Reforma: Más ajustes en la gestión de la Iglesia
10:00 p.m. | 28 mar 23 (VTN/LN).- En las últimas semanas, el Papa aplicó ajustes en diferentes ámbitos que aportan a la reforma de la administración de la Santa Sede. Un primer decreto resolvió que cardenales, obispos y demás jerarquía de la Iglesia deben pagar por los predios que utilizan en el Vaticano, ya no tendrán condiciones especiales. Y el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el Banco Vaticano, pasó también por cambios para adaptarse a la reforma curial Praedicate Evangelium (PE). Por último, el Consejo de Cardenales, que trabajó por años para dar forma a los parámetros de PE -y lo asesora desde el 2013- ha renovado sus miembros.
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Sobre el uso de bienes inmuebles referidos a la Santa Sede
Con un Rescripto, el papa Francisco ha ordenado la derogación de todas las disposiciones que permiten el uso gratuito o en condiciones especialmente favorables de los bienes inmuebles propiedad de las Instituciones Curiales y de las Instituciones que se refieren a la Santa Sede, incluida la Domus. Se trata de una decisión -se lee en el Rescripto- tomada “para hacer frente a los crecientes compromisos que el cumplimiento del servicio a la Iglesia Universal y a los necesitados requiere en un contexto económico como el actual, de particular gravedad”, con la consiguiente necesidad “de que todos hagan un sacrificio extraordinario para destinar más recursos a la misión de la Santa Sede, aumentando también los ingresos procedentes de la gestión del patrimonio inmobiliario”.
La disposición afecta a cardenales, jefes de Dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, administradores y equivalentes, incluidos los auditores, y equivalentes, del Tribunal de la Rota Romana. Por lo tanto, las Instituciones propietarias de los inmuebles deberán aplicar los precios que se aplican normalmente a quienes no tienen cargos de ningún tipo en la Santa Sede y en el Estado de la Ciudad del Vaticano.
En marzo de 2021, a raíz del déficit en el balance de la Santa Sede de los últimos años, “agravado” por la pandemia de coronavirus, ya Francisco había dispuesto un recorte de sueldos en la Curia romana que llega al 10% en el caso de los cardenales. Según una Carta Apostólica en forma de Motu Proprio, o decreto pontificio, el Papa redujo entonces 10% el salario de los cardenales, el 8% el de los cargos superiores de la Curia y un 3% el de religiosos y eclesiásticos con funciones no dirigenciales.
LEER. Rescripto completo
Se renueva el Consejo de Cardenales
Francisco renovó el consejo de cardenales -una de las grandes novedades de su pontificado- que desde el año en que fue elegido Papa tuvo la función de asesorarlo. Las nuevas designaciones se dieron porque han caducado el mandato de los miembros de este grupo. Entre los nombres de los integrantes del nuevo “C9”, marcado por la confirmación de cuatro prelados, se anunció el ingreso de cinco nuevos cardenales y la anunciada salida del hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo emérito de Tegucigalpa, un salesiano que cumplió 80 años el 29 de diciembre pasado y que fue su coordinador.
Los nuevos integrantes de este grupo creado para ayudar al Papa -en un primer momento con el objetivo específico de reformar la curia, pero de manera general en el gobierno universal- son dos españoles: uno muy cercano a Francisco, Fernando Vérgez, presidente de la pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y del Governato; y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, presidente del episcopado de su país. También fueron designados el jesuita Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo famoso por su gran apertura y su rol clave en el actual sínodo en curso, ya que es relator del mismo; el canadiense Gerald Lacroix, arzobispo de Québec; y el brasileño Sergio da Rocha, arzobispo de San Salvador de Bahía y expresidente del episcopado de su país.
Da Rocha pasó a ser el único latinoamericano del grupo, que al principio estuvo representado, al margen de Maradiaga, por el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz, que fue removido a fines de 2018 por su mal manejo del escándalo de abusos en el clero de su país. Antes también había sido removido George Pell (ahora fallecido) cuando enfrentó un juicio por abusos sexuales de menores en su país y un tercer cardenal, Laurent Monsengwo Pasinya, de la República Democrática del Congo, por cuestiones de salud y edad también abandonó el “C9”, que quedó reducido a un “C6”.
El Papa confirmó, por otro lado, en el renovado “C9”, a su número dos, el cardenal italiano Pietro Parolin, secretario de Estado; al cardenal Fridolin Ambongo Besungu, arzobispo de Kinshasa, República Democrática del Congo, y presidente de los obispos africanos; al cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, en la India; y al norteamericano capuchino Sean O’Malley, arzobispo de Boston y presidente de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores
En octubre de 2013, para explicar el alcance del consejo de cardenales, una señal concreta de colegialidad y sinodalidad –es decir, de una forma más democrática de gobierno y ya no centralizada–, el Vaticano difundió un quirógrafo –documento escrito a mano– de Francisco. En éste, recordó que la idea de crear un consejo de cardenales fue fruto de las sugerencias surgidas en las reuniones que precedieron al cónclave. Y puntualizó que podría reunirse con sus miembros tanto en forma individual como colectiva.
Nuevos estatutos para el Banco Vaticano
Menos de cuatro años después de la última revisión de su Estatuto, el Instituto para las Obras de Religión (IOR) cambia para adecuarse a la nueva Constitución Apostólica Praedicate Evangelium: mandatos de cinco años con posibilidad de renovarlos una sola vez, una estructura de gobierno más ágil y con funciones mejor definidas entre los distintos órganos para evitar superposiciones o duplicidades de actividades. Esto es lo que se desprende del Quirógrafo del Papa y de los nuevos estatutos con los que se renueva el IOR, cuya finalidad, se afirma, es “proveer a la custodia y administración de los bienes muebles e inmuebles transferidos o confiados por personas físicas o jurídicas y destinados a obras de religión o de caridad”.
Las principales modificaciones que contienen ambos textos se refieren a la armonización de la duración del mandato quinquenal y a la renovabilidad de los mandatos en los distintos organismos, que sólo será posible una vez (es decir, por un máximo de diez años). Y es importante la inclusión de una disposición específica sobre los conflictos de intereses: esta última prevé que “cada miembro del Consejo de Superintendencia se abstendrá de participar en las votaciones relativas a resoluciones en las que tenga un interés, actual o potencial, en nombre propio o de terceros”.
Otra modificación se refiere a una más clara definición y distinción de las respectivas funciones y responsabilidades de los órganos del Instituto. El Consejo de Superintendencia es responsable de definir las líneas estratégicas, las políticas generales y la supervisión de las actividades del IOR. Mientras que el Director General es responsable de la gestión y administración del Instituto. Por último, el cambio de la Dirección, que pasa de ser un órgano colegiado, compuesto por el Director y el Vice-Director, a ser un órgano monocrático compuesto únicamente por el Director General. Así, el Vice-Director cesa de ser un órgano de gobierno y se convierte en una “función”, que el Director General podrá delegar en uno de los gerentes.
El Director General sigue siendo nombrado por el Consejo de Superintendencia y aprobado por la Comisión Cardenalicia, pero a partir de ahora “sobre la base de una terna de al menos tres candidatos idóneos”. Podrá ser contratado por tiempo indeterminado o determinado.
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Fuentes
La Nación / Vatican News (2) / Revista Vida Nueva / Videos: Rome Reports / Foto: EnRoma
