Lo bueno, lo malo y lo feo del TPP
En presente articulo fue publicado el 12 de Octubre de 2015 en: americaeconomia
2017: U.S. President Donald Trump holds up the executive order on withdrawal from the Trans Pacific Partnership after signing it as White House Chief of Staff Reince Priebus stands at his side in the Oval Office of the White House in Washington January 23, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY – RTSWZWJ
Dos objetivos explícitos tiene Estados Unidos con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (Trans-Pacific Partnership, TPP), aprobado hace unos días por la administración Barack Obama y los gobiernos de los otros once socios. El primer objetivo estadounidense es establecer en esos 12 países -que incluyen a Chile, México y Perú por América Latina, pero también a naciones tan disímiles como Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Vietnam- un régimen comercial y regulatorio común, muy parecido al que tiene hoy el propio Estados Unidos. El segundo objetivo es vender más productos y servicios estadounidenses a ese mercado común de 800 millones de personas y un PIB que equivale al 40% de la economía mundial
Y ambos objetivos explícitos tienen un sólo objetivo común: frenar el avance de China en la cuenca del Océano Pacífico, su zona de influencia natural. Ese objetivo, más estratégico y central, nace de consideraciones más geopolíticas que comerciales. El TPP puede incluso ser visto como una de las herramientas que está construyendo Estados Unidos para conservar la hegemonía mundial que hoy tiene, y que se ve amenazada por el ascenso chino.
El punto más controvertido del acuerdo es el que da a las empresas extranjeras protección legal contra los gobiernos que las han tratado injustamente, con acciones que incluyen la expropiación, hasta acciones discriminatorias para favorecer a una competidora local.
No es extraño entonces que la controversia en torno al TPP no se refiera a la reducción de aranceles, subsidios agrícolas o cuotas de importación, sino a temas como la propiedad intelectual, la normativa ambiental, los estándares regulatorios y la protección al inversionista extranjero.
El acuerdo más grande de la historia, que debe ser ratificado por los parlamentos de los doce países miembros antes de entrar en vigencia, desmantela miles de aranceles que hoy gravan a productos estadounidenses que ingresan principalmente en Asia y también elimina numerosos aranceles que los productos asiáticos deben pagar para entrar al mercado estadounidense. Cada uno de los socios del TPP gana acceso libre de impuestos a los mercados de los once socios restantes y puede comprar de ellos a precios más baratos. Y como quedan fuera del acuerdo los productos que son subsidiados en alguno de los países socios, el beneficio es claro para todos los firmantes.
Beneficioso será, pero marginal. Casi todos los países del mundo han bajado sus aranceles en los últimos años y muchos además tienen acuerdos de libre comercio con sus principales proveedores y compradores, de modo que eliminar aranceles tendrá un impacto muy menor. El impacto grande -y la controversia- vendrá con la unificación normativa y regulatoria, que es además lo más importante del acuerdo. Esa unificación de estándares normativos convierte al TPP en un profundo acuerdo de integración económica similar a la Unión Europea.
Algunas de las reformas regulatorias son bienvenidas por todos, como el establecimiento para los doce países firmantes de los estándares laborales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. El acuerdo también limita la facultad de los gobiernos de restringir el libre flujo de información en internet y establece normas adecuadas de protección ambiental.
Hasta ahí llega el consenso. El TPP impone normas de protección de la propiedad intelectual demasiado estrictas. Algunos medicamentos, por ejemplo, tienen doce años de protección en Estados Unidos, y en los otros socios del TPP esa protección va de cero a ocho años. Estados Unidos intentó imponer los doce años a todos sus socios y finalmente tuvo que conformarse con una protección de cinco a ocho años vigente en los doce países. En el momento en que entre en vigencia el TPP, subirán los precios de esos medicamentos en los once países socios de Estados Unidos.
El punto más controvertido del acuerdo es el que da a las empresas extranjeras protección legal contra los gobiernos que las han tratado injustamente, con acciones que incluyen la expropiación, hasta acciones discriminatorias para favorecer a una competidora local. Esta provisión incluye la facultad de que las empresas se querellen contra un gobierno que las ha tratado injustamente. Esto va a regir en todos los países miembros, de modo que protegerá a una multinacional chilena, mexicana o peruana establecida en Estados Unidos. Pero el número de multinacionales latinoamericanas o incluso asiáticas operando en Estados Unidos es abrumadoramente menor que el número de empresas estadounidenses presentes en cualquiera de los demás países socios.
Es verdad que esta provisión especial se ha estado usando en acuerdos de libre comercio desde hace décadas. Canadá, por ejemplo, perdió un juicio por una querella de una empresa minera a la cual el gobierno le había negado un permiso de explotación minera aduciendo causas ambientales. La texana Occidental Petroleum se querelló contra Ecuador luego de que el país le anulara un contrato de explotación y la corte, en 2012, dictaminó que Ecuador debía pagarle a la empresa US$1.800 millones. A fines de los años 90, la francesa Vivendi se querelló con éxito contra la provincia argentina de Tucumán por impedirle subir las tarifas de agua potable. El tribunal le impuso una multa de US$100 millones a la provincia argentina. Y Uruguay enfrenta una querella de Philip Morris por haber promulgado una legislación antitabaco muy estricta que, según Philip Morris, la daña.
El principal tribunal que ve estos diferendos es una repartición del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). También son competentes en estas disputas la Corte Internacional de Justicia de La Haya y organismos similares en Londres, París y Hong Kong.
La última gran crítica que tiene el TPP es que su texto es clasificado y no se desclasificará hasta que hayan pasado cuatro años desde la entrada en vigencia del acuerdo. Puede ser razonable el argumento de que divulgar un texto tan complejo iba a convertir la discusión en centenares de controversias que dificultarían primero su firma y luego su ratificación por los parlamentos. Pero el secreto del texto, y la divulgación que ha hecho WikiLeaks de extractos de su contenido, han suscitado la sospecha de que si es secreto es porque algo quiere ocultar.
Estados Unidos quiere que el TPP lo ayude a mantener su posición como la mayor potencia del mundo. Japón lo que quiere es un acuerdo internacional que le permita hacer las reformas estructurales que el gobierno necesita y quiere hacer, pero no puede por motivos políticos. Los países latinoamericanos y asiáticos quieren acceso a un promisorio mercado común, y, también, ser parte del segundo proyecto de integración regional después de la Unión Europea. Aunque la Europa de hoy no sea la mejor publicidad para promocionar el TPP.
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