Día: 13 octubre, 2014

Referencias a la 27444: Articulo 100º del D.S. 040-2014-PCM

Deje un comentario

TÍTULO I
Del régimen jurídico de los actos administrativos
(…)
CAPÍTULO II
Nulidad de los actos administrativos
(…)
Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad
11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad
12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización para el afectado.

Artículo 14.- Conservación del acto
14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

—

TÍTULO II
Del procedimiento administrativo
(…)
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
(…)
Artículo 36.- Legalidad del procedimiento

36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos.

Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos

38.2 Cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de su titular; sin embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones producidas en el mismo lo ameriten. El plazo se computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo.

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo

4. En caso de no producirse la subsanación, la Presidencia del Consejo de Ministros formulará las propuestas normativas requeridas para realizar las modificaciones que considere pertinentes y realizará las gestiones conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios involucrados.

7. Realizar las gestiones del caso conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios por el incumplimiento de las normas del presente Capítulo, para lo cual cuenta con legitimidad para accionar ante las diversas entidades de la administración pública.

Artículo 49.- Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente

Cuando la entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo publique omitiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen:

1. Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados automáticamente, los administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese procedimiento para obtener la autorización previa, para realizar su actividad profesional, social, económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir de la publicación del TUPA, sin efecto retroactivo.

2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se sigue el régimen previsto en cada caso por este Capítulo.

CAPÍTULO II
De los sujetos del procedimiento
(…)
Subcapítulo I
De los administrados
(…)

Artículo 55.- Derechos de los administrados

12. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente

Subcapítulo IV
Conflictos de competencia y abstención
(…)

Artículo 91.- Consecuencias de la no abstención

91.2 Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico dispone el inicio de las acciones de responsabilidad administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se hubiese abstenido de intervenir, conociendo la existencia de la causal.

CAPÍTULO IV
Plazos y Términos
(…)
Artículo 143.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos

143.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

143.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.

CAPÍTULO V
Ordenación del Procedimiento
(…)
Artículo 146.- Medidas cautelares

146.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir.

146.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción.

146.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.

146.4 No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los administrados.

Artículo 153.- Intangibilidad del expediente

153.4 Si un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad de reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del interesado, para tal efecto se aplicarán, en lo que le fuera aplicable, las reglas contenidas en el Artículo 140 del Código Procesal Civil.

CAPÍTULO VI
Instrucción del Procedimiento
(…)
Artículo 174.- Omisión de informe

174.1 De no recibirse el informe en el término señalado, la autoridad podrá alternativamente, según las circunstancias del caso y relación administrativa con el informante: prescindir del informe o citar al informante para que en fecha única y en una sesión, a la cual puede asistir el administrado, presente su parecer verbalmente, de la cual se elaborará acta que se adjuntará al expediente, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el funcionario culpable de la demora.

CAPÍTULO VII
Participación de los administrados
(…)
Artículo 182.- Audiencia pública

182.4 El vencimiento del plazo previsto en el Artículo 142 de esta Ley, sin que se haya llevado a cabo la audiencia pública, determina la operatividad del silencio administrativo negativo, sin perjuicio de la responsabilidad de las autoridades obligadas a su convocatoria.

CAPÍTULO VIII
Fin del Procedimiento
(…)
188.4 Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos.

—

TÍTULO IV
De los Procedimientos especiales
(…)
CAPÍTULO II
Procedimiento Sancionador
(…)
Subcapítulo I
De la Potestad Sancionadora
(…)

Artículo 233.- Prescripción

233.3 Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa.

—

TÍTULO V
De la responsabilidad de la administración pública y del personal a su servicio
(…)
CAPÍTULO II
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública
(…)

Artículo 239.- Faltas administrativas

Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.
2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.
3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.
4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.
5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.
6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.
7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.
8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones.
9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.
10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refiere el numeral 160.1 de esta Ley.

Las correspondientes sanciones deberán ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, en el caso del personal sujeto al régimen de la carrera administrativa, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el Artículo 235 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.

Leer más

Kobani and the Future of Turkish Democracy

Deje un comentario

Why the Military May Get the Upper Hand

Turkey has anticipated Syrian President Bashar al-Assad’s downfall ever since protests first broke out in Syria in 2011. It has been disappointed at every turn, though, and now it is not only Assad who is in trouble but Turkey as well. The way in which Ankara has responded to the violence across its border has upended its own political balance and re-empowered its military. It has also brought the peace process that Turkey started with the Kurdish movement to the brink of collapse.

