Una de las características más saltantes de nuestra frágil democracia constitucional es la inexistencia de instituciones del Estado que sean verdaderamente sólidas, con tradición democrática y estabilidad. Eso es patente en el sistema de administración de justicia, que está en permanente reforma desde que nacimos a la vida nacional hace casi dos centurias.

Basadre contaba que en el siglo XIX dos tipos de funcionarios eran permanentemente maltratados por el Estado: los militares y los jueces. Lamentablemente, eso, en los inicios del siglo XXI, no ha cambiado mucho.

Las críticas al Poder Judicial tienen como efecto nocivo su innecesaria generalización, lo que impide destacar y resaltar a aquellos buenos y esforzados magistrados que honran su servicio público a la justicia. Pero las deficiencias del Poder Judicial muchas veces arrastran en su determinación y crítica a aquellos buenos magistrados que lo dan todo por una mejor administración de justicia en el Perú.

Lo que acaba de ocurrir con una de las Salas Penales de la Corte Superior de Justicia de Lima es francamente deplorable. Los principales cabecillas de los movimientos terroristas más sanguinarios, que asolaron el Perú no hace mucho tiempo, han ganado (luego de varios intentos fallidos y de fallos en contra del mismísimo Tribunal Constitucional) sendos hábeas corpus con los cuales pretenden ser trasladados a penales para reos comunes, abandonando el rigor del penal de la Base Naval, que constituyó una respuesta coherente del Estado en la sanción de los innumerables crímenes que estos habían cometido.

Dos magistrados han expedido una sentencia írrita. Y lo es doblemente: primero, porque no se trata de un proceso penal, sino de uno constitucional, y ya se había determinado que en el proceso constitucional se requerían tres votos conformes y no dos, como en los procesos penales. Aquí, con solo dos votos se pretende validar un hábeas corpus, con lo cual se yerra del modo más flagrante en el procedimiento constitucional. Nada en el Código Procesal Constitucional autoriza a que ello sea así. Y las normas procesales no pueden ser analogizadas al antojo del magistrado, ya que responden a un principio de legalidad. Solo es proceso lo que la ley expresamente dice que es proceso; y, segundo, porque no hay razón constitucional para hacerles lugar en un penal diferente de aquel en el que han venido cumpliendo su merecida pena, cumplimiento que –dicho sea de paso– ha sido ejemplar y severo, como corresponde, y no con la laxitud con la que se manejan la mayoría de los penales para reos comunes.

Una característica del debido proceso es que las sentencias judiciales se cumplan con todas las garantías constitucionales y que sean socialmente aceptables. El fallo que excarcela de la Base Naval a los principales cabecillas terroristas es socialmente inaceptable y debe ser prontamente modificado. La seguridad ciudadana, el respeto a las víctimas de los crímenes terroristas, a las fuerzas del orden que han sacrificados sus vidas, su integridad física y su mayor esfuerzo en combatirlos así lo demandan.

Resulta inadmisible que algunos magistrados del Poder Judicial exhiban una ceguera insostenible y tan poca memoria de lo que hace cuatro décadas acontecía en el Perú. Ahora la pelota está en la cancha del Tribunal Constitucional; y la ciudadanía, al lado de la comunidad jurídica y los buenos magistrados –que los hay–, esperamos con angustiado interés una valiente respuesta, acorde a la gravedad de lo acontecido, y que vuelvan las aguas de la responsabilidad del Estado de Derecho a su verdadero nivel constitucional.

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Desde el primer gobierno de FBT no se producía –en la era constitucional- una crisis de gabinete como la que la semana pasada tuvo en vilo al presidente Humala. De acuerdo a la Constitución, un nuevo gabinete ministerial debe merecer la “confianza” del Congreso. Eso es así, porque siendo nuestro régimen presidencialista, tiene contrapesos en los demás órdenes del Estado a fin de evitar el autoritarismo constitucional. Es lo que Loewenstein define como “control inter poderes”. En su procesabilidad, la Constitución y el Reglamento del Congreso tratan a la cuestión de confianza del mismo modo que la censura del gabinete. La primera parte de los ministros y la segunda de una minoría del Congreso.

La cuestión de confianza no es poca cosa. Es el requisito sine qua non un nuevo gabinete obtiene el beneplácito del Congreso para iniciarse como gobierno. Por eso, la investidura debe hacerse dentro de los 30 días siguientes a la designación del nuevo gabinete, al punto que si el Congreso no está en funciones, el Presidente de la República lo convoca extraordinariamente.

Si la confianza es rehusada, el Presidente de la República debe admitir su dimisión total en las 72 hrs. siguientes y nombrar a un nuevo gabinete. Podría repetir con algunos ministros, pero necesariamente debe cambiar al Premier, en cuya cabeza se asienta la legitimidad de la confianza otorgada o el rechazo de la confianza rehusada. ¿Podría René Cornejo volver como ministro? Sí, pero sería desdoroso que quien ha sido rechazado como principal, regresa como secundario. Sería una cuestión de ética personal.

¿Cuántos votos requiere alcanzar la confianza? Los mismos que para lograr la censura: la mitad del número legal de los miembros del Congreso. El viernes por la noche ello no fue alcanzado, por lo que no se otorgó la confianza, lo que constitucionalmente equivale a decir que le ha sido rehusada, expresión que contiene la Constitución.

Habrían dos alternativas posibles: (i) El Congreso vuelve a votar la confianza y alcanza la mitad más uno de su número legal, lo que no ha ocurrido hasta ahora (ya que las abstenciones no cuentan, y no estamos frente a una votación simple de la mitad de los votos emitidos); o, (ii) El Presidente de la República encaja las críticas planteadas por la oposición en el Congreso, que es casi el doble que su mayoría relativa, escucha el leit motiv de sus razones –muy fundadas, en su mayoría-, abandona el estilo confrontacional (y algunos adjetivos, dicho sea al paso) y tiende los puentes que aguda e inteligentemente ha planteado el congresista Abugattás para conseguir de la abrumadora oposición la confianza requerida para que su gabinete tenga viabilidad y la necesaria legitimidad constitucional.

Claro, siempre hay una tercera opción y, según la Ley de Murphy, siempre se puede empeorar: de no escuchar el legítimo reclamo del Congreso se puede insistir tozudamente en rumbo de colisión constitucional que transforme la crisis de gabinete en una crisis constitucional con el Congreso, cuyo resultado podría traer insospechadas consecuencias para nuestra aún frágil democracia. Los estadistas siempre deberían tener presente que “los dioses ciegan a quienes quieren perder”.

