Pegasus y una nueva era de opresión por la fe

2:00 p.m. | 1 oct 21 (RNS/AI).- Amnistía Internacional y un consorcio de medios han desenmascarado la amenaza más sofisticada del mundo contra los derechos humanos. A David Curry, director de una organización que defiende a los perseguidos por su fe, no solo le preocupa que el programa espía “Pegasus” sea capaz de grabar llamadas, capturar contraseñas, activar la cámara y el micrófono e identificar si el smartphone está en movimiento. También es motivo de alarma que de los 10 gobiernos que supuestamente han comprado la herramienta, 5 estén entre los que más vulneran la libertad religiosa. Curry describe los peligros y propone algunas ideas.

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Amnistía Internacional y una colaboración de medios (The Washington Post, The Guardian, Le Monde y otros más) publicaron un informe demoledor en el que exponen la amenaza más sofisticada del mundo contra los derechos humanos: el programa espía “Pegasus”. Aunque se diseñó originalmente para vigilar la actividad delictiva, los datos de uso ilustran que los terroristas no son su único objetivo.

Para aquellos que tienen cierto conocimiento de geopolítica, la lista de clientes del programa espía es realmente escalofriante. De los 10 gobiernos que supuestamente compraron la herramienta, todos tienen un historial conocido de violaciones de los derechos humanos y han demostrado repetidamente su deseo de reprimir la disidencia. Cinco de esos países también aparecen en la lista de vigilancia de la libertad religiosa -por ser de los peores infractores en ese ámbito- elaborada por la organización Open Doors USA (dirigida por David Curry). El programa espía Pegasus es ahora una peligrosa herramienta en manos de operadores maliciosos que desean reprimir la disidencia.

Para cualquiera que se preocupe por las amenazas a la libertad religiosa, el Proyecto Pegasus pone al descubierto un hecho sorprendente: Los estados autoritarios tienen ahora todas las herramientas que necesitan para vigilar, atacar y censurar a las minorías religiosas. La persecución religiosa patrocinada por estados ha aumentado en los últimos años. Los gobiernos de China, India y Arabia Saudí llevan mucho tiempo tratando de centralizar su poder silenciando a sus opositores. Recientemente, una serie de estados autoritarios emergentes, como Hungría, Kazajstán y Vietnam, han seguido su ejemplo. Pero la capacidad de impedir e incluso castigar la libertad de expresión a escala masiva no se había generalizado hasta ahora.

Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado tecnologías avanzadas que eran inimaginables incluso hace una década. Para los regímenes autoritarios, estas herramientas son relativamente baratas y fáciles de adquirir. Pueden desplegarse silenciosamente y a menudo dejan poco o ningún rastro. La ciencia de hoy se parece a la ciencia ficción de ayer, y marca el comienzo de una nueva era de opresión no sólo para los activistas más conocidos, sino para cualquiera que posea un teléfono inteligente.

No es casualidad que los enemigos habituales de la libertad religiosa estén vigilando también otras fuentes de disidencia. En la India -donde los ciudadanos no hindúes se han enfrentado a un aumento del 300% de los ataques violentos por motivos religiosos-, al menos 40 periodistas fueron objetivo de Pegasus entre 2017 y 2021. Esto ocurre en una democracia con las libertades de religión y expresión escritas en su constitución. En Arabia Saudí, un estado islámico soberano, los conversos del Islam se ven obligados a autocensurar sus expresiones de fe o a enfrentarse a la detención por cargos falsos. Cuando el periodista Jamal Khashoggi expresó libremente sus críticas al régimen teocrático, fue asesinado. Aunque el gobierno saudí ha negado su participación en el homicidio, el Proyecto Pegasus reveló que la inteligencia saudí utilizó el programa espía para vigilar a personas cercanas a Khashoggi.

China creó el programa piloto con la detención de más de un millón de musulmanes uigures. La tecnología de reconocimiento facial identifica posibles objetivos para el Partido Comunista Chino. La recolección de los datos de sus smartphones pone al descubierto cualquier atisbo de crítica que pueda justificar una detención, aunque sea injusta. Pero los detenidos, al igual que los vigilados por Pegasus, no son ni terroristas ni espías. El resultado de estas tácticas incendiarias es la criminalización generalizada de la fe y la opinión disidente.

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Kazajistán ha seguido el ejemplo de China en la tecnología de vigilancia masiva. Los funcionarios kazajos utilizaron Pegasus para rastrear a los críticos del gobierno, y la legislación preexistente restringe la capacidad de los ciudadanos para rendir culto libremente. Estas prácticas, unidas a las frecuentes redadas policiales en las iglesias, demuestran una vez más que la vigilancia es la precursora de la censura.

Aunque en EE.UU. están relativamente protegidos de muchas de las violaciones de derechos que sufren en el extranjero, hay actividad en línea que contribuye a crear plataformas que favorecen la persecución. Los planes de desinformación del gobierno se aprovechan de las redes sociales, como Facebook y WhatsApp, al tiempo que los grupos religiosos y los medios de comunicación dependen cada vez más de ellas. Y el aumento de la asistencia a las iglesias en línea, impulsado por la pandemia, expone aún más a los creyentes a sus perseguidores.

Facebook ha afirmado que protege el discurso religioso y político al tiempo que filtra las noticias falsas y las incitaciones a la violencia. Pero el Proyecto Pegasus revela que ninguna expresión de la fe en línea es realmente segura.

El mundo debe redoblar el compromiso de presionar a los regímenes autoritarios para que respeten la libre expresión de la religión y la libertad de expresión. Por parte de Estados Unidos, hacer seguimiento al recién nombrado embajador itinerante para la libertad religiosa internacional del presidente Joe Biden, Rashad Hussain. Si es confirmado, desempeñará un papel fundamental en la lucha contra los gobiernos autoritarios que se infiltran en las plataformas de los medios sociales y hacen un uso indebido de la tecnología como Pegasus.

Pero para ser claros, los actores gubernamentales no son los únicos “malos elementos” que deben rendir cuentas. La industria tecnológica, que a menudo está dispuesta a hacer la vista gorda en busca de beneficios, también es cómplice. Cualquier empresa que venda herramientas de vigilancia a conocidos violadores de los derechos humanos debe enfrentarse a las consecuencias por hacerlo.

Una coalición mundial debe emitir una moratoria sobre la venta de este tipo de tecnología a los gobiernos que se niegan a cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. Deben establecerse medidas de responsabilidad para garantizar el cumplimiento, y los infractores deben ser castigados severamente. A la luz del Proyecto Pegasus, seguir sin actuar equivale a censurarnos a nosotros mismos.

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Fuentes

Traducción libre del artículo “The Pegasus Project surfaces a new era of oppression for people of faith” publicado en Religion News Service / Amnistía Internacional / Deutsche Welle / Imagen: Shutterstock

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