La profesora Sandra Carrillo viajará a Nueva York para participar de la Conferencia sobre Prácticas de Desarrollo Sostenible, que se llevará a cabo el 17 y 18 de septiembre en la Universidad de Columbia. Su ponencia: Communication and Sustainability ‘Challengues for the Extractive Industries in South America’ abordará los puntos críticos de la industria extractiva en el Perú y Colombia, en el aspecto social, económico y ambiental.
Sandra Carrillo egresó de la Especialidad de Comunicación para el Desarrollo en el año 2009. Desde entonces ha adquirido una amplia experiencia en materia de responsabilidad social de industrias extractivas. Sus estudios cobran especial importancia en esta semana debido a las reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Economía que buscarían reducir las “trabas burocráticas”, propuesta que ha desatado una serie de críticas de quienes consideran que se busca vulnerar el medio ambiente y los derechos de las comunidades a decidir.
Conversamos con ella sobre su próximo viaje y sobre esta serie de reformas legales que podrían ocasionar un aumento alarmante de los conflictos sociales en el país.
¿Cómo te invitaron a participar de esta conferencia?
En abril participé del II Congreso Mundial de Comunicación Iberoamericana. Allí presenté un análisis sobre los desafíos que enfrenta la industria extractiva en América del sur, en especial en lo que respecta a sostenibilidad, impactos sociales, ambientales y económicos. La circulación que tuvo esa presentación fue el motivo por el que me invitaran. En esta conferencia en Nueva York tenía una mesa especial dedicada a la redefinición del rol del sector privado en el desarrollo sostenible. Mandé el resumen de mi presentación, planteé una propuesta y me seleccionaron.
¿Cómo has logrado conocer tanto sobre las industrias extractivas?
Mi tesis estuvo dedicada a ese tema. Luego de trabajar mucho tiempo en el rubro de la cooperación internacional decidí dedicarme a la responsabilidad social. Trabajé en una consultora, conocí muchas empresas, manejé cuentas e hice un estudio de la sostenibilidad de la industria extractiva. Ahora trabajo en un proyecto de la misión de USAID. El proyecto es financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
¿Cuándo nace ese interés por el rubro extractivo?
Empezó con mi tesis, que estaba relacionada con el estudio de los conflictos. Poco a poco fui avanzando en el estudio del tema y me ayudó estar siempre vinculada a ese rubro por el trabajo. Al inicio uno se plantea cosas a nivel académico, pero te vas dando cuenta en la práctica que hay muchas cosas más. Ahora, que veo temas a nivel regional, me hago nuevas preguntas y las voy trabajando en la investigación.
¿Cuál crees que es el principal generador de conflictos sociales con la industria extractiva en el Perú?
Hay muchos motivos. El conflicto atraviesa varias etapas. Casi siempre hay una relación entre empresa y comunidad, porque hay un tema que los une. Esto puede tornarse en crisis si no hay una adecuada preparación y hay muchas asimetrías de poder entre los actores. Los temas ambientales son vistos como lo más importante, aunque últimamente vemos que este va acompañado de un trasfondo económico. Son poblaciones que tienen muchos años de impacto de las industrias extractivas y no ven un beneficio tangible de esta actividad. Por eso se genera un resentimiento que es alimentado por otros factores. Hay una incapacidad de la empresa para comunicarse. Dentro de la comunidad también hay deficiencias. No hay liderazgos claros ni un proyecto común. Tampoco tenemos un Estado que pueda mediar. No existen condiciones propicias que generen oportunidades de diálogo entre los tres. Siempre depende del caso y del comportamiento de los actores.
¿Existen trabas dentro de la misma empresa para estas iniciativas de responsabilidad social?
Sí. Al interior de las propias empresas no tenemos siempre un discurso articulado y un lineamiento de comunicación en lo que respecta a la responsabilidad social, el propio proceso productivo o cómo queremos relacionarnos con los grupos. Entonces, tenemos voceros para cada tema pero entre ellos no siempre hay un diálogo. La gente de responsabilidad social solo es llamada para los temas sociales, pero no de forma integral, incluyendo lo ambiental y lo económico.
Este tema se ha puesto en debate por el “Paquetazo” ¿Consideras que estas reformas pueden ser un problema para el trabajo de responsabilidad social?
Considerando que tenemos personajes clave a nivel regional con una opinión y una agenda propia, creo que sí va a generar un impacto, pero dependerá de cómo las empresas trasladen estos cambios a la gente. Hay empresas que incumplen las exigencias legales, pero hay otras que van mucho más allá de lo que la ley les obliga a hacer. En esos casos no generara mayor impacto. Creo que a nivel real, en la opinión de la gente, va a depender de la relación que exista ahora mismo. Si ya hay muchas tenciones y esto llega a la agenda, se convertirá en una bandera.
Como académica ¿Crees que realmente existen barreras burocráticas para el desarrollo de la industria extractiva? ¿O es un mito inventado por quienes están del lado de las empresas?
Hay un poco de los dos lados. Es cierto que en hidrocarburos tenemos muchos obstáculos para que se otorguen las concesiones, a diferencia de otros países donde los procesos se han simplificado. Pero, más allá de los tiempos y requerimientos, lo que más falta es entender los temas de manera uniforme entre las partes. Por ejemplo, en la consulta previa hay tres visiones, la que tiene el estado, la que tiene la empresa y la que tiene la sociedad civil. Necesitamos espacios en los que las tres puedan identificar puntos de convergencia. Es cierto que la burocracia puede ser incómoda, pero tampoco podemos dar licencia para que se trabaje sin pensar en los impactos. Hay un problema complejo en el que, para mi, no hay un solo punto de vista.