La carta magna establece en su artículo 9 que el Estado es el garante de la salud en nuestro país, no solo tiene el deber de estructurar y sistematizar la política pública en el sector salud, sino que debe procurar los medios necesarios para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. A su vez, en el artículo 65 menciona que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, y con mayor énfasis en lo referido a la salud y la seguridad de la población.

La norma constitucional que precisa lo expuesto, debe ser congruente con lo que acontece en el mercado y la función que cumplen las Instituciones públicas, sin embargo, hemos podido observar que ello no es así; dado los últimos acontecimientos suscitados en nuestro país respecto de productos con indicaciones que no corresponden con lo establecido en las normas alimentarias.

En esta oportunidad, los temas de consumidor vuelven a la palestra, toda vez que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó el dictamen que busca garantizar que las 24,000 farmacias y boticas del país tengan un stock mínimo de medicamentos genéricos.

Debemos mencionar que tanto la Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros, Digemid, Digesa Ministerio de Salud y otros entidades públicas conexas a la materia han aprobado esta iniciativa.

Lo que se busca es lograr que mayor cantidad de personas puedan acceder a medicamentos básicos y que se encuentren al alcance de todos. A la par con esta medida, que afirmamos beneficiará a muchas personas; es una buena oportunidad para traer a colación otros puntos de importancia respecto de las industrias farmacéuticas.

No debemos olvidar que el Indecopi ha multado a las cadenas de farmacias por coludirse en cuanto a los precios y ganancias de la venta de medicamentos y la cantidad de los mismos, a su vez el tema de los precios cobra mayor importancia, toda vez, que las medicinas varían por la zona en la que se encuentra la farmacia, pudiendo observarse variaciones estrepitosas que van desde comprar un medicamento a 5 soles en una determinada farmacia, y comprar el mismo medicamento en otra farmacia a 25 soles.

Recordemos también, que las grandes cadenas farmacéuticas ofrecen bonificaciones para la venta de medicamentos que le generan mayores ganancias, y ello es un incentivo perverso para que los químico-farmacéuticos ofrezcan los productos que le generan ganancias personales, y eviten ofertar productos genéricos.

A todo esto debemos añadir, que los precios de los medicamentos en el Perú son mayores que los precios en la región, y esto puede deberse a una escasa educación nacional, poca cultura de consumo, una normativa endeble con las empresas, exoneración de impuestos que tienen algunos fármacos importados como los del VIH (que paradójicamente son los que tienen un precio excesivamente elevado), entre otros factores.

Finalmente, creemos que la medida del Congreso para garantizar el acceso de medicamentos genéricos a más ciudadanos consumidores, es una medida positiva y en buena medida coadyuvará a solucionar problemas que se suscitan en el sector salud; sin embargo, no debemos olvidar que las Instituciones públicas debemos trabajar eficientemente por desarrollar programas integrales de atención a los ciudadanos, fomento de una cultura de consumo, y fiscalizar y sancionar a las empresas que lesionen las buenas prácticas mercantiles y que terminen por vulnerar los derechos de todos los consumidores, después de todo, la protección del consumidor es una tarea de acción social, en la que participamos todos , pero que demanda un rol tutelar trascendente de parte de las instituciones llamadas a hacer cumplir el mandato del artículo 65 de nuestra Constitución.

Con buen pie se inició el pasado  6 de setiembre del presente,  en el Congreso de la República, en la Comisión de Protección del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, el debate sobre el seguimiento al Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes,  más conocida como Ley de la comida chatarra, así como también se inició el debate para evaluar el fortalecimiento de los organismos reguladores de los servicios públicos  y del INDECOPI.

