Día: 21 junio, 2015

El Gobierno de Alexis Tsipras estaría dispuesto a abolir las jubilaciones anticipadas a partir del próximo año, a reducir las pensiones complementarias más elevadas de algunos funcionarios y a subir el IVA.

Incluso aunque haya un acuerdo in extremis con sus acreedores y socios europeos, Grecia se verá obligada a llevar a cabo dolorosos recortes. De acuerdo con la edición dominicalde hoy (21.06.2015) del diario alemán Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, los acreedores internacionales estiman que a Atenas le faltarán a final de mes entre 2.000 y 3.600 millones de euros, debido a una caída dramática de la recaudación fiscal. El rotativo basa estas informaciones en cálculos internos de los acreedores, conforme a los cuales, la consecuencia directa serán recortes en sueldos y pensiones ya en este mes de junio.

En caso de que finalmente se alcance el acuerdo entre Atenas y los acreedores, primero, y los socios del Eurogrupo, después, la situación no se normalizará, en términos de liquidez, hasta mediados del mes de julio. Este mismo medio publica hoy también un artículo del ministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, en el que apela a la canciller alemana, Angela Merkel, a impulsar un acuerdo. Varufakis pide a Merkel no seguir a “las sirenas de su Gobierno”, algunos de cuyos miembros parecen querer, segúne el ministro, lanzar al Gobierno griego “por la borda”.

Reunión extraordinaria del Eurogrupo

“La canciller alemana estará el lunes ante una encrucijada decisiva”, dice el ministro griego, en relación con la cumbre extraordinaria de los líderes del Eurogrupo, convocada para mañana con el fin de abordar la crisis griega. Merkel tendrá que decidirse ahí si desea impulsar “un compromiso honorable”, argumenta Varufakis. “Todo depende de esta cumbre extraordinaria del lunes”, expresa el ministro. Si embargo, la propia Merkel rebajó el viernes las expectativas respecto a este encuentro, diciendo que, si para entonces no se ha alcanzado un acuerdo entre las instituciones acreedoras y Atenas, se tratará simplemente de una reunión de carácter “consultivo”.

Por su parte, en el mismo dominical, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, advierte de la gravedad que tendría para Grecia una salida de la Eurozona. “Lo que no pueden esperarse es que tras salir de la Eurozona y negarse a pagar las deudas, les sigan llegando los fondos de la UE”, comenta Schulz. Según el diario, la Comisión Europea le ha presentado a Grecia un último calendario para un compromiso sobre el programa de reformas que se apoya en los mismos puntos básicos ya conocidos. Según ese plan, Atenas tendrá que ahorrar o recaudar adicionalmente un 2,5 por ciento del PIB, lo que equivaldría a 4.500 millones de euros. Un 1 por ciento, cerca de 1.800 millones de euros, tendría que provenir de reformas estructurales en el sistema de pensiones y un aumento del IVA.
El plan de Grecia
Precisamente, Atenas prepara una propuesta ante la reunión del lunes, con el fin de lograr el acuerdo. Según informaciones de la televisión privada Mega, el nuevo plan mantendría los tres tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA), el 6,5 por ciento, el 13 por ciento y el 23 por ciento, propuestos ya por el Ejecutivo, pero esta vez Atenas estaría dispuesta a cambiar la imposición sobre algunos alimentos o los hoteles para aumentar los ingresos fiscales.
En cuanto a las pensiones, que es junto al IVA una de las cuestiones en que existen los mayores desacuerdos, el Gobierno de Alexis Tsipras estaría dispuesto a abolir las jubilaciones anticipadas a partir del próximo año, lo que ahorraría unos 200 millones de euros. Además, según Mega, la parte griega estudiaría reducir las pensiones complementarias más elevadas de algunos funcionarios. Además, el Gobierno griego estaría dispuesto a mantener el polémico impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, conocido como Enfia, que se comprometió a eliminar este año.
La nueva propuesta podría modificarse si en las próximas horas, como se prevé, Tsipras mantiene una conversación telefónica con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con el objetivo de transmitirle estas medidas. La cuestión clave para el Ejecutivo seguiría siendo que los acreedores acepten una reestructuración de la deuda.

