¿UN PAÍS CON UNA GRAN CRISIS MORAL Y ÉTICA PUEDE ASPIRAR AL DESARROLLO?

Efraín Gonzales de Olarte

Los hechos denunciados en el Poder Judicial peruano han dado suficientes pruebas de un fenómeno casi generalizado en toda la administración pública: la corrupción. En el gobierno central tenemos cuatro ex presidentes con juicios por presunta corrupción, hay varios gobernadores regionales en la cárcel o con juicios por uso indebido de los fondos públicos, igualmente decenas de alcaldes, es decir es casi una bacteria que ha estado infectando la administración pública y, obviamente, ha contaminado  a la sociedad que, para recibir servicios del estado, se confronta a funcionarios cuya moral pública y personal va en contra de los principios éticos sobre los cuales se fundan la Constitución, las leyes, el Estado peruano y la educación cívica de las personas.

Obviamente, la pregunta que se plantea es: ¿Qué ha sucedido en el Perú, que tanto el estado como la sociedad han pasado a una situación de transgresión ética corrosiva, generando una crisis moral que está cambiado los resultados de las relaciones sociales y, sobre todo, está alterando los códigos de conducta social?

Para tratar de responder esta difícil pregunta es necesario recordar los recientes orígenes de la corrupción. Si bien este fenómeno tiene una larga historia, analizada por Alfonso Quiroz, este nuevo ciclo de corrupción comenzó el año 1990, cuando el Perú estuvo a punto de colapsar cuando, durante el gobierno de Alan García, se combinaron tres crisis: la hiperinflación y la incapacidad de pago de la deuda peruana, la crisis política y el debilitamiento de los partidos políticos y la guerra terrorista interna desatada por Sendero Luminoso y el MRTA. De dicha crisis se salió, gracias al apoyo internacional, a la aplicación de las reformas propuestas por el Consenso de Washington y al sufrimiento del pueblo peruano.

Es importante señalar que los ajustes económicos efectuados coincidieron con un ciclo económico internacional muy favorable, lo que permitió superar la crisis financiera, pero sobre todo, las reformas neoliberales -que promovieron las privatizaciones de las empresas públicas- comenzaron a atraer los capitales del exterior y, el gobierno, tuvo ingresos extraordinarios por las privatizaciones. Dichos recursos  fueron utilizados, en parte, para financiar distintos programas de pobreza, pero una buena parte fue utilizada de manera “poco santa” por el gobierno fujimorista y su principal asesor Vladimiro Montesinos. Los peruanos vimos cómo dicho asesor comenzó a sobornar a congresistas para que pasen a las filas oficialistas, pagar sueldos extraordinarios a funcionarios del estado por fuera de la administración normal, etc. Es decir, un primer componente para que haya corrupción ha sido la bonanza de las finanzas del estado.

Un segundo componente fue el carácter quasi dictatorial del gobierno, que no era fiscalizado por ningún otro poder del estado, lo que permitió un desarrollo de la corrupción sobre todo en la cúpula gubernamental y en las autoridades que se supone debían fiscalizar al gobierno, el congreso, la contraloría, el ministerio público, estuvieron no sólo cooptados por el ejecutivo sino sumisos a él.

Bajo estas circunstancias las principales instituciones del estado se debilitaron, debido al asedio interno, pero sobre todo asistimos a una declinación alarmante del respeto por las normas éticas y, consecuentemente, la conducta moral de gobernantes y funcionarios se contagiaron al punto de generar una de las peores crisis éticas de los últimos tiempos en el Perú. La crisis ética originada en negocios turbios hechos desde el gobierno, ha sido probablemente el peor resultado de un ajuste neoliberal combinado con una pseudo democracia y una total ausencia de equilibrio de poderes (checks and balances) en el estado peruano. Esta primera etapa concluyó con la renuncia intempestiva del Ing. Fujimori en el extranjero, ante la amenaza de juicios y probable vacancia de su presidencia. La mayor felonía del asesor Montesinos es que había expatriado fondos estatales abriendo cuentas bancarias personales millonarias tanto en Suiza como en Luxemburgo. Hoy sigue en prisión este asesor y el ex presidente fue juzgado y puesto en prisión por temas de derechos humanos, pero no por temas de corrupción.

Luego del impecable gobierno de transición presidido por el Dr. Valentín Paniagua, las elecciones del 2001 favorecieron al Dr. Alejandro Toledo, quien tuvo la suerte de entrar al gobierno durante la fase más expansiva del ciclo económico internacional, lo que obviamente hizo que las finanzas del estado se recuperan después de los últimos años malos del gobierno anterior. Nuevamente, las finanzas del estado florecieron y el gobierno central, los gobiernos regionales (creados por este gobierno) y las municipalidades volvieron a tener ingresos extraordinarios, en consecuencia, el primer requisito para la corrupción –recursos fiscales extraordinarios – estaba dado.

Pero ya habíamos heredado la crisis moral bajo la forma de una cultura proclive a la corrupción, a la impunidad y a aprovecharse del estado. Es sobre esta base que empieza una nueva fase.

La principal puerta para la corrupción de esta nueva etapa fue las múltiples obras de infraestructura que emprendieron los tres niveles de gobierno. Pero la mayor parte de estas inversiones se hicieron desde el gobierno central y aparecieron en el escenario las empresas brasileñas, encabezadas por Oderbrecht, que generaron un modelo de corrupción en los niveles donde se tomaban las decisiones de inversión, generando así un protocolo de corrupción organizado a nivel internacional. El resto de la historia es conocida. Obviamente, la capacidad de fiscalización de las instituciones que deberían haberlo hecho –contraloría, poder judicial, el ministerio público- simplemente no existió y, en muchos casos, contribuyó a formalizar las coimas y demás pagos ilegales e inmorales.

El problema es que, actualmente, el Perú se encuentra en una encrucijada que podría ayudar a resolver el problema, si los que participan en las reformas propuestas por el gobierno del presidente Martín Vizcarra no tuvieran intereses particulares que defender frente a la justicia y, aún peor, si no tuvieran la ambición de llegar al gobierno para que las cosas sigan como están y se siga medrando del estado, aunque probablemente con otros métodos.

Mi conclusión es bastante pesimista, pues las bacterias de la corrupción han permeado a casi toda la “clase política” y se ha convertido en una especie de “modos vivendi” que es difícil extirpar sin un liderazgo fuerte, un apoyo decidido de la población, una recomposición política y una participación de la intelligentzia mucho menos temerosa y más activa. Un país sin reservas morales es un país sin futuro. Necesitamos de un rearme moral.

Lima, octubre 2018

REFORMA CONSTITUCIONAL, CONGRESO Y DESCENTRALIZACIÓN

Efraín Gonzales de Olarte[1]

La reforma constitucional que está en proceso, propone tener dos cámaras (diputados y senadores) y pretende cambiar la representación de la población en el congreso de manera territorial (regiones y provincias). Es una buena ocasión para conectar el estado con la economía de manera descentralizada, con el propósito de promover un desarrollo descentralizado y redistributivo, además de consolidar el sistema democrático descentralizado.

La idea central que propongo es relacionar las economías regionales y locales con el Estado peruano a través de un nuevo sistema de representación en el gobierno nacional, de tal manera que en el Congreso de la República los diputados y senadores representen a los habitantes de las regiones económicas, para que se den iniciativas legislativas, se fiscalice y se promueva una coordinación del gobierno central con los gobiernos regionales y locales.

La economía fiscal se basa en los impuestos que cobra el estado en sus diferentes niveles de gobierno. Es decir, depende de la base tributaria de cada lugar del país y ésta, a su vez, se basa en la economía regional y local, es decir una región con altos niveles de producción y de ingresos ha de generar los impuestos necesarios para financiar el gasto público tanto nacional como regional y local. Por ello, es imprescindible que la representación política no sólo tome en cuenta aspectos sociales y políticos, sino también que represente los intereses económicos de las poblaciones asentadas en las distintas regiones y localidades del Perú.

Dadas las funciones vigentes de los gobiernos regionales y locales, los primeros deben promover el desarrollo regional, sobre todo a través de la inversión pública y en estrecha asociación con el sector privado. Los segundos deben promover el bienestar de la población local a través de las funciones municipales establecidas. En consecuencia, es importante los aspectos económicos macro-regionales tengan una voz en el Congreso, sobre todo en el senado, y los intereses locales lo tengan en la cámara baja, de tal manera que haya una representación de estos niveles de población en el legislativo para mejorar la supervisión, la coordinación y la promoción del desarrollo regional y del desarrollo humano. Esto además permitiría mejorar la coordinación con al gobierno central, en la medida que los representantes de las regiones provincias tendrían acceso a los altos niveles del gobierno y, en general, del estado.

