¿ZAFARRANCHO TRANSFORMADOR?

¿Es posible hacer cambios en un país atomizado? 

Efraín Gonzales de Olarte

Con el gobierno de Pedro Castillo el sistema democrático del Perú ha roto un record: es el quinto gobierno sucesivo elegido democráticamente que, pese a todos los problemas del último período gubernamental, se resolvieron dentro del marco constitucional. Es realmente notable que, pese a la precariedad política y a la debilidad institucional, los peruanos hayamos elegido un nuevo gobierno, aunque sea por un margen mínimo, con la pataleta de la contendora que pierde por tercera y de la furia de la llamada derecha bruta y achorada.

Sin embargo, se trata de un gobierno con características muy peculiares: 1. El partido que lo ha llevado al poder es de izquierda provinciana tradicional de inspiración marxista leninista (una opción ya anticuada en pleno siglo XXI), aunque en la segunda vuelta presentó el Programa del Bicentenario con la ayuda del economista Pedro Francke, lo que le ayudó a bajar los decibeles de extrema izquierda. 2. Este partido casi no aparecía en las preferencias electorales a inicios del año 2021, es decir su intención de voto era de 0.5% (IEP enero 2021). 3. Tuvo que competir con otros 17 partidos, lo que constituía una ventaja para quien pudiera lograr un apoyo mayor al 10% del electorado. 4. El dueño del partido, el médico Vladimir Cerrón, estaba condenado por el poder judicial por corrupción cuando fue Gobernador de la Región Junín, lo que le impedía postular para la presidencia e invitó al profesor Pedro Castillo, quien era dirigente de un gremio de profesores contrario al SUTEP, para asumir la candidatura a la presidencia. 5. Como era maestro y cajamarquino asumió el lápiz como símbolo y utilizó el sombrero campesino durante toda su campaña, lo que permitió su fácil reconocimiento. 6. Hizo el esfuerzo de visitar los pueblos más pobres y alejados promoviendo su candidatura, lo que no hicieron sus contrincantes. 7. En cada lugar donde estuvo, hizo promesas populistas de llegar al poder, incluyendo insólitas cifras, por ejemplo: aumentar el presupuesto de educación hasta un 10% del PBI y otro tanto para salud, ignorando que todo el presupuesto estatal alcanza el 20%, lo que demostraba su desconocimiento de datos esenciales para un gobierno, pero también la ignorancia del electorado al respecto.

La atomización de partidos y movimientos en la primera vuelta de las elecciones indicaba una tremenda debilitada institucionalidad política e ideológica, que auguraba no sólo un resultado electoral incierto sino también un próximo gobierno frágil. Por un lado, parte de los partidos participantes eran “vientres de alquiler” es decir, partidos que tenían una inscripción que les permitía participar en las elecciones, pero que se la cedieron o vendieron a personas o grupos: Solidaridad Nacional de Luis Castañeda se convirtió en Renovación Popular, Avanza País fundado por Ulises Humala fue capturado por Hernando de Soto, Restauración Nacional del Pastor Lay se convirtió en Victoria Nacional de George Forsyth. Fue un verdadero mercado de “partidos” aptos para participar en las elecciones que, en realidad, eran cascarones traspasados al mejor postor. Por otro lado, los partidos y los cascarones de derecha no fueron capaces de presentar una candidatura unificada, por la simple razón que tenían como origen el mercado electoral en el cual competían. El ir a un monopolio no estaba dentro de su ideología mercantil. De haberlo hecho, probablemente hubieran ganado con amplitud, empero de esta posibilidad se dieron cuenta faltando una o dos semanas para las elecciones y no hicieron nada. Tampoco la izquierda se unió, pero por otras razones, pues hace mucho que “izquierda unida” es un oxímoron, tanto así que finalmente había 4 partidos de “izquierda” en lisa. En esta polarización si hubiera habido algún partido o frente de partidos de centro probablemente habrían tenido una alta votación, en la medida que al electorado peruano tiene aversión a los extremos.  Sin embargo, se debilitaron progresivamente hasta no ser atractivos. La atomización fue la mejor prueba de la profunda crisis de la política peruana y, en este panorama, era muy difícil vaticinar quien podría ganar las elecciones en la primera vuelta.

La historia conocida es que al final de la primera vuelta quedaron dos candidatos para el “ballotage”, para muchos los peores –Keiko Fujimori y Pedro Castillo-, que obtuvieron entre ambos el 20% de los votos válidos, el otro 80% votó por los otros 16 candidatos. Un problema no siempre señalado es que esta dispersión retrata también la dispersión y desconcierto de la población electoral, es decir la crisis de los partidos políticos ha generado una crisis de entendimiento de la política de la población.

Después del 6 de abril y con miras a la segunda vuelta asistimos a un vergonzoso proceso de demolición del candidato Pedro Castillo, que se originó en las primeras encuestas de intención de voto para la segunda vuelta, que le daban amplía ventaja -de más de 20 puntos- sobre su rival Keiko Fujimori. La derecha y el fujimorismo no esperaban tal resultado, pensaban que, del 80 % que votó por otros partidos, una mayor parte se inclinaría por Fujimori y comenzó a cundir al pánico, y comenzó la campaña de demolición en la cual mostraron su verdadera entraña, una mezcla de racismo, anticomunismo, centralismo y menosprecio en contra del candidato Castillo. Se armó una campaña basada en una serie de mentiras y, sobre todo, en “fake news”, cuyo objetivo era asustar a la población haciendo creer que si no votaban por el fujimorismo el Perú se convertiría en Venezuela, Cuba o Bolivia, con un comunismo que se apropiaría de sus casas, cuentas bancarias, sus tierras y que tomarían el gobierno por décadas y restringiría todas las libertades, incluyendo la libertad de opinión.

En esta campaña participaron de manera activa los grandes empresarios, sobre todo aquellos que tenían investigaciones por la fiscalía por corrupción, el grupo El Comercio, varios políticos de derecha, algunos gremios empresariales y para sorpresa de muchos Mario Vargas Llosa que había sido un acérrimo anti-fujimorista desde que perdió con Alberto Fujimori en 1990 y había apoyado a todos los candidatos contrincantes de Keiko Fujimori. Parecía el ataque de los panzers nazis contra una infantería mal equipada representada por el candidato de una izquierda bastante improvisada, ideológicamente rudimentaria y, sobre todo, provinciana. La mesa comenzó a inclinarse en términos de propaganda y ataques a favor de la derecha, sin embargo, pasaban las semanas y el candidato Castillo seguía adelante en las encuestas, para la desesperación de la derecha, básicamente limeña. La ventaja, cada vez menor, siguió hasta días antes de las elecciones y las últimas encuestas daban ganador a Castillo por 1 o 2%.

Finalmente, el 6 de junio a las 7pm se dio el resultado a “boca de urna” según el cual ganaba Keiko Fujimori por un estrecho margen, pero a las 11pm IPSOS dio el resultado de “conteo rápido” y era favorable a Castillo por 0.5%. Este sería el resultado final, pues esta encuestadora ha acertado en todas las anteriores elecciones con un error estadístico muy pequeño. La derecha entró en trompo, sobre todo porque a los dos o tres siguientes días el Jurado Nacional de Elecciones fue confirmando el resultado de conteo rápido. Por otro lado, la delegación de la OEA y otros observadores internacionales afirmaron sin duda alguna que las elecciones habían sido limpias y ordenadas. Es decir, confirmaban los resultados del JNE.

Las siguientes semanas de junio hasta el 21 de julio los peruanos asistimos a un espectáculo deplorable y antidemocrático. La perdedora y la extrema derecha, la denominada DBA, inventaron un “fraude” y trataron por todos los medios de convencer al público de algo que realmente era una mentira, la idea del fraude era quitarle 200mil votos a Castillo que había ganado por 40mil y revertir el resultado de las elecciones. Inventaron actas con firmas falsas, actas con 100% a favor de Castillo, llenado de actas de manera fraudulenta, nada de esto fue probado, no hubo ningún miembro de mesa electoral que dijera que su firma había sido falsificada. El propio Vargas Llosa y su hijo Alvaro convalidaron la idea del fraude y para asombro de muchos, Lourdes Flores ex candidata a la presidencia del PPC se convirtió en la abogada de esta farsa. Querían que el JNE anulara las elecciones. Lo cierto es que las elecciones fueron muy limpias y fueron reconocidas por la Delegación de la OEA, por los gobiernos de Estados Unidos, y varios países de Europa, pero sobre todo fueron reconocidas por la mayor parte de la población electoral, tal como lo señalaron varias encuestas posteriores a la elección.

