SUELDOS Y CARRERA PÚBLICA

Efraín Gonzales de Olarte

Los sueldos de un estado moderno deben responder a un organigrama, a una estructura burocrática y a una carrera pública. 

Una de las paradojas del crecimiento peruano es que se ha dado con un estado que no se ha reformado en paralelo con los cambios estructurales del sector privado. Han faltado varias reformas de tercera generación, entre ellas la reforma del estado, para convertirlo en un estado del siglo XXI regulador y promotor del desarrollo humano.

La reforma del estado no sólo debe redefinir sus roles, su organización y niveles de gobierno, sino también la estructura burocrática que lo haga funcionar con eficacia  cumpliendo sus funciones políticas, económica y sociales. Pero todo esto lo hacen funcionar personas con distintos niveles y variedades de formación, que requieren de  un conjunto de  condiciones y reglas para cumplir sus tareas.

Por ello, uno de los principales ingredientes de esta reforma es establecer una CARRERA PUBLICA, es decir, un sistema que aproveche de las calidades y experiencia de las personas y al mismo tiempo les dé la posibilidad de tener una movilidad ascendente en la administración pública, basada en el principio de a mayor formación profesional, mayores responsabilidades y experiencia mayor sueldo.  Esto haría que el estado sea visto como una alternativa de progreso en la vida, tal como sucede en el sector privado.

En consecuencia, la fijación de sueldos tiene sentido dentro de la carrera pública, en la que se ha establecido un escalafón y los puestos hacen parte de un organigrama estatal, en el cual cada puesto tiene definido sus funciones, sus requisitos y su sueldo. Esto haría del estado una institución atractiva para trabajar y para progresar. Esto no está sucediendo con el estado peruano, que tiene un gran desorden.

Por ejemplo,  una forma de ordenar este tema es que el sueldo mensual del presidente sea de 10 UITs, el de los vocales, ministros, congresistas 8 UITs, el siguiente escalón 7, técnicos 6 y así hasta establecer que el sueldo mínimo para entrar en la burocracia sea una o media UIT. Es decir, es necesario una carrera pública ordenada con sueldos previsibles, que además se ajustarían al variar la UIT y no por una decisión del gobernante de turno. Esto permitiría además que los cargos políticos tengan asignados sueldos respondiendo al organigrama de los niveles de gobierno y de los otros poderes del estado.

* Publicado en D1 Suplemento de El Comercio, lunes 17 de febrero 2014

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NECESITAMOS UNA POLITICA UNIVERSITARIA

Efraín Gonzales de Olarte 

La universidad peruana requiere de una política de educación superior para el desarrollo nacional y humano, antes que una ley ordenadora. 

Es probable que el debate sobre la ley universitaria se entrampe debido al conjunto de opiniones discrepantes y a intereses diversos, tanto en las universidades públicas como en las universidades empresariales.  Frente a esta eventualidad sería mejor ir por otro camino: establecer una “política universitaria para el desarrollo nacional” (PUPDN). 

Para ello hay que comenzar por reconocer que en el Perú existen universidades de tres tipos. 1. Las universidades stricto senso, que enseñan, investigan y tienen responsabilidad social. 2. Las universidades en transición que enseñan decentemente, pero investigan poco o nada. 3. Las universidades anodinas, que enseñan por debajo de los estándares mínimos, son más bien centros de desocupación disfrazada. La PUPDN debería tener dos planos: el primero es cómo hacer para que todas las universidades tengan como meta estar en la primera categoría. Segundo, cómo hacer para que las universidades de la primera categoría lleguen a ser de nivel internacional. En el largo plazo ambas metas deberían coincidir. 

Es el Estado quien debe asumir un rol de apoyo y orientación para que las universidades alcancen estas metas. Por un lado, se requiere de un proceso de acreditación permanente, con dos instrumentos paralelos: por un lado un sistema de acreditación supervisado internacionalmente, por otro, mayor presupuesto de inversión para las universidades públicas y un sistema de crédito de largo plazo para las universidades privadas, además de un plan estratégico con metas y plazos bien establecidos. Además, es necesario establecer un fondo concursable público/privado para que las mejores universidades (públicas y privadas) financien sus planes de desarrollo y se acrediten internacionalmente. 