Por ello, la reforma constitucional debería definir no sólo el número de senadores y de diputados que representen a regiones y provincias, sino también las funciones de ellos en su conexión con sus representados regionales y provinciales, además de su relación con los gobiernos regionales y locales. Es decir, la reforma constitucional debe contribuir a redefinir las relaciones del congreso con los pobladores de las regiones y las provincias, así como con los gobiernos sub-nacionales. Esto permitiría mantener el carácter unitario establecido en la Constitución del Perú y, al mismo tiempo, permitir un ejercicio parlamentario con una proyección descentralizada, de tal manera que el congreso nacional cumpla mejor sus funciones en favor de las regiones y provincias.

El siguiente tema es cómo definir las regiones para que sus senadores respondan a las necesidades de la población regional y a los intereses económicos de cada región. Para ello es necesario pensar en economías regionales, definidas como espacios geográficos de dos o más departamentos, con una o más ciudades de más de 500 mil habitantes, con poblaciones de más de 2 millones de habitantes y, sobre todo, con un mercado regional donde se produce, intercambia y consume entre 2/3 y 4/5 de la producción de la región. Es decir, estamos hablando de economías articuladas territorial y económicamente que tienen potencialidades para crecer y desarrollarse y que tienen una demanda interna con escalas suficientes para promover la inversión, con acción concertada de los tres niveles de gobierno y del congreso.

Obviamente las 25 regiones definidas actualmente (los ex – departamentos) no tienen los requerimientos necesarios. Por ello y basado en nuestros estudios[2] proponemos 9 “regiones integradas”: 1. Piura-Tumbes, 2. Lambayeque-Cajamarca-Amazonas, 3. La Libertad-Ancash, 4. Ica-Ayacucho-Huancavelica, 5. Arequipa-Moquegua-Tacna-Puno, 6. Junín-Pasco-Huánuco, 7. Cusco-Apurímac-Madre de Dios, 8. Loreto-San Martín- Ucayali, 9. Lima-Callao.

Así, el número de representantes en las dos cámaras debería estar en función de la población y del número de electores por cada región. Si fuere así, en el siguiente cuadro presentamos dos hipótesis, A. Una representación política de 130 (30 senadores y 100 diputados) y B. Otra con 180 (120 diputados y 60 senadores), distribuida en las 9 regiones integradas, con sus respectivos números de representantes por región.

Un tema adicional que quedaría por definir es el reparto de senadores y diputados en cada región. Se puede seguir el criterio anterior, sin embargo, para que la representatividad sea equitativa, la hipótesis B de 120 diputados y 60 senadores, es la que más se adecúa, pues cada región actual (ex –departamento) debería tener por lo menos un senador y los diputados serían elegidos en listas agregadas por regiones, de tal manera que los candidatos tengan la obligación de conocer las necesidades de su región actual y de las otras a la que pretende representar. Queda claro que tener dos cámaras con el mismo número de representantes actuales (130) no es ni técnicamente aceptable y menos políticamente viable.

Finalmente, el peso de Lima-Callao se ve en el número de senadores y diputados, sin embargo, resulta siendo minoría frente a la representación regional.

[1] Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú

[2] Ver: Efraín Gonzales (2003): “Lineamientos económicos y políticos para la ley de incentivos para la conformación e integración de regiones”, en: Walter Alejos (compilador): Regiones Integradas, Fondo Editorial del Congreso del Perú

¿LA POLÍTICA IMPORTA PARA LA ECONOMÍA, EN UN PAÍS ENVENENADO POR LA CORRUPCIÓN?

Efraín Gonzales de Olarte

Hemos sostenido en este Blog, que la economía está desconectada de la política en el Perú. Es decir, mientras la actividad económica tiene su ruta propia, lo que sucede en la política apenas la afecta. El Perú es un barco que ha escogido un rumbo y el timón está en manos del MEF y del BCRP, quienes sólo controlan que la dirección sea la misma. Cualquier variación de la economía viene del exterior, ya sea por subida o bajada de los precios de los minerales, del petróleo, por la variación de la tasa de interés americana o de la bolsa de valores de NY. En cambio, la política, por muy turbulenta que sea, no tiene algún efecto sustantivo sobre el proceso económico, incluyendo la política del gasto. La pregunta es ¿por qué?

Curiosamente, los Estados Unidos de Trump se está pareciendo al Perú en este aspecto, pues la turbulencia desatada por varios libros publicados y el artículo anónimo del NY Times sobre el presidente americano, no ha afectado en nada ni la bolsa, ni las expectativas de corto plazo. Si esto es así, un eventual impeachment tampoco afectaría las tendencias de la economía americana, porque el origen de su dinámica proviene de decisiones tomadas por la anterior administración del presidente Obama y, sobre todo, por las decisiones de los agentes económicos frente a precios relativos pre-Trump y en un mundo con menos proteccionismo. Claro el presidente americano, oportunista como es, se atribuye la buena performance de la economía como si fuera efecto de las decisiones que ha tomado su gobierno. Más bien es muy probable que, en cuanto las medidas proteccionistas que ha tomado comiencen a tener efecto, la tasa de crecimiento de la economía americana comience a declinar. Esto es lo que varios analistas prevén.

Obviamente, hay algo que ha cambiado en los últimos tiempos que hacen que la política no esté conectada con la economía. La principal razón de esta ausencia de causalidad es el grado de institucionalidad que tiene tanto el Perú como EEUU. Curiosamente en el Perú la desconexión se debe básicamente a que las instituciones políticas y gubernamentales son débiles, en cambio en EEUU se debe a que son fuertes. ¿cómo explicar esta paradoja?

La respuesta obvia es que Perú no es EEUU, no sólo porque somos una economía pequeña primario exportadora, sin mucha industria y mayormente informal, mientras que EEUU es todo lo contrario. Es decir, el Perú tiene una economía incompleta[1] y un desarrollo institucional precario, mientras que EEUU tiene una economía con sectores primarios, industriales y de servicios articulados con grandes escalas, es decir una economía completa y tiene una estructura institucional –normas y organizaciones- que funcionan cualquiera que sea el gobierno, es decir tiene un estado fuerte. En el caso peruano la principal institución, el Estado, apenas puede recaudar el 15% del PBI y su gasto público no tiene el impacto suficiente para, por ejemplo, hacer variar el nivel de actividad económica de manera importante, con lo cual su impacto en el ciclo económico es realmente pequeño y aún menor en el empleo. En EEUU una variación de la tasa de interés por la FED tiene impacto tanto en los niveles de consumo e inversión, como en el empleo, es decir tiene un impacto político.

Sin embargo, los acontecimientos recientes en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura y en la Fiscalía de la Nación, nos han mostrado que una de las principales razones porque las instituciones no funcionan es la corrupción, es decir, la corrupción ha hecho que la política ayude a la desconexión de la política de la economía, en la medida que ésta altera los resultados esperables de la justicia, en función de intereses particulares de quienes la administran. En otras palabras, se tiene la sensación que la justicia tiene un precio, en el mercado informal de la corrupción. En consecuencia, estamos frente a un problema moral y ético, que está en la base de la debilidad institucional, pues es obvio que esta cultura corrupta se ha generalizado a casi todos los niveles del estado, en el gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades y muchas empresas. La consecuencia es que todo aquello que podría resolverse por las vías legales tiene dos caminos: la corrupción o la informalidad, que permiten evadir impuestos o generar enriquecimientos ilícitos. Un país con estos dos atributos es muy difícil que se pueda desarrollar y, peor aún, es muy probable que su democracia se debilite progresivamente, tal como ya está sucediendo.

Si bien la corrupción parece ser una “herencia colonial” pues según Alfonso Quiroz ésta existe hace dos o tres siglos, lo que si hemos comprobado es que el pasado gobierno fuji-montesinista potenció la corrupción a niveles tales y tan evidentes, que hoy el Perú se ha convertido en un país donde el comportamiento corrupto se ha vuelto una regla, mientras que la probidad y la honradez es una excepción. Los casos de Oderbrecht, el club de la construcción, las coimas en el poder judicial, las licitaciones fraudulentas en gobiernos regionales y locales, nos ilustran este proceso y desgraciadamente la corrupción parece haberse instalado para quedarse. Pero lo más peligroso es que la heredera de Fujimori maneja el Congreso siguiendo las lecciones y los estilos dejados por su progenitor y su asesor. Lo que significa que se van a oponer a cualquier reforma que vaya en contra de la corrupción, pues, su cálculo político para llegar al poder, y obviamente medrar, se verá comprometido. La peor herencia que dejo el gobierno de Fujimori es la crisis moral que asuela al Perú.