Cuando no pudieron probar el fraude, ya en el colmo de la desesperación, pidieron al Presidente Francisco Sagasti que solicitara una auditoria de las elecciones a la OEA. Su respuesta fue que él tenía el deber de mantenerse neutral y que la única autoridad electoral era el JNE, además, no se dieron cuenta que estaban deslegitimando a la comisión enviada por la OEA. Ya en el colmo de la intransigencia, una comisión viajó a Washington y se presentó en las oficinas de la OEA, pero no fueron recibidos. Hicieron el papelón de su vida.

Finalmente, el JNE proclamó a Pedro Castillo como presidente faltando una semana para la asunción de la presidencia. A Keiko Fujimori no le quedó otra actitud que aceptar el resultado, pero lo consideró ilegítimo, es decir, una vez más mostró su esencia de mala perdedora, pues en la anterior elección que también perdió se convirtió en la conductora de una oposición cerril al presidente Kuzcinsky y promotora de la debacle institucional del anterior gobierno. Su actuación durante las elecciones y su desesperación al perder, se puede explicar porque se encuentra investigada por la Fiscalía por corrupción y con grandes posibilidades de ser condenada a carcelería. Como presidenta hubiera tenido cinco años sin poder ser enjuiciada. En realidad, todos los que se asociaron con ella, tenían diferentes problemas judiciales presentes y futuros, que de haber entrado ella probablemente hubieran intervenido en el poder judicial, como lo hizo su padre. Obviamente, hubo quienes apoyaron a Keiko por temor a lo que podría venir con el gobierno de Castillo, claro que el temor lo crearon ellos mismos. Por otro lado, la extrema derecha con tendencias fascistas, simplemente están en contra del resto del espectro político, siguiendo ciertas tendencias internacionales.

Después de esta campaña electoral tan poco democrática, inequitativa y degradante, estamos frente a un país que espera una gobernabilidad mínima, que sin embargo no será fácil porque el panorama político ha cambiado en varios temas de fondo y porque el gobierno tendrá que seguir haciendo frente a la pandemia del COVID19, a la recuperación económica y al restablecimiento de la confianza de la ciudadanía. Trataremos de analizar este panorama y esta coyuntura, tratando de entender los temas estructurales que estarían cambiando, así como los temas coyunturales, de la manera más objetiva posible.

En primer lugar, lo significativo: el electorado al votar a favor de un candidato “débil” que propone cambios de fondo, aún en contra de una poderosa ofensiva mediática y campaña del miedo, ha votado por el cambio. No hay duda que el Perú requiere de varios cambios, económicos, políticos e institucionales para seguir creciendo económicamente, pero de manera inclusiva, reduciendo las desigualdades y con mayor participación democrática. Este ha sido el sentido del voto, el tema es ¿cómo lograrlo?

En segundo lugar, lo imprevisto. Es significativo que por primera vez gana un partido provinciano, un candidato de origen rural, con un discurso izquierdista en una coyuntura crítica: pandemia + crisis económica y con una derecha absolutamente en contra. Cómo se explica este resultado a primera vista insólito. ¿Se trata de un triunfo debido absolutamente al azar o más bien un resultado esperable dada la coyuntura electoral descrita?

Veamos, por un lado, el partido Perú Libre al participar en estas elecciones aspiraba modestamente a dos metas: colocar algunos representantes en el Congreso y, de ser posible, mantener la inscripción como partido político habilitado. En consecuencia, la conformación de las listas para el parlamento fue hecha en función de quienes podrían financiar una campaña electoral y en muchos casos se puso a voluntarios de relleno para completar las listas por departamentos, pues muy pocos pensarían alcanzar ser elegidos. Por otro lado, como la meta era más bien parlamentaria, su plan de gobierno era una especie de manifiesto comunista huancaíno, escrito con el propósito de captar adeptos radicales y de retomar viejas ideas de la izquierda de los años ochenta del siglo pasado, en consecuencia, no se les pasó por la cabeza la posibilidad de gobernar el país, pues para ello se requería otro tipo de plan. Como consecuencia ni pensaron en que requerirían 20 ministros, 40 viceministros, 20 secretarios, asesores, directores, algo así como unos quinientos cuadros preparados para gobernar, porque además no los tenían dado los orígenes sociales de sus partidarios y, sobre todo, dadas sus metas iniciales.

La gran atomización política, la equivocada campaña de la derecha y el hartazgo provinciano están en el origen de este resultado.

En tercer lugar: la improvisación. Desde el día siguiente al conteo rápido de IPSOS, que les daba como ganadores, obviamente se les presentó el problema de no tener un plan para gobernar y no tener los cuadros necesarios. El primer tema lo resolvieron de manera rápida, sobre la base del plan de gobierno de Juntos por el Perú, partido izquierdista que participó en la primera vuelta y que decidió hacer alianza con Pedro Castillo, así se presentó el “Plan del Bicentenario” para los primeros 180 días de gobierno. Lo que ha sido más difícil, o casi imposible de resolver es el tener cuadros preparados para gobernar, con experiencia, con una hoja de vida aceptable.

La improvisación era un hecho esperable, sobre todo porque ni Cerrón ni Castillo pensaron que llegarían al gobierno, pero es aquí donde entró a tallar el voluntarismo y oportunismo de un partido y su propietario a quienes se les presentó la oportunidad de ensayar su propuesta máxima: caminar al comunismo, o por lo menos de intentarlo, aunque también se podría decir que se les presentó la oportunidad de medrar del estado, para lo cual requieren de mantenerse en el gobierno a cualquier precio. Para ello deberían enfrentar la asunción al poder tomando en cuenta que no tienen mayoría en el Congreso y que tienen una oposición muy grande, de sobre todo la derecha perdedora. La cuestión era ¿cómo actuar frente a la coyuntura?

Para entender las posibles decisiones a tomar para mantenerse en el gobierno, utilicemos la teoría de juegos. Hay dos tipos de juegos: los cooperativos y los juegos de suma cero. Los juegos cooperativos prevén que dos contendores obtienen resultados mejores si cooperan, los juegos “suma cero” dicen que lo que gana uno lo pierde el otro y los de suma negativa todos pierden. Entonces bajo estas posibilidades ¿cuál es la estrategia de Perú Libre y la izquierda para mantenerse en el poder tomando en cuenta una oposición radical y poco amigable?

La opción no cooperativa, es decir, no tomar en cuenta al contrincante. Aquí entran los temas ideológicos y las cartas bajo de la mesa. Perú Libre (PL) y Cerrón ven en esta ocasión la posibilidad de enquistarse en el poder por largo tiempo al estilo chavista o de Evo Morales en Bolivia, para ello hay que aprovechar de las reglas del juego y de la poca información que hay sobre las verdaderas capacidades de PL, que a menudo se sobrevaluan, sobre todo basadas en la idea que el presidente de la república es un rey y que puede hacer lo que quiera, lo que no es cierto y no es posible dentro del régimen constitucional que tenemos. La idea es aprovechar de la información limitada que tiene la población sobre las reglas y las verdaderas capacidades del gobierno para lograr su objetivo, que es cerrar el Congreso y prevalecer en el poder por largo tiempo.

Este es un juego suma cero, que en general no tiene un buen final, porque el perdedor no se va a rendir y las posibilidades de violencia e ingobernabilidad pueden ser altas. Según esta opción, que es la de Vladimir Cerrón, no hay forma de cooperar, pues la derecha ya ha gobernado y no ha resuelto los problemas de desigualdad, exclusión, pobreza durante los últimos 30 años, además todos los gobiernos han sido corruptos. Esta estrategia en realidad es el fruto de la debilidad intrínseca que tiene Perú libre y la izquierda que lo acompaña, y la única manera de salir airosos es ir al choque, al todo o nada. Por esta razón se ha nombrado un gabinete de ministros muy cuestionables que rápidamente han logrado el rechazo de la oposición y de buena parte de la opinión pública. La anticuada izquierda representada por Vladimir Cerrón asume que cuando se exacerban las contradicciones la solución es del más audaz, aunque en la práctica no tenga el suficiente poder organizativo y partidario para afrontar la compleja tarea de gobernar.

