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La reforma al servicio civil, cuya tarea es poner orden a la caótica burocracia peruana, se ve obstaculizada por el gran costo que implicaría. Existe además una falta de incentivos entre algunas entidades y los mismos trabajadores, quienes temen por su estabilidad laboral.

Dos años después de que que se promulgara la Ley de Servicio Civil, diseñada para modernizar el Estado mediante la implementación de un régimen laboral único basado en la meritocracia, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) asegura que antes del fin del gobierno habrá concursos públicos para puestos bajo el nuevo régimen.

Un servicio civil profesionalizado vuelve a la economía más atractiva para las inversiones y sienta las bases para un mayor desarrollo. En el Perú, la burocracia estatal ineficiente es el principal factor que impide hacer negocios, según el Global Competitiveness Report 2014-2015, . El beneficio económico de la reforma fue señalado también por la calificadora de riesgo Moody’s en el 2013, que la evaluó como positiva para la calificación crediticia del Perú, de la cual también dependen las inversiones.

La necesidad de la reforma y sus beneficios deberían colocarla como la principal prioridad de todos los sectores del gobierno. Sin embargo, la fase final y más importante —la valorización de los puestos de trabajo para ponerlos en concurso público— se ve obstaculizada por dos grandes problemas. El primero es la presión fiscal que generará el incremento salarial por el otorgamiento de las gratificaciones y la CTS a los trabajadores de los regímenes laborales que no tienen estos beneficios, sobre todo en un contexto de desaceleración económica. El segundo es la falta de incentivos en las entidades estatales para emprender la reforma, algunas de las cuales fueron exoneradas de la reforma, y otras acostumbradas a contratar a personal temporal para agilizar sus procesos. A esto se suma que una gran parte de los trabajadores prefiere sus regímenes antiguos, pues teme que ingresar a la nueva modalidad propuesta abra la posibilidad de despidos de la mano de las evaluaciones de desempeño.

VA A COSTAR

En un contexto de la desaceleración económica, la reforma se complica porque la valorización de los puestos de cada entidad significa costo muy fuerte para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La reforma, además de ofrecer una carrera real para los trabajadores de los tres regímenes laborales actuales del servicio público —los decretos legislativos (DL) 728 y 276, y el contrato administrativo de servicios (CAS)—, “incrementará los ingresos, vía gratificaciones y CTS, de los servidores públicos del DL 276 y del CAS”, según Servir.

El escenario es complejo: los trabajadores del CAS y del DL 276 representan cada uno el 42% de la planilla pública, mientras que los del 16% restante son del DL 728. Hoy los trabajadores del CAS sólo reciben dos bonificaciones al año de S/.300 cada una —en julio y en diciembre, sin importar el tamaño de su salario—, y no reciben CTS. Los trabajadores del DL 276 tienen un salario real bajísimo (un viceministro percibe menos de un sol, por ejemplo), que es complementado por el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores (Cafae), y reciben su CTS y gratificación sobre el salario real, y no sobre el total. Los trabajadores del DL 728 sí reciben gratificaciones y CTS, por lo que el beneficio de la reforma para ellos sería las posibilidades de ascenso y movilidad entre entidades, y las capacitaciones.

Ya en el 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había estimado que una reforma de este tipo costaría S/.5,000 millones al año. Juan Carlos Cortés, presidente de Servir, sostiene que si bien su entidad calcula sobre el costo actual, “no se conoce con certeza la cantidad de trabajadores municipales, lo que hace muy complicado el cálculo”. Sin embargo se sabe en qué porcentaje aumentarían en promedio los salarios: “con los tres sueldos adicionales que recibirían los trabajadores del DL 276 y los del CAS, se daría un incremento de 18% a 20%”, indica.

MINISTERIOS DESMOTIVADOS

Si bien la idea es que haya un único régimen que ordene a la burocracia, éste no será aplicado a todas las entidades. Los excluidos de la ley son el BCR, la Contraloría, la Sunat, la SBS y el Congreso, que fueron exonerados ‘a último minuto’ por el Congreso en el 2013. Para éstos, la flexibilidad que han tenido para aumentar salarios a discreción y traer a los profesionales más capacitados los desmotivó de unirse al nuevo régimen.

En el 2010, la Contraloría argumentó que, dada su autonomía constitucional, no está bajo el mandato de Servir. En respuesta, Servir le envió dos oficios en los que indicóq ue aun así no podía aumentar los salarios de sus funcionarios por encima de los S/.15,600, luego de que el contralor Fuad Khoury aumentara su sueldo a S/.33,000.

La diferencia entre los salarios ofrecidos por las distintas entidades ha generado una ‘descapitalización’ —la pérdida de los mejores funcionarios— en ciertas áreas del sector público.

Añadido a esto, algunos ministerios que sí están bajo el alcance de la reforma aprovechan la falta de un régimen laboral único y ordenado para tener flexibilidad en contratar a personal, como solución a las ineficiencias dentro de sus entidades. Una fuente del Ministerio de Educación que prefirió no revelar su identidad para evitar represalias cuenta que, frente a presiones por falta de tiempo en tareas que la gestión considera prioritarias, el ministerio recurre a contratar a trabajadores CAS. “Si existe alguna urgencia por un tema importante, lo más probable es que se contrate personal para resolverlo”, sostiene.

TRABAJADORES RECELOSOS

La reforma también se ve dificultada porque los incentivos para pasar al nuevo régimen son distintos de acuerdo a cada viejo régimen. Los trabajadores CAS serían los más beneficiados, pero los de los DL 216 y 728 tienen temor de perder su estabilidad laboral. Las evaluaciones que vendrían con la reforma hacen eco a la experiencia negativa de las reformas del gobierno de Alberto Fujimori, como consecuencia de las cuales se despidieron a unos 450,000 trabajadores públicos. “Hubo un cese colectivo masivo sin justificación mediante evaluaciones muy mal hechas en ese período”, explica Jorge Toyama, socio de Miranda & Amado Abogados.

Los incentivos son aun menores para los trabajadores del DL 728, destaca la ex presidenta de Servir, Nuria Esparch, ya que en el 2013 Servir decretó que éstos ya no reciban sus CTS en cuotas semestrales, sino que se les pague una vez cesados, como ya ocurre en el resto de regímenes.

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