Por estas razones, la iniciativa del Presidente Vizcarra, de reformar el poder judicial, es algo que no sólo hay que apoyar, sino que de no hacerse el Perú se convertirá en una republiqueta dirigida por Pepe el vivo y apañada por Juan el indolente. Es decir, un país chicha y sin futuro civilizado. Pero no basta con reformar el poder judicial, que será verdaderamente una gran tarea, habrá que reformar también el sistema congresal, dotándole de dos cámaras y, lo más importante, siendo más estrictos con los valores morales de quienes quieren llegar al congreso. Luego habrá que encarar también la reforma de la administración del ejecutivo, perfeccionando la descentralización, fortaleciendo la contraloría y dotando a la ciudadanía de una capacidad de vigilancia mayor. Hoy esto es posible con un adecuado uso de las redes sociales y de las tecnologías de la información. Sólo con un poder ejecutivo moderno y eficiente, un congreso realmente representativo de diputados y senadores aptos, tanto en sus niveles de educación, pero también en sus valores éticos y morales, y con un poder judicial confiable, es que podremos hablar del “equilibrio de poderes” que tienen las democracias avanzadas y que permiten una gobernabilidad moderna. Quizás en aquel momento la política se vuelva a conectar con la economía, pues el bien común definido desde el estado y la política deberá dar el marco institucional y legal para que la economía de mercado asigne eficientemente los recursos y reduzca las desigualdades.