Es obvio, que una política de esta naturaleza si podría ser llevada a cabo por el Ministerio de Educación, como ente coordinador y promotor, quizás acompañado de un consejo consultivo en el que estén representados el Estado peruano, los sectores empresariales y la sociedad civil. La idea es que sea una política nacional con una meta clara: hacer de las universidades instrumentos del desarrollo. 

El elemento fundamental para este propósito es un gobierno con una visión clara sobre el papel de la universidad peruana en el desarrollo. La ley en debate, está lejos de esta posibilidad.

*Publicado en el Suplemento D1 de “El Comercio” lunes 20 de enero 2014

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SISTEMA EDUCATIVO Y DESARROLLO

Efraín Gonzales de Olarte

El Perú tiene un sistema educativo desarticulado, que no permite pasar a una nueva etapa de crecimiento, basada en el factor humano.

El modelo primario-exportador actual ha dado al Perú una senda de crecimiento estable, que depende mucho de la cantidad y calidad de los recursos naturales y del crecimiento de otros países que nos compran nuestros comodities. Esta es una historia con final conocido: una fuerte crisis externa nos hará retroceder buena parte de lo avanzado. Este es un modelo que no depende de  nuestras propias fuerzas y que es independiente de su sistema educativo.

La mayor parte de países desarrollados han avanzado porque sus sistemas educativos han sido la base de su progreso, es decir han suministrado dos factores indispensables: profesionales bien calificados y conocimiento científico y tecnológico aplicados a la producción. Para llegar a ello, se requiere que el sistema educativo: (primaria-secundaria-técnica-universitaria) esté articulado y tenga estándares de calidad más o menos homogéneos.

En el Perú, nuestros alumnos de primaria no pasan masivamente las pruebas PISA, los de secundaria apenas pasan un examen de ingreso a la universidad y nuestros egresados universitarios tienen calidades muy dispares, tanto así que los egresados de la mayor parte de universidades no pasan estándares internacionales. Con esta educación es difícil pasar a una etapa de crecimiento cuyo factor dinámico sean las personas calificadas y no los recursos naturales.

Por ello, es necesario reconocer que: 1. Tenemos un sistema educativo desarticulado y segmentado. 2. Que no hay política educativa más allá de mejorar la calidad de lo existente. 3. Que no se le da a la universidad el rol de ser la locomotora del sistema educativo, la nueva ley universitaria está lejos de plantear algo así. Es sobre estos tres temas que hay que trabajar una propuesta de un sistema educativo para el desarrollo.

Si al finalizar la secundaria los estudiantes pasaran una prueba nacional de conocimientos y aptitudes, y a los 5mil mejores el Estado les otorgara la Beca 18, con  derecho a escoger en qué universidad estudiar. Esto obligaría a mejorar la calidad de los colegios públicos y privados, pues la competencia sería por quienes hacen pasar la prueba  a más alumnos y las universidades competirían por quien ofrece la mejor formación para atraer alumnos. Este sería un sistema educativo articulado.

Publicado en el Suplemento D1 El Comercio 23 diciembre 2013

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EL CORTO Y LARGO PLAZO EN LA POLÍTICA

Efraín Gonzales de Olarte

El largo plazo político es el próximo gobierno, el corto plazo es lo que diga la próxima encuesta de popularidad del gobierno. Con estos plazos el estado democrático no podrá promover desarrollo.

Las decisiones que toma un gobierno en materia de gasto corriente son fundamentales para mantener, incrementar o disminuir el nivel de actividad económica en el corto plazo, en cambio las decisiones tomadas para invertir tienen que ver con el crecimiento de largo plazo. En ambos casos, la calidad del gasto público es crucial.