La opción del juego cooperativo, sólo se podría dar en dos escenarios. 1. Si el Presidente Castillo evalúa sus verdaderas fuerzas y capacidades para gobernar sin ser vacado y asume una posición de negociación. Es aquí donde su cooperación con la oposición se verá confrontada con la situación interna de PL y por la no cooperación que rige el pensamiento de Cerrón, es decir tendría que “zanjar” con su propio partido y alejarse del pensamiento y prácticas cerronistas. Un tema crítico en este impase será la recomposición de su gabinete, dada la pobreza técnica y los cuestionamientos morales que tienen varios ministros. Este será el fiel de la balanza para proponer un juego cooperativo, que favorecería la gobernabilidad del país. Esta es una opción que también dependerá de la capacidad de la oposición para negociar y cooperar. 2. Si en primera instancia, es decir en las próximas semanas, se sigue imponiendo la opción del choque, las posibilidades de cooperación sólo aparecerán si en algún momento, las debilidades del gobierno se comiencen a ver de manera concreta, por ejemplo: mostrando un populismo exacerbado, obteniendo malos resultados en la gestión de tal o cual ministerio o, peor aún, en el momento en que se detecte que están comenzando a aparecer actos de corrupción. En el momento en que el equipo ministerial se vea sobrepasado por las tareas a realizar y no tenga el éxito que requieren, en ese momento la negociación con la oposición y la incorporación de cuadros independientes e, incluso, de cuadros de la derecha será una necesidad de sobrevivencia del gobierno del profesor Castillo. La pregunta es ¿cuánto puede durar este gabinete? y ¿cuánto puede tardar una vacancia presidencial?

No hay que descartar el escenario intermedio: de confrontación permanente entre ejecutivo y legislativo durante largo tiempo, basada en la debilidad del ejecutivo y en los intereses microeconómicos de los congresistas, para quienes vacar al presidente equivaldría a cerrar el Congreso y perder sus salarios por cinco años. Bajo esta espada de Damocles es muy poco probable que el Congreso junte la mayoría necesaria para vacar al presidente. Este escenario sería una continuación de la inestabilidad política que tuvo el Perú en los últimos tres años.

Un tema no menor es si el gobierno de Pedro Castillo acepta dejar al Ministerio de Economía, al BCRP y a la SBS manejar la cuestión económica, de tal manera que se establezca un divorcio entre economía y política. Esto es lo que hizo de alguna manera Evo Morales en Bolivia.

Lo que me parece importante es que: si se logra algún nivel de cooperación con concesiones del gobierno y de la oposición, este gobierno y su presidente podrían terminar su mandato, logrando varios cambios importantes, que incluso la oposición aceptaría, no sólo porque son necesarios, sino también porque su esperanza de vida depende del éxito de este gobierno.

Cualquier intento de vacancia o de cierre del Congreso será un juego negativo y generará conmoción social y una situación de inestabilidad de la cual los grandes perdedores serán los más débiles y pobres, es decir los que votaron por Pedro Castillo. Este escenario no parece posible en el corto plazo.

Lima, 12.08.2021

HACIA UN MODELO DE DESARROLLO INTEGRADOR, DESCENTRALIZADO Y EXPORTADOR (DIDE)

¿Es posible pasar de la recuperación macroeconómica a la recuperación microeconómica?

Efraín Gonzales de Olarte

El Ministro de Economía Waldo Mendoza ha señalado que la recuperación macroeconómica del Perú está siendo más rápida que la esperada, lo que quiere decir que el 2021 la tasa de crecimiento estará en 10%. Lo que no nos ha dicho es cómo se recuperarán los ingresos y el empleo de los trabajadores peruanos, es decir, cuánto de esta recuperación ha de ser inclusiva y capaz de reducir la pobreza y desigualdad estructural, empeorada por la pandemia del COVID19.

En general el problema del análisis macro-económico es que siendo agregado obvia las diferencias sectoriales y las desigualdades sociales. En consecuencia, un crecimiento global oculta tasas de crecimiento de sectores con muy diferenciadas productividades, por lo cual algunos sectores recuperarán su empleo e ingresos anteriores a la pandemia y otros no. La pregunta es: ¿por qué algunos sectores se recuperan más rápido que otros y cuáles son esos sectores y cuáles no?

Entre los primeros están los sectores exportadores cuya demanda internacional está creciendo en la post pandemia, los sectores de demanda permanente como la agricultura para la demanda urbana, los servicios básicos como electricidad, telecomunicaciones, la manufactura y parte del comercio. En cambio, la mayor parte de los servicios se tardarán en recuperar debido a las restricciones impuestas por la pandemia y la agricultura campesina seguirá relegada.

El problema es que toda la recuperación se hará sobre la base de la estructura productiva previa a la pandemia, basada en el modelo primario-exportador y de servicios existente entonces. Esto significa que la economía peruana se recuperará y quizás, comience a crecer nuevamente con las mismas características y problemas, es decir, generando desigualdades, sub empleo e informalidad.

Sin embargo, esta es una oportunidad propicia para corregir el modelo neoliberal y para completarlo, pues tal como está es incompleto en el sentido que no tiene sectores capaces de generar más empleo decente, de elevar las productividades de aquellos sectores atrasados y, sobre todo de generar mejores sueldos y salarios. Por ello, es preciso hacer básicamente dos cambios: 1. Incorporar nuevos sectores dinámicos a los ya existentes, tales como: sectores transformadores de las materias primas y recursos naturales explotados, sectores de servicios capaces de exportar (turismo, gastronomía, cine y música), es decir, sectores que añadan valor y generen empleo decente. 2. Integrar los distintos sectores en cadenas de valor para aprovechar de economías de escala y economías de asociación.

Para lograr estos objetivos se requieren de políticas sectoriales o de políticas industriales como las llevadas a cabo en los países del sud este asiático, con tanto éxito. Pero como los sectores productivos están localizados en distintos lugares del Perú, estás políticas deben ser promovidas por el gobierno central y llevadas a cabo por los gobiernos regionales, donde se encuentran los sectores.

En consecuencia, la idea es generar un nuevo modelo de desarrollo que lo denominaré: DIDE, es decir Desarrollo Integrador Descentralizado y Exportador. La integración sectorial y socio-económica es una condición necesaria para que este modelo funcione, pero tiene que ser descentralizado y desconcentrado en las distintas regiones, teniendo en mente que una parte de la producción sectorial-regional tiene que tener como destino la exportación internacional e interregional, esto significa que la producción para la exportación en cada región debe tener altas productividades para hacer de las regiones competitivas. El DIDE es capaz de resolver los problemas de desigualdad, sub-empleo (pobreza) y reducción de la informalidad, siempre que tenga un amplio apoyo político.

Lima, 20 de julio 2021

CÓMO HACER GOBERNABLE UN PAIS POLARIZADO

Efraín Gonzales de Olarte

La pandemia del COVID19 desnudó varios problemas que estaban ocultos por la idea general que el neoliberalismo había tenido éxito en el Perú, al mostrar una macroeconomía estable, un largo ciclo de crecimiento debido al super-ciclo de los precios de los minerales que exporta y una modera reducción de la pobreza. A los dos meses de la pandemia, comenzamos a tomar consciencia que el estado no tenía las capacidades para afrontar un reto tan grande, luego se confirmó la gran desigualdad socio-económica que afectó a los más pobres, pero también nos dimos cuenta que tener más del 70% de empleados informales es una gran desventaja para poder luchar contra los efectos del desempleo y del acceso a las ayudas sociales.

En realidad, la pandemia nos hizo dar cuenta que el modelo neoliberal –economía de mercado más Estado chicho- fallaba frente a un gran schock exógeno. Quienes más sufrieron fueron los pobres, los excluidos del sistema estatal y las regiones más atrasadas y rurales. Esta dura realidad se tradujo en la votación de la segunda vuelta electoral, siendo el dato más sorprendente, como un candidato bastante improvisado, con un programa marxista trasnochado y con una intensa campaña en contra de su candidatura por las fuerzas de la derecha, haya logrado obtener la mitad de los votos. Esto de por sí muestra que hay un Perú olvidado y escindido que quiere un cambio, cualquiera que él sea.

No obstante, el resultado más importante es la polarización social y política generada por estas elecciones. Que es un desafío para el próximo gobierno.