On October 2, the Turkish parliament voted to allow Turkey to send troops across its southern borders into Syria to deal with “risks and threats against our national security along Turkey’s southern land borders.” The decision was widely interpreted as signaling that Turkey would be going to war with the Islamic State in Iraq and al-Sham (ISIS), the terrorist group that has overrun much of Iraq and Syria. Yet the preamble of the troop authorization neglects to mention ISIS and, instead, refers to the Kurdistan Workers’ Party (PKK), the militant group that has fought against the Turkish state since 1984. On October 4, Turkish President Recep Tayyip Erdogan defended the authorization by stating that “ISIS and PKK are the same” and rhetorically asking why the world is not as enraged about PKK activities as it is about ISIS. In one fell swoop then, he raised serious doubts about his government’s intentions of taking the necessary steps to accommodate the Kurds and the PKK as part of ongoing negotiations

Kurds in Turkey and Syria even believe that Ankara is still offering covert aid to ISIS in its efforts to cleanse the Kurdish population of Syria from areas adjacent to Turkey’s borders. Such accusations first arose in 2012, when Rojava — the Kurdish region in Syria — declared autonomy. In response, the Turkish government retorted that “We are not going to allow any fait accompli in Syria” and then sent support to Jabhat al-Nusra, an al Qaeda affiliate that attacked the Kurds. And now, as ISIS has laid siege to the Kurdish town of Kobani, which is held by a PKK-affiliated party, Turkey has come to face new accusations of complicity for failing to intervene. Last week, Abdullah Öcalan, the jailed leader of the PKK, warned that the fall of Kobani would end the peace process in Turkey. Cemil Bayik, the co-leader of the PKK’s civilian arm, said that if Ankara were to look the other way as Kobani fell, the war would restart in Turkey. He remarked that a “buffer zone (which Turkey plans to establish) would be targeting us. We cannot pursue [peace] with a power that crushes what has been achieved in Rojava.”

So far, at least, Erdogan and the Kurdish movement are still implicitly allied. Indirect Kurdish support has been, in many ways, crucial for Erdogan. The relative peace since the PKK agreed to a unilateral cease fire last year has benefited his regime. And it mattered that the Kurdish movement remained neutral, with a pro-government tilt, during the Gezi protests 2013. If the Kurds had also joined in, Erdogan would have faced a much more difficult challenge.

Öcalan hopes that accommodating Erdogan will pay off — that the Kurds will get what they covet, namely some form of autonomy for the Kurdish-dominated parts of Turkey and that he himself will be released from jail. Yet that logic was always flawed. After all, it makes little sense that Erdogan would be prepared to (or could somehow be induced to) devolve power to the Kurds while he is otherwise concentrating all power into his own hands. The Kurdish leaders must know that Diyarbakir, the Turkish Kurds’ unofficial capital, will not get more democracy while Ankara gets less; however, they have had no choice but to put their faith in Erdogan.

Erdogan, for his part, has a continued interest in stringing the Kurds along. But the turmoil in Syria is forcing both sides’ hands. The Kurds have had to deal with growing anger among their younger generation, who are incensed at what they see as Turkish complicity in the assault on Syrian Kurds. That pushes the Kurdish leadership into a more radical stance. Meanwhile, the growing insecurity on Turkey’s southern borders is pushing Erdogan to be more attentive to the views and recommendations of the military.

On August 30 this year, the Turkish military high command went public with its displeasure with the peace process. Necdet Özel, the Chief of the General Staff, expressed dissatisfaction at not having been consulted by the government. He reminded the country that the military’s red lines — the unity and the territorial integrity of the nation — remain unchanged. He vowed that the armed forces will “act accordingly” if those red lines were to be crossed. Özel’s thinly-veiled message to the government was that Kurdish self-rule would not be tolerated.

Before the Turkish parliament voted to allow troops to intervene in Syria and Iraq, Özel and the army and air force commanders held a briefing — the first of its kind in years — for the government. The generals requested that the government move quickly to establish buffer zones at four points in Syria — one of them including the Kurdish town of Kobani — in order to preserve Turkey’s security interests. They said that this should be done even if the United States disapproves. The details of the briefing were reported in the main pro-government daily Yeni Safak, which observed that “The presidency, the military and the government nowadays speak with one voice.”

The last time the Turkish military was in a similar position to shape the policies of a civilian government was during the 1990s, when the war between the PKK and the Turkish state escalated. It is now set to wield power once more as security threats mount. The AKP had supposedly domesticated the military by jailing hundreds of officers and by asserting the authority of the elected government in the National Security Council, which used to be dominated by army generals. But the officers were freed earlier this year after the country’s constitutional court ruled that the officers’ rights had been violated. Perhaps in trying to make lemonade out of lemons as the military grows stronger, Erdogan has come to see military support as crucial to help him root out supporters of his erstwhile ally turned enemy, the U.S.-based cleric Fethullah Gülen, within the state bureaucracy.