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Uno de los aspectos más álgidos de la estructura de nuestro frágil Estado, es la conformación de su administración pública, es decir, el elemento humano con el que el propio Estado se sostiene y se desarrolla. Al adelgazamiento acaecido como consecuencia de las necesarias privatizaciones y el desmontaje de ese Estado mal e ineficiente empresario, en donde los burócratas manejaban sin mayor consecuencia el patrimonio público, despilfarrándolo o subordinándolo a los intereses de los políticos de turno, se ha sucedido una administración pública que -no por ser más pequeña- es más eficiente, ya que salvo contadas excepciones de tecnócratas de muy alto nivel, con contrataciones especiales, o vencedores en verdaderos concursos públicos, los puestos más importantes se han seguido sucediendo entre los allegados al partido de gobierno, sea nacional, municipal o regional.

Mantenemos un aparato púbico ineficiente, donde la calidad técnica de sus principales cuadros no tiene más título que la cercanía al poder de turno. Necesitamos institucionalizar la administración pública, otorgarle academia y la necesaria capacitación, de manera que el político en suerte se encuentre con cuadros que verdaderamente le van a ayudar a cumplir con sus metas esenciales, pero por otro lado, a los que no va a poder remover ni controlar por la estabilidad que esa institucionalidad le da.

En Francia, el bien ganado prestigio de la ENA (Escuela Nacional de Administración) compite con el de sus mejores universidades. Sus egresados ocupan los cargos más importantes en el aparato estatal francés y están a salvo de los cambios que la política coyuntural pudiera imponer. El Jefe de Gabinete del Primer Ministro contaba, en el primer gobierno de Mitterrand, que su entonces jefe era el séptimo Primer Ministro con que le había tocado trabajar, y que probablemente conocería algunos más antes de su jubilación. El, y su equipo de asesores, prestaban servicios al Estado francés, y no a los políticos de turno, garantizando una horizontalidad en el manejo de la cosa pública, base esencial de la estabilidad de la administración pública y democracia francesa.

En el Perú, salvo la elite de la tecnocracia captada para las altas esferas, no tenemos práctica ni cultura de tener una eficiente administración pública. Algunos eternos burócratas van pasando de institución en institución, siempre con las mismas condiciones y prebendas, sin solución de continuidad, medrando del erario público y haciendo de la burocracia dorada una línea de vida. Hoy los vemos aquí, mañana los veremos allá. Lo patético es que en la administración privada hay gente capacitada, que ha hecho del estudio y del esfuerzo un signo de vida, y que aportarían toda esa experiencia y conocimiento al servicio público. Pero no serán llamados, porque el sistema está hecho para lograr eficientemente su exclusión, dando cabida a la politización y a mediocridad, caldo de cultivo para la corrupción. Eso lo sufre el ciudadano de a pié en todos los niveles administrativos, en las interminables tramitaciones en los ministerios y en todos los cuerpos administrativos sin excepción. El poder del papelito o del “proveído” que siempre falta. Pero donde es más patente es en las municipalidades, provinciales y distritales, y en las regiones, al punto que por causa de ello muchos piensan que la regionalización en el Perú ha fracasado.

Será por ello que están llegando del extranjero cantidades técnicos, mandos medios y jóvenes profesionales de alta preparación, para instalarse en las burocracias municipales y regionales a fin de poder colaborar en el mejor manejo de sus recursos, los que en algunos casos son de impresionante magnitud. De esa manera dejaremos de usar el presupuesto canalizado a las municipalidades, o regiones, en monumentos al árbitro, a la iguana o a la familia con el rostro del alcalde de turno. O la construcción de verdaderos elefantes blancos, allí donde las poblaciones claman por desarrollo esencial con hospitales, educación, comunicación y carreteras.

Quizás sea la hora de plantearnos seriamente la creación público-privada de una ENAP (Escuela Nacional de Administración Pública del Perú) donde formemos del mejor modo a los futuros cuadros de una burocracia de primer nivel, acorde con nuestro desarrollo social, cultural y económico de cara al Bicentenario.

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ANÍBAL QUIROGA LEÓN (Cuzco, Perú, 1957). Bachiller en Derecho y Abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (1983). Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (agosto, 1983). Doctorando por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España (1985). Estudios de especialización en la Universidad del País Vasco y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Madrid (1983-1985). Diploma Académico del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica (1986). Profesor, desde 1985 a la fecha, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, desde 1997 Profesor Principal. Secretario Académico (1985-1989) y miembro del Consejo de Facultad (1992-1998) en dicha Facultad de Derecho. Profesor Asociado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y de la Escuela de Post-Grado de la Universidad de Lima (1989-1996). Asesor del Ministro de Justicia y Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de DDHH (1987-1988). Consultor del Banco Mundial para la Reforma del Poder Judicial (1992-1993). ExVocal Suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Consultor Internacional para el Proyecto de Principios y Normas del Proceso Civil Transnacional del American Law Institute (ALI) e Investigador Becario UNIDROIT (Roma, 2002). Conferencista y profesor visitante en la Facultad de Derecho de Jerez de la Universidad de Cádiz (España), del Post Grado en la Universidad Panamericana de México, en la Universidad de Cuyo (Mendoza, Argentina) y del IIJ de la UNAM (México). Ex-Director de la Revista DERECHO PUC de la Facultad de Derecho de la PUC del Perú. Ex-Director de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional (Lima-México). Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Instituto Panamericano de Derecho Procesal; de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, de The World Association of Mixed Jurisdictions (New Orleans), EEUU; del Consejo Directivo en Iberoamérica de la Revista de Derecho Procesal (Madrid-España); de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Miembro Honorario Internacional del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional; del Centro de Estudios Avanzados del Proceso y de la Justicia (CEAPJ) de la Universidad de Girona, España. Miembro Extranjero de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional; ExSecretario Ejecutivo del Capítulo Peruano del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Vice-Presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Co-Director de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima y la Universidad Alas Peruanas (2012). Vocal Titular y Presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República. Miembro de la Comisión Revisora del Anteproyecto de “Código Modelo para Iberoamérica de Procesos Colectivos” del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (2003); de las Comisiones Consultivas del la Comisión de de Constitución y Reglamento, de la Comisión de Justicia del Congreso de la República y del Ministerio de Justicia (2006); de la Comisión Consultiva Ad-Hoc del Ministerio de RREE en el diferendo marítimo Perú-Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (2007- ); de la Comisión Revisora del Código Procesal Constitucional del Ministerio de Justicia (2010-2011); y Miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2013). Miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Defensa (2011). Miembro Honorario de los Colegios de Abogados del Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Maynas, Puno, Trujillo y Huancayo. Condecoración “Medalla de Derecho” de la Facultad de Derecho y CCPP de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega. Condecoración “Reconocimiento Institucional Distinción de Honor al Mérito Jurídico en el Grado ‘Francisco Mostajo Miranda’ otorgada por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Condecoración “Medalla Cívica de la Ciudad” otorgada por la Municipalidad Provincial de Huánuco. Condecoración “Vicente Morales y Duárez” conferida por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Secretario Ejecutivo del Centro de Investigación de Derecho Procesal y Comparado del Perú (CEDEPRO). Autor de: “El Debido Proceso Legal en el Perú y en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”, Ed. Jurista, Lima, 2003; “Derecho Procesal Constitucional y Código Procesal Constitucional-Estudios”, ARA Eds., Lima, 2005; “Estudios de Derecho Procesal”. Ed. IDEMSA, Lima, 2008; “Derecho Procesal Constitucional y los Precedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional” (en coautoría con la Dra, Ma. Cristina Chiabra Valera); APECC, Lima, 2009; “Protección Constitucional del Debido Proceso”, Grijley, Lima, 2009; “Manual del Litigante Constitucional”; RAE Jurisprudencia, ECB Eds., Lima, 2012; y, “Compendio Constitucional y Procesal Civil” (en coautoría con la Dra. Ma. Cristina Chiabra Valera) RAE Jurisprudencia, ECB Eds. Lima, 2012. Abogado en ejercicio.