En general las decisiones de gasto de corto plazo tienen que ver con el suministro de servicios públicos: educación, salud, seguridad, o con programas de lucha contra la pobreza. La calidad y la amplitud de estos generan reacciones de parte de la población, que se traducen en las encuestas de popularidad del gobierno. Por ejemplo, la reciente caída de la popularidad del gobierno de Ollanta Humala se debe a que la inseguridad ha empeorado y el programa “k’ali huarma” tiene problemas. La respuesta serán probablemente gastar más y mejor para resolver estos problemas, pero los problemas de fondo no se resolverán, porque estos tienen que ver con la estructura económica y social.

Las políticas sociales se originan en la pobreza y desigualdad existentes, mientras que la inseguridad se origina en un ambiente de desigualdad de oportunidades, un estado mal organizado para afrontar y una crisis moral que atraviesa toda la sociedad. Estos son problemas de largo plazo, para los cuales el estado debe invertir, por ejemplo en mejorar la calidad de la educación, incrementar el empleo “decente”, reformar y reorganizar todo el sistema de seguridad del estado. Una mejor educación es un resultado que se obtiene en el largo plazo, cuando probablemente el gobierno no esté, en consecuencia una decisión como esta no ha de aumentar su popularidad. La Beca 18 va en esta dirección y es una política de largo plazo, que sus resultados no verá este gobierno, pese a lo importante de esta decisión no le da réditos al gobierno en su popularidad.

En el largo plazo, mejora de la calidad de la educación, mayor empleo y mejor estado, ciertamente reducirá la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Pero los réditos en popularidad del gobierno y la percepción de la población sobre la situación actual no están para esperar cinco años. El corto placismo político atenta contra el largo plazo del desarrollo ¿cómo romper esta trampa del desarrollo?

Lima, noviembre 2013

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EXPORTANDO SERVICIOS CULTURALES

Efraín Gonzales de Olarte

Para países que llegaron tarde a la industrialización o no llegaron, como el Perú, y que se quedaron en la exportación de materias primas, de pronto hay una oportunidad en la exportación de servicios culturales.

El crecimiento económico del Perú se debe en buena parte a sus ventajas comparativas naturales, es decir aquellas en las cuales somos competitivos por tener rentas diferenciales debido a la calidad de los minerales por ejemplo. No hemos logrado crear ventajas comparativas basadas en la especialización y en altas productividades en otros sectores, mucho menos, ventajas competitivas basadas en la innovación tecnológica y empresarial, sobre todo en la industria.

El asunto es que nunca pudimos tener una política industrial como los países del sud este asiático, que los llevó no sólo al crecimiento sino al desarrollo. Pese a este contexto adverso a intentar hacer cualquier otra cosa que exportar minerales, se está generando en el Perú una corriente exportadora de servicios.

El ejemplo más claro es el de la exportación de los servicios gastronómicos, con Gastón Acurio a la cabeza, cuya mejor potencialidad es la de integrar a toda una cadena de productores de bienes y servicios en la oferta gastronómica. Mistura es un buen ejemplo de este “modelo de desarrollo” basado en la integración de productores de materias primas (agricultores, pescadores, etc.), los que las transforman (los chefs), la comercializan (los restaurantes), que finalmente se termina exportando, tanto a través de los visitantes que vienen al Perú atraídos por su gastronomía, como a través del establecimiento de restaurantes peruanos en el exterior,  los cuales usan nuestras materias primas (exportación tradicional) y emplean a nuestros chefs (exportación de capital humano). Todo debido a la biodiversidad y a la tradición culinaria peruana puesta en valor.

Pero lo que está por desarrollarse es la exportación  de servicios culturales, sobre la base de nuestra inmensa riqueza cultural (música, danza, arqueología, teatro, cine, televisión), que tanto como la gastronomía requiere de un Gastón para liderarla. Solo hay que seguir el ejemplo de los coreanos que hoy también exportan su cultura a través de telenovelas, grupos de rock,  aun cuando  tienen menos diversidad cultural que la nuestra. Sin embargo, para promover la exportación de cultura necesitamos una política estatal, como lo hacen otros países sin ser tildados de populistas.

