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La Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú marchará este 9 de octubre en contra de la Ley Servir, por considerarla anticonstitucional. Informan que esta ley deja de lado a los empleados congelando su sueldo por 25 años y que la OIT ya admitió su queja contra el Estado peruano.
En: larepublica.pe
Ceplan exhortó a los partidos políticos a enfocar en sus agendas de propuestas para el 2016 el planeamiento estratégico del país en la formulación de políticas públicas de largo plazo.
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El presidente (e) del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Víctor Vargas Espejo, exhortó a los partidos políticos a enfocar en sus agendas de propuestas para el 2016 el planeamiento estratégico del país en la formulación de políticas públicas de largo plazo.
“Una política pública debe ser adecuada y sostenible en el tiempo, porque los retos que enfrenta el país como la pobreza, los problemas de infraestructura, de gobernanza pública, de diversificación productiva, de informalidad, no son de corto plazo”, declaró Vargas Espejo.
Para el titular del Ceplan los planes estratégicos tienen que considerar el futuro del mercado laboral, es decir pensar en la demanda de profesionales que las empresas van a requerir y no seguir formando profesionales para actividades que el país ya no va a necesitar.
Servicio Civil
De otro lado Vargas, señaló que las agrupaciones políticas que pretenden postular en las elecciones al 2016 deben considerar las reformas del Servicio Civil en sus propuestas, al ser fundamentales para fortalecer la capacidad y calidad de los servidores públicos y por consiguiente mejorar los servicios del Estado.
“Nosotros creemos que la reforma del Servicio Civil es un tema fundamental para atacar el eje tres del Plan Bicentenario: Estado y Gobernabilidad. Si no se sigue implementando y ampliando, será difícil hablar de una mejora del Estado en el largo plazo”, declaró.
Finalmente, Vargas indicó que se tiene que tomar conciencia que una reforma del servicio civil “no se hace de la noche a la mañana”, requiere de cinco a diez años para empezar a ver los frutos en la administración pública.
En: gestion
El politólogo llamó a la acción ante la corrupción. “En una democracia la protesta define la posición del pueblo”, sentenció
(Foto: Consuelo Vargas / Archivo El Comercio)
Ya al terminar la entrevista, contagiado por su espíritu rebelde, le pregunto al famoso politólogo estadounidense Francis Fukuyama si me ayudaría a derribar el Cristo Redentor, la estatua donada por las empresas brasileñas al Perú el 2010 y que muchos llaman con sorna ‘El Cristo de lo Robado’. “Estaría muy feliz de hacerlo”, responde.
No fue cortesía. Durante la entrevista de casi media hora que nos concedió gracias a la gestión de ESAN, el autor de “El fin de la Historia” mostró permanentemente su compromiso con la defensa activa de la democracia y su rechazo a la corrupción como uno de los males que está dañando a los países latinoamericanos.
“La corrupción es algo pésimo, no solo para el campo económico donde afecta la capacidad de inversión, la toma de decisiones y la eficiencia del sector público; también para el aspecto social, pues los corruptos son los que más poder e influencia tienen en contra de quienes más necesitan dinero; y en lo político, porque hace que la población perciba que todos los políticos son corruptos, aunque no sea así”, explicó.
Fukuyama fue enfático en señalar que “la corrupción es algo que solo le interesa preservar a una minoría que se beneficia de ella; pero que el gran problema es que la mayoría que no quiere corrupción no está organizada, no tiene el liderazgo ni sabe cómo luchar contra ella”.
“Es un problema de política”, sostuvo. Pero no se refería a la política a la que nos tienen acostumbrados en el país de charlas en el congreso y de dimes y diretes, sino a la política activa. “Es un tema de voluntad política, hay que obligar al corrupto a que se someta a la ley, al estado de derecho y que obedezca las normas del Estado”, dijo. Así, sin concesiones.