Esta comisión presidida por el Congresista Miguel Antonio Castro Grandez, quien fuera mi alumno en las aulas universitarias, tiene un gran reto  y lo importante es que ha comenzado por convocar a todos los actores que de alguna u otra manera directa u indirecta están relacionados con la  temática, objeto de debate. Eso tiene un mérito sin duda y además su discurso inicial ha sido inteligente, no confrontacional, ha sido de apertura, pero a su vez ha demostrado firmeza y decisión para hacer las cosas bien, para hacer que las cosas sucedan y se den los cambios legislativos que deban darse, demostrando una madurez profesional y política que destacamos. Desde ya me sumo al trabajo técnico que ha convocado y agradezco desde esta tribuna su gentileza de hacerme participe en la sesión inaugural de la Comisión

Es importante escuchar  a los actores, pero más importante aun es la voluntad que se tenga para promover los cambios necesarios a nivel legislativo para promover un mercado más transparente y competitivo. Ya desde hace tiempo en esta palestra hemos escrito sobre el tema  de la comida saludable  y hemos señalado que se debe incorporar estándares de calidad que garanticen el derecho a la salud y el derecho de los consumidores a acceder a alimentos de calidad. Asimismo en cuanto a los organismo reguladores y el INDECOPI, es una gran debate y una gran tarea, porque sin duda deben darse cambios en ambos casos, y al respecto ya hemos escrito sobre el rol de los reguladores y la necesidad de fortalecerlos institucionalmente y en el caso del INDECOPI, es un necesario también repensar algunas de sus funciones y la forma como viene operando en relación a su papel al frente de la protección de los consumidores.

El consumo en nuestro país no presenta las mejores cifras en comparación con años anteriores, sin duda alguna el fenómeno natural del “niño costero” ha afectado a muchas empresas que han tenido que ajustar sus regímenes de producción y asignación de productos para mantener sus niveles de rentabilidad, asimismo, los consumidores han reducido su actividad, ralentizando la demanda, y por ende, repercutiendo a la economía nacional.

Lo cierto es que todo este panorama, irá en progresión en la medida que nos acerquemos a fin de año, sin duda alguna las fiestas navideñas, de año nuevo y el inicio de las vacaciones, surten un efecto positivo en materia de consumo, incrementando los niveles de adquisición de productos y prestación de servicios en todos los sectores de la población.

En este contexto, es importante resaltar y exponer un mercado que nunca se detiene, que avanza con velocidad y que se encuentra cada vez al alcance de todos: el mercado inmerso en las redes sociales.

Las tendencias mundiales y nacionales, determinan que los jóvenes y adultos compran constantemente utilizando medios electrónicos, la publicidad en las redes sociales es un factor importante no solo para ofrecer productos, sino para afianzar las marcas de empresas en sectores donde antes no hubiesen podido llegar con suma facilidad. Cada vez, son más jóvenes que se guían por los likes en Facebook, para decidir sobre un producto, o los comentarios en las bandejas para prestar un servicio, y Facebook solo es el primer eslabón, otras redes sociales como twitter, instagram, linkedin, ofrecen una variedad de formas para publicitar un producto y tener un mayor alcance.

De esta manera, los consumidores, no solo respondemos a la información que nos brinda el proveedor a través del producto, sino a la información que nos brindan otros consumidores sobre ese mismo producto, mejorando nuestra alternativa de decidir por un producto que verdaderamente queremos, merecemos y que cumpla con los estándares de calidad que buscamos. En este contexto, observamos un progresivo avance en materia de derecho a la información y hasta se podría hablar de una “garantía social”, cuando muchos consumidores aprueban o desaprueban un producto.

Se observa que los consumidores han ampliado su abanico de posibilidades y alternativas de productos respecto de las empresas, de manera que, ahora valoran no solo aquella empresa que brinda productos de calidad, sino aquella que tiene un buen gobierno corporativo y políticas de protección medioambientales, que sin duda alguna, son factores que determinan un balance entre lo que se busca consumir y las buenas prácticas de negocio de aquellas  empresas a las que compramos.

Finalmente, es importante resaltar que en el sector empresarial, las buenas prácticas corporativas, que van de la mano con la responsabilidad social empresarial, generan un mayor posicionamiento,  que sin lugar a dudas impacta positivamente en la percepción del consumidor frente a la marca, toda vez que prácticas como el cumplimiento efectivo de las reglas de mercado, solución de conflictos por vías alternativas, protección al medio ambiente en la producción, cumplimiento de lo ofertado y de las garantías ofrecidas, promoción de una cultura de consumo responsable, entre otras; son valoradas por los clientes, quienes asumen una conducta de lealtad hacia la marca y la imagen positiva que proyecta una empresa, lo que sin duda suma para lograr en el futuro un mercado creciente, eficiente, competitivo y transparente.