Quien quiera que sea el próximo gobernante deberá tomar decisiones de distinta urgencia y con diferentes objetivos. La decisión más urgente es continuar con la vacunación y mantener la atención en el sistema de salud, por si se dé una tercera ola. Luego deberá tener un plan de reactivación económica con un sesgo pro-empleo antes que pro crecimiento del PBI, esta será una gran diferencia con la política neoliberal que se centra en el PBI. Para tal fin se requerirá de una política de inversión, en la cual la inversión púbica se debería asociar con la privada para lograr la meta anterior. Sin embargo, la inversión debería hacerse en el marco de una política de desarrollo sectorial-regional, es decir se requiere reorientar el modelo de crecimiento, muy centrado en la exportación primaria, a uno que incorpore a otros sectores que generan más empleo, mayor valor agregado y que tienen mayores multiplicadores, como: la agricultura, la agro-exportación, la industria de preferencia exportadora (dentro y fuera del país) y los servicios en los cuales el Perú y sus regiones tienen ventajas comparativas absolutas.

La idea central es definir políticas económicas que comiencen a redefinir los sectores que le den dinamismo a la economía peruana, pero al mismo tiempo que vayan rectificando el patrón o modelo de desarrollo peruano, a uno que tenga tres patas: industria+agroindustria – minería – servicios, en lo posible integrados y con capacidad de exportar y espacialmente desconcentrado.

Esta propuesta permite incorporar varios de los puntos propuestos por Perú Libre cuyo efecto sería fundamentalmente el incremento del empleo en los sectores y regiones con menor productividad y mayor pobreza, pero al mismo tiempo, incorpora las propuestas de Fuerza Popular de mantener los sectores que generan divisas y rentas para financiar al Estado peruano. Si todo esto sucede es muy probable que la base tributaria aumente, en consecuencia, crezcan los ingresos fiscales, no sólo para lograr una más efectiva redistribución del ingreso y de la riqueza, sino también para lograr una desconcentración de las inversiones hacia las regiones. Así tendríamos un Estado más grande y más eficiente en sus tres niveles de gobierno, pero se requerirá de una efectiva estrategia para reducir la corrupción la evasión y la elusión tributaria. Necesitamos otra moral pública y estatal.

Pero para lograr estos objetivos se requiere de acuerdos políticos tanto entre los partidos políticos, los empresarios, el estado y la sociedad civil. Acuerdos sobre los ejes esenciales de la “nueva política de desarrollo” y un “Estado más inclusivo”.

Quizás la parte más débil de la salida de la crisis actual es: “la composición del próximo gobierno” en términos políticos y técnicos, dada la polarización. Se requerirá un presidente del Consejo de Ministros capaz de establecer los puentes entre las partes enfrentadas actualmente, es decir se requiere de un buen operador político. En segundo lugar, se requiere un ministro de salud con el suficiente liderazgo profesional e institucional para continuar con el proceso de lucha contra el COVID19 y, en tercer lugar, se requerirá un ministro de economía que no sea un cajero defensor a ultranza del equilibrio fiscal, sino uno que desde el MEF tenga una mirada de largo plazo, capaz de hacer los cambios necesarios al modelo de desarrollo actual.

Es fundamental entender que, en esta coyuntura, cualquier enfrentamiento en las definiciones políticas tendrá resultados fatales para el Perú, pero sobre todo para los más pobres y excluidos. Es tiempo que el 80% que no votó por los dos finalistas entiendan que el país que es posible construir requerirá de nuestra compresión y de un espíritu democrático que respete la voluntad de “todos” los peruanos.

A puertas del Bicentenario nos toca la gran responsabilidad histórica de desterrar la herencia colonial de ser un país segmentado y asumir el desafío de hacer del Perú un país con oportunidades iguales para todos.

Junio 2021

BRUNO SEMINARIO DE MARZI

In memoriam

A veces la muerte escoge mal o viene muy temprano. Luis Bruno Seminario de Marzi tenía una mirada inquisitiva, pero no sólo cuando hablabas con él, sino una mirada de largo plazo para ver los problemas económicos, sociales y geográficos, más allá de lo que uno normalmente puede ver. Esto lo hacía un economista singular, con un brillo intelectual poco común, y siempre con agendas de investigación inesperadas y fundamentales. Estaba en el mejor momento de su reflexión e investigación sobre temas que muy pocos se atreven a confrontar: estaba conciliando el tiempo con el espacio, es decir estaba trabajando sobre la historia del Perú en su geografía, es decir en los lugares donde se desarrollaron los fenómenos económicos y sociales, con el propósito de tener una visión completa sobre ellos. Por ello, me parece injusta y dura su temprana partida.

Con Bruno fuimos amigos por más de treinta años, su familia piurana estaba emparentada con la familia de mi esposa, por ello tuve una relación especial con él. Recuerdo que inicialmente, él se interesaba por los problemas macroeconómicos, aunque creo que nunca los abandonó, pero progresivamente se fue inclinando por la historia económica, aunque desde una visión macroeconómica. La culminación de este cambio se plasmó en su tesis doctoral: “El desarrollo de la economía peruana en la era moderna: Precios, población, demanda y producción desde 1700” que sustentó en el 2013 en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que yo tuve el privilegio de ser su asesor. Obviamente, aprendí mucho más de lo que él investigó, que él de mis comentarios.

Una de las características de esta gran contribución a la historia económica del Perú fue la metodología que le permitió llegar a construir series macroeconómicas de largo plazo, por más de 300 años, hecho insólito si uno toma en cuenta que la información está dispersa y casi siempre incompleta. Uno de los caminos para llegar a esta agregación macroeconómica fue que trabajó con los datos de las intendencias coloniales, que luego, con el advenimiento de la república, se convertirían en departamentos, para al final integrarlas en una estadística con continuidad temporal y dar la sensación de que ha existido una economía nacional, cuando en realidad el Perú ha sido y es aún un país fragmentado regionalmente, unificado por las estadísticas.

Ahí es que se comenzó a interesarse por las regiones, es decir por la economía en el espacio, con el propósito de tener series regionales de largo plazo, cuyo mensaje era que el Perú era o es un país de economías regionales difícilmente integradas geográficamente. Para ello desarrolló métodos de clio-econometría y de econometría espacial, lo que es un legado adicional invalorable.

El desenvolvimiento de la economía en sus espacios geográficos y el problema de la vejez y la jubilación, eran su agenda de trabajo en el momento en que lo encontró la muerte.

Nos deja un invalorable legado de una visión sobre los avatares económicos del Perú y sus regiones, pero, sobre todo nos deja un ejemplo de cómo hacer de la economía una disciplina útil para pensar tu país, para tratar de cambiarlo y, sobre todo, para amarlo.

Querido Bruno, descansa en paz.

Efraín Gonzales de Olarte

29.05.2021

MODELO ECONÓMICO, DESIGUALDADES, DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD EN EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte[1]

Las desigualdades sociales y económicas han sido una constante en el Perú, por lo menos desde la época colonial. Pese a habernos acostumbrado a convivir con ellas casi de manera natural, por alguna razón éstas se exacerban en momentos de crisis. La múltiple crisis acarreada por la pandemia no sólo ha confirmado la situación de pobreza y desigualdad, sino que las ha proyectado al escenario político. Su mejor expresión es la intención de voto -en las elecciones presidenciales del 2021- por un profesor provinciano de escuela primaria que, como candidato a la presidencia, sostiene su campaña sobre la base de la plataforma: “en un país rico no debe haber pobres” sustentada en las grandes desigualdades socio-económicas que tiene el Perú.

Las desigualdades son inherentes a los modelos económicos basados en la economía de mercado. Su reducción a niveles socialmente aceptables depende del poder del mercado y de la capacidad del estado para disminuir las desigualdades, ya sea a través de los impuestos o del gasto público. Por ello, es fundamental entender qué economía de mercado se tiene y qué capacidad tiene el estado para corregir las “fallas del mercado”, entre ellas la desigualdad.

Por ello es importante responder a las preguntas: ¿qué origina la desigualdad? ¿qué capacidad tienen los modelos económicos para corregir las desigualdades extremas? y ¿cuál es el papel del estado para promover igualdad de oportunidades para todos los habitantes?  En sociedades democráticas basadas en economías de mercado es importante reducir los “conflictos distributivos”, para aspirar a un desarrollo pacífico e inclusivo.

Los determinantes de la desigualdad son múltiples, no sólo económicos. Las tecnologías, los niveles educativos, el tamaño y papel asignado al estado, las organizaciones que representan intereses, entre otros. Es pues un problema de origen multidimensional.