Pero y qué pasa si el sistema entero está podrido. En los noventa, en el Perú, tuvimos el fin de la decencia y desde entonces todo ha ido para peor, le señalo (precisamente, una de las críticas que se le hace a los sistemas democráticos es que son factibles de ser capturados por cúpulas para su beneficio propio).
“Eso también sucede en Estados Unidos. El gobierno está capturado por una elite, pero hay que movilizar al pueblo para que se oponga a esto. El caso de Brasil es emblemático, hay un situación de gran corrupción y la gente está que se moviliza. Hay un movimiento que quiere castigo para los corruptos y quiere demostrar que hay nuevas reglas de juego”, sostiene.
¿Por dónde empezar? Francis Fukuyama dice que el Poder Judicial es el primero que debe independizarse de cualquier facción. “No se va a conseguir de un momento a otro, pero es una lucha que hay que llevar a cabo. Los políticos que tienen el poder no quieren la independencia del Poder Judicial, pero tienen que verse contrarrestados por un movimiento muy fuerte de parte del pueblo. Los buenos jueces tienen que verse apoyados, eso requiere manifestaciones públicas”, enfatiza.
El politólogo pone otro ejemplo. En Colombia, cuando el presidente Álvaro Uribe quiso cambiar la Constitución para reelegirse para un tercer periodo, el Tribunal Constitucional le dijo no y la gente salió a defender al Tribunal. “Eso es lo que se necesita. El Poder Judicial requiere el apoyo de la población para volver a ser independiente”.
“En una democracia la protesta define la posición del pueblo”, agrega. Pero no se trata de protestar por protestar. Fukuyama le reclama a movimientos como Indignados u Okupas de España el que no tengan claro que quieren enfrentar y como hacerlo, son gente joven molesta, pero sin liderazgo y sin sentido cabal de lo que quieren obtener, critica.
Fukuyama tampoco se muestra muy entusiasta cuando se refiere a la posición del sector empresarial de la región, que estando en boga la responsabilidad social, los gobiernos corporativos y la transparencia, deberían reclamar por reglas de juego limpias. “En un capitalismo bien centrado y entendido, la competitividad es la que hace que surjan los mejores. Los ganadores son seleccionados por el mercado no por las conexiones políticas”, reflexiona. “En una economía capitalista que respeta el estado de derecho hay igualdad de oportunidades para todos, pero lo que pasa en América Latina es que no hay un capitalismo sano sino un capitalismo ‘entre patas’ y no se da oportunidad a otros de entrar al mercado con las mismas reglas de juego”, lamenta.
Le gusta más la reacción de la gente en Brasil en torno al caso Petrobras y Lava Jato. “Espero que movimientos así se contagien en América Latina. No veo como tal nivel de corrupción se pueda remediar sino con una gran movilización de gente indignada, gente furiosa que salga a las calles a protestar”, anima.
Recuerda que algo similar pasó en Estados Unidos a fines del Siglo XIX, donde había un nivel de corrupción más grande aún que el que existe en algunos países en desarrollo actuales. “Hubo un movimiento de protesta que culminó en una serie de reformas, siendo la primera la de reclamar por un servicio civil eficiente”, dijo.
Desde su punto de vista, el crecimiento de la clase media debería ayudar a ese propósito, pues es gente que tiene más conocimiento, más educación y está menos dispuesta a sufrir las consecuencias de un estado corrupto.
Ahora que estamos en un momento de vacas flacas, Fukuyama cree que podría generarse el momento para una reacción. “Este momento de crisis puede convertirse en una oportunidad”, advierte. Son tiempos de acción.
En: elcomercio
Imagen: SERVIR
Un total de 18 entidades del Estado, entre las que se encuentran cinco ministerios, están a punto de obtener la resolución de inicio para acogerse a la Ley del Servicio Civil, las cuales se emitirían en las próximas semanas, afirmó el presidente ejecutivo de Servir, Juan Carlos Cortés.
El titular de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) refirió que entre los portafolios que están a punto de iniciar este proceso se encuentran los de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Defensa, Cultura y Justicia y Derechos Humanos.
