¿ES MOMENTO DE UN CONTROL DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL PERÚ? A PROPÓSITO DE LA COMPRA DEL 100% DE ACCIONES DE LA EMPRESA QUICORP S. A. POR EL GRUPO INTERCORP

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Debido a la compra del 100% de acciones de Quicorp S.A. por parte del Grupo Intercorp, el cual le permitiría un manejo de las cadenas farmacéuticas más conocidas del país, INDECOPI anunció que vigilará y supervisará muy de cerca el sector farmacéutico para evitar el abuso de posición de dominio y acciones que puedan atentar contra la Libre Competencia.

Esta vigilancia por parte de la autoridad administrativa tiene la finalidad de evitar actos de abuso de posición de dominio en el mercado que puedan eventualmente impedir a las farmacias independientes competir activamente en el mercado con las farmacias del Grupo Intercorp.

Debemos señalar que el INDECOPI carece de atribuciones para revisar la compra de acciones de empresas en el sector privado, ya que no existe un régimen de control de fusiones o concertaciones en el mercado, a diferencia de otros países en los que sí existe una Ley de fusiones y adquisiciones que permita revisar la compra de empresas.

Esta noticia, nos llama a una reflexión. Está bien que INDECOPI haga una severa vigilancia y cumpla con su función de estar atenta ante cualquier eventualidad que evidencie un abuso de posición de dominio en el mercado por parte de estas empresas en el sector farmacéutico. No hay que olvidar que el sector farmacéutico es un sector muy sensible que está vinculado a un tema como lo es la salud humana, y la salud como tal es un derecho de los consumidores, un pilar fundamental en el mercado, que en cualquier país del mundo hay una fuerte vigilancia en este sector y más aún con las prácticas anticompetitivas que puedan suscitarse.

Saludamos la labor y el anuncio del INDECOPI, pero creemos que la libre competencia no se regula únicamente con vigilancias, o atendiendo a malas prácticas anticompetitivas, sino que es hora que exista en el país un control de concentraciones económicas.

Sin duda alguna, esta noticia nos pone en el tapete de nuevo, un gran tema de debate nacional, la conveniencia o no, de tener una Ley de control de concentraciones económicas en el mercado, ¿tener o no un control de fusiones? Este tema siempre está en la epidermis del debate académico, político y económico, a tal punto que existe un Proyecto de Ley en el Congreso de la República, pero que no ha sido promovido, evidenciando que no hay una voluntad política para tratar debidamente el tema, es decir, no hay un interés por dotar al país de una legislación moderna, principista, que sea capaz de promover un mercado mucho más trasparente y competitivo.

Sabemos que el Perú está tratando de entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE; y esta organización ha puesto como exigencia – para  poder entrar a este importante club de las 35 economías más importantes del mundo- que el Perú tenga un sistema de control de concertaciones económicas, tal como pasó en Chile, que incluso tenía un estatuto que no tenía categoría de Ley, pero que, después de un año, se convirtió en una Ley concreta y definida que le permitió entrar a la OCDE.

En el Perú no hay acciones concretas. Si el Perú quisiera entrar a la OCDE y si se precia de ser un país moderno, debe también ser moderna su legislación, más aún, la legislación del mercado, el mercado es como la naturaleza, debemos cuidarlo para que nos dé oportunidad de crecimiento para todos; entonces, si no se hace nada o se hace poco, eso evidencia que por más que se diga que el Perú está avanzando y que se diga que es un país donde se puede invertir, creemos que seguirá siendo un mercado deficiente, anticompetitivo, con estructuras atrasadas desde el punto de vista legal, y si no nos atrevemos a dar ese paso importante, pronto las propias fuerzas del mercado acabarán con el propio mercado y la pregunta es ¿quién paga los platos rotos? Pues todos nosotros, los consumidores, que vamos a estar a expensas de cualquier clase de práctica anticompetitiva de mercado.

La preocupación es natural, toda vez que ya las cadenas farmacéuticas han concertado precios, es decir, existe un antecedente de las farmacias de haber cometido una práctica anticompetitiva y altamente lesiva para el mercado, demostrando una total irresponsabilidad y sobretodo afectado a todas las familias peruanas.

Ahora nos damos cuenta que hay de por medio no solamente un tema de mercado, o una conducta anticompetitiva constituida por una de las más desdeñables y sancionables  conductas anticompetitivas como lo es la concertación de precios, sino que hay de por medio una afectación al derecho de salud de las personas, porque al concertar precios, están dejando fuera del alcance de muchas familias probablemente algún medicamento que pueda servir para mitigar alguna enfermedad, entonces, existen antecedentes de las farmacias, y es más, INDECOPI, en aquella oportunidad, actuó de manera que podría considerarse incluso como condescendiente

¿Argumentar que se vigilará el mercado y que se espera que no haya ninguna práctica anticompetitiva? Esperemos que así sea, pero en realidad hace tiempo que el mercado peruano necesita una Ley de concentraciones empresariales. Esto último demuestra una conducta poco visionaria y sistémica por parte del Estado, porque por un lado se quiere ingresar a la OCDE – que exige el control de concentraciones – y por otro lado, jurídica y normativamente no se ha avanzado nada al respecto. ¿Cómo vamos a avanzar con el país? ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de estructuras jurídicas debemos tener para el siglo XXI? ¿Qué tipo de estructuras jurídicas debemos tener para garantizar los derechos de las personas en el mercado? Este es un tema de derecho de las personas en el mercado, es en el fondo un tema de derechos humanos, porque el único lugar donde se viabilizan y materializan los derechos humanos de las personas es en el mercado, se materializan nuestros derechos a la salud, a la educación, al trato justo y no discriminación, a la protección de nuestros intereses económicos, entre otros. El Estado tiene que tener una política pública clara, precisa, coherente, sostenida, visionaria, principista e innovadora en esta materia. Este es el verdadero reto del Perú al bicentenario, todos esperamos que se pueda cumplir. Necesitamos un Estado fuerte, capaz de promover una legislación coherente con un discurso político de crecimiento de mercado, pero además necesitamos imágenes y motivaciones nuevas, capaces de crear confiabilidad en el sistema jurídico y político, solo así podemos hablar con certidumbre de un Estado democrático, principista y visionario

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