Lima, setiembre 2018

[1] Ver mi libro con el mismo nombre, Fondo Editorial PUCP 2015

UN ECONOMISTA COMPROMETIDO: JOSE MARÍA CABALLERO
Efraín Gonzales de Olarte

Conocí José María Caballero (JMC) hace cuarenta años, cuando leí un documento suyo “Reforma y reestructuración agraria en el Perú” , cuya principal conclusión decía lo siguiente:
“La principal consecuencia que yo extraigo de esta visita a la estructura agraria que emerge tras la reforma es que nos encontramos de un lado, frente a un proceso de desarrollo del capitalismo de estado en la agricultura, y de otro frente a un proceso de liberación de la opresión gamonalista sobre el campesinado, sin que se abra, sin embargo, para éste una vía de desarrollo a largo plazo. La reforma profundiza el capitalismo allí donde las relaciones capitalistas existían ya, cambiando además su carácter para darle un tinte estatal; para ser más exacto un tinte estatal-cooperativo, en el sentido que más adelante precisaré. Donde las relaciones capitalistas estaban ausentes, la reforma es incapaz de crearlas, aunque si destruye en gran medida las “formas semiserviles”, en el sentido en las que definiera más arriba. La opresión señorial sobre el campesinado cede, fenómeno que ya venía sucediendo en las últimas décadas y que la R.A. ha acelerado poderosamente. Se encuentra en este sentido más libre. Libre pero sin futuro. Libre pero condenado a la miseria. Y esto no se debe tanto a la extracción –directa o a través del mercado- del excedente que genera, como a que el desarrollo del capitalismo, al tiempo que horada las bases de la economía y la cultura campesina, se muestra incapaz de incorporarlo al modo de producción capitalista, sin dejarle espacio tampoco para su florecimiento independiente. El progreso social del campesinado empobrecido peruano no es posible bajo el capitalismo. Es tarea del socialismo”.
En aquel entonces, me impresionaron dos cosas de la visión de José María. Primero, que un economista de origen español hubiera entendido la complejidad de la estructura agraria peruana de aquel entonces, en una estadía relativamente corta, mostrando una sensibilidad intelectual para comprender un fenómeno como la reforma agraria, que obviamente había sacudido al “establishment” rural y peruano de entonces. En segundo lugar, su convicción que para los pobres del campo, los campesinos, no habría solución en el capitalismo y que era tarea del socialismo. Pese a que el “gobierno revolucionario de las fuerzas armadas” había logrado conmover la estructura tradicional y semi-feudal del agro peruano, sin embargo su reforma no favorecía a quienes deberían haber sido sus principales beneficiarios: los campesinos pobres, sobre todo los de la sierra peruana. Llegar a semejante conclusión era justamente contrario a lo que se esperaba y la investigación de Caballero tenía un sólido sustento empírico y analítico. Por entonces, yo estaba abocado a una investigación sobre las economías campesinas del Cusco y constatábamos el aserto de Caballero, en el campo.
Un tiempo después lo conocí personalmente, no recuerdo bien si en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) o en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), pues los dos trabajábamos en ambas instituciones, a fines de los años setenta y comienzos de los ochenta del siglo pasado. Su formación académica era muy sólida, había estudiado la Maestría en Economía en la Universidad de Sussex y había venido al Perú para tener una experiencia en un país del sur y para buscar un tema sobre el cual desarrollar su tesis doctoral. Su elección fue precisamente la economía política de la reforma agraria peruana de los años setenta y su asesor era otro estudioso de la economía peruana: el profesor inglés Valpi FitzGerald quien escribió dos libros sobre la economía política de las reformas estructurales llevadas a cabo por la Junta Militar presidida por el General Juan Velasco Alvarado. Aquellos años fueron de una gran actividad intelectual y académica en torno a las reformas velasquistas, las que además fueron parte de una corriente de gobiernos reformistas y progresistas en latino-américa: Bolivia, Chile, Uruguay, Panamá.
El sector rural y la agricultura fueron sujetos de innumerables investigaciones y estudios y la reforma agraria el “campo” del debate tanto entre la derecha y la izquierda, pero sobre todo dentro de la fragmentada izquierda peruana, que una parte apoyaba las reformas velasquistas asumiendo que eran de corte socialista y la otra, de la cual hacia parte José María Caballero, que sostenían que eran reformas burguesas para desarrollar el capitalismo, sobre la base de un estado que se hizo propietario y productor en los sectores económicos más importantes de la economía, los denominados sectores estratégicos. Frente a tal controversia, se desarrolló una intensa actividad investigadora, en buena parte financiada por fundaciones extranjeras y organismos internacionales que tenían curiosidad por saber del transcurrir y destino de las reformas socio-económica y políticas del gobierno militar “ni capitalistas ni socialista” y obviamente conocer el futuro económico y político del Perú.
El IEP, el principal instituto de investigaciones independiente del Perú, fue uno de los centros que se interesó en estos temas y llevó a cabo varios proyectos de investigación, siendo uno de ellos el proyecto sobre: “La reforma agraria y desarrollo rural en el Perú”, para el cual creó un equipo multidisciplinario de investigación dirigido por José María Caballero. La idea era investigar en profundidad las principales aristas de dicha reforma y, sobre todo, analizar sus resultados. Sobre ellos se comentan extensamente en los otros artículos de este libro.
Así la reforma agraria, las políticas agrarias, las cooperativas agrarias, los campesinos y sobre todo la estructura agraria se convirtieron en la temática estudiada por José María y su equipo. Pero indudablemente, había una característica del Perú que había que incorporar en el análisis de lo contrario no se entendería el problema agrario en el Perú: las diferencias espaciales de la agricultura y la ganadería. La costa y la sierra eran no sólo geográficamente distintas, sino también habían tenido historias distintas, pues el desarrollo agrario fue diferente, primero por razones espaciales, la costa tiene agricultura en 57 valles irrigados por ríos intercalados por amplios desiertos, en cambio la sierra, por su orografía, tiene centenas de valles estrechos irrigados por ríos de distinto caudal y, sobre todo, tierras de secano en terrenos con pendientes variables, en algunos lugares con andenería, y grandes extensiones de pastos naturales en sus partes más altas. En segundo lugar, las historias agrarias han sido diferentes, las haciendas azucareras de la costa han sido muy distintas de las haciendas agrícolas o ganaderas de la sierra, las relaciones capitalistas y la tecnología en la costa, antes de la reforma agraria, estaban muchos más desarrolladas que en la sierra, la cual en gran parte tenía relaciones pre capitalistas y en varios lugares relaciones semi-feudales y los hacendados eran denominados “gamonales”. Además, existían las comunidades campesinas, en aquel entonces en un número superior a las tres mil, con una población cercana a los tres millones de campesinos, con relaciones de trabajo y de servidumbre variables con las haciendas colindantes, pero con sistemas organización interna basadas en el trabajo recíproco “ayni” o trabajos colectivos sobre recursos colectivos (tierras de labranza y pastos naturales) la “minka”. Era pues un mundo complejo, con pasado muy denso y tecnológicamente atrasado.
Quizás por esta razón José María se interesó en entender la sierra peruana y trabajó en un libro excepcional: “Economía agraria de la sierra peruana, antes de la reforma agraria de 1969”, que fue publicado por el IEP. Es un gran fresco de lo ocurrido en el mundo rural de la sierra antes de la reforma agraria, visto desde la perspectiva de la economía política, que a muchos nos ayudó a entender por qué la reforma agraria y las otras reformas del gobierno militar no resolverían el gran problema de la sierra peruana, que era una combinación de bajas productividades, relaciones sociales pre capitalistas, grandes distancias a los mercados y la pobreza de los campesinos.
Uno de los temas centrales del desarrollo en el Perú era y, sigue siendo, el medio y los mecanismos para impulsar el desarrollo humano de los campesinos en particular y de los habitantes rurales en general. Su desarrollo vendría desde afuera como un proceso de absorción por las ciudades vía su integración a mercados de trabajo urbanos o desde dentro vía el incremento de sus productividades y la diversificación de sus productos, acompañado del cambio de destino de sus mercados, por ejemplo para la exportación. Obviamente, las reformas velasquistas no tenían una visión clara de cómo resolver este problema y esto es lo que sostenía JMC en sus estudios.
Su equipo del IEP produjo un importante número de publicaciones que permitieron, por primera vez en el Perú, tener una visión amplia y minuciosa de los principales ángulos del complicado problema agrario y de sus relaciones con el resto de la economía y la sociedad, para el período pre reforma agraria y de la reforma misma. Varios de sus colaboradores siguieron trabajando en los temas iniciados con JMC durante varios años, lo que muestra la importancia de la investigación en equipo con la dirección, de un maestro visionario.
Más allá de los problemas agrarios, José María era un excelente profesor de economía, sus alumnos de la PUCP lo recuerdan como un defensor de la Escuela de Cambridge (Inglaterra) en controversia con la escuela de Cambridge (USA) en su mayor parte neoclásicos seguidores de Paul Samuelson, Robert Solow y otros, enfrentados a la Profesora Joan Robinson, Nicholas Kaldor y otros, en la famosa y, casi olvidada, “controversia de Cambridge” sobre el capital y la teoría que lo sustentaba. Este espíritu dialéctico y de debate fue parte de la formación de los estudiantes de la PUCP de los años 70 y 80s, espíritu que hoy está siendo peligrosamente reemplazado por la extrema formalización matemática, el fuerte peso de la econometría y por la pérdida de contacto con la realidad en muchos aspectos, que profesores como JMC insuflaron en la formación de los economistas.
Dentro de su perspectiva, defendía la idea de John M. Keynes, según quien un buen economista debería ser un buen historiador, un buen matemático y buen escritor. Debido a su formación europea –hispano-británica- JMC combinaba de manera natural sus aproximaciones económicas, con una visión histórica y humanista, que lo convertían en un economista y un humanista al servicio de la enseñanza y de la investigación. Siempre recalcaba que el economista tiene su razón de ser si sirve a su sociedad, para mejorarla y cambiarla hacia una más justa y más integradora. Era pues un economista comprometido con su tiempo y su sociedad, es decir aquella en la que él vivía, estudiaba y comprendía. Un ejemplo a seguir.
Un trabajo suyo sobre las cooperativas y socios de las cooperativas agrarias generó debate. JMC postuló que lo socios de las cooperativas tenían una suerte de esquizofrenia, razón por la cual dichas cooperativas terminarían fracasando y, uno de los pilares, de la reforma agraria “ni capitalista ni comunista” no tendría futuro. La idea era que los cooperativistas eran, por un lado, copropietarios y por el otro lado trabajadores, la pregunta era ¿Cómo conciliarían dos roles contradictorios?, es decir, optarían por la maximización de las ganancias de la empresa cooperativa o abogarían por mejores ingresos laborales. Un problema distributivo concentrado en una sola persona, mientras que en el capitalismo los dos roles se asocian a dos personas diferentes. De ahí la esquizofrenia.
La pregunta era legítima y no había forma de soslayarla si uno quería saber el futuro microeconómico de la reforma agraria. Los hechos posteriores dieron razón a la teoría de JMC, pues las cooperativas entraron en crisis económicas y posteriormente se fueron desintegrando, en la medida que los “socios” se comportaron más como trabajadores –pidiendo sus reivindicaciones sociales- antes que como propietarios, esto debido básicamente a que el Estado peruano mantenía una supervisión cercana a la del propietario y en la práctica era el propietario. Los cooperativistas nunca se sintieron realmente propietarios, porque no tenían capacidad de decisión autónoma, hasta que se fragmentaron y repartieron las cooperativas, entonces se convirtieron en pequeños propietarios.
José María no sólo era un teórico, un investigador empírico y profesor universitario, era sobre todo un hombre comprometido con la gente que estudiaba. Recuerdo que en uno de los últimos congresos de la Confederación de Campesinos del Perú (CPP), que se llevó a cabo en la Comunidad de Equecco Chacán en la Pampa de Anta en el Cusco el año 1978, participó activamente en las discusiones sobre ¿qué hacer para incorporar al campesinado en la economía y la sociedad peruana? Para entonces el gobierno militar había tenido una crisis, que debido a una enfermedad incurable del General Velasco fue reemplazado por el General Morales Bermúdez y, sobre todo, porque la crisis económica y el relativo fracaso de las reformas militares estaban llevando al fin de aquel experimento. En consecuencia, la confederación debía evaluara la situación y tomar decisiones sobre el futuro de la reforma agraria para los campesinos.
Las discusiones eran largas y tediosas, los acuerdos se llegaban a las 3 o 4 de la mañana, cuando la mayor parte de los participantes se dormían. En esos momentos prevalecía el criterio de la directiva y de los que todavía estaban despiertos, pero sobre todo las decisiones se definían en función de la “correlación de fuerzas” entre los partidos de izquierda que participaban en las distintas federaciones campesinas departamentales y en la CCP. Uno de los temas críticos era si invadir o no las cooperativas, que ya estaban comenzando a parcelarse. José María intervino en varios momentos siempre en favor de la mejora de los campesinos y sus opiniones eran muy tomadas en cuenta.
Al terminarse el financiamiento para el proyecto sobre la reforma agracia JMC comenzó a planear su vuelta a Europa y a Cambridge, pues tenía pendiente la tesis. Su partida fue muy sentida sobre todo por sus colaboradores más cercanos y por sus colegas, como yo, más cercanos en aproximaciones teóricas, preocupaciones e investigaciones. Sabíamos que la investigación agraria sufriría con su partida.
Pese a su brillantez JMC no logró terminar su tesis doctoral en Cambridge, que tuvo que ser sobre la reforma agraria en el Perú. Nunca conversé sobre este tema con él, era un tema delicado. Al respecto, años después, tuve una conversación con su asesor el profesor E.V.K. FitzGerald. Le pregunté qué pasó con la tesis de José María, él me respondió que el problema era que el asesorado era más brillante que el asesor. Tuve que inferir que JMC no había logrado escribir lo que hubiera querido y lo que se esperaba de él, después de un largo período de investigaciones. Quizás por esta razón publicó dos artículos en el Cambridge Journal of Economics, sobre la eficiencia de la aparcería y sobre el intercambio desigual entre campesinos y no campesinos, con lo que, hasta cierto punto, cerró su capítulo académico relacionado con el Perú y se fue a trabajar a la FAO en Roma.
Posteriormente, sólo lo vi episódicamente en Roma o en Lima, sobre aquella etapa de su vida, tanto Héctor Maletta como Raúl Hopkins tienen una apreciación presentada en este libro a la que yo me remito.
Antes de terminar esta breve nota de recuerdo a un gran economista y mejor amigo, quisiera reflexionar sobre su poderosa hipótesis según la cual los problemas del campesinado no se pueden resolver bajo el régimen capitalista y que es tarea del socialismo lograrlo.
En primer lugar, su percepción fue de un período de grandes cambios sociales en el Perú y de gran efervescencia política, cuando el Perú tenía una estructura agraria incompatible con un desarrollo capitalista, sobre todo en la sierra y los campesinos habían logrado organizarse en torno a sus intereses en la Confederación Campesina del Perú (CCP) que tenía una dirección política de izquierda socialista. El socialismo aparecía como una posibilidad y requería de una organización y representación política para ser viable. El Perú transitó por esta senda después que la dictadura militar cayera y se convocara a elecciones democráticas, previa aprobación de una nueva constitución. Las posibilidades de la izquierda de llegar al poder por la vía electoral estuvieron abiertas en los años 80’s, en Lima se eligió a un alcalde de Izquierda, Alfonso Barrantes, quién posteriormente como candidato a la presidencia de la república llegó con la Izquierda Unida al “ballotage” con el APRA y Alan García el año 1985. Debido a la diferencia en la votación Barrantes declinó pasar a la segunda vuelta y, creo, que ahí se acabaron las posibilidades de la izquierda de llegar al poder, en consecuencia, creo que también se cerró la posibilidad de una vía socialista para los campesinos y pobres del campo.
En segundo lugar, después del desastroso primer gobierno de Alan García una parte de la izquierda, no creyente en el sistema democrático electoral, pasó a las armas e instauraron una guerra particular basada en acciones terroristas aisladas pero bien coordinadas, en la cual los campesinos fueron conminados a seguir a Sendero Luminoso en base a acciones de terror y al miedo, es decir, cualquier posibilidad de mejoría para los campesinos pasaría por someterse a una dictadura del “pensamiento Gonzalo”. Obviamente, ese socialismo no era el que presumía JMC. Finalmente, cayeron los principales líderes de los movimientos que creyeron en la guerra popular como la vía para refundar el Perú y estos movimientos languidecieron, con sus líderes en la cárcel,
En tercer lugar, en 1990 el Perú había llegado al límite de un país viable. La administración aprista dejó en bancarrota económica y financiera al Perú, medio país estaba en estado de emergencia por las acciones terroristas y el Estado peruano estaba a punto de colapsar, pues se sostenía con una presión tributaria de 5% del PBI. Si alguien tenía un accidente debía ir a una posta médica, portando su algodón, gasa, agua oxigenada y algún medicamento, pues lo único que podían ofrecer eran médicos y enfermeras calificados. Esta triple crisis –económica, política y estatal- fue asombrosamente superada gracias al apoyo de los organismos internacionales que promovieron las recetas del “Consenso de Washington”, que permitieron que el Perú saliera de su crisis financiera. Sin embargo, la salida política fue a costa de apoyar un régimen denominado “democradura” o “dictablanda”, en la medida que el gobierno del Ing. Alberto Fujimori se salió del orden constitucional, cerró el congreso, eliminó los gobiernos regionales, intervino el poder judicial, en base a un golpe de estado el año 1992, apoyado por los militares y con la asesoría de un nefasto personaje: Vladimiro Montesinos. La comunidad internacional instó al gobierno fujimorista a reestablecer la democracia, lo que sucedió con la aprobación de una nueva constitución (1993) hecha por un congreso constituyente. El modelo económico neoliberal liberó todos los mercados, abrió la economía a la competencia internacional, atrajo capitales que se concentraron en la minería, finanzas y servicios en base a las privatizaciones y concesiones lo que coincidió con una coyuntura excepcional de capitales internacionales excedentarios buscando donde invertir. El efecto fue que la economía comenzó a crecer nuevamente, pero la pobreza no retrocedía y las desigualdades se acentuaron. Bajo este régimen los campesinos se favorecieron de las políticas sociales y parte de su producción fue requerida para proveer a los programas sociales, cuyo efecto conjunto fue el inicio de la reducción de la pobreza hacia mediados de los años noventa.
El año 2000, el fujimorato quiso re-elegir por tercera vez al Ing. Fujimori, para lo cual el gobierno, bajo la asesoría de Montesinos, urdió una serie campañas y procesos para facilitar la reelección, sin embargo, se filtraron varios videos en los cuales se observaba al asesor comprando votos en el congreso, campañas en los periódicos y en la televisión, es decir finalmente se hizo transparente el carácter corrupto del gobierno fujimorista. El epílogo fue que el Ing. Fujimori renunció por fax desde el Japón y el Congreso terminó eligiendo al Dr. Valentín Paniagua como Presidente de la república en un gobierno de transición. Posteriormente, se eligieron cuatro gobiernos consecutivos, que mantuvieron el modelo económico y gracias a la extraordinaria coyuntura financiera internacional la economía creció como nunca entre 2003 y el 2014. Este crecimiento redujo la pobreza urbana de manera drástica, la pobreza rural y la extrema pobreza si bien se redujeron, no lo hicieron a la velocidad de la urbana, lo que mantuvo las desigualdades. Los campesinos no parecen tener un mejor destino aún con un gran crecimiento, en mi criterio porque el modelo económico primario-exportador y de servicios no los integra en la dinámica económica de las ciudades y de la costa. ¿Sigue teniendo razón José María Caballero? Quizás sí, sin embargo un proyecto político socialista no sólo está ya lejano, sino que dadas las nuevas estructuras económica, social y política, proponer cambios radicales ya no es “políticamente correcto” ni económicamente viable, dada la globalización. Creo que la solución a los problemas de pobreza, sub empleo y bajos niveles de bienestar de los campesinos consiste en que las ciudades los absorban, que se integren a mercados de trabajo en los sectores modernos del campo y que algunos cambien su matriz productiva reduciendo su autoconsumo y aumentado su oferta mercantil. Es decir, creo que la solución para los campesinos ya casi no está en el campo sino en la ciudad, es decir, la solución está en que dejen de ser campesinos y se integren en otros sectores. No sé qué pensaría José María sobre estas afirmaciones, pero estoy seguro que estaría de acuerdo con aquel sistema que resuelva los problemas de los campesinos como personas, antes que como productores-consumidores.
Quiero terminar recordando a José María como el ser humano entrañable que era. Fue un buen padre. Lo recuerdo leyendo a sus dos hijos: Rodrigo y , Amadis de Gaula de Rodriguez de Montalvo antes de dormir o tocándoles la flauta con una pasión de músico, todo esto en su departamento de Residencial San Felipe. Creo que también fue un buen esposo y con seguridad un gran amigo. El estaba comprometido con la vida, con la familia con la cultura, eso lo ha hecho una persona inolvidable.
Ahora que ya no está con nosotros, me parece muy significativo que sigamos evocándolo y citándolo como si él aún estuviera. Hay personas que te marcan para toda la vida y una de ellas fue José María Caballero, maestro, padre y amigo.
Lima abril 2018.