Betelgeux es una empresa fabricante de detergentes y desinfectantes para la industria alimentaria, cosmética, farmacéutica y explotaciones ganaderas. De origen español, se ha convertido en una de las principales empresas en este rubro en el mercado de España.

Desde hace unos años ha ampliado sus horizontes hacia Portugal y Chile, parece ser que este último conclave ha determinado la posibilidad de ingresar al mercado peruano, donde ya se han entablado negociaciones para abrir una filial en nuestro país.

La empresa española, será competidora inmediata de la norteamericana Kimberly Clark, muy anclada en mercado nacional, pero que no ha sido extinta de multas por parte del INDECOPI; asimismo, se podrá observar cuál será su propuesta ofertable para con los consumidores y con este sector del mercado.

Dada la información que existe en el mercado sobre dicha empres, sabemos que cuenta con políticas de desarrollo sostenible, y evaluación integral en todos los campos de la cadena de producción, ofreciendo servicio técnico y profesional especializado; asimismo, apuesta por la investigación y la innovación como herramienta para el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios; y por ofrecer al público campañas de higiene para determinados sectores de la población.

Creemos que la inversión de empresas multinacionales en el mercado peruano, es muy importante, toda vez que le permite crecer, afianzar la competencia entre empresas, y  ofertar productos de mayor calidad para los consumidores.

Es importante que las instituciones tutelares del mercado , sean la agencia de competencia, reguladores u otras entidades, den estar atentas para asumir con eficiencia el rol que les corresponde en aras de un mercado transparente y competitivo , donde los operadores de mercado respeten las reglas mínimas para preservar los derechos de los consumidores, que somos quienes damos vida al mercado.

El INDECOPI ha sancionado a los bancos de las tiendas por departamento Ripley y Saga Falabella, con multas que ascienden a S/. 111 780 y S/. 21 870, respectivamente, por el cobro indebido de penalidades por pago atrasado de sus clientes afiliados a la tarjeta de crédito que ofrecen ambas entidades.

Asimismo, debemos precisar que como medida correctiva, y dada la naturaleza de este mecanismo jurídico, tanto Ripley como Saga Falabella tienen la obligación de devolver los aportes por las penalidades cobradas indebidamente a los consumidores perjudicados.

Según lo establecido por el INDECOPI, los cobros de las penalidades no habrían sido informados; a su vez, no estarían de acuerdo con lo establecido en los formatos y tarifarios puestos a la disposición de los clientes, configurándose prima facie, una vulneración del deber de idoneidad, de información y de garantías respecto de la tarjeta de crédito.

Se debe resaltar que Saga Falabella no ha presentado apelación, reconociendo y pagando la multa impuesta, así como, cumpliendo con devolver los montos cobrados a los consumidores. Ripley se encuentra dentro del plazo de apelación del monto de la multa impuesta.

Las diferentes respuestas por parte de las empresas ante la misma falta, evidencian la forma tan disímil como cada operador de mercado responde ante este tipo de infracciones y la forma como cada uno evalúan sus actos en el mercado.

Quizá las empresas no se han dado cuenta que las buenas prácticas en el mercado son parte integral de su  imagen de transparencia que pretenden proyectar al público consumidor, y que de una buena política de gestión y responsabilidad social empresarial depende mucho su éxito como negocio, porque tal como hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo en esta tribuna, el buen gobierno corporativo en el mundo de hoy no solo es rentabilidad para el negocio, sino también el cumplimiento de las reglas básicas del mercado y una de ellas es el respeto a los derechos del consumidor y las buenas practicas.

Las presentes variables económicas no solamente son la expresión de la conducta de los hombres, sino también son expresión de la coyuntura por la que atraviesa el Perú, por ello en esta oportunidad presento las cifras del comportamiento económico de nuestro país, contrastadas con el comportamiento de otros países a nivel regional y mundial.