En el Perú, tenemos grandes disparidades tecnológicas. Mientras que las minas modernas utilizan tecnologías altamente intensivas en capital, los campesinos de la sierra o de la selva cuentan con apenas unas herramientas y animales como capital y sus actividades son altamente intensivas en mano de obra. El resultado es una gran disparidad de productividades y consiguientemente de ingresos.

Los niveles educativos muestran una gran desigualdad entre ciudad y campo, entre la sierra y la selva, en relación a la costa. Además, la calidad es bastante crítica, en la medida que en las pruebas PISA seguimos a la cola de los países en desarrollo. Además, sólo un 16% de la población tiene estudios superiores. Todo ello se refleja en una desigualdad de ingresos determinada por la educación.

El Estado peruano es uno de los más pequeños en América Latina, medido por la presión tributaria que apenas alcanza un 15% y un gasto total que llega a sólo 20% del producto bruto interno. Además, su capacidad de gestión es bastante mala. Es decir, tenemos un Estado chico e ineficiente. Obviamente, con estas condiciones es bastante difícil reducir las desigualdades, no sólo porque no alcanzan los ingresos fiscales para dar educación y salud de manera adecuada, pero también porque el gasto es poco eficiente.

Por otro lado, las instituciones que podrían manejar el conflicto distributivo o son muy débiles como los sindicatos, o son muy indolentes como los gremios empresariales. No existe una cultura de negociación de intereses, lo que existe es una cultura de confrontación de intereses, que en un país con bajos ingresos engendra tensiones y conflictos sociales, entre los que tienen mucho y los que tienen poco.

Bajo estas características, no debe sorprender que una gran cantidad de peruanos manifiestan apoyar una candidatura que promete reducir las desigualdades y darle un mayor papel al estado.

Este tema hay que tomarlo en serio, más allá de las elecciones. La democracia no puede avanzar si las desigualdades y la pobreza que emana de ellas no se reducen. Para ello se requiere obviamente de un estado de mayor tamaño y, sobre todo, más eficiente y mejor descentralizado, pero también se requiere de un modelo económico que reduzca las desigualdades aún sin la intervención del estado.

La única manera de lograrlo es modificando el modelo económico actual, incorporando mecanismos para generar más inversión y empleo en sectores donde está la mayor parte de la fuerza laboral y que tiene bajas productividades. La vía es una combinación creativa de políticas sectoriales con políticas sociales. El apoyo a un mayor desarrollo de la agricultura abastecedora de los mercados urbanos, de la agro-exportación, de la industria y servicios para la exportación, acompañada de políticas sociales –educación, salud e infraestructura básica- que complemente las políticas sectoriales, con trabajadores mejor educados y calificados. Este tipo de políticas fueron las que promovieron el crecimiento con redistribución en el Japón y el Sudeste asiático.

El próximo gobierno, cualquiera que sea, debería estar consciente de estas desigualdades y emprender un cambio en el modelo económico, manteniendo la estabilidad macroeconómica, pero incorporando las políticas sectoriales coordinadas con las políticas sociales como ingrediente fundamental, es decir fortaleciendo el papel del Estado. De lo contrario el Perú va camino a conflictos sociales mayores, que se deben evitar, si creemos en la gobernabilidad democrática como parte de nuestro pacto social.

Fines de mayo 2021

[1] Profesor de Economía en la PUCP.

PACTO POLÍTICO, CONSTITUCIÓN, DESARROLLO Y GOBERNABILIDAD: PERÚ FRENTE A LAS ELECCIONES DE ABRIL 2021

Efraín Gonzales de Olarte

En la actual coyuntura política se ha puesto en cuestión la actual Constitución. Algunos la quieren reformar y otros cambiar. Lo cierto es que la constitución vigente, aprobada por el régimen fujimorista en 1993 después del “auto-golpe de estado”, dio el marco al funcionamiento de la economía basada en la empresa privada y a un rol subsidiario del estado, acorde con la corriente ideología neo-liberal de los años 90 del siglo pasado.

El así llamado modelo neo-liberal, generó un crecimiento inédito hasta más o menos el 2014, redujo la pobreza, pero no la desigualdad, sin embargo, no hubiera obtenido estos resultados si la coyuntura económica y financiera internacional no hubiera sido tan favorable. Por otro lado, la reducción del estado no permitió que los recursos fiscales fueran suficientes para compensar las desigualdades y deficiencias generadas por el modelo económico.

El Perú es uno de los países con menor presión tributaria de América Latina, hoy entre 13 y 14% del PBI, y con un gasto público que llega al 20% del PBI. A todas luces insuficientes para reducir las desigualdades, la pobreza, mejorar la educación, la salud e incrementar la inversión pública, además de la limitada capacidad de gestión del Estado, como se ha demostrado durante la pandemia del COVID 19.

Está claro para una gran parte de la población, que el modelo económico neoliberal más un estado chico e ineficiente son culpables de las desigualdades vigentes, de la informalidad, de las carencias en salud, del alto subempleo, de los déficits en infraestructura etc. Que algo debería cambiar con el próximo gobierno.

En virtud de esta realidad, para varios sectores políticos, el medio para resolver los problemas generados por el modelo neoliberal y la pequeñez e incapacidad del estado, es cambiar o reformar la Constitución fujimorista.

La diferencia entre reformar y cambiar la constitución es equivalente a reformar el pacto social existente o crear uno nuevo. Hay que recordar que la constitución es el resultado de un pacto social, a través de la deliberación de las fuerzas políticas representativas de la población, que se plasma en un conjunto de normas esenciales para el funcionamiento de la sociedad, la política y la economía, dentro de un sistema democrático.

Los inclinados a la reforma de la constitución son aquellos partidos y movimientos políticos que parten de la idea que el modelo neoliberal puede perfeccionarse si se hacen los ajustes. Su inspiración se basa en la experiencia de otros países y en la doctrina constitucional que propone “enmiendas” periódicas, en la medida que los problemas socio-económicos van cambiando con el tiempo.

Los que proponen una nueva constitución argumentan por su reemplazo, postura que es promovida por sectores de izquierda que creen que una nueva constitución podría cambiar el modelo económico y el tamaño y el rol del estado. De alguna manera, proponen la refundación del orden jurídico y económico. En esta corriente hay mucho de voluntarismo y, hasta cierto punto, de demagogia. Proponer un drástico cambio de la constitución requeriría de una muy amplia mayoría para que la nueva constitución tenga la legitimidad y pueda realmente funcionar. Situación que en el Perú no existe, dada la atomización no sólo de la política sino de la sociedad.

En los momentos actuales, en el que se juntan varias crisis: sanitaria, económica, política e institucional, la mayoría de los peruanos están esperando que el próximo gobierno comience a resolver los problemas más acuciantes: oxígeno, agua, bonos, alimentación y empleo. Una nueva constitución no resolvería estos problemas en lo inmediato. Su cambio tomaría por lo menos dos años, mientras tanto hay que actuar con lo que se tiene y desde donde estamos.

Bajo estas circunstancias, lo urgente y sensato es que las fuerzas de la derecha, centro e izquierda se pongan de acuerdo sobre los ajustes que requiere la constitución para llevar a un modelo económico con equidad y sostenibilidad y a un estado igualador de desigualdades. Para ello se requiere de un “pacto de desarrollo y gobernabilidad democrática” que deberían suscribir todos los partidos y movimientos participantes al término de la primera vuelta de las elecciones. Creo que este es uno de los pocos caminos para salvarnos de un colapso social al que nos dirigimos.

De esta manera, el próximo gobierno tendría posibilidades de manejar la salida de la profunda crisis en que estamos. En este momento, ninguna propuesta particular de los partidos que compiten en las elecciones es suficiente. Se requiere de un verdadero “acuerdo político”, sobre algunos puntos esenciales: manejo de la crisis sanitaria, reactivación económica, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y reducción de las desigualdades. Es sobre estos puntos que se podría establecer una agenda del cambio/reforma de la Constitución, que el propio Congreso futuro podría trabajar. En consecuencia, estaríamos forjando un nuevo pacto social sin polarización ni fragmentación, de lo contrario el Perú será ingobernable.

Lima, marzo 2021.

[1]

VACUNAS, ESTADO, ÉTICA Y COMPORTAMIENTOS

Efraín Gonzales de Olarte

Los peruanos estamos consternados por el comportamiento de un grupo de personas que -teniendo poder político, poder administrativo, información privilegiada o “vara”- han utilizado vacunas aún no certificadas por la DIGESA, para inmunizarse, antes que comience el proceso oficial de vacunación.