*Publicado en el suplemento D1 de El Comercio, 30 de setiembre del 2013

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LA DESCENTRALIZACIÓN PASMADA

Efraín Gonzales de Olarte

La única reforma estatal prometedora de cambios en la estructura del Estado ha entrado en un proceso de estancamiento. Además, pareciera que la descentralización está comenzando a retroceder.

El Perú tiene tres niveles de gobierno, cada uno de ellos con funciones y presupuestos asignados. En este momento todas las competencias de los gobiernos regionales han sido transferidas de acuerdo a lo previsto. Han pasado diez años del reinicio de la descentralización y, sin embargo, hay la sensación que los resultados no son los que se esperaban  y que hoy no estamos mejor que antes, en términos del suministro de servicios públicos y de calidad de la gobernanza..

Sin embargo, desde el punto de vista de la construcción de un estado democrático, la descentralización está generando un cambio importante en la representación y participación política de los ciudadanos. Estamos aprendiendo a gobernarnos, a manejar presupuestos de manera participativa, a fiscalizar a los gobernantes, a reclamar derechos, con todos los defectos de un proceso de aprendizaje y, por cierto, con todos los riesgos, como la descentralización de la corrupción.

Obviamente, ir gobernando y gestionando e ir aprendiendo simultáneamente con la práctica, no ofrece buenos resultados, de hecho la cantidad de municipalidades y  gobiernos regionales que no pueden ejecutar sus presupuestos es una muestra de ello. Por esto, pareciera que la descentralización se ha pasmado La razón es que hay déficit de capacidades de gestión que difícilmente permiten que los gobiernos locales y regionales puedan alcanzar sus metas anuales y menos las metas óptimas. De esto,  se aprovecha el gobierno central para manejar recursos que deberían estar bajo la administración de los gobiernos subnacionales. Este es un indicador de retroceso.

Frente a esta situación es necesario relanzar la descentralización, dado que es un proceso imprescindible para transformar la estructura del estado y de la política en el Perú. En el futuro debería “empoderar” a los gobiernos locales y regionales como promotores del desarrollo. Para ello se requiere: un nuevo liderazgo político muy claro, descentralizar las capacidades administrativas y técnicas del gobierno central y plantear una “hoja de ruta” para la descentralización de aquí al 2021. Sin embargo, la condición sine quanon es que el MEF deje de ser el contralor y se convierta en el promotor de la descentralización.

* Publicado en el suplemento D1  de El Comercio, lunes 2 de setiembre 2013

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LA LEY Y LAS UNIVERSIDADES

Efraín Gonzales de Olarte

El problema de la universidad peruana no es de falta de supervisión, su problema es de falta de visión de su importancia y su  rol en el desarrollo. Esto no se resuelve con una nueva ley sino con una política universitaria.

De aprobarse la ley universitaria con las características del proyecto en discusión, nada, absolutamente nada, garantiza que la situación futura de las universidades vaya a mejorar. Todo lo contrario, si se aprueba la elección universal de autoridades y su no reelección, el resultado sería catastrófico. Por un lado, se desatará  un populismo pernicioso, parecido o peor al de la política nacional. Serán elegidas autoridades que prometan todo, así no tengan capacidades y credenciales académicas y de gestión. Si a esto se agrega la no reelección de autoridades, cada periodo de gobierno se convertirá en un reparto del botín. La razón de fondo de estas dos situaciones es que las planas docentes de la mayor parte de universidades son de baja calidad académica. Esto llevaría en el futuro, que la mediocridad se institucionalice, gracias a la norma que se quiere aprobar.

Si se creara una superintendencia de universidades, se debería cerrar un  considerable número de universidades, por las razones anteriores. Pero lo más probable que esto no suceda, primero porque la elección de los miembros de la superintendencia provenientes del ejecutivo tendría los mismos defectos que la elección de los miembros del TC, es decir estaría politizada. Segundo, porque se abrirían grandes posibilidades de fomentar la corrupción, en la medida que la superintendencia dará permiso para nuevas universidades, carreras, maestrías, etc.