Como siempre gracias a la gentil colaboración de nuestro dilecto amigo, el economista Javier Zuñiga, uno de los profesionales en la materia más reconocidos del país, quien con mucha maestría y estudio propio del análisis de un académico reconocido, nos muestra el comportamiento económico en el multinivel internacional. Sin duda alguna un gran aporte en materia académica y para quienes son seguidores de nuestro blog.

Mediante esta palestra académica, le agradezco a Javier Zuñiga, la oportunidad de compartir su trabajo, un trabajo de filigrana hecho en variables económicas.

A continuación, un breve detalle de lo que expresa Javier, respecto de la economía del país hasta el mes de setiembre.

Las cifras económicas al mes de setiembre del presente año, nos muestran variantes que tomaremos en consideración para este reflexivo análisis de las potencialidades y perspectivas que nos ofrece la economía del país hasta diciembre de 2017 y el año 2018, dada las circunstancias políticas y económicas por las que atraviesa el Gobierno en la actualidad.

La proyección del crecimiento del PBI anual nos muestra un 2.5% de crecimiento de la producción nacional, porcentaje que nos coloca en una posición expectante respecto de países de la región como Chile con un 1.7%; Colombia con un 2.3%; y, Brasil con un cifra menor de 0.2%.

El porcentaje del PBI para nuestro país es de 2.8%, lejos quedó la cifra de 3.9% que cerró el año pasado; sin embargo es posible afirmar que nuestra economía irá en crecimiento a lo largo del año y debería alcanzar un 3.8% para el próximo 2018.

Las potencias mundiales muestran un pequeño crecimiento, pero de manera sostenible, toda vez que sus porcentajes fluctúan en las cifras expuestas en años anteriores. Estados Unidos (2.30% con una proyección mayor al próximo año); Alemania (1.80% con aparentemente una ligera reducción porcentual al próximo año), China (6.70% estable en los últimos cuatro años) y Japón ( 1.20% con una proyección menor en los próximos años).

La inflación anual del año 2016 fue de 3.25% para Perú, se estima que para el 2017 terminemos con una inflación de 2.90%, porcentaje menor al proyectado en meses anteriores, variable que responde a la progresiva estabilidad, a posteriori de los desastres naturales sucedidos en los meses anteriores.  Se proyecta empezar el año 2018 con un promedio de 2.80%.

El tipo de cambio de moneda nacional a dólar norteamericano es de 3.24 al mes de agosto (ligeramente superior a meses anteriores) y se proyecta que a diciembre del presente año el tipo de cambio sea de 3.28, valor inferior al del mes pasado.

En cuanto al PBI por sectores, el sector agropecuario se muestra constante en una variable de 2.2 ( cifra que pretende alcanzar el 4.4% el próximo año); el sector pesquero muestra un incremento sustancial a razón de 34,0- quizá debido a un incremento en el desembarque de anchoveta-; la minería e hidrocarburos una baja constante que rodea los 4.3– lejos del 16.3 del año pasado-; el sector de energía muestra una proyección de 3.1  – lejos del 3.6 que proyectaba el mes anterior- ; y los sectores de construcción, comercio, servicios y manufactura muestran índices equivalentes a 2.5.

La inversión privada rodea los 14.40% y se proyecta al próximo año, alcanzar un 17.60%.

La tasa de interés de referencia influye en el precio de las operaciones crediticias de muy corto plazo y es establecida por la entidad monetaria de un país. Actualmente el Perú cuenta con una tasa de interés de referencia de 3.75%, proyectada por el BCRP.

Por otro lado, el déficit fiscal a mayo del presente año es de 2.7%. La cifra se proyecta a un 3.0% al finalizar el año.

Finalmente,  los índices y variables económicas son de sustantiva importancia para comprender las expectativas y posibilidades de nuestra economía de cara a las exigencias nacionales e internacionales que debemos corresponder para lograr un desarrollo más extensivo e inclusivo a todos los ciudadanos de nuestro país.

El débito directo para el pago de los servicios públicos  domiciliados, fue aprobado por la Comisión de Economía del Congreso de la República, a fin de que el consumidor pueda  autorizar  el pago automático  de servicios mediante el débito automático   en alguna de sus cuentas  de depósito de la que es titular en alguna de las instituciones financieras del país.