La pregunta que quisiera plantear es: ¿por qué lo hicieron?, o de manera más general ¿por qué nos comportamos de cierta manera, en determinadas circunstancias? Tratando de responder a estas preguntas quizá es posible entender lo difícil que nos ha sido construir una sociedad civilizada durante los 200 años que tratamos de ser una república peruana moderna.

Siempre es importante entender primero el contexto en el que nos desenvolvemos. En primer lugar, estamos dentro de una pandemia mortífera de nivel mundial, con una primera ola fatal, una segunda más recia y quizás una tercera o más. En segundo lugar, una crítica situación económica que ha reducido el empleo y azota a los más pobres. Luego, una crisis política que debilita progresivamente al precario Estado que tenemos y, encima, un proceso electoral con dieciocho candidatos, con poca o ninguna credibilidad, todo un record de dispersión política. Nos movemos en este ambiente de atomización social y política, de debilidad de las instituciones y de incertidumbre general, es decir no podemos prever lo que pueda suceder mañana o pasado.

En este contexto nos comportamos en función de nuestros instintos, nuestros principios éticos, las instituciones y las normas legales existentes.

El instinto básico es el de sobrevivencia, el del miedo a la muerte y a la enfermedad, que nos lleva a un comportamiento primario. Este instinto lo tienen igualmente los pobres y los ricos, los débiles y los poderosos. Nuestra primera actitud es: ¿cómo me salvo?, primero yo y luego mi familia o algún amigo íntimo.

Sin embargo, tenemos códigos de comportamiento social que provienen de la ética, es decir, de algunos principios como: la confianza, la verdad, el altruismo, la solidaridad, la caridad, que son propios de los humanos. Principios forjados en el proceso de la convivencia social a partir de nuestra parte racional e inteligente, como personas. La naturaleza humana oscila entre el egoísmo y el altruismo, influidos por los comportamientos primarios y por las reglas éticas y por las normas legales.

Las costumbres, en nuestro caso los códigos de comportamiento social, son la fuente del Derecho. Es decir, nos organizamos como sociedad formalizando y legislando sobre la base de nuestras costumbres y proyectando nuestra cultura hacia una convivencia basada en los principios éticos señalados. Esto nos lleva a tener un estado que nos organiza como país y a un gobierno que maneja el estado. El estado nos permite reducir muchas incertidumbres y poder comportarnos aminorando los temores primarios. Es importante entender que el estado -más allá de su organización, sus reglas, sus procedimientos- lo llevamos en la mente, es decir, asumimos que nos proveerá de su seguridad, justicia, identidad y en los estados modernos: salud, educación y servicios básicos, y si no lo hace tenemos un estado débil, en el que confiamos poco. Pero para ello, también debemos tener la obligación de pagar impuestos y cumplir las normas.

Nosotros tomamos decisiones basados en nuestros instintos primarios, nuestra moral cotidiana, las normas establecidas y en la capacidad y calidad del estado que tenemos. Por ello, si bien el instinto es igual de una alemán, un peruano o un nigeriano, su comportamiento, según observamos suele ser distinto. En Alemania nadie se muere de hambre y el que no tiene empleo tiene un seguro de desempleo, es decir las necesidades básicas están aseguradas, por otro lado, la ética protestante es parte de la cultura alemana, decir la verdad es un imperativo moral, pagar los impuestos es una obligación social, pero también recibir bienes y servicios del estado es un derecho que se verifica diariamente, es decir, el estado de derecho y de bienestar funcionan como un reloj. Por ello, sería muy difícil que en Alemania Angela Merkel se vacunara a ocultas y sin decirle a la población que lo está haciendo, pues lo hará como parte de la vacunación de toda la población, sin distinciones.

Nuestro caso es, desafortunadamente muy distinto. Por un lado, la pandemia nos ha mostrado que un país con muchos pobres y con grandes desigualdades sociales el instinto de sobrevivencia está a flor de piel sobre todo de los sectores vulnerables. Frente a la pandemia, nuestro estado se ha mostrado enormemente débil en la gestión: las dificultades de repartir bonos, alimentos, la falta de oxígeno, y, sobre todo, su incapacidad de hacer cumplir las normas.

Las dificultades para conseguir vacunas a nivel internacional, en buena parte por la falta de información y la falta de precaución hicieron que la adquisición de vacunas fuera y seguirá siendo una tarea que no garantiza que todos los peruanos sean vacunados. Si a esto incorporamos la cultura peruana que privilegia el interés propio, sobre todo por razones de sobrevivencia, y la escasa confianza en el Estado peruano – el estado como pacto social no ha entrado en nuestro disco duro-, en consecuencia, no tenemos ninguna seguridad de lo que podamos recibir de él. El resultado es nuestro código de comportamiento social que se expresa en las frases cotidianas: “sálvese quien pueda”, “Pepe el Vivo”, “sólo los cojudos hacen cola”, “el que no corre vuela”, “no seas lorna”. Además, la justicia para penalizar a los infractores funciona tarde o nunca. La falta de efectividad de las reglas, que no han servido para bajar la curva de contagios. Que cada vez hay más enfermos y muertos, que el miedo va en aumento, esto promueve el “sálvese quien pueda”. Lo que lleva a una pugna entre las reglas establecidas por el gobierno durante la pandemia y los comportamientos que no las cumplen. Total, un estado tan débil tampoco me va a aplicar la justicia.

Si todo esto se da en el contexto descrito, no hay que sorprenderse que los involucrados en el “vacuna-gate” se hayan comportado como lo han hecho. No justifico su comportamiento, pero habría que preguntarse si cualquiera de nosotros no habría hecho lo mismo en su lugar. Es probable que los principios morales hayan caído frente a los temores primarios.

Obviamente, los gobernantes y los que tienen posiciones de responsabilidad, deberían observar un código moral más estricto. No es lo mismo el presidente o un ministro que cualquier hijo de vecino o algún Pepe el Vivo. El poder que tienen debería ser utilizado para el bien común y no para el bien propio o de sus allegados.

Aquí es donde aparecen las razones de fondo de dichos comportamientos, que tienen que ver con la poca credibilidad que tiene el Estado que tenemos y que no hemos logrado integrarlo en nuestras mentes, como un pacto social, que supeditaría el egoísmo al altruismo, y que por ejemplo nos asegurara una salud pública y una jubilación decente. No creemos en el Estado que tenemos y, más bien lo asediamos, pues no es nuestro, es del que se lo apropia. El resultado: no confiamos en que todos recibiremos la vacuna.

Luego vienen: nuestra cultura, nuestra ética y nuestros comportamientos, que oscilan entre los instintos primarios (yo como funcionario de salud de primera línea tengo alta probabilidad de infectarme con la COVID19 y de morir, entonces me vacuno) y las normas formales que te dicen que tu turno vendrá de acuerdo al plan de vacunaciones, pero tú no le crees, pues no crees en nuestro estado y tienes un amigo o conocido en el ministerio que te puede ayudar a conseguir la vacuna.

El otro componente de nuestra situación, que es una herencia colonial, es que si tienes algo de poder en el estado lo vas a utilizar en tu provecho. Esta es la historia de la corrupción tan bien documentada por Alfonso Quiroz. La corrupción es parte de nuestros códigos de comportamiento social, que son sólo contrarrestados si se tiene fuertes convicciones cívicas, una moral religiosa o política que piense en el otro y en el bien común.

La triste celebración de nuestro segundo centenario de la independencia es que no hemos logrado construir un estado de todos y para todos, una república con la cual nos identifiquemos colectivamente y no nos comportemos primariamente, con la desconfianza como norma de relacionamiento social y con la incapacidad cumplir las normas legales que tenemos.

Quizás la mejor manera de conmemorar el bicentenario sea promover la reconstrucción del estado, el desarrollo económico basado en un balance adecuado del bienestar individual y del bien común y, sobre todo, promover una ética social capaz de convertirse en ideología del desarrollo humano.

Febrero, 2021

THE CONSTITUTION, DEVELOPMENT AND DEMOCRACY IN PERU

Efraín Gonzales de Olarte 

At the current political crisis, the Peruvian Constitution has been put in question. Some want to reform it and others want to change it. The truth is that the current constitution, approved by the Fujimori regime in 1993 after the “auto-coup d’Etat”, gave the framework to the operation of the economy based on private enterprise and a subsidiary role of the State, in accordance with the current ideology neo-liberal of the 90s of the last century.