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SEÑOR EXPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DR. ALAN GARCIA PEREZ
SEÑOR DR. RAUL CHANAME ORBE
DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
SEÑOR DR. CARLOS BLANCAS BUSTAMANTE, EX MINISTRO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE JUSTICIA Y TRABAJO, Y PROFESOR PRINCIPAL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
SR. GRAL. EP ROBERTO CHIABRA LEON, EXMINISTRO DE DEFENSA
AUTORIDADES PÚBLICAS
COLEGAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE SU SECRETARÍA TÉCNICA
COLEGAS, AMIGOS, ESTUDIANTES DE DERECHO
SEÑORAS Y SEÑORES:

Enseña un antiguo refrán español que es de bien nacido ser agradecido. Por ello, debo empezar por agradecer, en primer lugar y antes que nada, esta honrosa distinción que hoy me ofrece con tanta generosidad el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, mi Colegio, a su Decano, Sr. Dr. Raúl Chanamé y, por su intermedio, a toda su Junta Directiva, por haber acordado -con evidente indulgencia- otorgarme la condecoración “Vicente Morales y Duárez” con la que nuestra Orden honra a sus integrantes.

Dentro de ello, quisiera hacer mención especial a la iniciativa de los Drs. Ronald Palomino y Willy Ramírez, quienes tuvieron a bien sustentar e impulsar esta iniciativa, y al Dr. Miguel García, de la Comisión de Consultas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, por su permanente apoyo para hacer realidad esta ceremonia.

Mi reiterado agradecimiento al Dr. Carlos Blancas Bustamante por sus generosas expresiones en la presentación de mi hoja de vida ante esta Condecoración.
Tengo cumplidos en agosto pasado 30 años como miembro de este Ilustre Colegio de Abogados de Lima, y tengo para mí la absoluta convicción de que una distinción, como la que hoy me confieren mis Colegas, honra más a quien la da, que a quien la recibe. Es, sin duda alguna, un altísimo honor para quien la recibe, que se debe saber agradecer. Pero es, antes que nada, un acto de generosidad de quien lo otorga. Y así lo debemos reconocer.

Siempre decimos, en la academia y en la docencia, que en el acto de evaluación que el profesor hace sobre sus estudiantes, también se contiene una cuota de generosidad, desde que implica que el maestro reconozca en sus pupilos los méritos y habilidades que por sí mismos han desarrollado. Lo mismo ocurre con distinciones como la presente, que revelan más la generosidad de espíritu de quien la otorga, antes que los posibles méritos del distinguido. Y ello se hace mucho más patente en las actuales circunstancias nacionales en que nuestro Decano se encuentra voceado, apoyado por diversas organizaciones políticas, para integrar el Tribunal Constitucional en una de las seis vacantes actualmente existentes. Sería naturalmente humano que el Señor Decano no beneficie la imagen de quienes con él pudieran competir por alguna de esas vacantes para integrar el Tribunal Constitucional. Sería legítimamente humano. A despecho de eso, a pesar de ello, y alejándose de tan humano sentimiento, el Señor Decano ha contribuido decididamente a la concreción de esta honrosa distinción, lo que habla muy bien de su espíritu democrático y valía espiritual que compromete mi gratitud. Yo sólo podría agregar, desde mi particular punto de vista, que si alguien tiene los méritos necesarios para llegar por derecho propio al Tribunal Constitucional, antes que nadie, es Ud. Señor Decano de nuestra Orden.

En segundo lugar, quisiera dedicar esta honrosa distinción a mi esposa, Ma. Cristina, con quien hemos formado una maravillosa familia, con el apoyo y participación de mis hijos Alonso y Sol María, lo que constituye mi mayor orgullo y logro personal. A mi esposa dedico este reconocimiento pues a élla debo el impulso vital diario para acometer, con entusiasmo y empeño necesarios, las actividades y afanes cotidianos del trabajo, del ejercicio profesional y sus sinsabores, de la docencia, de la investigación y la redacción de artículos, ponencias y libros, algunos de los cuales –lo confieso con entera satisfacción y orgullo- hemos sacado adelante en coautoría, en conjunto. Siempre nos decimos que somos un equipo. A tí, Ma. Cristina, con todo mi renovado amor y permanente gratitud, el mérito de esta ceremonia y la distinción que conlleva, con la absoluta convicción de que juntos alcanzaremos todos los proyectos que nos hemos prometido alcanzar.

En tercer lugar, quisiera agradecer a mis hijos, Alonso y Sol Ma., por mantener vigente la ilusión en el futuro, en su desarrollo personal, en sus estudios y en lo que será su futuro profesional. Siempre hemos hablado, al lado de Ma. Cristina, que la mejor herencia que los padres debemos dejar a nuestros hijos son: una buena educación, que los posicione en la vida con un mejor porvenir; y un apellido y ejemplo de vida del que cotidianamente se sientan orgullosos.

En cuarto lugar, mi agradecimiento y homenaje a las personas que trabajan conmigo en mi Estudio, alguna de las cuales me acompañan casi desde su inicio hace 17 años. Mi personal gratitud para quienes contribuyen diariamente con su entrega, lealtad y apoyo indesmayable a mi desarrollo profesional y a mantener el necesario espacio para acceder a una proyección académica, docente y de investigación, sin el cual todo esto hubiese sido imposible o muy difícil de acometer.