La modalidad del débito automático  facilita que el consumidor  pueda realizar cargos periódicos sobre su cuenta bancaria a fin de cumplir  con obligaciones  adquiridas con su acreedor. En este esquema aprobado por la Comisión, el consumidor se afilia a esta modalidad y autoriza los pagos desde su cuenta  y su banco de forma periódica depositará en la cuenta del proveedor  del servicio los montos que correspondan al consumo  facturado en la fecha de vencimiento de la obligación de pago.

Lo importante de este proyecto es que sea garantista para los consumidores, por ello se establece que el consumidor debe autorizar expresamente  dicha modalidad de pago. Esta modalidad debe estar autorizada y debe estar separada del contrato asociado al producto financiero que posee el cliente en el su banco. También se prevé que el consumidor pueda establecer topes máximos  para este tipo de operaciones, así como el cambio de estos montos  o que se suspenda el servicio.

Se establece también que puede pedir devolución en los siguientes casos:

– cuando haya pedido suspensión del servicio y pese a ello se llevó cabo  el débito.

– si el monto pagado excede el autorizado

– cuando no se encuentre afiliado, pero el banco hace la operación.

Según información de la Superintendencia de Banca y Seguros SBS, el Perú ha pasado de 10,5 millones tarjetas de crédito en el año 2012 a 16,5 millones de tarjetas de crédito en el año 2017.

Según fuentes de los organismo Reguladores  hay 5,987,144 millones de usuarios de luz eléctrica;  5,133,096 usuarios de agua ;  3,095,656 usuarios de teléfono fijo y 7,671,307 usuarios de teléfonos móvil, excluyendo el prepago.

Lo singular del proyecto aprobado es que se da una facilidad al consumidor  y se dinamiza el mercado para que las operaciones de pago de servicios sean más rápida, y lo mas importante es que los consumidores peruanos asumamos una cultura de pago y de  consumo responsable, así como acceder a la información correcta para evitar luego conflictos por no saber cómo funciona esta modalidad de pago. Habrá mayor eficiencia, pero se necesita también de parte del consumidor un compromiso para aprender a usar responsablemente esta herramienta que hoy nos brinda el sistema financiero  para facilitar nuestras transacciones económicas y evitar conflictos  o deudas de pago por servicios públicos.

Recientemente el INDECOPI ha aprobado  una Guía de Aprobación de Programa de Clemencia, que estamos seguros será objeto de análisis y estudio por los especialistas. No obstante, yo tengo una línea de pensamiento muy particular sobre este tema, que si bien es cierto es saludable y funciona adecuadamente en muchos países que cuentan con este programa, lo importante es que se establezca en marco normativo suficiente, preciso y coherente para que funcione adecuadamente en nuestro país, que cuenta no con una ley de competencia propiamente dicha, sino con una Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

MI análisis es que en el Perú muy poco han funcionado los programas de clemencia, porque no hay incentivo para que los empresarios se sometan a dicha práctica, porque no existe en el país sanciones penales, es decir no existen delitos de  abuso de poder económico,  porque fueron derogados el 2008 por el Decreto Legislativo 1034 que sin ser una Ley penal, despenalizó este tipo de delitos,  de tal manera que por más lesiva que haya sido para el mercado y los consumidores una práctica anticompetitiva sancionada por la Ley , el empresario sabe que lo peor  que le puede pasar es que le impongan una multa administrativa elevada por conducta muy grave, la misma que impugnará en vía contencioso administrativa y con un medida cautelar del poder judicial paralizaría  la ejecución de la multa y ahí se tiene para discutir el tema unos 5 a 10 años.

Por otro lado, sabe que las multas no suelen ser muy altas en INDECOPI y si lo fuera tienen la vía contenciosa administrativa y la medida cautelar para neutralizar la cobranza.  Asimismo el mercado peruano es altamente concentrado, en algunos grupos de empresas, interrelacionadas, de tal manera que difícilmente  se van a delatar unos a otros porque tiene intereses en común.