The so-called “neo-liberal model”, one hand, generated unprecedented growth until more or less 2015, reduced poverty, but not inequality. However, it would not have obtained these results if the international economic and financial evolution had not been so favorable. As soon as world economic growth began to decline, the Peruvian economy, dependent on prices and international demand for raw materials and agricultural products, began to decline and to worsen inequalities and the increase in poverty levels. On the other hand, the reduction of the state by the neo-liberal reforms did not allow fiscal resources to be sufficient to compensate for the inequalities generated by the economic model. It is very important to understand that neoliberalism generates growth with inequality, only correctable if, for example, the tax burden is greater than 20% of GDP, in the Peruvian case.

Consequently, it was assumed that the inability of the model to favor all Peruvians more or less evenly. In addition, the income and well-being of social groups belonging to 10% rich of the population grew at rates clearly higher than 50% poor. This enequality, it was an unquestionable reality. In addition, it is obvious that the neoliberal model and the Peruvian State do not have the ability to reverse the effects of the international economic and financial cycle.

Due to these factors, it has been deduced that part of the problem is the current Constitution that has reduced the capacity and quality of the state – as we have verified during the COVID19 pandemic – consequently, it is necessary to change or reform it. The truth is that the Fujimori Constitution has been functional while the international economic situation was favorable, now that the time of the lean cows is coming, it seems that it is no longer so.

It is important to take into account that: the difference between reforming and changing the constitution is equivalent to reforming the existing social pact or creating a new one. It must be remember that the constitution is, in the first place, the result of a social pact, through the deliberation of the political forces representing the electoral population, which shape the agreements in the form of a set of essential norms for the functioning of society, politics and the economy, within a democratic system.

The supporters of the reform of the constitution are those parties and political movements that start from the idea that the neoliberal model can be improved if the necessary adjustments are made. Its inspiration is based on the experience of other countries and on the constitutional doctrine that proposes periodic “amendments”, as the socio-economic and political problems change over time.

Those who propose a new constitution argue for its replacement, a position promoted by sectors of the left who believe that a new constitution could help change the economic model and the size and role of the state. In some way, they propose the re-foundation of the legal and economic order. In this vision there is a lot of voluntarism and, to some extent, demagoguery. Proposing a drastic change to the constitution would require a very large majority for the new constitution to have legitimacy and to really work. Situation that does not exist in Peru, given the atomization not only of politics but of society as well.

Those who think that the change of constitution is to return to the statist model, to the Chavismo that has failed, are also not correct, it is an ideological opposition from those who support neoliberalism. Given the structural changes that have occurred in Peru in the last thirty years, there are some structures that it is not easy or desirable to change, for example: having a macro-economic policy that maintains low inflation, low fiscal deficits and a strong currency. On the other hand, the entrepreneurial culture is an important asset for development, the opening of the economy and globalization is part of the daily perspective of people.

Today, Peruvian society and economy operate based on these parameters, consequently, I presume that those who want to change the Constitution would have to take these factors into account. Some innovative proposals should be made starting from the current situation, for example, reduce social and regional inequalities, reorient the role of the state. Consequently, the change of the constitution is, in practice, a reform in a much more social direction and of more equitable growth.

At this point in the 21st century, there is nothing else but to propose a more productive and, above all, a much more equitable economic system. To achieve this, the best thing would be for the forces of the right, the center and the left to agree on the adjustments in the constitution that would lead to development with equity and sustainability. For this purpose it is needed a “Social Pact for Development and Democracy” prior to a Constitutional Reform in order to generate legitimacy, social cohesion and promote human development in the long term.

VACUNAS, ESTADO, ÉTICA Y COMPORTAMIENTOS

Efraín Gonzales de Olarte

Los peruanos estamos consternados por el comportamiento de un grupo de personas que -teniendo poder político, poder administrativo, información privilegiada o “vara”- han utilizado vacunas aún no certificadas por la DIGESA, para inmunizarse, antes que comience el proceso oficial de vacunación.

La pregunta que quisiera responder es: ¿por qué lo hicieron?, o de manera más general ¿por qué los peruanos nos comportamos de cierta manera, en determinadas circunstancias? Tratando de responder a estas preguntas quizá es posible entender lo difícil que nos ha sido construir una sociedad civilizada durante los 200 años que tratamos de ser una república peruana moderna.

Siempre es importante entender primero el contexto en el que nos desenvolvemos. En primer lugar, estamos dentro de una pandemia mortífera de nivel mundial, con una primera ola fatal, una segunda más recia y quizás una tercera o más. En segundo lugar, una crítica situación económica que ha reducido el empleo y azota a los más pobres. Luego, una crisis política que debilita progresivamente al precario Estado que tenemos y, encima, un proceso electoral con 19 candidatos, todo un record de atomización política. Nos movemos en este ambiente de atomización social y política, de debilidad de las instituciones y de incertidumbre general, es decir no podemos prever lo que pueda suceder mañana o pasado.

En este contexto nos comportamos en función de nuestros instintos, nuestros principios éticos, las instituciones y las normas legales existentes.

El instinto básico es el de sobrevivencia, el del miedo a la muerte y a la enfermedad, que nos lleva a un comportamiento primario. Este instinto lo tienen igualmente los pobres y los ricos, los débiles y los poderosos. Nuestra primera actitud es: ¿cómo me salvo?, primero yo y luego mi familia o algún amigo íntimo.

Sin embargo, tenemos códigos de comportamiento social que provienen de la ética, es decir, de algunos principios como: la confianza, la verdad, el egoísmo, el altruismo, la solidaridad, la caridad, que son propios de los humanos. Principios forjados en el proceso de la convivencia social a partir de nuestra parte racional e inteligente, como personas. La naturaleza humana oscila entre el egoísmo y el altruismo, influidos por los comportamientos primarios y por las reglas éticas y por las normas legales.

Las costumbres, en nuestro caso los códigos de comportamiento social, son la fuente del Derecho. Es decir, nos organizamos como sociedad formalizando y legislando sobre la base de nuestras costumbres y proyectando nuestra cultura hacia una convivencia basada en los principios éticos señalados. Esto nos lleva a tener un estado que nos organiza como país y a un gobierno que maneja el estado. El estado nos permite reducir muchas incertidumbres y poder comportarnos aminorando los temores primarios. Es importante entender que el estado -más allá de su organización, sus reglas, sus procedimientos- lo llevamos en la mente, es decir, asumimos que nos proveerá de su seguridad, justicia, identidad y en los estados modernos: salud, educación y servicios básicos, y si no lo hace tenemos un estado débil, en el que confiamos poco. Pero para ello, también debemos tener la obligación de pagar impuestos y cumplir las normas.

Nosotros tomamos decisiones basados en nuestros instintos primarios, nuestra moral cotidiana, las normas establecidas por el estado y en la capacidad y calidad del estado que tenemos. Por ello, el comportamiento de un alemán será distinto al de un nigeriano o al de un peruano. En Alemania nadie se muere de hambre y el que no tiene empleo tiene un seguro de desempleo, es decir las necesidades básicas están aseguradas, por otro lado, la ética protestante es parte de la cultura alemana, decir la verdad es un imperativo moral, pagar los impuestos es una obligación social, pero también recibir bienes y servicios del estado es un derecho que se verifica diariamente, es decir, el estado de derecho y de bienestar funcionan como un reloj. Por ello, sería muy difícil que en Alemania Angela Merkel se vacune a ocultas y sin decirle a la población que lo está haciendo, pues lo hará como parte de la vacunación de toda la población, sin distinciones.

Nuestro caso es, desafortunadamente muy distinto. Por un lado, la pandemia nos ha mostrado que un país con muchos pobres y con grandes desigualdades sociales el instinto de sobrevivencia está a flor de piel sobre todo de los sectores vulnerables. Frente a la pandemia, nuestro estado se ha mostrado enormemente débil en la gestión: las dificultades de repartir bonos, alimentos, la falta de oxígeno, y, sobre todo, su incapacidad de hacer cumplir las normas.