Hay, sin duda, algunos hechos que marcaron mi vida académica y profesional: terminar con éxito, en los primeros puestos de mi promoción 1980, mi carrera de Derecho en la PUC del Perú. Haber ganado en 1983 una beca para hacer el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, de donde regresé en 1985. Haber ingresado a los 28 años a la docencia universitaria en 1985 en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Haber sido el primer Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, ocasión en la que conocí y trabajé al lado del Dr. Carlos Blancas, entonces Ministro de Justicia en 1986, de donde nació una inquebrantable amistad, afecto personal y respeto intelectual que se mantiene plenamente vívido hasta la fecha. Haber obtenido el Diploma Académico de Instituto Interamericano de DDHH en 1986 con mi primer trabajo orgánico sobre el Debido Proceso Legal. Haber sido Vocal Suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima a los 32 años. Haber logrado en 1996, a los 39 años, ganar el concurso para Profesor Principal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, siendo entonces el Profesor Principal más joven de la Universidad, habiendo tenido que competir con quienes habían sido mis profesores a quienes pude superar. Haber sido parte del Estudio Echecopar por más de cinco años. Haber editado, en el 2003, mi primer libro sobre el Debido Proceso Legal en el Perú y en el Sistema Interamericano de DDHH, cuya segunda edición acabo de terminar de corregir al cabo de 2 años de arduo trabajo. Haber fundado, en febrero de 1996, mi propio Estudio Profesional. Haber sido por 8 años, Director de la Revista “Derecho PUC” de mi Facultad de Derecho. Ser integrante de diversas comisiones legislativas y consultivas, pero, por sobre todo, ser designado integrante de la Comisión Consultiva del Ministerio de RREE para el diferendo entre el Perú Chile ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya, Holanda, y cuya primera definición se dará este 27 de enero. El haber obtenido el primer lugar en las entrevistas personales en el Congreso de la República ante una convocatoria –frustrada por cierto- para ser integrante del Tribunal Constitucional. Y el haber ganado el primer lugar en el concurso público de la Contraloría General de la República para el cargo de Vocal Titular del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, hecho por el cual mis colegas Vocales, con gran generosidad, me eligieron en el 2012 su primer Presidente, y reincidieron –con mayor generosidad aún, si cabe- reeligiéndome como Presidente para el periodo 2013-2014. Y desde el punto de vista profesional, dentro de los muchos casos que me ha tocado vivir, podría citar dos que me han marcado profundamente: el caso de quien llamaré “Gonzalito”, una adopción tutelar lograda para una dama que, siendo soltera, decidió entregar su vida a Gonzalito, un niño NN que un día, a poco de nacer, fue abandonado en los botes de la basura de las afueras de San Juan de Miraflores, y cuyo drama en la televisión flechó a esta dama que hizo de su vida, el lograr tener y criar a Gonzalito a su lado, luchando contra la incuria de la burocracia que lamentablemente rodea a los niños en estado de abandono, y con la propia burocracia del Ministerio de la Mujer, ya que el caso llegó hasta la propia Ministra. Finalmente, fueron un Juez y una Fiscal de Familia, quienes se persuadieron de la razón de la dama, y se sensibilizaron con el caso de Gonzalito, quienes definieron su vida al lado de la dama. Hoy tiene más de 6 años y lleva con singular éxito su educación en un colegio particular, habiéndose integrado a la familia de esta dama cuyo mayor pecado era el ser soltera. Gracias a la justicia, el destino de Gonzalito cambió para siempre.
El segundo caso es uno reciente, el de la homologación de los Haberes de los Magistrados del Poder Judicial en una causa ante el Tribunal Constitucional iniciada, malamente, por el Poder Ejecutivo. Desde la Corte Suprema se pensaba que las cosas estaban ya resueltas en sentido negativo, que las cartas venían marcadas por el poder político, y que ya no había espacio para el reconocimiento de los justos derechos y aspiraciones de los Magistrados de acceder a una homologación justa, tal como la ley lo ordenaba hacer hace más de 20 años. Curioso es nuestro país en donde sus gobernantes y autoridades exigen a todos el cumplimiento irrestricto de la ley, castigándonos severamente cuando los ciudadanos infringimos la norma legal, pero que -desde el Estado y el gobierno de turno- se alienta y persiste en el franco incumplimiento de la ley. Había que hacer el mejor esfuerzo para perder la causa del modo más edulcorado posible.
Sin embargo, no sé “perder bonito”; y el resultado fue plenamente victorioso, ya que – a los que llamé ”hermanos jurisdiccionales” del Poder Judicial-, los Magistrados del Tribunal Constitucional, no solo se sensibilizaron con la justa causa del Poder Judicial (defendemos causas justas, reza nuestro lema) sino que resistieron de modo heroico todas las presiones del poder político y su brazo económico. Finalmente, el fallo del Tribunal Constitucional hizo justicia con una deuda histórica de los Magistrados, al punto que esa misma noche, en menos de 24 horas, un aletargado y siempre lento Congreso Unicameral aprobó en horas la ley que en gran parte reconocía la deuda histórica de la Nación con el Poder Judicial, lo que se concretó de inmediato en el pago del mes de diciembre. Cómo no sentir legítimo orgullo de este resultado que ponía final feliz a un reclamo pendiente por más de 23 años.
Son algunas vivencias que hoy se me agolpan en la mente ante esta ceremonia y ante este imponente Auditórium, y que no quería dejar de mencionar. Una vez le pregunté, según recuerdo, al Maestro Don Héctor Fix-Zamudio, eminente procesal-constitucionalista y uno de los más notables juristas mexicanos en la actualidad, quien se ha hecho merecedor de todos los reconocimientos posibles para un jurista iberoamericano, y quien es obligado referente jurídico en México y mi generoso maestro a la distancia. ¿Porqué no estaba en la Corte Suprema Federal o en un alto cargo público en México?, a los cuales le sería muy fácil acceder apenas cuando se lo propusiera. Además de contarme la anécdota con el Presidente Zedillo, me dijo, con la enorme generosidad que lo caracteriza, lo siguiente: hace muchos años comprendí bien que uno no solo sirve a su patria desde un cargo público, sino que también lo hace siendo un buen ciudadano y un buen profesional y, en mi caso, tratando de ser un buen profesor universitario e investigador desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es donde he cumplido más de 40 años de contribución académica, intelectual y de investigación.

Puedo, entonces, afirmar sin lugar a dudas, que para servir bien a nuestra patria hay que ser, antes que nada, un buen ciudadano, un buen profesional y realizar con ilusión, entrega y pasión las actividades que nos han tocado realizar. Sólo en ese caso podremos trascender y dejar una huella, que podrá servir de guía a quienes nos sucedan, nuestros hijos, nuestros discípulos, nuestros colegas, nuestro amigos, nuestros conciudadanos. En mi caso, el conjugar el ejercicio profesional en los estrados judiciales, constitucionales, administrativos, políticos y arbitrales como abogado defensor, como asesor, como consultor (y ahora desde el cargo jurisdiccional de Presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República), con la docencia y la investigación universitaria, sobre todo en el campo del Derecho Procesal, la Teoría del Proceso, la Interpretación Constitucional y el Derecho Procesal Constitucional ha sido una experiencia permanentemente enriquecedora que, sin dejarme satisfecho del todo, me ha deparado indudables satisfacciones que han sido aliciente para embarcarme en nuevos proyectos y ambiciones.