LA POBREZA NACIONAL Y LA POBREZA REGIONAL
Efraín Gonzales de Olarte

Al parecer, la reducción de la pobreza en el Perú está relacionada con el crecimiento económico, siempre que sea por lo menos 4% al año. Si baja de esa cifra la pobreza vuelve, como parece que ha sucedido el 2017. El problema es que no sabemos a ciencia cierta a qué se debe el crecimiento, hay varias interpretaciones. Por un lado, hay varios macroeconomistas que sostienen que el crecimiento depende del sector exportador, sobre todo minero, el cual a su vez depende de los precios internacionales. Si esto fuera así el 2018 es probable que se reduzca la pobreza. Por otro lado, hay quienes incluyen, entre los factores del crecimiento, la forma como se maneja la política económica, sobre todo la política del gasto público, que bien utilizado puede activar la economía. Esto quiere decir que probablemente el año 2018 no retroceda la pobreza, en la medida que hay que reducir el déficit fiscal que alcanza un preocupante 3% del PBI. Luego, hay un sector, de ideas básicas, que sostiene que la inversión es el principal factor de crecimiento, lo que haría que el 2018 tampoco se reduzca la pobreza.
Creo que todas estas hipótesis son válidas y hay que hacerlas funcionar en conjunto. Si lo hacemos, probablemente encontremos algunas contradicciones entre una y otro entrada. Por ejemplo, si se requiere más gasto y más inversión, obviamente choca contra cómo reducir el déficit fiscal. Este es uno de los temas críticos que deberá resolver el nuevo ministro. Está claro que si las exportaciones aumentan, tendrán un impacto positivo en la recaudación fiscal y, como corolario, en el gasto público y probablemente en los programas sociales y en la inversión pública. Esto quiere decir, que la reducción de la pobreza dependerá de los precios de los minerales, lo que hace del Perú un país muy vulnerable a la coyuntura internacional y la pobreza un fenómeno cíclico.
Sin embargo, hay algunos temas que no son tomados en cuenta. El primero, es cómo explicar que la región más pobre, según el índice último, tenga la mina más rentable de oro y que genera buena parte de las divisas y de los impuestos a la renta. El segundo, la región que más se ha empobrecido es el Cusco que tiene un flujo turístico que no ha disminuido, al contrario ha aumentado. ¿cómo explicar estas paradojas?
La respuesta está en la débil integración entre sectores y provincias de las regiones del Perú, es decir, lo que suceda en los sectores dinámicos –minería o turismo- no incide en los pobres del campo (que son la mayoría de los pobres). En un estudio nuestro encontramos que no hay relaciones de causalidad entre la dinámica urbana (ciudades grandes) y el entorno rural de las principales regiones del Perú, es decir, si las ciudades crecen no repercute sobre sus entornos. Una explicación de esta situación es que debido a las exportaciones mineras y de gas, el sol peruano se ha convertido en una moneda fuerte, es decir tenemos un dólar barato, lo que hace que sea más fácil importar que producir varios productos de consumo básico y, como consecuencia, los productores de las regiones no puedan competir y en consecuencia, no puedan generar mayor producción, mayor empleo, mayores ingresos y, en consecuencia, reducir la pobreza. Una segunda explicación, es que no ha habido políticas sectoriales para conectar las actividades agrícolas y hacerlas más rentables.
Por estas razones, está claro que en la base de los determinantes de la pobreza están las estructuras productivas de cada región, con productividades muy heterogéneas y muy bajas en los sectores intensivos en mano de obra.
Creo que las políticas para reducir la pobreza pasan por políticas que promuevan la inversión y nuevas tecnologías en las regiones, sobre todo en aquellas que tienen más pobres. Desde nuestro punto de vista estas políticas deben estar orientadas a integrar las ciudades con sus entornos rurales. Si esto se logra la pobreza se reducirá progresivamente y de manera permanente y no estaremos esperando a que suban los precios del oro o el cobre para que esto suceda.
Ojalá, que la nueva administración –con gran presencia de ex gobernantes regionales- sea consciente de esta posibilidad.
Abril 2018