“Tenemos en este momento 18 entidades que están a punto de tener la resolución de inicio y luego pasarán el cuadro de personal de la entidad. Cuando tengan definidos los perfiles de personas y valorización de cada uno de los puestos, tendremos las primeras connotaciones”, señaló.
Ciudadanos favorecidos
Tras participar en la presentación del informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina: Perú”, explicó que este tránsito hacia la aplicación de la norma, es más importante que el resultado final.
“Ello porque cada institución mejorará radicalmente en favor de los ciudadanos, estamos pensando que los primeros concursos comenzarían a realizarse antes que acabe el actual gobierno, vamos a ver, estamos apuntando todo para que se haga lo más pronto posible”, señaló.
CAS postularán
Cortés explicó que las personas que se encuentran sujetas a la Contratación Administrativa de Servicios, o CAS, deberán postular, mediante concursos, para pertenecer al nuevo esquema del servicio civil.
“En cada una de las instituciones existe personal bajo los decretos legislativos 276 y 278, quienes por su parte, decidirán si postulan o no a los nuevos puestos, la idea que tenemos es que exista una postulación de todos, a efectos de lograr una mejora sustancial en todos los aspectos”, afirmó.
Instituciones
Entre las instituciones que están inmersas se encuentran el Instituto Geofísico del Perú, Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, el Centro de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Provías Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), entre otras.
(FIN) JCC/JJN
En: andina
El funcionamiento del Estado es tan bueno como la calidad de sus servidores públicos. Esta es, de cierta forma, la lógica detrás de la tantas veces demandada reforma del servicio civil. Desde el empleado de menor rango de una municipalidad distrital hasta el ministro de Economía, todos los funcionarios públicos son piezas fundamentales de la relación –explícita e implícita– entre el Estado y los ciudadanos. Por ello la competencia de los servidores estatales, los procesos que determinan sus labores y los sistemas en que se desempeñan tienen un impacto directo en los niveles de corrupción, pobreza, confianza gubernamental y servicios básicos de los que dispone cualquier sociedad.
En el Perú, la reforma del servicio civil ha sido una demanda constante a lo largo de diversas administraciones, pero es recién en los últimos años en que se ha empezado a adoptar un enfoque sistemático y de mediano plazo al respecto. En la medida en que el 41% de los ingresos tributarios se destina al pago del más del millón de trabajadores públicos distribuidos a lo largo de todo el país, el impacto de un cambio estructural positivo en la profesionalización del servicio civil no puede ser sino formidable.
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Infografía en: elcomercio.pe
En primer lugar, es justo reconocer que la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) en el 2008 fue un paso en el camino correcto. Como menciona Mercedes Iacoviello, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “en un país en el cual habían primado históricamente reformas institucionales que no prosperaron y apoyos inestables en los procesos de implementación, se vislumbraba en aquel momento una reforma coherente, sostenida y progresiva con importantes avances en un breve período”.
Esta investigadora publicó en agosto del presente año un informe en el cual detalla que el Índice de Desarrollo del Servicio Civil (IDSC) en el Perú –el cual mide la calidad de esta función en una escala del 0 al 100– subió de 29 a 41 puntos entre el 2011 y el 2015, ubicándose por primera vez por encima de la media regional de 38 puntos. La mayor parte del progreso se explica gracias a mejores puntajes en los índices de eficiencia y de consistencia estructural –entendida como el grado de solidez e integración del servicio civil para, por ejemplo, jerarquizar los puestos, administrar salarios de manera predecible, invertir en capital humano, etc.–. Ambos indicadores subieron 15 puntos debido a “la disciplina fiscal en un sólido contexto macroeconómico, y a la creciente orientación estratégica que imprime un área rectora con alto nivel de capacidad y legitimidad”.