La democracia constituye un valor fundamental, un fin, una teleología. No es un medio para alcanzar el poder. Es el fin y el marco esencial del ejercicio legítimo del poder. Sin embargo, ello no siempre es bien entendido ni mejor ejecutado, y a algunos gobernantes la democracia les pasa por el costado, pues solo representa un valor meramente instrumental. He ahí el verdadero reto y peligro para la democracia. El Prof. Pedro de Vega, extraordinario jurista español, enseñaba que el verdadero sentido de la democracia no es el lograr que todos pensemos o sintamos de manera análoga, de modo igualitario; sino, por el contrario, él decía que el verdadero valor y esencia de la democracia es lograr que una sociedad, una comunidad, donde sus integrantes sientan, piensen y sean diferentes, logren desarrollar mínimos sociales de orden común, valores esenciales que sean comunes a todos, que constituyan un esencial común denominador, de manera que respetándose y protegiéndose las diferencias de las personas, por raza, género, creencia religiosa, afanes políticos, criterios, aspiraciones, pensamientos y sentimientos, los diferentes integrantes de dicha comunidad puedan desarrollarse sobre valores comunes de respeto recíproco, tolerancia, paz , seguridad y desarrollo social.

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I. DEFINICION DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

a. CONTROL ORGANICO

b. DEFENSA DE LAS LIBERTADES O JURISDICCION DE LA LIBERTAD

II. DIFERENCIA ENTRE EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL PROCESAL

III. INSTRUMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL EN EL PERU

a. Control Orgánico
i. Control Difuso
ii. Acción de Inconstitucionalidad de las Leyes
iii. Acción Popular
iv. Contienda de competencia

b. Defensa de las Libertades o Jurisdicción de la Libertad
i. Hábeas Corpus
ii. Amparo
iii. Hábeas data
iv. Acción de Cumplimiento

c. Precedente Vinculante.
i. Overrruling
ii. ¿Overruling por el Poder Judicial?

d. Actuación Anticipada o Inmediata de Sentencia Estimatoria.

e. Jurisdicción Negativa de la Libertad y Tribunal Constitucional.

f. Jurisdicción Supranacional
i. Comisión Interamericana de DDHH
ii. Corte Interamericana de DDHH

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Por último, y para terminar, a despecho de ser repetitivo con mis compañeros del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República, quisiera compartir una vez más un texto de Balo Sánchez León, en “Las Rocas”, que creo describe del mejor modo lo que hoy quisiera expresar ante Uds.:

“El hombre duro no es bruto, terco o insensible. Ha asumido, porque así se lo exige, un papel que debe llevar adelante aunque le rompa el alma, le cueste su felicidad y se tenga que tragar todas sus lágrimas. Los hombres duros lloran, pero en seco. Se guardan sus sentimientos. Su rostro puede adquirir un rostro pétreo y su voz carecer de los altos y de los bajos en la modulación, pero debe mantenerse leal al papel que el destino le ha obligado a asumir. Por nada del mundo titubea, trastabillea o tartamudea.
El hombre duro tiene un gran corazón. Un corazón que le golpea el pecho como un martillo. Se considera a sí mismo fuerte, y su eventual vulnerabilidad la matiza con una tierna sonrisa. Ha entendido que la dureza no es otra cosa que dolor. Que su papel no le permite zafarse o dar un paso hacia atrás. Los hombres duros no pueden flaquear. Miran hacia adelante con una enorme tristeza.”

MUCHAS GRACIAS

Lima, 08 de Enero de 2014

ANIBAL QUIROGA LEON

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SEÑOR DR. FUAD KHOURY ZARZAR
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
AUTORIDADES Y ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
COMPAÑEROS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COLEGAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS DE SU SECRETARÍA TÉCNICA
SEÑORAS Y SEÑORES:

En primer lugar, y con el mayor orgullo, quisiéramos darles la más afectuosa bienvenida en nuestra flamante sede del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, órgano colegiado, de composición escabinada, que se halla adscrito a la Contraloría General de la República, y que oficialmente hoy se inaugura recibiendo su bendición.

En segundo lugar, quisiera reiterarles que constituye un privilegio ser parte de esa gran familia que conforma la institución de la Contraloría General de la República, que nos ha acogido en su seno desde hace un año al ser integrantes del primer Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, colegiado encargado de la importante tarea de resolver, en última instancia administrativo-jurisdiccional, las apelaciones que corresponden ser elevadas en el procedimiento administrativo sancionador.

Como debemos recordar, no hace mucho, y gracias a la actual gestión del Sr. Contralor General de la República, el Congreso de la República devolvió a la Contraloría General de la República la potestad jurisdiccional de sancionar directamente a los distintos funcionarios públicos y administrados en general, que se hallan bajo la competencia del control de la Contraloría General de la República, tanto respecto de los hechos determinados por la ley, cuanto las faltas sancionables, todo ello luego de un debido proceso administrativo. Esta facultad, retirada en el pasado, no posibilitó un efectivo control, ni el que la Contraloría General de la República pudiera ejercer de modo adecuado su mandato constitucional, permitiendo la generación de impunidad en el manejo y gestión de los fondos públicos y del presupuesto del Estado.

Desde hace casi tres años la normativa cambió por Ley del Congreso No. 29622, lo que ha sido desarrollado por normativas reglamentarias diversas hasta llegar al propio Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas -que contribuimos a redactar-, y que fuera aprobado por Res. de Contraloría No. 244-2013-CGde junio del año en curso; haciendo fe el Sr. Contralor General de la República,y su Asesoría Legal, del trabajo conjunto que hemos desarrollado.

Hoy, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas es una evidente realidad y ya ha cumplido un año de existencia, funcionando en su plena operatividad. La fortuna, y la confianza de mis colegas en el Tribunal, me hicieron su primer Presidente, lo que acaba de ser reiterado por un periodo reglamentario más; de modo que hoy no solo podemos decir que el proyecto PAS es una realidad, sino que el Tribunal es una realidad, como sus últimas resoluciones dan testimonio de ello.

Si me preguntasen a qué aspiramos en primer lugar, tendría que dividir mi respuesta en dos vectores: por un lado, a que quienes nos eligieron para el cargo de Vocal del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas no sientan que se equivocaron en su elección, y que sientan legítimo orgullo en el resultado de su labor –modélica, creo yo, en su fase de concurso y elección-. Y, en segundo lugar, a que aquellos administrados que por la fuerza de los hechos y la labor de la Contraloría deban transitar por los pasillos del PAS, llegando al final del túnel procesal al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, sientan que aquí sus legítimos derechos son respetados, y que pese al rigor del proceso y a la severidad de las sanciones, o de sus merecidas absoluciones, se les ha tratado con justicia, equidad y probidad; y que han sido protagonistas de un proceso justo, de un proceso debido, de modo que estemos a la altura del parámetro constitucional que tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado al efecto.