Por lo expuesto no hay muchos incentivos para someterse a un programa de clemencia, que indudablemente es bueno que exista, tal como lo hay en otros países de la región.

Es importante  también que se incluya como uno de los requisitos para acceder al programa de clemencia, que haya de por medio un resarcimiento de infractor a los consumidores afectados, o una propuesta relevante para mitigar los efectos de su conducta lesiva en el mercado, sin embargo esto se ha dejado  para el poder judicial , sin tener en cuenta que en más de 20 años de funcionamiento del INDECOPI como agencia de competencia, no existe un solo caso  de indemnización por conductas anticompetitivas.    Esperemos  ver cómo evoluciona el mercado peruano y estemos atento a la correcta aplicación de esta guía.

Hace aproximadamente un mes fueron elegidos los presidentes de los organismos reguladores para este nuevo periodo y en efecto después de un concurso fallido y luego de varias actividades de selección, finalmente el gobierno eligió a los presidentes , escogiendo dentro de los postulantes, aquellos que consideró tenían los mejores pergaminos para el encargo de conducir los destinos de los órganos reguladores en un momento difícil y complejo de inversiones en infraestructura de los servicios públicos que demandan una atención especial del Estado frente a la presión social .

En materia de agua potable y alcantarillado , el encargo recayó en el Economista Iván Lucich Larrauri, gran profesional de las canteras de SUNASS y a quien tuve el gusto de conocer cuando me desempeñaba como miembro del Directorio de SUNASS y a quien autorizamos una especialización en recursos hídricos en Alemania, en el año 2011, sin duda su experiencia será fundamental para el cumplimiento de sus funciones al frente de un organismo que tiene una gran tarea, toda vez que una  de las líneas programáticas del gobierno y dotar de agua potable a un gran sector social que demandan este derecho. Cabe precisar que Ivan Lucich Larrauri, fue el primero en ser nombrado, ya que los demás concursos fueron declarados desiertos en un primer momento.

En materia de telecomunicaciones, el encargo recayó en el Dr. Rafael Eduardo Muente Schwarz, profesional de experiencia y profesor universitario, que tendrá una gran tarea frente a un sector de creciente espacio público donde los consumidores demandan cada vez más imágenes y motivaciones nuevas del regulador para mejorar la cobertura y la respuesta rápida en los servicios de telefonía fija y sobre todo celular, que tiene un incremento sostenido en nuestro país.

En materia de energía, gas y fiscalización minera, el encargo recayó en el Dr. Daniel Schmerler Vainstein, profesional que venía laborando en el Tribunal de dicho organismo y que también tiene relación y experiencia en la materia.

Finalmente en materia de infraestructura de transporte de uso público, el encargo recayó en la Dra. Rosa Verónica Zambrano Copello, profesional de experiencia en el sector y a quien también tuve l gusto de conocer cuando fue mi alumna en la Escuela de Graduados de la PUCP y quien desde ese entonces denotaba un manejo delas principales categorías conceptuales de Derecho Regulatorio , que son necesarias para cumplir con eficiencia su labor, más aún en un organismo reguladores que tuvo una participación relevante en el fallido contrato del aeropuerto de Chincheros y necesita recuperar la confianza ciudadana de cara un proceso sostenido y creciente de inversión en infraestructura que demanda el país.

Estamos seguros que estos destacados profesionales cuentan con la idoneidad profesional suficiente para enrumbar nuevos aires de regulatorios y establecer los mecanismos de mejora y de innovación que sean necesarios para mejorar su performance de cara a una agenda institucional  y una cartera de inversiones que no deja de tener su lado político y ante lo cual deben estar atentos para evitar cuestionamientos a su labor, la misma que debe  estar siempre sustentada sobre la base de criterios técnicos.

Lo primero que tiene que hacer en mi concepto es alinear su plataforma de trabajo con un enfoque sistémico, que articula tres elementos, primero política publica, entendida como la cosmovisión política del gobierno en la materia regulatoria del sector específico, es decir, agua, energía, telecomunicaciones infraestructura de transporte, en segundo lugar la normatividad  en la que se sustenta la política pública y tercero la institucionalidad de quien va a hacer que se cumpla la política pública establecida por el gobierno.

