Ecuador: Cerca de 200 asesores saldrán del sector público

Carlos Marx Carrasco, Ministro de Relaciones Laborales del Ecuador

Carlos Marx Carrasco, Ministro de Relaciones Laborales del Ecuador

Aproximadamente 200 asesores del nivel jerárquico superior serán separados del Estado en cumplimiento del Acuerdo Ministerio 246, anunció ayer (6 de noviembre) el titular de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, en el marco de la Feria Productiva 2015 organizada por la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (Capeipi).

El pasado 21 de octubre el Ministerio de Trabajo emitió ese Acuerdo y entró en vigencia ayer. Ahí se modifica el Acuerdo Ministerial 59, en el cual se ponen las reglas a la contratación de consejeros y asesores estatales. La normativa pone nuevos límites a esa contratación en el número máximo de funcionarios estatales que pueden ser contratados. En el último año y medio ha sido modificado tres veces.

La nueva norma reduce el número de asesores, a los que en adelante se les llamará ‘gestores’, según la escala del funcionario del nivel jerárquico superior para el que trabajan.

Antes, por ejemplo, las principales autoridades de las funciones Legislativa, Judicial y Electoral podían tener hasta 10 asesores. Pero ahora, con el Acuerdo 246, bajan a ocho.

Asimismo, para ministros y autoridades de entidades con el grado jérarquico superior ocho, la norma anterior establecía tres rangos con el número de asesores. En el A podían tener 20; en el B, 15; y en el C, 10. Ahora se establece ocho para toda entidad, sin agrupar.

Para los funcionarios que estén en el grado jerárquico superior del cinco al siete, que corresponde a viceministros y subsecretarios se establecía entre uno y tres. Ahora es uno.

El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, descartó el jueves pasado despidos en el sector público en el 2016, sin embargo los recortes vendrán antes, según una transitoria del Acuerdo 246. En ella se dispone que si el número de asesores sobrepasa el fijado en la nueva norma le corresponderá a las entidades “sujetarse al número máximo permitido” hasta el 31 de diciembre del 2015.

Carrasco dijo el viernes: “estamos limitando el número de asesores que puede tener cada institución. Aproximadamente, si la memoria no me falla, serán en torno a 200 asesores menos”. El Ministro dijo no recordar en ese momento el monto de ahorro que esta medida le representará al Estado.

Y añadió que la decisión se tomó porque “permanentemente vivimos en un proceso de optimización financiera, económica y del talento humano. Esto no tiene que ver específicamente con la situación fiscal del país. Es un proceso rutinario de optimización”.

Miguel García, dirigente sindical, señaló que tras emitirse la norma se conoció que este mes saldrá el primer grupo de asesores en exceso en las entidades. Hasta diciembre finalizará la desvinculación.

Al ser los asesores, denominados gestores, funcionarios de libre remoción, solo les corresponde la liquidación por ley y no una indemnización.

La Presidencia y Vicepresidencia son las dos únicas entidades a las que no se les ajustará el número de asesores. “Tienen las atribuciones, como debe ser, para establecer el número de asesores que requieran”, explicó Carrasco.

Aunque no existe un dato sobre el número total de asesores que laboran en el Estado, solo en los ministerios hay 565 personas con esta categoría.

El dato incluye el número de asesores disponible en la página web de 27 de los 28 ministerios con los que cuenta el país, pues el de Justicia, Derechos Humanos y Cultos no tiene datos a ese detalle.

Los salarios de estos asesores van de USD 1 117 a 3 798 mensuales, lo cual depende del ministerio y el área de trabajo: despacho, viceministerios o subsecretarías. Hay ministerios que cuentan con asesores para coordinaciones, direcciones, secretarías y proyectos.

Herrera también dijo que ha previsto recortes en viáticos, servicios de catering y otros rubros no esenciales, aunque no mencionó los montos.

En contexto

Carlos Marx Carrasco explicó que los ajustes no aplican para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, porque son independientes. El funcionario también explicó que no habrá ningún inconveniente para el pago del decimotercer sueldo en la función pública.

En: elcomercio.ec

Ante la falta de transparencia e información: Defensoría del Pueblo pide a la SBS suspender el procedimiento de aprobación de las tablas de mortalidad.

Deben publicarse los estudios técnicos que sustentan las Tablas para el cálculo de las pensiones.

Deben publicarse los estudios técnicos que sustentan las Tablas para el cálculo de las pensiones.

La Defensoría del Pueblo —mediante comunicación remitida al Superintendente de Banca, Seguros y AFP— solicitó la suspensión del procedimiento normativo iniciado para la aprobación de las Tablas de Mortalidad TAPSPP 2012, las cuales serán utilizadas para el cálculo de las pensiones que mensualmente recibirán los usuarios del Sistema Privado de Pensiones. Ello, hasta que se cumpla con generar los mecanismos adecuados de información a las personas usuarias y potenciales usuarias del Sistema Privado de Pensiones.

Para ello la institución defensorial ha sugerido que se publique electrónicamente el documento técnico que sustenta las tablas de mortalidad- TAPSPP 2012, con la finalidad de que los expertos interesados puedan formar opinión fundamentada sobre la materia y presentar sus observaciones. Asimismo, la conformación de una mesa técnica integrada por entidades públicas y privadas especializadas que propicie el diálogo y la reflexión para generar un consenso que permita optar por la medida más acorde con el principio-derecho de la dignidad de las personas así como la seguridad social.

Igualmente, ha recomendado la creación de enlaces web fácilmente accesibles que proporcionen información oficial sobre los diversos componentes de las tablas de mortalidad y su utilización práctica en el cálculo de las pensiones, así como el uso de otros mecanismos de alcance masivo como la radio y la televisión.

«El procedimiento debiera mantenerse suspendido hasta que se cumpla con generar adecuados mecanismos de información para los usuarios y usuarias potenciales usuarios del Sistema», señaló el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna.

Precisó que si bien la elaboración de unas tablas de mortalidad con datos debidamente actualizados es indispensable en todo sistema de seguros, no debe olvidarse que el Sistema Privado de Pensiones es un servicio público que forma parte de la seguridad social en nuestro país y como tal debe cumplir con ciertos parámetros de transparencia y accesibilidad informativa.

En: defensoria del pueblo peru