Y si me preguntasen qué puede constituir el debido proceso legal, podría contestarles con una alegoría que podemos adaptar al proceder ante el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas: “El debido proceso es una garantía destinada a todos aquellos que, para la determinación de sus derechos y bienes, de su familia y su honra, para la protección de sus DDFF, para la defensa de su vida, su integridad física o de su libertad como dones más preciados universal e indiscutiblemente reconocidos al ser humano; aquellos que deben pasar por el drama del proceso. A quienes se acercan a un Tribunal de Justicia con temor, con reverencia, con esperanza, con fe, con suspicacia, con pesimismo, con desesperanza. A los que deben transitar los estrechos pasillos del proceso, muchas veces estrechados por normas antiguas que deben aplicar seres antiguos, por normas nuevas que deben aplicar seres antiguos, por normas nuevas aplicadas por seres nuevos; normas que se tergiversan por el interés político, económico, social o venal de siempre. A todos los forzados actores del drama del proceso que con sus vidas y sus posesiones, sus ilusiones y esperanzas, sus desilusiones, angustias y frustraciones, le dan vida y contenido cotidianamente. A los esperanzados en la justicia y en el cumplimiento de la ley; y también para los agnósticos de la equidad en el proceso y la eficacia del derecho. Por sobre todo, a los desesperanzados que desesperadamente rebuscan un resquicio de fe en la justicia y en el derecho, en la reparación de la honra o la recuperación de la libertad, en la defensa de sus derechos e ilusiones que la sociedad de hoy, y sus prójimos, les escatimamos diariamente”.

Es esa nuestra aspiración y anhelo: dar contenido real al juramento que prestáramos hace más de un año ante el Contralor General de la República , (a quien varios de los nominados –entre ellos yo mismo- recién conocimos en ese momento), se cumpla a cabalidad, y que con la decidida participación del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, la tarea y mandato constitucional de la Contraloría General de la República se vea acrecentada con todo merecimiento en su prestigio y eficiencia constitucional. Si eso ocurriese al cabo de los cinco años que dura nuestro mandato, nos sentiremos satisfechos y podremos sentir, con alivio, que hemos cumplido el mandato que, bajo juramento aceptáramos el año pasado. Le reiteramos en este acto, Señor Contralor General de la República, comprometer todo nuestro empeño en ello.

Muchas veces se dice que las instituciones son los hombres y las mujeres que la componen. Y ello es cierto. Dentro de un marco institucional básico, al final las instituciones públicas y privadas llevan el sello y la impronta de quienes las gestionamos. Por ello, quisiéramos compartir un texto de Balo Sánchez León, de “Las Rocas” que describe lo que hoy queremos decir y sentimos:

“El hombre duro no es bruto, terco o insensible. Ha asumido, porque así se lo exige, un papel que debe llevar adelante aunque le rompa el alma, le cueste su felicidad y se tenga que tragar todas sus lágrimas. Los hombres duros lloran, pero en seco. Se guardan sus sentimientos. Su rostro puede adquirir un rostro pétreo y su voz carecer de los altos y de los bajos en la modulación, pero debe mantenerse leal al papel que el destino le ha obligado a asumir. Por nada del mundo titubea, trastabillea o tartamudea.

El hombre duro tiene un gran corazón. Un corazón que le golpea el pecho como un martillo. Se considera a sí mismo fuerte, y su eventual vulnerabilidad la matiza con una tierna sonrisa. Ha entendido que la dureza no es otra cosa que dolor. Que su papel no le permite zafarse o dar un paso hacia atrás. Los hombres duros no pueden flaquear. Miran hacia adelante con una enorme tristeza.”

Quisiéramos terminar agradeciendo, en primer lugar, a quienes han hecho posible el PAS, y su actual desarrollo, y que como consecuencia de ello permitieron dar vida al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, incluyendo en esto el valioso apoyo institucional de la GIZ. A quienes participaron en el proceso de selección de los Vocales del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas que posibilitaron que hoy estemos ante Uds. exhibiendo este Tribunal adscrito a la Contraloría General de la República. A la importante tarea de la Sra. Elsa Marchinares, a quien hemos molestado tanto y que tanto nos ha apoyado. A la infatigable colaboración y decidido apoyo de la Dra. Carla Salazar, nuestra Secretaria General. A todos y cada uno de los integrantes de la Secretaría Técnica que dan soporte esencial, de muy alta factura profesional, al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Por cierto, al propio Sr. Contralor General de la República, cuya iniciativa e impulso ha dotado a la Contraría General de la República de nuevos bríos, nuevos aires, rescatando la importante labor del eficiente control en los términos que la Constitución establece, plantando frontal cara a la lucha contra la corrupción dentro del aparato del Estado y en el manejo de los fondos y la gestión pública. Y, por último, quisiera ante todos Uds., agradecer muy especial y personalmente a mi esposa, Ma. Cristina, con quien hemos conformado una familia de la que nos sentimos orgullosos, y quien a diario me permite ese impulso vital con que puedo abordar todos mis empeños y afanes, con ahínco, devoción, convicción y el mejor de los esfuerzos. Ciertamente, mi empeño en el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas no sería igual si no estuviera a mi lado. Por ello es de justicia reiterarlo en esta ocasión.

MUCHAS GRACIAS

ANIBAL QUIROGA LEON
Presidente
Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas
Contraloría General de la República

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Una encuesta sobre el tema quizás nos descubriría nuestro superávit en la producción de candidatos a la presidencia de la República. La falta de institucionalidad en nuestra aún frágil democracia y la carencia de verdaderos partidos políticos eficaz y nacionalmente organizados (con la excepción del APRA, que es lo que más se asemeja a ello) de donde surjan verdaderos líderes, abona a ello. Si bien es cierto la Constitución señala el derecho de cualquier ciudadano de poder aspirar a la presidencia de la nación, no es menos cierto que para conducir el país se requieren condiciones esenciales de liderazgo, carisma, conocimiento, capacidad y respaldo político necesarios.