Es decir, política pública, norma e institución, son los tres ejes que deben estar articulados para el buen funcionamiento institucional y en ese sentido una tarea  para los actuales presidentes es hacer un diagnóstico institucional para ver si su actual estructura funcional y administrativa responde a los nuevos retos y desafíos que exigen la sociedad a los reguladores en la hora actual, en la que estamos frente a un mercado de servicios públicos crecientes, pero lleno de presiones política y socialmente extendidas.

A continuación damos algunos alcances sobre la situación de reguladores que es preciso superar con prontitud. Así, si tenemos una mirada que va mucho más allá, de lo que se ha discutido, sobre la viabilidad del contrato del Aeropuerto de Chinchero, en el Cuzco, lo que en el fondo subyace, es la crisis que se está dando en los Consejos Directivos de algunos  Organismos Reguladores.

Desde hace buen tiempo, algunos  Organismos Reguladores vienen funcionando de manera incompleta, es decir, con uno o dos miembros faltantes en cada Consejo Directivo, es como que a un auto le falte una llanta y siga rodando. Qué consecuencias trae consigo esto? Que, obviamente, al no estar completos los miembros del Directorio, no se tomen decisiones adecuadas, coherentes con lo que realmente necesita el sector, ahí la regulación, que tiene que ser muy eficiente  y sólida, no se da, porque se mediatizan y retrasan a veces  las decisiones que se deben de tomar a nivel de Directorio.

Este es un tema que con urgencia tiene que ver el Ejecutivo, de completar los miembros del Directorio, y terminar con esa interpretación que un director es nombrado eventualmente por cinco años, pero desde el plano real, solamente está en el cargo el plazo que  faltaba completar al director vacante. Es decir, si termina su mandato un director y se demoran dos años en convocar al nuevo, cuando se nombra al nuevo director ( por 5 años) , éste solo estará en el cargo tres años, restándole los dos años que estuvo pendiente la convocatoria, lo que es una inconsistencia que tiene que ser corregida.

El otro tema pendiente, es la falta de fortalecimiento institucional de los organismos reguladores de cara a los procesos de inversión en infraestructura de servicios públicos, lo que se evidencia por ejemplo en el poco tiempo que se les da para opinar en los contratos de concesión, en temas a veces de mucha complejidad.

Por otro lado las dietas de directores llegan a 1,500 soles por sesión , es decir  3,000 soles mensuales incluido impuestos, es decir,  liquido 2,700 mensuales a pesar de que tienen que aprobar y opinar sobre contratos de varios millones, eso es inaudito,  si es que se desea contar con especialistas que constituyan una verdadera masa crítica que aporte y coadyuve al fortalecimiento institucional de los organismos reguladores y evitar su crisis y su deterioro que terminen afectando su funcionamiento y su idoneidad profesional. Además dos sesiones de directorio al mes, eventualmente no son suficientes frente a las demandas ciudadanas, y debería proponerse una ampliación  al igual que las dietas, ese es un tema que debe ser puesto en el tapete de la nueva gestión

Asimismo subsisten las opiniones no vinculantes de los organismos reguladores en relación a los contratos de concesión, demora en la aprobación de expedientes técnicos, problemas de coordinación y flujo de información en la suscripción de actas de acuerdo, trato directo, adendas y en la  ejecución El otro tema de la crisis de reguladores, es el poco tiempo que se le da para opinar en los contratos de Concesión, Asimismo, el regulador se casa por treinta años con una concesión, sin embargo no se le permite, si quiera, participar en el proceso de concesión. Es un tema complejo que por supuesto tiene que ser estudiado y analizado con cuidado.

Lo importante es que hay nuevos líderes en los reguladores y que están motivados para innovar su gestión de cara a las inversiones para mejorar la infraestructura de servicios públicos en el país. Éxitos.