Es obvio, que una ley no resuelve el problema central de la universidad peruana que es su calidad. La calidad, en cualquier parte del mundo, depende de tres factores: una plana de profesores en su mayoría doctores de universidades serias, recursos financieros suficientes para pagarles sueldos adecuados, una infraestructura adecuada y recursos para la investigación. Para esto, el gobierno debería promover una política de desarrollo universitario que pasa por proponer metas de calidad e incrementar drásticamente el presupuesto de las universidades públicas, sobre cuya base estas deberían fijar los estándares académicos para las universidades privadas, que tendrían que invertir para estar a la altura de las públicas.

*Publicado en el Suplemento D1 de El Comercio el 5 de agosto del 2013

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EL BANCO MUNDIAL Y LA TEOLOGIA DE LA LIBERACIÓN

Efraín Gonzales de Olarte

El Presidente del Banco Mundial Dr. Jim Yong Kim en su presentación en la PUCP, señaló que la “Opción preferencial por los pobres” del Teólogo Gustavo Gutiérrez inspira y orientará las acciones del Banco. 

El Banco Mundial (BM) ha sido y es un actor importante en el desarrollo desde hace más de cincuenta años. Sus préstamos para proyectos de reducción de la pobreza y las desigualdades han orientado, en casi todos los países en desarrollo, las acciones de los gobiernos. Pero también ha sido un duro conductor de los llamados “ajustes estructurales” del siglo pasado, que contribuyeron a ordenar las economías de los países en base a drásticas reformas económicas e institucionales, con resultados mixtos, pues por un lado ordenaron y estabilizaron las economías, pero por el otro generaron más pobreza y desigualdad, por lo menos en los primeros años.

Por ello, fue sorprendente escuchar al Presidente del BM citar “la opción preferencial por los pobres”,  eje de la Teología de la Liberación del padre Gutiérrez,  como la idea que debe inspirar a todos los programas y políticas de reducción de la pobreza del Banco. Es probable que este cambio se haya originado al constatar que sus acciones anteriores no dieron los resultados esperados. Creemos que hubo tres elementos que no funcionaron bien: medir la pobreza sólo de manera monetaria, considerar a los pobres como receptores pasivos de cualquier ayuda y partir de la pregunta: ¿qué podemos hacer por los pobres?

Al parecer, estos tres elementos fueron evaluados por el enorme “Think Tank” que tiene el BM, con el asesoramiento de economistas como A. Sen o K. Basu, y cambiaron su diagnóstico y recetas: primero la pobreza es multidimensional y tiene aspectos cuantitativos y cualitativos a tomar en cuenta en las políticas de desarrollo, segundo, los pobres tienen voz y dignidad que hay que  incorporar en el pensamiento y la acción y,  se cambió de pregunta por: ¿qué pueden hacer los pobres por ellos mismos?

Es obvio, que bajo estas nuevas premisas la “opción preferencial por los pobres” adquiere un carácter instrumental, que sin duda será mucho más efectiva en la reducción de la pobreza y más promotora del desarrollo humano. Felicitaciones al Presidente del BM.

*Publicado en el Suplemento D1, de El Comercio, del 8 de julio del 2013

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CRECIMIENTO DIVERGENTE ENTRE LIMA Y EL RESTO DEL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte

Lima y Callao producen más del 50% del PBI, esta concentración económica es la principal causante de la divergencia en el crecimiento entre la capital y el resto del Perú. Las  desigualdades  regionales  son un problema para el desarrollo.  

Cuando desagregamos geográficamente la economía peruana encontramos algunas características ocultas tras las cifras macroeconómicas: 1. Lima y Callao (el centro) producen más del 50% del PBI. 2. Existe una diferencia de más del doble entre el producto per cápita entre el centro y el resto del Perú (la periferia). 3. En cada fase de auge del ciclo económico el centro crece más rápido que la periferia, es decir, se acentúa la divergencia y desigualdad y, en los períodos de recesión, ocurre lo contrario.