MS (efe/FAS/dlf)

En: DW

En el Perú los sistemas de pensiones son tiranos, estos son: El público (O.N.P.) y el privado (A.F.P.). En el sistema público el retirado debe demostrar 20 años de aportes para luego empezar a percibir una cantidad mínima de dinero como pensión dado que los fondos públicos son colectivos y, por ende, se comparten. Eso si, el pago es de carácter vitalicio, pero si en este sistema de pensiones no se puede demostrar esos 20 años de aportes, entonces no recibe nada y todos los aportes se van al agua (ejemplo, cuando la O.N.P. solo contabiliza 19 años y 11 meses de aportes). Así, es toda una odisea para el trabajador retirado recolectar todos esos documentos ya que la informalidad laboral es un factor que juega en contra de los registros laborales y ni que decir del tema de la fiscalización que no funciona al 100%.

El sistema privado es mas flexible y permite realizar todos los aportes que el trabajador pueda efectuar destinado a un fondo de pensiones manejado por una A.F.P. (Administradora de Fondos de Pensiones), una copia del modelo chileno de pensiones en el que se juega gran parte de los fondos en las bolsas de valores del mundo (bajo, medio o alto riesgo). En este sistema la misma persona alimenta su fondo como puede y al retirarse percibe una pensión, sin embargo, este fondo es finito, limitado y cuando se acaba, el pensionista se queda sin pensión. Este sistema le puede convenir a personas que pudieron amasar fortunas como congresistas (quienes por cinco años de servicios, obtienen groseramente más que un pensionista que se rompió los lomos treinta y cinco años), políticos, empresarios, personas en el poder, etc. Pero no favorecen al final a las personas comunes que ganan un promedio de S/. 2,500 Nuevos Soles al mes (mas o menos 750 dólares al cambio en el mercado del dolar paralelo).

The risk of falling into poverty increases substantially with age, not only because the ability to perform a job and ensure an income falls, but also because expenses mount as health deteriorates and disabilities increase.

Pension policies don’t just alleviate poverty; they also provide security for the elderly who are in danger of falling into poverty. However, pension systems in developing countries have a limited potential, as their coverage level is low. Such is the case of El Salvador, where only 20 percent of the elderly population is covered by the pension system.

Aiming to compensate for the decline in opportunities and increased vulnerability that comes with age, the government of El Salvador implemented Our Elder´s Rights Program (Nuestros Mayores Derechos, in Spanish). One of its main components is the Universal Basic Pension or UBP, a noncontributory scheme that distributes $50 a month to each person who is 70 years old or more and resides in the poorest municipalities of the country. The government of El Salvador asked the Inter-American Development Bank (IDB) for technical support to evaluate the impact of the program. The methodology employed was instrumental variables, utilizing age as the instrument.

Pension policies don’t just alleviate poverty; they also provide security for the elderly who are in danger of falling into poverty.

Six years after its implementation, this transfer doubled the participants´ household income, from $43 to $84. However, the pension crowded-out remittances from family and friends by almost $5. Nevertheless, the net effect of the transfer ($45) has been significant enough to further reduce the probability of elderly participants being extremely poor by 13 percentage points.

The evaluation found that the most important use that elderly participants report for their pension is buying food and beverages (54 percent), followed by paying for doctor consultations, medications, vitamins, and supplements (21 percent). The ability to spend more money on food reduced food insecurity by 17 percent. As a participant of the program declared, the pension not only allowed her to add some eggs and meat to her daily diet of tortillas, beans, rice, and coffee, but also made it possible for her to take her disabled sister to her monthly health check-ups by being able to pay for a taxi.

The UBP also has an effect on decreasing senior formal labor. The program reduced by half the probability of the elderly working for remuneration. The pension allows early retirement of those who never contributed to the formal pension system. The pension also has had some impacts on other household members. Young people aged 11 to 18 years living with a UBP participants increased their probability of enrolling in school by 8 percent.

Nevertheless, no effects were found in terms of health, empowerment, or credit. The Family Health Community Teams, another component of Our Elder´s Rights Program, attend UBP participants and nonparticipants alike, making it impossible to differentiate any particular impact coming from the pension. UBP participants, nonetheless, are more likely to seek medical attention. The UBP seems to have only small effects on the empowerment of beneficiaries. Most of the participants report that the pension does not modify the dynamics within the family or the community, and it rarely increases the respect that other household or community members show to them.

In summary, the UBP shows very positive effects in helping the elderly cope with their increased vulnerability. These results, however, measure the program outreach only for participants in El Salvador’s 32 poorest areas. Whether these effects apply to the rest of the population participating in the program remains an open question. In any case, given the current level of program current coverage, there is an opportunity to achieve similar effects among the population with similarly low incomes that has not yet benefited from this program. The program, which has been implemented in stages, now reaches the 82 poorest municipalities in the country.

This story is part of Chapter 6: In Search of Attribution – Our Impact Evaluations

En: http://deo.iadb.org/