Aparte de Servir, la Ley del Servicio Civil (Ley 30057) de julio del 2013 ha sido también clave para fortalecer el proceso de reforma de la administración pública. Esta norma establece un régimen único para las personas que trabajan para el Estado que debe ser aplicado de manera progresiva. Entre sus puntos más importantes destaca el máximo de 20% de puestos de confianza como directivos en cada entidad.
Lee el informe completo en la edición impresa de El Comercio.
En: elcomercio
Son pocos los casos en los que el Estado peruano avanza reformas que crucen periodos de gobierno y en las que la continuidad de los funcionarios capacitados que las lideran esté fuera de discusión. Esta semana se presentaron resultados que muestran el impacto positivo de este tipo de reformas de Estado: según el BID, el Perú está ligeramente por encima del promedio regional en su Índice de Desarrollo del Servicio Civil aplicado a 18 países de América Latina.
¿Media tabla suena a éxito mediocre? Pues no lo es. Si miramos la trayectoria del país en este índice que evalúa diversas dimensiones de la burocracia del Estado central, hay un gran cambio. El año 2004, tomado como base, el Perú obtuvo apenas 14 puntos en el índice, a tres puestos del último de la tabla. El 2011 en una nueva medición regional fueron 29 puntos. Y este año el resultado es excelente: 41 puntos. Son 27 puntos en 11 años. Si bien la mayoría de países de la región ha mejorado, el caso peruano es resaltado como uno de cambio rápido desde posiciones muy bajas.
¿Qué explica esta reforma silenciosa y exitosa? La ya mencionada continuidad, en la que varios gobiernos comparten el mérito. El gobierno de Toledo logró eliminar las pensiones doradas de la Ley 20530. El de García creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, el cuerpo de gerentes públicos y dio una serie de decretos para fortalecer la carrera pública. Y el gobierno actual apoyó la continuidad y logró la aprobación de una nueva Ley del Servicio Civil. A la cabeza de estos procesos han estado personas de prestigio y muy comprometidas, como Nuria Esparch y hoy Juan Carlos Cortés. El día de la presentación del informe estaban ambos, además de diversas personas que apoyaron a Servir en estos años: se celebró un éxito compartido.
Los retos son todavía muchos. Diversas instituciones públicas han escapado a la aplicación de la Ley. La evaluación no comprende gobiernos locales y regionales, donde está buen número de funcionarios y donde una capa burocrática profesional, honesta, es urgente para la buena gestión. Pero son sin duda buenas noticias y muchos más deben conocerlas, que deje de ser una reforma silenciosa para que la sociedad se la apropie.
Porque si no entendemos su importancia, su continuidad está en riesgo. Un servicio civil fuerte, profesional, flexible, es clave para reducir la corrupción, limitar el uso clientelista del Estado, ganar legitimidad entre la población. Esos logros pueden ponerse en peligro si no enraizamos lo avanzado. Y hay muchos intereses que se oponen: el político al que le conviene un Estado débil en el que pueda hacer lo que quiera, el empresario que gana con la corrupción, entre otros.
Hay pocas cosas tan negativas para una reforma que un cambio de gobierno. Servir ha logrado importantes aliados en el gobierno central, diversas instituciones ven en la reforma una posibilidad para ganar profesionalismo. Pero no basta. La academia y los empresarios deberían también mirar con interés el proceso. Y, fundamentalmente, es necesario que los políticos se apropien del tema y lo discutan en campaña.
Porque la continuidad de estas reformas no puede depender únicamente de los funcionarios que las diseñan e impulsan. No es justo con ellos. Sin políticos que la traduzcan a la población, que las hagan un activo en campaña, que sirvan de músculo para seguir avanzando contra las resistencias, la reforma no está garantizada y puede revertirse en forma tan silenciosa como ha avanzado. Buenas noticias, pero hoy la continuidad depende de muchos otros actores capaces de blindar los cambios desde la sociedad y la política.
Por: Eduardo Dargent. En: larepublica
El director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL, César Peñaranda, afirmó que la inversión pública va a favorecer la política contracíclica del Gobierno, si efectivamente se concreta en esa medida.