Pero como la historia reciente demuestra que eso no ha ocurrido así, ya que los candidatos outsiders, sin partido, ni preparación, desclasados, son los que han llegado a la presidencia (sobre todo luego que AFF derrotara a MVLL), y que se puede llegar con movimientos aluvionales o surfeando la cresta la ola política en el último año del relevo constitucional, muchos políticos, y sus aprendices, creen que pueden ceñirse la banda presidencia por el solo voluntarismo de ponerse la etiqueta de “candidato presidencial”. La inferencia que hacen es simplona: si un personaje como AFF, desconocido, desclasado, sin preparación y sin partido ha llegado a la presidencia; yo, que soy más guapo, más preparado y con mejor estirpe o posición económico-política, con mayor razón tengo derecho a lograrlo. Y de allí salen los mesías, o salvadores de la patria, que ofrecerán el oro y el moro con tal de tener la fortuna de coger la ola divina en cuya cresta quisieran verse llevados hasta el sillón de Pizarro.

Otro tanto ocurre con los ministeriables. Muchos se consideran candidatos al fajín, y cada vez que se da un cambio de gabinete, real o artificial, actualizan su CV para hacerlo llegar y autoproponerse, por sí o por terceros. La inferencia es la misma: si fulanito, o sutanita, sin tener clase ni preparación, ha llegado a ser ministro(a), yo que soy mas guapo(a), más alto, más plantado, más preparado, con ás labia, con mayor razón debo ser llamado a serlo. No importa que haga una mala gestión,. Tampoco ineresa que nadie recuerde su paso por el ministerio. Bastará, para el CV y el recuerdo familiar, que firme en adelante como “exMinistro(a)” y que su fotito aparezca en la galería de los ex, que luce todo despacho ministerial. Para haber cumplido el cometido.

Esa también fue una mala lección heredada del gobierno de AFF al designar, en muchos casos, gente sin capacidad técnica ni política, sobre todo en los ministerios más importantes, trocando la eficiencia por la mera obsecuencia o servilismo.

Y luego viene el tumabamonte: una vez designado el nuevo gabinete con los propuestos, autopropuestos, surgen los francotiradores, propios y alquilados, en una suerte de sicariato político, surgen con acusaciones infladas y presuntos destapes para lograr hacer caer uno o más ministerios, en una suerte de tumbamonte de lam política criolla y con el objeto de dar en el blanco: el corazón del presidente de la república, ya que surgirá la regla: a ministro tumbado, ministro designado, obligándole a un permanente recambio en las carteras ministeriales.

Fue muy curioso, en la última crisis ministerial del ex Gabinete Villanueva, que las mismas personas que el viernes pedían su cabeza y exigían su renuncia por decoro, ante una clara e indebida desautorización, lamentaran su partida el lunes una vez formalizada su renuncia. Mientas no superemos este afán presidencialista, en vez de apuntalar o crear verdaderos líderes políticos, y mientras sigamos en la esta política cainita, conduciéndonos en una suerte de de antropofagamia política en que los resentidos y rencorosos –arropados de labia y de presunta verosimilitud-tenga presencia importante, poco habremos de avanzar en la institucionalización de nuestra democracia constitucional. que solo nos define como una democracia constitucional en ciernes y con una clase política de muy bajo nivel.

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Acabamos de ver una nueva crisis ministerial, la que tiene lugar cada vez que se presenta la renuncia, voluntaria o forzada, de un Premier, lo que obliga al Presidente de la República a la renovación total de su Gabinete.

La Constitución señala que el Presidente designa, in péctore, al Premier. Y que, a propuesta de éste, debe designar a los demás ministros. Eso se hizo así desde la Constitución de 1979(D), en la medida en que el gran debate constitucional se daba acerca del reforzamiento del Premier, empoderándolo casi como un jefe de gobierno, para fortalecer al Presidente de la República al alejarlo, aunque sea un poco y suene contradictorio, de ese presidencialismo caudillista tan característico en nuestra historia republicana.

Sin embargo, desde 1980 hasta la fecha ello nunca fue bien entendido por los diversos Presidentes que desde entonces se han sucedido, generándose no pocos celos con los diversos primeros ministros (claramente visto con el Gabinete Ulloa en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde), de manera que no se ha logrado amenguar el cesarismo presidencialista ni se ha logrado forjar la figura de un verdadero jefe de gobierno diferenciado, y prudentemente distanciado, del Presidente de la República. En los hechos, el presidente del Consejo de Ministros es un ministro más, con poca o nula capacidad de influencia en el Presidente de la República y ningún ascendiente con los demás ministros de los que debería ser, en realidad, una suerte de capitán de equipo. Un primus inter pares.

Pero, además, los cambios ministeriales casi siempre dan un espectáculo penoso. La salida de un ministro se empieza a forjar desde el mismo momento de su designación, ya que luego de haberse concretado las bolas acerca de los cambios, las renuncias y los nombramientos, donde cada cual sabe, o le han dicho, o le consta, la fija; surgen los principales cuchillos de los flamantes designados: sus viceministros o sus demás colegas ministeriales. Los viceministros porque siempre tienen vocación de ministros y calentarán el sillón hasta que se den las condiciones del caso. Y los colegas ministros, pensando en el enroque de puestos ministeriales como la solución para no abandonar el fajín, trocando despachos los unos con los otros. Es como el juego de las sillas, en que todos corren entusiastas alrededor, con algarabía, pero en el que al final de la música, dejara a uno sin la suya, debiendo abandonar el juego. O el despacho ministerial. Y luego, de nuevo a la ronda para sacar al siguiente.

No deja de ser un espectáculo penoso cada juramentación de un nuevo Gabinete: los flamantes nombrados emocionados y jubilosos, brazos en alto, y los recientemente defenestrados cariacontecidos tratando de ensayar la mejor sonrisita que demuestre su entereza y oculte su decepción por la reciente caída de la gracia del Olimpo. Cuando la piconería o suprema frustración es inmanejable, tienen a bien regalarnos con el desprecio de su ausencia, comunicando urbi et orbi su mayúsculo rechazo.

Y así transcurre nuestra democracia presidencialista en que el proyecto constitucional de tener reforzada la figura del premier es aún una meta por cumplir. Nuestra política doméstica piensa que si un Premier es muy fuerte o tiene gran ascendiente, o exhibe un gran carisma, opacará al Presidente y prontamente se convertirá en un “presidenciable”. La realidad demostraría todo lo contrario: preservaría la figura del Presidente de la República, fortalecería al propio Ejecutivo y nos daría mayor solidez institucional, como en Francia, por ejemplo. Pero claro, los celos, las pasiones y los complejos humanos en regímenes personalistas son pulsiones mucho más fuertes que las propias instituciones de la moderna democracia constitucional.

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Constituye un obvio paradigma que el sueldo del Presidente de la República deba ser el más alto de la administración pública.  Es una posición, si bien prevista en la ley, que no resiste análisis técnico o jurídico alguno.  La eficiencia en el funcionamiento del aparato del Estado, con sus estamentos políticos, técnicos y profesionales requieren de una reevaluación de estos conceptos.

