Pablo de la Flor: “Más eficaz, eficiente y transparente”
Opinión: Pablo de la Flor
Ex viceministro de Comercio Exterior
Las grandes dificultades que enfrenta el Estado para proveer servicios de calidad a sus ciudadanos y los bienes e insumos públicos que el crecimiento sostenible requiere resultan cada vez más evidentes. Muestra de ello es el incremento desbocado de la inseguridad, la escasa confiabilidad de la justicia, el caos en el transporte, por no referirnos a la creciente maraña burocrática que asfixia a los ciudadanos.
Estos déficits y magros resultados contrastan notablemente con los importantes logros que el país muestra producto del avance de los mercados y el dinamismo de la iniciativa privada. Casi como si convivieran dos universos paralelos, en apariencia inconexos, pero íntimamente ligados entre sí. Lamentablemente, lejos de cerrarse, la brecha que nos separan del Estado se viene acrecentando.
Como señala Carlos Santiso en un reciente artículo en la revista Governance, resulta urgente impulsar la reforma del Estado en consonancia con los dictados de la eficacia, eficiencia y trasparencia. Se trata de espacios de mejora con importantes vasos comunicantes que deben ser abordados de manera integral. Solo de este modo podremos construir un sector público cuya actuación agregue valor, fortalezca la gobernabilidad y promueva el crecimiento.
Esto pasa por adoptar modelos de gestión que fijen prioridades estratégicas e indicadores de desempeño claros (algo vital en la empresa privada), así como protocolos de monitoreo que permitan medir avances y rectificar las políticas públicas cuando resulte necesario. Contar con sistemas de información y acopio estadístico resulta fundamental para avanzar en ese cometido, algo que lamentablemente escasea en nuestro medio.
La eficiencia exige que el Estado provea servicios e insumos con los estándares de la calidad requeridos a costos razonables. De igual modo, demanda aliviar la gravosa carga que castiga al ciudadano en su interacción con las distintas instancias de la administración pública. Difícilmente podremos disminuir estos costos de transacción sin desmantelar la agobiante tramitología que campea en el país.
Finalmente, necesitamos un Estado que actúe transparentemente y rinda cuentas a la ciudadanía sobre su gestión y resultados. La expansión del Internet nos presenta la oportunidad de empoderar a los usuarios y fortalecer su capacidad de supervisar la administración estatal en todos sus niveles. Esta mayor transparencia tiene el potencial de impulsar la lucha contra la corrupción. Sin embargo, si no nos ocupamos de incorporar mecanismos de control público y sanción expedita, los ciudadanos pueden pasar rápidamente de la indignación a la resignación frente a la impunidad.
En resumen, resulta indispensable reformar a profundidad el Estado. No se trata de refundarlo, sino de construir sobre la base de lo ya avanzado, reconociendo que el camino por recorrer aún es largo. En el estudio sobre reformas de la administración pública editado el año pasado por el BID, el Perú aparece casi al final de la cola en lo que respecta al Índice de Calidad del Servicio Civil (solo superamos a Paraguay, Guatemala, Ecuador y Honduras entre los 17 países evaluados).
Importante no perder de vista que el crecimiento sostenido requiere de un sector público capaz acompañar y promover ese proceso, generando un entorno facilitador de la acción privada a partir de la provisión de bienes públicos básicos. En ese sentido, la persistencia de un Estado ineficaz, ineficiente y opaco se convierte en un importante obstáculo para el desarrollo actual y futuro del país. Si no enfrentamos los desafíos que la reforma profunda de la administración pública plantea, difícilmente podremos alcanzar la meta de transformarnos en un país del primer mundo.
En: gestion