Imagen: reddegestorespublicos.pe
El crecimiento previsto de la inversión pública en 15,3% el próximo año, según lo contemplado en el proyecto de Ley del Presupuesto General de la República para el Año Fiscal 2016, ayudará a dinamizar los capitales del sector privado, sostuvo la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
“La inversión pública va a ayudar a que se dinamice la inversión privada, que representa el 21% del Producto Bruto Interno (PBI), por ejemplo, a través de proyectos que se puedan gestar mediante Obras por Impuestos, Asociaciones Público Privadas (APP) y obras que tiene ejecutar el mismo Gobierno como los gastos de prevención por el Fenómeno El Niño”, indicó.
En la víspera, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alonso Segura, informó que la inversión pública se incrementaría en 15,3% el próximo año y se constituirá en uno de los principales factores de crecimiento en el 2016.
Según el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2016-2018 revisado, la modalidad de APP será una prioridad para impulsar el crecimiento del PBI.
Política contracíclica.
En ese contexto, el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL, César Peñaranda, afirmó que la inversión pública va a favorecer la política contracíclica del Gobierno, si efectivamente se concreta en esa medida.
“En buena hora si se prioriza la inversión pública, aunque será importante la eficiencia en la gestión”, dijo en declaraciones a la Agencia Andina.
Por ello, Peñaranda consideró que el Gobierno Nacional, a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), debería apoyar a los gobiernos regionales y locales para que adquieran mayor experiencia con la finalidad de que los proyectos en sus jurisdicciones fluyan con mayor rapidez.
Inversión social.
De otro lado, Peñaranda destacó que el proyecto de la Ley de Presupuesto General de la República para el Año Fiscal 2016, que asciende a 138.491 millones de nuevos soles, priorice la inversión social.
“El presupuesto debe priorizar la inversión y no el gasto corriente, es decir, debe estar enfocado en inversión social, por ejemplo, que es la labor sustantiva del Gobierno, e invertir en sectores o áreas donde al privado no le interesa”, dijo finalmente.
En: andina
Para simplificar su tránsito hacia los requerimientos de la nueva legislación que regula la carrera pública, la Ley del Servicio Civil (SERVIR), el Ministerio de Defensa del Perú concursa la contratación de un servicio de asesoría para determinar la dotación de personal necesaria para encajar sus estructuras en el nuevo marco legislativo.
Mas información en: infodefensa
La eficiencia y competitividad de las instituciones públicas depende, en gran medida, de los profesionales que laboran en las diversas instancia del Estado, y el Gobierno ha mostrado una especial preocupación en la formación de funcionarios para que su labor sea oportuna y asertiva, esfuerzo que ha sido reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con el estudio Diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina: Perú, nuestro país ha registrado un notable desempeño en los cuatro años recientes al mejorar el marco normativo de este tipo de labor y también al regular las condiciones de las personas que trabajan al servicio del Estado, de tal forma que los avances de la Nación peruana en este campo son mayores que en otros países de América Latina.
Entre las medidas adoptadas por el Gobierno peruano figura la promulgación de la Ley N° 30057, sobre el Servicio Civil, cuyo objetivo es reformar la planilla estatal y establecer un régimen único para los servidores públicos, y así asegurar la calidad de los servicios en beneficio de la ciudadanía.
De hecho, un total de 18 entidades, entre las que se encuentran cinco ministerios, están a punto de obtener en las próximas semanas la resolución para acogerse a la disposición legal. Para el BID, la emisión de la norma representa el cambio más significativo en este sector porque se revirtió, de alguna manera, la historia previa de tres intentos frustrados de reforma integral.
A ese marco legal se agrega la consolidación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) como instancia que aporta a la administración del Estado, lo que ha permitido que el Perú avance en la calificación efectuada por el BID y pase de 29 a 41 puntos entre 2011 y junio de 2015, superando el promedio regional de 38 puntos y subiendo doce puntos en solo cuatro años, cuando el promedio de América Latina avanzó ocho puntos durante una década.