AGRICULTORES Y PAPAS
Efraín Gonzales de Olarte

Un buen año agrícola es un mal año para los agricultores productores de papa. Parece paradójico, pero no lo es. Veamos porqué. La producción de papa y otros tubérculos tiene algunas características cuyo tratamiento no es tan simple como se cree. Un mal diagnóstico del problema puede llevar a medidas desesperadas como la de comprar los excedentes.
La primera característica es que hay una enorme variedad de papas, se estima que diariamente en los mercados del Perú habría más de cien variedades en venta. La segunda es que la papa se produce desde el nivel del mar hasta casi 4mil m.s.n.m., de ahí las variedades que se adaptan a diversas altitudes y variados eco-climas. La tercera. es el producto por excelencia de los campesinos, sobre todo de los pobres, porque es una fuente alimenticia importante y en general producen para su autoconsumo. La papa es la base de la economía y de la vida de los campesinos. La cuarta es que la papa no se puede almacenar de un año para el otro, como es el caso del maíz, las habas o el arroz, la única manera de hacerlo sería deshidratándola y produciendo chuño o moraya. La quinta es que las unidades productivas –comunidades, familias comuneras, pequeños y medianos agricultores y grandes empresas- rebasan el millón, esto quiere decir que hay productores de papa en cada valle costeño, interandino y en las tierras de ladera. La sexta es que la papa tiene un valor relativamente bajo por kilo y su mercado espacial está limitado por el costo de transporte, es decir, un productor de papa blanca de Huánuco o Junín no puede vender su papa en Tacna o Tumbes, porque las distancias son grandes y los costos de transporte harán que el precio de la papa al llegar a destino sea mucho mayor que la papa producida en los valles de Tacna o el norte. En consecuencia, los mercados de la papa son regionales y, en muchos casos, micro-regionales cuando las carreteras son malas y las productividades bajas.
La agricultura depende en gran parte del clima y de la disponibilidad de agua. Un buen año tiene ambos atributos y el resultado es que la producción es mayor a la esperada, en consecuencia, en el mercado hay una mayor oferta. Sin, embargo por el lado de la demanda de papa hay dos tipos: la demanda para consumo directo, que es la mayor parte de ella, y la demanda para la transformación industrial, que es la menor. Los peruanos tenemos establecido un consumo anual de papa para la alimentación que es más o menos fija, nadie va a comer más papa fresca si los precios bajan, es decir la demanda por papa es “inelástica”. En el mercado nos encontramos frente a una mayor oferta frente a una demanda rígida, la consecuencia no sólo es una disminución del precio sino que, además, se genera un excedente que no se puede vender en el mercado local, pero tampoco se puede vender o exportar en otros mercados, porque en cada región ocurre lo mismo y los costos de transporte limitan el ámbito del mercado, es decir, el kilogramo de papa blanca hoy está a 40 centavos de sol, mientras que una buena papa amarilla o huayro de exportación podría valer 3 a 4 soles, en cualquiera de los casos el costo del transporte por kilo y por cada 100 kilómetros está a casi un sol, obviamente la proporción del costo de transporte es de 250% en el primer caso y de 25% en el segundo caso. Saque sus conclusiones.
El problema adicional para los agricultores modernos y los campesinos tradicionales en un buen año la reducción del precio puede ser tan crítica que no llegan a cubrir los costos de producción, en consecuencia tendrán pérdidas. Un buen año agrícola es un mal año comercial.
Situación como esta no se da todos los años, pero cuando ocurre obviamente los productores de papa están en problemas financieros.
Frente a una situación así surgen varios comentarios. Primero, el número y la heterogeneidad de los productores de papa es tan grande, tanto como la desigualdad de su producción, que los precios se fijan en función de la demanda en cada mercado local, en las ciudades, es decir que los precios son distintos en cada región o microrregión, por lo que las políticas deberían ser sectoriales y, sobre todo, regionales. Se trata pues de mercados acotados por la geografía.
Segundo, el principal problema de la papa es que no se ha logrado industrializarla o darle mayor valor agregado, por ejemplo en las ofertas gastronómicas. La demanda de la papa como insumo tiene una elasticidad demanda mucho más alta, es decir que una sobre producción puede bajar el precio pero no tanto como cuando sólo se usa para el consumo directo. Si por ejemplo, la papa se utilizara para producir etanol y este sirviera como combustible automotor, los precios de la papa serían mayores, muy estables y no habría sobre excedentes. Además, si la economía crece, la demanda por papa crecerá también. Esta sería la solución para erradicar la pobreza de los campesinos. Mientras la papa tenga una baja demanda industrial, el problema de sobreproducción y precios bajos será una constante.
Tercero, una de las principales ausencias en la política agraria es que no hay un sistema de seguros que permita a los agricultores recuperar su inversión en caso de revés comercial. Por alguna, razón la orientación neoliberal de la política económica está en contra de las políticas sectoriales, que en el caso de la agricultura es una necesidad imperativa y que existe en todos los países, salvo en el Perú.
Cuarto, en casi todos los países desarrollados los agricultores son subsidiados por el estado por razones de seguridad alimentaria. La producción que alimenta a una nación debe estar asegurada y el estado, es decir toda la sociedad, asume los riesgos que conlleva la agricultura, tan dependiente de fenómenos naturales no controlables por nadie. Es conocido los cientos de millones de dólares que gastan los Estados Unidos para subsidiar el trigo y la leche o el Japón para subsidiar el arroz. En el Perú la palabra subsidio está vedada por razones ideológicas de los que creen que la economía de mercado se parece a los libros de texto.
Es obvio que hay dos planos en los que hay actuar. En el corto plazo, la compra de los excedentes de papa por el Estado peruano debería estar dirigida a los campesinos más pobres y no tanto a los agricultores comerciales que aprovechan de la ocasión para asediar a un estado débil como el peruano. Hay varios comentaristas que dicen que la compra de estos excedentes se hará con la plata de todos los peruanos (nuestros impuestos) lo que se olvidan es que todos los peruanos estamos comprando papa más barata, es decir hay una compensación. En el mediano y largo plazo, lo que cabe es tener un política agrícola-regionalizada, que incluya el planeamiento de cultivos, el manejo del agua, el acceso al crédito y a seguros de producción, pero sobre todo se requiere de una política que está más allá, en la industria, los servicios y la exportación de papas exóticas y ecológicas cuya calidad puede ser pagada por consumidores externos fácilmente.
Finalmente, es importante la investigación para encontrar nuevos usos a la papa: alcoholes, chips, harina, deshidratación y otras aplicaciones que sólo la investigación puede ofrecer.
La papa fue domesticada por los antiguos peruanos y nosotros lo modernos peruanos no hemos hecho mucho para mejorar su uso.
Lima, febrero 2018

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE LA IZQUIERDA PERUANA

Efraín Gonzales de Olarte

La izquierda peruana ha dejado de tener un pensamiento económico capaz de ser utilizado para convencer al electorado y menos para gobernar.

El problema esencial del pensamiento económico de izquierda es cómo tener una economía política socialista para administrar un país capitalista como el Perú. O, alternativamente, cómo proponer una economía socialista capaz de convencer el abandonar el neoliberalismo.

Lo cierto es que después de la caída de los países socialistas o comunistas, que acarreó el abandono del marxismo-leninismo como teoría interpretativa y el abandono del estructuralismo y dependentismo de América Latina, las fuentes teóricas de la izquierda se han agotado y no han podido ser renovadas.

Por otro lado, la fuerza y simplicidad del neoliberalismo, aunada a los resultados de crecimiento económico con escasa redistribución de las dos últimas décadas han puesto una barrera difícil de vencer a cualquier propuesta redistribucionista, ya sea redistribución del patrimonio y de los stocks o ya sea de los ingresos o flujos. Las posibilidades de reformas de la propiedad que fortalezcan la propiedad colectiva y/o estatal están supeditadas a resultados políticos altamente favorables, por ejemplo que un eventual gobierno de izquierda obtenga una votación mayoritaria acompañada de una mayoría en el congreso. Es decir, cualquier propuesta socialista pasa por una legitimidad y mayoría política, pero para tal fin la propuesta de gobierno debería ser tan convincente como para que la mayoría del electorado abandone su adhesión, implícita o explícita, al modelo neoliberal o que los resultados económicos sean realmente catastróficos, lo que no parece ser el caso peruano en los próximos años.