El Derecho es como el lenguaje, es puramente convencional, no es lógico como las matemáticas. Lo importante en el Derecho, como en el lenguaje, no es la lógica estructurada, sino el hecho que todos lo entiendan, por ello al decir que es como el lenguaje, significa que debe ser socialmente eficiente, es decir que lo que importa es que el Derecho funcione, y no solo que sea correcto.
En efecto, la transacción de intereses en conflicto en una sociedad, todos la aceptan, así , en el lenguaje, el uso es su eficiencia y en el Derecho, su observancia es la eficiencia. Para que las leyes sean más participativas, es necesario que tengan aceptación y ello sucederá en la medida que la ley esté internalizada en la cultura de las sociedades donde opera como norma.
La cultura no es lo que la gente sabe, como se cree erróneamente, cultura es como la gente se conduce y la cultura jurídica es cómo se comportan los destinatarios de las leyes -que somos todos- y para cumplir las leyes es necesario diferenciar entre saber y entender, dentro del contexto cultural de una sociedad, más aun en el Perú que es un país multicultural y heterogéneo desde todo punto de vista.
El Derecho está basado en la cultura, incluso me atrevería a decir que es en esencia un producto cultural, pero en nuestro país, muchas veces se ha elaborado el Derecho mas como una pieza de biblioteca, que como una ley con eficiencia social y luego cuando la ley que no es observada por la comunidad, se dice que no hay cultura de respeto a la ley, pero no se toma en cuenta que la gente no cumple la ley por falta de cultura, sino que la ley no se ajusta a la cultura del pueblo. Las leyes son hechas por gente culta, pero que no entiende o no comprende la cultura del pueblo adonde está dirigida la ley.
En preciso anotar que en la actualidad inclusive ya no se habla de democracia con un significado único en política, sino que se ha dado lugar a la democracia electoral, la democracia de gobierno y la democracia de las culturas, que es hacia donde debe apuntar el correcto trabajo político de un gobierno para lograr niveles de aceptación y eficiencia.
El Derecho debe expresarse como se expresa la sociedad, pero además debe considerar sus intereses, porque el objeto del derecho no es la ley, sino la vida de la gente, por ello entre el Derecho y la vida hay una relación. El Derecho es la vida misma, regida por normas que encarnan valores y el abogado como líder social que es, debe ser capaz de descubrir los intereses que tiene el pueblo en la ley. El Derecho se trata de cómo vivir.
La forma como se viene afrontando la falta de confiabilidad ciudadana en el sistema jurídico del país, es porque se sigue razonando el Derecho -y por ende la ley- con una cosmovisión rezagada u equivoca del conflicto social, se mide y analiza la realidad sin considerar el sentir social, se sigue considerando el sistema judicial como un sistema de normas , de leyes, sin embargo de lo que se trata es de conflictos sociales y tener en cuenta que solucionar conflictos es una necesidad humana, esa es la variable de medición y lo importante es que la solución sea lo más eficiente posible.
Debe asumirse la solución de conflictos con un estándar de cultura de servicio, de cultura de calidad y entenderlo como un servicio a la comunidad y para ello es necesario un trabajo político de una nueva cosmovisión, no es un trabajo legal, no se trata de estructuras lógico jurídicas o de autoridades, se trata de una cultura de servicio, donde el publico perciba los servicios la justicia como un resultado concreto, visible, plausible, tangible, independientemente del tecnicismo legal del resultado.
En este planteamiento que propongo para refrescar el Derecho como ciencia social, es necesario nuevas estructuras de razonamiento jurídico, donde sea necesario perforar la ley para analizarla y estudiarla en su funcionamiento eficiente, no en su logicidad ni en su terminología, entender el conflicto no como un asunto de ley, sino como un asunto humano, donde se exponen dramas sociales y culturales de la gente y que eventualmente no son recogidos por el Derecho basado únicamente en normas. En este contexto, hay nuevos retos y desafíos para los juristas y estudiosos del Derecho. Yo desde hace buen tiempo desde esta plataforma de opinión planteo nuevos escenarios y nuevas reflexiones en materia de Derecho y creo necesario una nueva cosmovisión jusfilosófica y propongo pasar de la corteza del Derecho, al objetivo final del Derecho en sí mismo, es decir : el cómo vivir y el vivir feliz, esa es la meta de un sistema jurídico eficiente.