En la evaluación del caso peruano también ha sido tomada en cuenta la creación de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y su puesta en marcha para obtener un modelo moderno y eficiente; además de la institucionalización de los planes de desarrollo de personal, dos de los hitos que definen la optimización del servicio civil en diversos estratos del aparato público.
Otros elementos contemplados en el informe del BID se refieren a la maduración del modelo de gobernanza de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas, convirtiéndose en un factor de relevancia para limar “asperezas institucionales” muy comunes en otras naciones de la región latinoamericana.
Asimismo, el estudio destaca el Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP) como cuadro de directivos profesionalizado, que tuvo una expansión a más instituciones y un impacto positivo en mejorar la ejecución presupuestaria, especialmente en los gobiernos regionales y locales. De esta manera, el Poder Ejecutivo logra un avance en la reforma del Estado con la optimización de su personal técnico.
En: elperuano
Un primer grupo de 18 entidades públicas ya se encuentran casi listas para convocar a concursos de plazas bajo el régimen Servir, informó Juan Carlos Cortés, presidente de esta entidad. En primera instancia solo podrán concursar actuales empleados del Estado y solo si no se cubre la plaza podrán postular trabajadores externos.
Juan Carlos Cortes, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Imagen: diario gestion.pe
José Carlos Reyes
jose.reyes@diariogestion.com.pe
Si bien la meta oficial de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) es iniciar las contrataciones en el Estado bajo este nuevo régimen antes de que culmine el actual Gobierno (Gestión 05.08.2015), la fecha de los primeros concursos y contratos se podría adelantar hacia fines de este año.
El presidente ejecutivo de Servir, Juan Carlos Cortés, refirió que un primer grupo de 18 entidades del Estado ya se encuentran en la última fase del tránsito hacia el nuevo régimen.
“Están a punto de tener la resolución de inicio, que es un hito que se hace en el tránsito. Esto se dará en las próximas semanas. Luego tendrán su cuadro de personal de entidad, el perfil y valorización de los puestos, y en ese momento tendremos las primeras contrataciones”, señaló Cortés a Gestion.pe.
El funcionario no descartó que tras la resolución de inicio dada por Servir, algunas entidades empiecen a realizar los concursos y contrataciones a fin de año. “No quiero decir una fecha concreta, de repente damos una sorpresa antes. Estamos trabajando para lograrlo lo más pronto posible”, anotó.
Las 18 entidades más avanzadas en el tránsito hacia el régimen Servir corresponden al Gobierno Central. Figuran cinco ministerios (Economía, Defensa, Energía y Minas, Cultura y de Justicia) y varias OPDs.
Concursos cerrados
Cortés también aclaró que los primeros concursos para los contratos bajo la ley Servir serán ‘cerrados’ a nivel del Estado. Es decir, solo podrán participar funcionarios públicos de cualquier entidad. “Queremos reconocer a las personas que están en el Estado en este momento y tienen la experiencia y conocimiento suficiente”, indicó.
En caso no se cubra la plaza, recién se establecerá un segundo concurso ‘abierto’ también para las personas que no trabajen en el estado.
Por otro lado, el funcionario recordó que en el caso de los trabajadores de los regímenes 276 y 728 el pase al régimen Servir es voluntario, mientras que los trabajadores CAS sí estarán obligados a postular a una plaza bajo el régimen Servir si quieren mantenerse en la administración pública.
Finalmente, Cortés también reconoció que en algunas plazas a concursar bajo el régimen Servir la remuneración podría ser menor a la que recibe el actual funcionario que ejerce esa función.
“Podría ganar menos si es que el puesto estaba sobrevalorado. Pero no será la mayoría de casos. Al contrario, la mayoría tendrá más beneficios con una CTS mayor y una gratificación mayor”, apuntó.