El nacionalismo económico como propuesta de izquierda es una de las ideas que no tiene la fuerza suficiente en un mundo globalizado, con muchos tratados de libre comercio. En el Perú actual, esta idea tiene un enorme desafío, pues para promover la demanda interna por bienes y servicios producidos en el territorio nacional se requiere de costos y precios muy bajos, capaces de competir con las importaciones cuyos precios relativos son bajos debido al atraso cambiario. Por consiguiente, el nacionalismo económico sólo podría ser creíble si el Perú tuviera altas productividades, lo que no es la realidad actual. Además, esto rige también para cualquier otro tipo de nacionalismo, de centro, derecha o izquierda.

Los chinos, comunistas declarados, sostienen que son un país comunista con dos sistemas: el capitalista que se subordina al comunista, es decir la economía planificada regula y orienta a la economía de mercado. Esta curiosa situación es posible ya que China tiene un régimen político autoritario capaz de planificar en el largo plazo, aprovechando las posibilidades de negocio de empresas capitalistas, bajo reglas impuestas por el estado comunista. Pero lo que se aprecia es que la principal característica económica de China es tener alta productividades en buena parte de los sectores modernos y exportadores, que se combinan con bajos costos de la mano de obra. Todo esto es posible bajo un régimen político vertical que es capaz de generar reglas económicas rígidas, las que engendran una alta credibilidad en los inversionistas, en las empresas y en los países con los que comercia China.

Si la idea de las varias izquierdas es llegar al gobierno dentro de las reglas democráticas, no queda otro camino que redefinir el significado de izquierda en estos tiempos. Me parece que la única posibilidad de tener una propuesta cercana al ideal socialista: “dar a cada uno de acuerdo a sus necesidades y pedir de cada uno de acuerdo a sus capacidades”, pasa por alguna variante social-demócrata. Esto se emparenta con el pensamiento neo-keynesiano o neo-estructuralista, cuya esencia es modular los ciclos económicos para que el desempleo y el sub empleo sean bajos y, al mismo tiempo, establecer políticas redistributivas.

La clave de las políticas redistributivas de corte izquierdista pasa por: ¿cómo redistribuir el capital y el patrimonio sin quitarle a nadie? Pero: ¿qué entendemos por capital y patrimonio hoy? Es obvio que en el siglo XXI el llamado capital humano y el capital intangible son las formas más importantes del capital, a diferencia de los siglos XIX y XX, en los cuales el capital físico (maquinarias, fabricas, etc) fue su principal forma. Por otro lado, el único patrimonio redistribuible son tierras, minas, petróleo, bosques de propiedad del estado. En consecuencia, la izquierda para ser viable debería enfocar su idea económica en algún modelo en el cual el capital humano y los capitales intangibles (creatividad, cocina, arte, patrimonio histórico, cultura, etc.) sean el eje de la economía. Sobre esta base se podría definir las políticas económicas, tanto macroeconómicas como sectoriales. La potenciación de políticas sectoriales con asociaciones público-privadas basadas en resultados medibles es una de las posibilidades de diferenciarse del pensamiento de derecha que detesta las políticas sectoriales. Además, las políticas sectoriales permiten organizar la política a través de los intereses económicos sectoriales. Podría constituir un eje político importante para una izquierda creativa, la que parece no existir en el Perú.

Finalmente, viendo el comportamiento de las varias izquierdas existentes en el Perú es poco probable que tengan la capacidad de articular una doctrina económica creíble y aceptable, una imagen política basada en principios éticos acordes con la solidaridad y la inclusión y un liderazgo convicente.

Lima, diciembre 2017

DESARROLLO HUMANO EN EL PERÚ
A PROPÓSITO DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO

Efraín Gonzales de Olarte

El enfoque convencional de la economía parte de la idea que un país mejora si su producto bruto o sus ingresos mejoran, es decir, la medida del progreso y del desarrollo económico es el crecimiento del PBI, es decir, el fin último pareciera ser que la producción material e inmaterial crezca. El enfoque del desarrollo humano pone las cosas de otra manera, lo importante de una economía es cuánta oportunidad crea para que sus habitantes estén mejor, o simplemente, que puedan elegir entre una u otra opción de trabajo. Es decir, el indicador económico en este enfoque es cuántas personas logran tener un empleo decente (formal, con salario adecuado y con buenas condiciones de trabajo), cuántos estudiantes logran aprobar sus cursos en el colegio o la universidad, cuántas personas tienen acceso a un buen servicio de salud, independientemente de su nivel de ingresos, o cuanto niños tienen una buena alimentación. Obviamente, para todo esto es importante el crecimiento del PBI, pero no cualquier crecimiento. Si el PBI crece a 3% al año y genera 3% adicional de empleo decente, o si gracias al crecimiento económico los rendimientos educativos y el nivel de estudios mejoran, estamos frente a una economía al servicio de la gente, y no al revés la gente al servicio de la economía.

Precisamente, el Papa Francisco es un promotor de una sociedad con una economía que genere mayores oportunidades para los que menos tienen, es decir promueve una economía redistributiva y solidaria. Pero además, señala que el crecimiento económico no debe depredar más los recursos naturales y no debe ahondar el problema del cambio climático. La propuesta del Papa, en este sentido es todo un desafío, pues nos obliga a conciliar tres grandes objetivos: ser eficientes en lo económico, ser equitativos en lo social y promover la sostenibilidad de la naturaleza. Es decir, promueve un triángulo que en la actualidad es imposible de lograr, pues si quieres ser más eficiente en economía debes maximizar tus ganancias, si lo haces probablemente tienes que pagar menos salarios o debes sobre utilizar los recursos naturales o quemar petróleo para generar energía barata, en consecuencia, no se puede lograr los tres objetivos al mismo tiempo, a menos que cambies de valores y cambies de racionalidad económica y del uso de recursos naturales. Este el verdadero desafío de la humanidad hoy, como morigerar las ansias de ganancias, cómo pensar más en “el otro” y como mantener “nuestra casa común”.

Por ello, la venida del Papa al Perú es un momento importante para reflexionar sobre el futuro nuestro, de todos los peruanos y de todos los suramericanos, pues nos hemos acostumbrado a promover el crecimiento económico sin reparar en sus efectos distributivos y en sus efectos sobre la naturaleza.

En los últimos veinticinco años hemos tenido, ciertamente un crecimiento importante que ha mejorado muchas cosas en el Perú, pero no ha sido un crecimiento equitativo para todos, algunos son mucho más ricos que antes y es verdad que hay menos pobres, pero si la pobreza hubiera disminuido con la misma intensidad con la que los sectores ricos vieron crecer sus ingresos, ese sería el modelo a promover. Pero, esto no ha sucedido, por ello debemos pensar en hacer serios ajustes al modelo de vida y cultura que tenemos, pero esto no pasa solamente por una decisión política, pasa sobre todo por un cambio de forma de pensar la economía, por un cambio ideológico más acorde con que nuestro planeta y sus recursos naturales son finitos. Aquí la ecuación se cierra, pues necesitamos un crecimiento con equidad humana y con sostenibilidad de nuestra casa común.

DESCENTRALIZACIÓN, CORRUPCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Efraín Gonzales de Olarte