And, at any rate, Erdogan is a rightist, so it is not a terribly big step for him to embrace the generals’ views on the Kurdish issue. Historically, democratically elected rightist governments have been just as prone as the military to curtail freedoms and liberties. In this light, the anti-Kurdish alliance of Erdogan and the generals is but the latest affirmation of the nationalist–conservative identity at the core of the Turkish republic; civilian rightist governments and the military alike have subscribed to it.

But the effects of the Syrian turmoil could also be a catalyst for a political realignment that would put Turkey on a different, more democratic trajectory. For the Kurds, restarting hostilities is a dead end: They simply cannot defeat Turkey. The alternative for the Kurdish movement is thus to explore the possibility of an alliance with the social democratic Republican People’s Party (CHP). A de facto alliance did in fact emerge during the vote to authorize the military incursion into Syria and Iraq. Against the pro-war camp — which included the AKP and the anti-Kurdish Nationalist Action Party — stood an anti-war coalition composed of the CHP and the pro-Kurdish People’s Democratic Party (HDP).

The CHP and HDP share a common social democratic ideology, but they are also divided by nationalism. CHP has become more consistently social democratic under the leadership of Kemal Kilicdaroglu, but the party still has a vocal, Turkish nationalist wing that would not be comfortable with a broad Turkish–Kurdish social democratic coalition. Still, the strong showing of HDP co-chairman Selahattin Demirtas during the recent presidential election might change some minds. Although the pro-Kurdish party does not usually attract more than six percent of the votes nationwide, Demirtas received nearly ten percent. He did so by highlighting liberal and leftist themes that resonated with urban liberals and Turkish and Kurdish social democratic constituencies.

The HDP and CHP are in the process of exploring the possibility of some form of cooperation in the upcoming parliamentary elections slated for 2015. For that to happen, though, both parties would have to undergo significant changes and distance themselves from their respective nationalist strains That is, in all probability, a long shot, especially in the case of the CHP. But if Turkish and Kurdish social democrats were to present a united front, Turkey would get what it has lacked since the 1970s, a strong social democratic alternative to the dominant, authoritarian right.

Unfortunately, given Turkey’s history, it is more likely that growing insecurity and heightened conflict is going to further entrench authoritarianism.

By: Halil Karaveli

En: foreignaffairs

Leer más

¿Sabes cuáles son los beneficios de las EPS?

Un comentario

Las entidades prestadoras de salud (EPS) ofrecen a los trabajadores servicios de salud como alternativa frente al congestionado Essalud. Hoy hay cuatro EPS: Pacífico, Mapfre, Rímac y La Positiva Sanitas EPS.

Si eres trabajador, ten en cuenta estas pautas para afiliarse a una EPS y contar con los beneficios de dicho sistema que le permite atenderse en varias clínicas y, sobre todo, que le da la oportunidad de ahorrar dinero.

SUBVENCIÓN. Las pymes formales, al igual que las grandes empresas, aportan el 9% del sueldo del trabajador a Essalud para que pueda recibir atención médica. Si usted opta por una EPS, se destinará el 2.25% de ese 9% para la EPS elegida, y el 6.75% restante seguirá yendo a Essalud.

MÁS RÁPIDO. La elección de la EPS puede ser por iniciativa del empleador o a solicitud de mínimo el 20% de los trabajadores de la pyme.

Asimismo, el trámite para contratar el servicio se inicia al enviar una carta de invitación a la EPS.

INSCRIPCIÓN. Para que el proceso de afiliación sea breve, la empresa debe tener su registro único de contribuyente (RUC); es decir, la empresa debe estar formalizada.

APORTE. El cálculo del aporte que dará a la EPS el empleado se obtiene en función del número de trabajadores, de los dependientes y el monto de la planilla.

ESSALUD. Aportar a la EPS no significa perder la opción de atenderse en Essalud. Las EPS cubren la atención de enfermedades con un tope de dinero, que incluye también el copago (un porcentaje del gasto en medicinas, exámenes médicos, entre otros).

Pero si el trabajador sufre, por ejemplo, una enfermedad que trae muchos costos, y ya no puede asumir el gasto adicional, puede solicitar a la EPS que lo transfiera a Essalud.

OTROS. Para quienes tienen EPS, pero dejan de laborar y desean seguir con este servicio, en el mercado hay productos individuales.

Susalud indicó que quienes ya no están en planilla pueden ir a la EPS para afiliarse como un asegurado potestativo o comprar un plan de salud.

Cuando pasa de un trabajo a otro, puede mantener la cobertura de enfermedades preexistentes si el diagnóstico fue cubierto en su EPS anterior y si se afilia a la nueva EPS en el lapso de ley.

En: peru21

Leer más