Estatales bajo régimen privado también dispondrán libremente de su CTS al igual que los del sector privado
Imagen en: http://aulacontable-paccelly.blogspot.com/2011/11/compensacion-por-tiempo-de-servicios.html
Con el voto unánime de 73 parlamentarios el Pleno del Congreso de la República aprobó este jueves 15 un dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social a fin de regular la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los trabajadores de la administración pública sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728 y el régimen del Servicio Civil.
Con el voto unánime de 73 parlamentarios el Pleno del Congreso de la República aprobó este jueves 15 un dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social a fin de regular la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los trabajadores de la administración pública sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728 y el régimen del Servicio Civil.
Ante una nueva consulta, la Representación Nacional acordó exonerar el dictamen de una segunda votación. Fue por 74 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El dictamen correspondiente estuvo basado en proyectos de ley presentados por varios legisladores y fue emitido por unanimidad en la respectiva Comisión. Se busca que los servidores estatales puedan disponer libremente de su dinero generado a lo largo de años de servicio y que, por ejemplo, puedan destinarlos a cuentas de ahorro en entidades financieras de su preferencia.
Conforme a un texto sustitutorio presentado poco después de las 11:00 horas por el presidente de la Comisión, se modifica el artículo 2º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, respecto de la CTS. Se dice, entre otras cosas, que la CTS se brinda desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral. Asimismo, el dinero será depositado en la entidad financiera que sea elegida por el trabajador. Esta medida tendrá carácter obligatorio, según la propuesta de ley.
El congresista Rolando Reátegui Flores (FP) sustentó el dictamen en su calidad de presidente de la Comisión dictaminadora. Dijo que se busca que los trabajadores públicos (84 mil a nivel nacional) puedan disponer de su dinero y depositarlo en la entidad financiera de su preferencia. Añadió que se trata de reconocerles derechos similares a aquellos de los que gozan los trabajadores del sector privado.
“De ese modo no habrá discriminación alguna y los trabajadores públicos también gozarán de respeto en cuanto a sus derechos a la propiedad, entre otras”, expresó el legislador. Destacó que la propuesta, aprobada por unanimidad en la Comisión, cuenta con opiniones favorables de organismos vinculados al tema, a excepción del Ministerio de Economía y Finanzas y Servir. Subrayó que esa actitud es injusta porque se trata del propio dinero de los trabajadores.
Luis Galarreta Velarde (PPC-APP) saludó la propuesta, e hizo notar que fue aprobado hace ya mucho tiempo y era necesario debatirlo. Alertó sobre lo que llamó ‘robo’ del Estado al trabajador público al hacer caja con el dinero del propio servidor y negarle derechos consagrados por ley.
El legislador Martín Belaunde Moreyra (SN) formuló apreciaciones y solicitó que se hiciera mayores precisiones en cuanto al texto de la iniciativa. Javier Velásquez Quesquén (CP) expresó su apoyo al dictamen y luego analizó y criticó las objeciones y opiniones desfavorables del MEF y Servir respecto de los derechos de los trabajadores. Calificó esas posiciones de “inconsistentes”. Precisó que no era verdad que el Estado pierde con ese reconocimiento a los derechos de los estatales.
El congresista Justiniano Apaza Ordóñez (DD) respaldó la propuesta y rechazó la discriminación de que eran objeto los servidores estatales, pues no gozan de medidas como el depósito semestral de su CTS, al igual que se hace con los trabajadores del sector privado.
De “oportuno” calificó el proyecto la congresista Natalie Condori Jahuira (DD). Cifró esperanzas en que fuese aprobado por unanimidad toda vez que era una medida aguardada hace tiempo por las centrales laborales del país. Dijo que se debe aprobar una medida a favor de los trabajadores estatales, pues así también se contribuirá a que sean más eficaces en sus labores de servicio al público. Saludó que el tema fuera colocado como primer punto de la agenda para el Pleno de la fecha.
También intervinieron en favor de la propuesta Jaime Delgado Zegarra (DD), Carlos Tubino Arias Schreiber (FP), Johnny Cárdenas Cerrón, Rubén Condori Cusi (NGP), toda vez que la proyectada norma entrañaba una medida de seguridad ante el desempleo y eliminaba un trato desigual a los servidores del Estado, respecto de los del sector privado.
La sesión matutina comenzó a las 10:57 horas, con la presencia de 63 legisladores en el hemiciclo. El quórum para efectuarla es de 58 parlamentarios.
Al inicio de la asamblea, a solicitud expresa del legislador Elías Rodríguez Zavaleta (CP), se guardó un minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido exparlamentario Víctor Raúl Lozano Ibáñez, del departamento de La Libertad.
Igualmente, a pedido del presidente Luis Iberico Núñez, se guardó un minuto de silencio en memoria de Jorge Otárola Peñaranda, hermano del congresista y extitular del Poder Legislativo, Fredy Otárola Peñaranda (NGP).
NUEVO DISTRITO
De otro lado, fue aprobado un proyecto de ley cuyo dictamen fue emitido por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, por el cual se propone crear el distrito de La Morada, en la provincia de Marañón, departamento de Huánuco.
El dictamen, cuyo proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo, contó con el inmediato apoyo de las legisladoras Carmen Omonte Durand (PP) y Luisa Cuculiza Torre (FP), ambas del departamento de Huánuco. También se sumó en apoyo Rosa Mavila León (AP-FA), después de que fuera sustentado por la legisladora Verónika Mendoza Frisch (AP-FA), titular de la Comisión dictaminadora.
La parlamentaria dijo que se aspira, entre otras cosas, a que haya una mayor presencia del Estado en esa jurisdicción. Igualmente, se señaló que era necesario proteger a la población frente a las nefastas actividades del narcotráfico.
La propuesta de ley fue aprobada por unanimidad (73 votos a favor). Se la exoneró de segunda votación por unanimidad (77 votos).