Tomemos como ejemplo México: desde la reforma de su Constitución en 1994, en que reperfiló su Corte Suprema, y la justicia federal en general, sus Magistrados ganan más que el Presidente de México y el presupuesto de la justicia federal está apoyado con un canon del petróleo que produce Pemex. Y a nadie se llama a escándalo por eso.  La premisa mexicana fue que la justicia federal es esencial en su desarrollo político, social, económico y democrático, sobre todo de cara al TLC con los EEUU.

Nadie puede señalar que el cargo de juez de la Suprema Corte sea “mejor” que el del Presidente de la nación (como ingenuamente compara nuestro nativo Ministro de Economía al negar el incremento salarial a nuestro Poder Judicial).  No necesariamente el salario del Presidente debe ser el más alto de la administración pública. No se necesita que ello sea así.  Los científicos de la Nasa y los técnicos atómicos, en los EEUU, tienen un mayor salario que el Presidente Obama, y a nadie le da la tos por ello.

Para tener técnicos adecuados y ser competitivos nacional e internacionalmente debemos ofrecer buenas condiciones de trabajo.  Y la principal de ellas es ofertar una apropiada remuneración.  Ese es un axioma que no resiste análisis en contrario.  Pensar que un funcionario público va a realizar del mejor modo sus labores, empleándose en el máximo de sus esfuerzos, trabajando fuera de hora y dando lo mejor de sí para cumplir con el servicio público para el que ha sido designado sólo por patriotismo o amor a la patria, es retórica utópica que no funciona en ninguna parte del mundo. Ese funcionario tiene familia, aspiraciones, necesidades e hijos que mantener, alimentar, educar y recrear.

¿Cómo se puede convivir eficientemente en una economía de mercado, signada por la ley de la oferta y la demanda, cuando la oferta en el servicio público está deprimida artificialmente por razones populistas? Es un contrasentido, y es necesario comprender que el Estado debe participar en el libre mercado ofertando condiciones decorosas para sus altos funcionarios.

La ley del cangrejo enseña que cuando uno de ellos quiere salir del balde, es jalado hacia abajo por el que viene atrás, de manera que ninguno sale y todos quedan atrapados. Deprimir el salario de los altos funcionarios porque hay pobreza, debido a que policías, maestros, militares y trabajadores del país están mal pagados, no es la mejor de las prácticas gubernamentales.  Sólo hará que tengamos una alta burocracia empobrecida, haciéndole flaco favor al país, no será atractiva para los más calificados y mejores preparados para quienes envolverse en la bandera nacional al asumir un cargo no será suficiente para abordar su proyecto de vida.  No todos los altos funcionarios tienen las posibilidades de un PPKUY.  Y el empobrecimiento de la alta dirigencia no traerá como relación directa la mejora o bonanza de las clases menos favorecidas, generándose el caldo de cultivo a una perniciosa ecuación: mediocridad y corrupción.

Por razones propias de la naturaleza humana, en particular en la sociedad peruana, los salarios y los viajes producen envidias y escozores en la opinión pública que son exacerbadas por la prensa. Pero hay razones técnicas fundamentales que deben primar sobre una generalizada opinión contraria.  Los efectos en el mediano plazo se percibirán con claridad y permitirán el ascenso económico y social de los demás estamentos sociales al lado del desarrollo nacional de cara a nuestro mejor futuro. Deroguemos la ley del cangrejo.

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La sociedad peruana sigue siendo profundamente cortesana. De allí su culto al poderoso, el halago con que se mima a quienes ejercen o representan el poder social, la chismografía cotidiana expresada en las “bolas” y el buen trato a todo extranjero, sea cual fuere su origen, condición social o posición profesional.

Pero, la mismo tiempo, dentro de las contradicciones con las que nos hemos articulado, es profundamente intolerante y quizás –y sin quizás también- el rasgo que mejor nos caracteriza es la prepotencia con que nos conducimos socialmente.

Pruebas al canto: nadie respeta la espera en una cola, y todos procuramos adelantarnos sin respeto a los demás, y cuando se pide respeto al paso previo, se reacciona con virulencia.  Nadie piensa en el prójimo cuando realiza sus acciones cotidianas y nos conducimos como si fuéramos los únicos seres en la ciudad. La gente se aglomera en la puerta de un ascensor, o de cualquier salida, sin percatarse que habrá gente que tendrá que salir.  La policía, y sus remedos de policía privada llamados “guachimanes” son aún más prepotentes, sobre todo con todo lo que no represente poder social, económico o político. Las anomia en el incumplimiento de las reglas de tránsito, también son un rasgo distintivo de ello. Como bien dice el notable sicólogo Roberto Lerner, en el Perú rojo significa pase y verde alto. La autoridad, sobre todo la administrativa, es particularmente prepotente e indolente, y los conceptos de servicio social o servicio al público o servicio ciudadano son un ridículo eufemismo.  Y no hablemos de la autoridad política, que ruega por un voto ofreciendo el oro y el moro, pero cuando llega al poder es particularmente desleal con su elector y especialmente prepotente con sus conciudadanos.

Las raíces de nuestra estructuración social se funden en la conquista y en la colonia, y se evidencian desde los albores de nuestra república –presta a cumplir el bicentenario- y a veces se tiende a pensar que, finalmente, así somos, que siempre hemos sido así y que siempre lo seremos.  Pero, en verdad, eso puede cambiar. ¿Cómo?, con la revolución pendiente, que es la revolución de la educación social.  Si a nuestros niños les enseñamos no solo los valores de la esencia democrática, sino los ejercitamos desde sus primeros años en el colegio en ello, el futuro de nuestra sociedad será, sin duda, mejor.  Para ello, debemos empezar por convencer a nuestras autoridades de esa necesidad pendiente y que es imperiosa, debemos exigir que esas autoridades den el ejemplo con un comportamiento no prepotente, y debemos continuar por capacitar a los educadores que serán los llamados a transmitir, enseñar y ejercitar tales valores.  Sin ello, en intento será fallido.

Pedro de Vega, jurista español, enseñaba que el verdadero valor de la democracia no está en lograr que todos pensemos o sintamos del mismo modo, de manera uniforme.  El verdadero significado de la democracia –decía- se expresa en el hecho de que los seres humanos, en tanto seres sociales, podamos sentir, pensar, creer y amar de modo diferente; pero que, por encima de esas diferencias, y dentro del respeto y tolerancia hacia ellas, podamos convivir dentro de un código de comportamiento social común que nos permita, con profundo respeto a nuestras diferencias, desenvolvernos con respeto y paz recíprocos.

La tolerancia, con la proscripción de su antítesis la prepotencia, deberían ser los valores esenciales dentro de los cuales se desarrolle nuestra democracia constitucional, de cara ser una nación no solo firme y feliz por su unión, sino poderosa en su desarrollo económico, social y cultural.  Esa debería ser la apuesta por nuestro mejor futuro.

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