La prueba de fuego para la descentralización es la reconstrucción del norte, pues ésta dependerá de la capacidad de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Por un lado, los gobiernos regionales y locales quienes están cerca de los problemas de sus respectivas poblaciones, saben de manera directa cuáles son los temas críticos para reconstruir lo destruido por el niño costero y por otro lado, el gobierno central que maneja los recursos financieros tiene la capacidad de asignar los montos necesarios para la reconstrucción además de las capacidades para intervenir directamente en ciertos sectores.
Hasta el momento, los avances son aún desconocidos y todo parece indicar que las grandes obras no avanzan como deberían hacerlo, a tal punto que el director ejecutivo encargado por el gobierno central para la reconstrucción ha renunciado, al parecer por desavenencias con varios gobiernos regionales. Es decir, no se ha llegado a coordinar con los gobiernos sub-nacionales.
La falta de coordinación es uno de los principales problemas de la descentralización. No se ha logrado construir un sistema descentralizado de gobierno, en el que no solamente se sepa cuáles son las funciones de cada nivel, cuáles son sus responsabilidades, sus recursos, pero sobre todo no se ha llegado a tener un ente técnico coordinador y planificador, que permita una acción concertada y ágil del estado.
El otro problema es que el proceso de descentralización ha estado plagado de corrupción en varios gobiernos regionales y municipales, tanto que no sólo hay varios gobernadores y alcaldes con juicios o directamente en prisión, sino que se ha generado una gran desconfianza en la capacidad del estado de actuar éticamente en todo lo que tengan que ver con el gasto público tanto corriente como de inversión. Por ello, para llevar a cabo cualquier proyecto de reconstrucción de una carretera, puente, o alcantarillado, los procesos de licitación tienen tantos candados y duran tanto tiempo que las obras se han retrasado ya de manera preocupante. Las lluvias ya han comenzado y quién sabe si en el próximo verano se habrán concluido por lo menos las obras de defensas y encausamiento y defensa de los ríos, para evitar la inundaciones que tanto daño hacen, sobre todo a los más pobres. Es decir, un país con altos grados de corrupción, en todos los niveles de gobierno, no puede reconstruir rápidamente.
Además, un gran error legislativo fue prohibir la reelección de gobernadores y alcaldes, pues, la falta de experiencia de las nuevas autoridades retrasa la toma de decisiones, más aún si tienen encima todo el sistema de control al cual tienen que habituarse. Estoy seguro que aquellas regiones o municipalidades que tienen gobernantes experimentados lo harán mejor.
Uno de los principales problemas de la descentralización es que no ha logrado conformar una capa de políticos regionales y locales y una masa de funcionarios capaces de mantener políticas de estado de manera eficaz y moderna. Si a esto agregamos que el segundo gobierno aprista redujo los sueldos de gobernadores, alcaldes y funcionarios, decisión desafortunada que ha impedido la creación de una generación de técnicos y gestores con capacidad de formulación y ejecución de proyectos de inversión y de desarrollo, que hoy hacen falta para la reconstrucción.
En conjunto, el proceso de descentralización, no ha logrado construir una instancia de coordinación y planificación con la que el gobierno central, los gobiernos regionales y los municipales puedan trabajar de manera sincronizada y con “checks and balances”, no ha logrado construir una burocracia descentralizada profesional y efectiva, pero sobre todo debido a todos estos factores se ha llegado a una situación de corrupción endémica, v.g. Lavajato, que ha paralizado obras y obstruye una reconstrucción del norte más rápida..
Quizás la coyuntura actual podría ser el pretexto para repensar la descentralización, no tanto como un proceso de transferencia de funciones, sino como un proceso de reorganización del estado, para lo cual ciertamente se necesita planificación concertada de largo plazo, creación de una burocracia profesionalizada y eficaz y un gran liderazgo político, técnico y ético. Será capaz el gobierno de acometer este desafío?
Lima, 30 de octubre 2017

Hace algunos años llevé a cabo una investigación sobre “el Consenso de Washington” que se utilizó en los años 90 del siglo pasado en América Latina para promover los ajustes estructurales de carácter neoliberal. Uno de los aspectos que estudié, a través de muchas entrevistas en Washington, fue cómo pensaban los economistas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano y del Departamento del Tesoro. No me sorprendí al oír que todos tenían un pensamiento económico estándar y neoclásico. Uno de los economistas del FMI, que se ocupaba del Perú, me sintetizó la idea, me dijo que el Consenso de Washington era lo que pensaban los departamentos de economía de las principales universidades norteamericanas.  Estos departamentos – Chicago, Harvard, MIT, Berkeley, Minnesota, etc.- estaban y están dominados por el pensamiento económico neoclásico que promueve la economía de mercado, la intervención restringida del estado, la propiedad privada y la libertad de decisión de cualquier agente económico.

Pero lo más interesante es que, en esas famosas escuelas de economía, han estudiado y estudian los futuros funcionarios de las entidades arriba indicadas, pero también los futuros ministros funcionarios de economía y hacienda, los futuros presidentes, directores de los bancos centrales e inclusive varios futuros presidentes de nuestros países latinoamericanos. No solamente ello, sino que también en muchos casos, estos economistas han generado relaciones de amistad, en las aulas universitarias e incluso muchos han sido roomates. Obviamente, se ha ido generando una comunidad a la que denominé “la corporación de los economistas neoclásicos” que son los que manejan las economías de nuestros países y funcionan como una corporación.

Dadas las bases filosóficas, teóricas e ideológicas de la escuela neoclásica –en todas sus especialidades- los sectores empresariales y capitalistas que, por alguna razón casi siempre son derecha y de variable conservadurismo, han adoptado este paradigma tanto en sus decisiones empresariales de carácter microeconómico y para fijar su posición frente a las políticas económicas y sociales, porque además le son favorables a sus intereses. Es obvio que estamos frente al paradigma dominante actual sobre otras escuelas de pensamiento económica que tuvieron su momento, el keynesianismo o el estructuralismo.

En este contexto, me he preguntado, como lo hace Jean Tirole en su magnífico libro “La economía del bien común”, cómo se conectan los economistas peruanos con la política y ¿cómo? resultan tomando decisiones muy importantes para la vida y el bienestar todos nosotros. Creo que tienen tres rutas. La primera es perteneciendo y militando en un partido político, en cuyo caso la doctrina y la visión económica partidaria hará que tengan diagnósticos y propuestas de políticas económicas consistentes con su ideología. La segunda es a través de la exposición de sus puntos de vista a través de sus investigaciones, libros, artículos periodísticos, y que los políticos adopten sus visiones. La tercera, que es la situación más corriente en el Perú de hoy, es participar en alguno de los movimientos políticos existentes, que no tienen doctrina definida, pero que llegan al poder y a gobernar. Muchos de ellos son en realidad tecnócratas que ofrecen sus conocimientos y experiencia económica a quien se la pida y les pague.

Como los partidos políticos peruanos han dejado de ser lo que deberían ser, la mayor parte de economistas entran a la política por la segunda y tercera vías. Dado el paradigma neoclásico dominante, la mayor parte de economistas que adscriben o han sido formados en esta perspectiva son los que “manejan la economía”. No olvidemos que el ajuste estructural neoliberal fue pro mercado, pro empresarial y anti intervencionista y ha sido apropiado por empresarios y capitalistas como el “modelo que funciona”, lo que hace que economistas neoclásicos capitalistas y empresarios compartan una misma visión económica y, hasta cierto punto, política.

Esto me permite afirmar que, hoy, el pensamiento económico de derecha en el Perú es básicamente neoclásico, a diferencia del pensamiento de derecha de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que tenía un componente de identidad política y una visión muy distinta sobre el papel del estado.

El problema central de esta situación es que la teoría neoclásica no ha recibido casi ningún aporte teórico de los economistas neoclásicos de países como el Perú. Nuestros economistas son básicamente “consumidores” de las teorías vigentes en el norte, sin espíritu crítico, fundamental en el pensamiento científico, razón por la cual este pensamiento se ha convertido más bien en una ideología, que es defendida y promovida. Lo cual no es ningún pecado, pero si es grave si se aplica a la política económica sin tener una conexión con “la política” y con el contexto socio económico y político del Perú.

No parece existir el menor deseo de contrastar las bases teóricas de los libros de texto con nuestra realidad, salvo honrosas excepciones, para ver que de pronto varias de las teorías aceptadas como axiomas no funcionan tal y cual dicen los textos o los artículos de la American Economic Review, sino de otra manera, razón por la cual varias de las políticas económicas y sociales no dan los resultados esperados.

El pensamiento neoclásico y, en consecuencia, el pensamiento de derecha se vería enriquecido si las teorías “generales” del norte fueran adaptadas a casos particulares. No creo tampoco que haya que inventar teorías nuevas, lo que sí es esencial es desarrollarlas cambiando algunos o todos sus supuestos, algunas funciones de comportamiento, imaginando otros marcos institucionales. Pero este esfuerzo está fuera de la mente de los economistas neoclásicos criollos. Es decir, tenemos una derecha económica poco creativa y bastante dogmática. A tal punto, que basta que algún economista no neoclásico tenga un punto de vista distinto o que compita con “las verdades neoclásicas y neoliberales”, para que inmediatamente sea calificado con distintos adjetivos, ocultando así su falta de argumentos teóricos o empíricos[1], pero sobre todo impidiendo el debate.

En este sentido son casi religiosos y defensores del dogma neoliberal, lo que obviamente no permite avanzar hacia una síntesis de puntos de vista contrarios. Si hubiere más debate y más apertura intelectual e ideológica tanto las políticas económicas, como las decisiones económicas y, quizás incluso la política, podría mejorar muchísimo en el Perú.

Pero obviamente, esto revela la pobreza teórica e ideológica de la denominada derecha en el Perú.

[1] El mejor ejemplo de este pensamiento se encuentra en un sitio web denominado “Lampadia”, que es la versión criolla del Instituto CATO de Washington, Think Tank del conservadurismo americano más rancio.