Concentración económica en el centro, desigualdad productiva y distributiva entre regiones y crecimiento divergente son los atributos de una economía que tiene dificultades para generar oportunidades iguales para todas las regiones. Pero no sólo eso, estas mismas características las podemos encontrar en cada región, donde también hay divergencia entre el crecimiento de cada ciudad y de su entorno rural. Por ello, no hay algo más engañoso que evaluar el desarrollo a partir del producto nacional agregado.

Una de las principales causas de esta situación es el tamaño económico de Lima- Callao, que constituye además un tercio de la población nacional y más del cincuenta por ciento de la demanda nacional. Es decir, es un centro muy fuerte. La concentración de la oferta y la demanda lleva a que en Lima se establezcan empresas grandes que aprovechan de las economías de escala y de las externalidades existentes, sobre todo en los mercados de trabajo. Esto hace que la productividad de Lima sea mucho más alta que del resto de regiones, con lo cual inhibe la inversión de industrias competitivas en otras ciudades, generándose un círculo vicioso que alimenta la concentración económica en Lima y la divergencia.

Pareciera un problema sin solución, pero no es así. En la medida que las principales ciudades superen el millón y medio de habitantes, los atributos de Lima aparecerán en otras regiones y se harán atractivas a la inversión, siempre que su oferta esté destinada a satisfacer la demanda regional. Entonces comenzaría a reducirse la divergencia.

Publicado en el Suplemento Dia 1 de El Comercio, el 10 de junio 2013

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DESIGUALDAD ESTRUCTURAL SIN SOLUCIÓN

Efraín Gonzales de Olarte

La desigual distribución de los ingresas en el Perú  se origina en una rigidez estructural que impide que la concentración del ingreso, en las ganancias y rentas,  promueva inversiones capaces de generar empleos decentes con mayores ingresos personales.

Recientemente Latinvex ha publicado que el PBI por persona del Perú ha alcanzado 11,403 dólares ajustado por el poder de compra a nivel internacional. Tomemos esta cifra como base para evaluar el ingreso personal disponible (IPD)  y la forma como se distribuye. En el Perú el IPD representa el 75% del PBI. Según esto cada peruano debería recibir un ingreso de 8,600 dólares al año, es decir unos 1,860 soles al mes en promedio al tipo de cambio actual. Según los datos del INEI el ingreso promedio mensual de los trabajadores es de 1,370 soles. La pregunta obvia es quién o quiénes están ganando los 494 soles restantes soles que faltan para llegar al promedio.

El tema central es que la mayor parte de los trabajadores peruanos tienen un ingreso por debajo de 1,860 y una minoría tiene por encima o muy por encima, de ahí la desigualdad personal y familiar de ingresos, que es un problema que no logra resolver el actual modelo económico peruano, pese al crecimiento.

El otro tema es que los ingresos salariales promedio han crecido a una menor tasa que el PBI, lo cual hace que la distribución funcional se concentra en las ganancias y las rentas (70% del ingreso), mientras que los ingresos de los trabajadores alcanzan sólo el 30%.

La desigualdad de ingresos personales es obviamente un problema social que, creo,  sólo se puede resolver en el largo plazo, con mejoras educativas que sirvan para conseguir mejores trabajos, con remuneraciones mayores.

La desigualdad funcional es un problema macroeconómico en la medida que la demanda de los trabajadores es relativamente pequeña para promover mayores inversiones en la producción de bienes salariales, lo que empeora en la medida que es preferible importar estos bienes, dada la sobrevaluación del tipo de cambio. Esto no ayuda a generar más empleos “decentes”, yendo en contra de la reducción de la desigualdad del ingreso personal.

Así, la desigualdad distributiva no parece tener solución en el actual modelo económico y en las políticas públicas que lo promueven.

Publicado en el Suplemento D1 de El Comercio, 13 de mayo 2013

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