicia  para generar una noticia.  No es acaso, más allá del grave dilema moral, que la noticia así obtenida estará contaminada por un evidente conflicto de interés, ya que no se obtendrá ni conseguirá, sino que será objeto de un toma y daca, dentro en un “contrato”, en que puede haber de todo, menos objetividad, imparcialidad y rigurosidad en su tratamiento.  Cómo lamentar la corrupción estatal o privada si pagamos a los agentes del orden, judiciales o fiscales para obtener copia de atestados, expedientes y piezas judiciales en aras de una “noticia” o “primicia”.

Aún subsiste un importante dilema moral –y ético- por dilucidar de cara a una sociedad verdaderamente sana, democrática y con plena libertad de expresión.

Cuenta Sábato, en su magnífico testimonio “Nunca más” que un buen día la arbitraria represión argentina se llevó sin ton ni son al menor de los hijos de un importante fiscal del régimen, tan solo ser activista social en su parroquia.  El padre, convencido del error y sin hacer parte de los horrores del régimen al cual servía, empezó a indagar y a reclamar. Hasta que un buen día también fue desaparecido.  El yerno, joven oficial de la armada, también empezó a hacer preguntas a sus superiores, señalando el grave error que se había cometido con un importante fiscal del régimen y su cuñado menor, tan solo vinculado a la labor social de la iglesia de su barrio. Trató de llegar a las más altas instancias de sus superiores -siendo él parte de las fuerzas armadas que gobernaban-, hasta ser considerado como peligro potencial y también fue desaparecido.  Finalmente, la hija del fiscal –sin padre, ni marido- y su madre –sin esposo, ni hijo, ni yerno- escaparon a España, donde rindieron su testimonio a la Comisión Sábato y rehicieron lo que quedó de sus vidas.

El problema con la barbarie es que se vuelve contra quien la crea.  Así ha sido la penosa historia de la humanidad, como la Revolución Francesa que empezó haciendo rodar las cabezas de sus reyes y terminó viendo rodar las de los más enfebrecidos revolucionarios.  O el Khmer Rouge de Camboya, o con el propio Sendero Luminoso.

Ahora que alguien muy sagaz ha tratado de poner en marcha la despreciable campaña “chapa a tu choro y déjalo paralítico”, a fin que la sociedad ponga en marcha mecanismos de autotutela para ejercer la justicia por mano propia, la Ley de Talión, subrayando la deficiencia del Estado la seguridad ciudadana, la situación se puede complicar muchísimo y, aunque no se den cuenta, los propios autores de esta efectista campaña, o sus amigos, o sus familiares, podrían terminar siendo licuados por la misma.  A ello, otro sagaz comunicador ha pergeñado una variante: “chapa tu juez y déjalo paralítico”, con el afán de resaltar la clamorosa deficiencia de la administración de justicia.  Y un preclaro congresista ha tenido expresiones de similar calibre.

El problema es que puede cundir el brillante ejemplo y hacerse viral: “chapa a tu periodista y dejalo paralítico”, “chapa a un político y déjalo paralítico”, “chapa a tu opositor político y déjalo paralítico”, “chapa a tu indeseable vecino y déjalo paralítico”, “chapa a tu enemigo profesional y déjalo paralítico”, “chapa a tu competencia y déjalo paralítico”, “chapa a un ministro y déjalo paralítico”; hasta llegar al paroxismo: “chapa a un congresista y déjalo paralítico…”.

La historia de la justicia habla justamente de la superación del rencor, de la venganza y de la autodefensa como mecanismos incivilizados de solución  de las injustidias que siempre ha presentado la sociedad.  Los libros están llenos de ejemplos en sentido contrario, y se habla de la administración de justicia (y del sistema de justicia en general) precisamente como una superación de la autotutela y la defensa violenta por mano propia.

Hace algunos siglos El Conde de la Cañada dijo: “Los hombres, que en su estado primitivo natural no reconocían superior que los defendiese de insultos, opresiones y violencias, estaban por consiguiente autorizados para hacerlo por sí propios: la experiencia les hizo entender los graves daños a los que conducían estos medios, pues o no podían defenderse por sí mismos, o excediendo los justos límites para conservarse, excitaban turbaciones a que eran consiguientes mayores desavenencias, injurias y muertes; y consultando otros medios que mejorasen la  seguridad de sus personas sin los riesgos anteriormente indicados, acordaron unirse en sociedades y confiar su defensa y la de todos sus derechos a una persona que mirándolos con imparcialidad les distribuyese sus derechos y les conservase en paz y en justicia”.