Las dificultades de conseguir vacunas a nivel internacional, en buena parte por la falta de información sobre la evolución de la pandemia y la falta de precaución hizo que la adquisición de vacunas haya sido y seguirá siendo una tarea que no garantiza que todos los peruanos sean vacunados. Si a esto incorporamos la cultura peruana que privilegia el egoísmo, sobre todo por razones de sobrevivencia, y la escasa confianza en el Estado peruano – el estado como pacto social no ha entrado en nuestro disco duro-, en consecuencia, no tenemos ninguna seguridad de lo que podamos recibir de él. El resultado es nuestro código de comportamiento social que se expresa en: sálvese quien pueda, pepe el vivo, los cojudos se joden, el que no corre vuela, no seas lorna. Encima la justicia para penalizar a los infractores funciona tarde o nunca. Lo que lleva a una pugna entre las reglas establecidas por el gobierno durante la pandemia y los comportamientos que no las cumplen. Total, un estado tan débil tampoco me va a aplicar la justicia.

Si todo esto se da en el contexto descrito, no hay que sorprenderse que los involucrados en el “vacuna-gate” se hayan comportado como lo han hecho. No justifico su comportamiento, pero habría que preguntarse si cualquiera de nosotros no habría hecho lo mismo en su lugar. Es probable que los principios morales hayan caído frente a los temores primarios.

Aquí es donde aparece las razones de fondo de dichos comportamientos, que tiene que ver con la poca credibilidad que tiene el estado que tenemos y que no hemos logrado integrarlo en nuestras mentes, como un pacto social, que supeditaría el egoísmo al altruismo, y que por ejemplo nos asegurara una salud pública y una jubilación decente. No creemos en el estado que tenemos y, más bien lo asediamos, pues no es nuestro, es del que se lo apropia. El resultado: no confiamos en que todos recibiremos la vacuna.

Luego viene nuestra cultura, nuestra ética y nuestros comportamientos, que oscilan entre los instintos primarios (yo como funcionario de salud de primera línea tengo alta probabilidad de infectarme con la COVID19 y de morir, entonces me vacuno) y las normas formales que te dicen que tu turno vendrá de acuerdo al plan de vacunaciones, pero tú no le crees, pues no crees en nuestro estado y tienes un “pata” en el ministerio que te puede ayudar a conseguir la vacuna.

El otro componente de nuestra situación, que es una herencia colonial, es que si tienes algo de poder en el estado lo vas a utilizar en tu provecho. Esta es la historia de la corrupción tan bien documentada por Alfonso Quiroz. La corrupción es parte de nuestros códigos de comportamiento social, que son sólo contrarrestados si se tiene fuertes convicciones cívicas, una moral religiosa o política que piense en el otro y en el bien común.

La triste celebración de nuestro segundo centenario de la independencia es que no hemos logrado construir un estado de todos y para todos, una república con la cual nos identifiquemos colectivamente y no nos comportemos primariamente, con la desconfianza como norma de relacionamiento social y con la incapacidad cumplir las normas legales que tenemos.

Quizás la mejor manera de conmemorar el bicentenario es promover la reconstrucción del estado, el desarrollo económico basado en un balance adecuado del bien individual y del bien común y, sobre todo, promover una ética social capaz de convertirse en ideología del desarrollo humano.

Febrero, 2021

DESIGUALDADES SOCIALES Y PENSIONES DE JUBILACIÓN EN EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte

¿Es posible establecer un sistema de jubilación equitativo en un país con gran desigualdad socio-económica entre personas, familias y regiones y altos índices de pobreza? En verdad proponer una solución es bastante difícil, dadas estas condiciones de inicio.

Según el INEI, en el año 2019 el ingreso promedio mensual del 20% más pobre del Perú era de 1,112 soles, mientras que el 20% más rico era de 9,820. Una diferencia de 1 a 8 entre estos quintiles. Adicionalmente, el 20.2% de la población total está en condición de pobreza y tiene un ingreso menor a 1400 soles al mes, que es el mínimo vital para una familia de cuatro personas. En el ámbito rural, el 40.8% de la población está por debajo de este ingreso mínimo vital y en la sierra rural este porcentaje sube a 45.2%. Estos datos nos dan una idea de la gran desigualdad de ingresos y de los altos niveles de pobreza aún existentes. Es sobre esta base que hay que ver las posibilidades y características de un sistema de pensiones de jubilación. Estas desigualdades y esta pobreza nos hacen presumir que los principios que deberían estar en la base para un sistema de pensiones deberían ser: la solidaridad redistributiva y la eficiencia financiera. Principios, que en general no son fáciles de conciliar.

Adicionalmente, el Perú tiene una alta informalidad laboral, según el INEI la informalidad urbana en el Perú el 2019 oscilaba entre 79.9% en Huancavelica y 58.7% en Lima. Somos uno de los países más informales del hemisferio. Lo que obviamente, complica el establecimiento de un sistema de pensiones, pues la informalidad laboral significa que la mayor parte de trabajadores del Perú no tienen un registro laboral formal, o sea no tienen seguro social de ningún tipo y probablemente no son pagados a través de planillas registradas en el Ministerio de Trabajo.

Bajo estas condiciones para establecer un sistema de pensiones equitativo y sostenible requiere de varios ingredientes y, sobre todo, de una estrategia de corto y largo plazo.

En el corto plazo lo que cabría es establecer un proceso de transición entre el múltiple sistema de pensiones que existe en el Perú (SNP, SPP, Sistema de pensiones de las fuerzas armadas y policiales) y un nuevo sistema integrado. Obviamente, una tarea así requeriría de un proceso de información a los potenciales pensionistas y de una decisión política fuerte.

Por ahora sólo me ocuparé de las posibilidades de establecer las condiciones que requeriría un sistema integrado de pensiones en el largo plazo, a partir de los niveles de ingreso (pobreza), de las desigualdades sociales y regionales existentes y de los altos niveles de informalidad.

Asumimos que las familias de los dos quintiles más pobres no están en condiciones de ahorrar, es decir, aquellas que tienen un ingreso menos a 2000 soles al mes, en consecuencia, no tendrían capacidad de aportar a cualquier sistema de pensiones. Sólo a partir del tercer quintil las personas podrían ahorrar y/o cotizar a un sistema de pensiones, en consecuencia, es necesario encontrar un sistema que, por un lado, pueda generar subsidios cruzados de los quintiles ricos a los quintiles pobres y, al mismo tiempo, favorecer mayores pensiones relativas a quienes tienen mayores ingresos. La idea es tener un lado redistributivo y, por el otro, uno que premie los mayores ingresos relativos con mayores pensiones.

Para ello, es necesario definir una pensión mínima universal, que recibirían todos los pensionistas, con un nivel que pueda asegurar un consumo mínimo vital al jubilarse, en el caso peruano podría ser de 1,400 soles al mes o de 16,800 al año. Sobre esta base los trabajadores de los tres quintiles superiores recibirán una pensión adicional en función de sus aportaciones anuales. Sin embargo, sus aportaciones tendrían dos destinos un 20% iría al fondo común de pensiones de jubilación FCPJ y 80% a sus fondos individuales. El FCPJ sería complementado por aportes del estado provenientes de los impuestos directos y por el manejo financiero del fondo, de tal manera que asegure la pensión de jubilación mínima. La condición sine-quanon para tener derecho a una pensión es estar formalizado, es decir, registrado como contribuyente con RUC o RUS, o estar en planilla electrónica.

Adicionalmente, todo aportante al sistema de pensiones tendrá un seguro de salud que seguirá vigente al jubilarse. Este tema es crucial para el éxito de un sistema de jubilación.

Es obvio, que este sistema tendrá éxito en la medida que la economía tenga una tasa de crecimiento capaz de crear nuevos empleos y capaz de aumentar la productividad del trabajo en todos los sectores. Esto implica que el sistema de pensiones tiene que estar conectado a la dinámica económica sectorial y regional. Para ello se requerirá no sólo políticas macroeconómicas estables, que generen simultáneamente baja inflación y empleo, para ello la política monetaria y fiscal de corto plazo deberán tener metas de mediano plazo en términos de empleo y de productividad. Complementariamente, y de manera crítica serán necesarias políticas sectoriales que promuevan aquello sectores con mejores posibilidades de crecimiento en producto, productividad, empleo y en exportación interregional o internacional.

En el caso peruano una jubilación decente sólo será posible si se reduce en el mediano plazo las desigualdades familiares (personales) y regionales, y se elimina la pobreza. Por ello, un sistema de pensiones no será exitoso si no está imbricado en un sistema económico que genere crecimiento (producción y productividad) empleo y redistribución de los frutos del desarrollo. Quien crea que se puede crear un sistema de pensiones al margen del modelo de desarrollo está haciendo demagogia.

Febrero 2021