Gonzáles Pérez acotó:”Sólo impidiendo el ejercicio de la fuerza privada como modo de satisfacer las pretensiones y el reconocimiento de los derechos podrá asegurarse el imperio de la justicia. De un caos en el que prevalecía la ley del más fuerte se pasó a un orden jurídico en el que prevalece el criterio de un sujeto imparcial, sustituyéndose la acción directa frente al adversario por la acción dirigida al Estado…”

El Tribunal Constitucional (TC) se estrenó el año pasado con un precedente vinculante, modificando su Ley Orgánica y el Código Procesal Constitucional, introduciendo un adicional en la revisión, de última instancia, de las acciones de amparo, hábeas corpus, hábeas data y de cumplimiento denegadas por el Poder Judicial (PJ), redibujando el llamado Recurso de Agravio Constitucional (RAC) que es la impugnación extraordinaria que le vincula con el Poder Judicial, subrayando el carácter mixto de nuestro sistema procesal constitucional.

El TC es un órgano autónomo y, si bien forma parte del sistema de justicia en materia de control constitucional y defensa de derechos fundamentales (DDFF), no es parte del PJ, ni del Ministerio Público, ni del Ministerio de Justicia.  Es independiente.  Solo tiene tres competencias definidas en la Constitución: (i) determinar la constitucionalidad de las leyes del Congreso, derogando de modo directo las que no lo sean; (ii) dirimir los conflictos de competencia entre los diversos órganos constitucionales cual árbitro constitucional; y, (iii) resolver en última instancia las acciones de garantía –jurisdicción de la libertad- sólo cuando haya sido denegada en sede judicial la pretensión demandada, de manera que sólo el demandante insatisfecho puede acudir  en última instancia al TC, no así el vencido en una acción de garantía.  El TC puede avalar la denegación del PJ o puede rectificarla concediendo la defensa de los DDFF objeto de ese proceso.  Eso es lo que textualmente dice la Constitución y reitera el Código Procesal Constitucional.

Sin embargo, en este precedente vinculante (sentencia a la cual se reviste, además, de efecto normativo directo, como si fuese ley material) el TC ha determinado que habrá dos clases de decisiones ante un RAC: las que ha denominado –con evidente error procesal- como sentencia “interlocutoria” y las sentencias de fondo.

Para ello, el TC ha hecho un razonamiento que más se asemeja a la historia judicial de la Suprema Corte de los EEUU, con un atisbo de discrecionalidad (que en el sistema norteamericano se llama “certiorari”) y que funciona más o menos así: interpuesto el RAC contra sentencia desestimatoria del PJ, el expediente es “revisado” por una de las salas en que indebidamente ha sido dividido el TC (ya que la Constitución habla de un TC  compuesto por un pleno de 7 miembros, no por salas de 3) determinando si el proceso es fútil, va contra un precedente vinculante, carece de contenido constitucionalmente protegido o ya ha sido resuelto con anterioridad en sentido negativo, el RAC será rechazado en primera por dicha Sala, no por el pleno del TC, sin audiencia ni derecho de defensa oral,  y de inmediato será devuelto al PJ, convalidándose la desestimación de la acción de garantía, rebotando en primera el RAC sin chance alguno; o, si concluye que hay un derecho constitucionalmente protegido, que es novedoso, o que no afecta  un precedente vinculante previo, entonces recién le dará pase a una audiencia de defensa oral ante el pleno, luego de lo cual tomará una decisión final.

En el derecho procesal sentencia interlocutoria es un “auto”, una decisión intermedia que no define la causa.  De allí su denominación (“inter-locus-dicere”), lo que se dice en medio de algo.  Pero en este caso, el rebote será final y decisorio, y no posición intermedia.  Algún duendecillo procesal vendió esa denominación y los flamantes magistrados se la compraron.

A lo anterior se ha sumado una práctica lesiva a los derechos de los justiciables, como bien acusa Alberto Borea: los magistrados han adoptado la pose de no recibir a los abogados defensa, señalando que lo que se tenga que decir, se diga en la audiencia o por escrito.  Si hay “interlocutoria” no se podrá hacer en la audiencia, porque tal no habrá; y por escrito se dicen muchas cosas, pero nadie asegura que con el volumen de trabajo que tienen los magistrados puedan leer todo lo que se escribe en los procesos y no sean, finalmente, sus asistentes y asesores, los meros destinatarios de dicha lectura.

Es decir, no solo han cerrado de modo discutible el acceso ciudadano a la defensa de los DDFF cuando sean históricamente desatendidos por el PJ, que es el mandato recibido de la Constitución, sino que han ingresado en una suerte de autismo inédito en nuestro sistema judicial.  El poder debe ejercer con dignidad, pero también con humildad ya que proviene del pueblo.