El Tribunal Constitucional (TC) se estrenó el año pasado con un precedente vinculante, modificando su Ley Orgánica y el Código Procesal Constitucional, introduciendo un adicional en la revisión, de última instancia, de las acciones de amparo, hábeas corpus, hábeas data y de cumplimiento denegadas por el Poder Judicial (PJ), redibujando el llamado Recurso de Agravio Constitucional (RAC) que es la impugnación extraordinaria que le vincula con el Poder Judicial, subrayando el carácter mixto de nuestro sistema procesal constitucional.

El TC es un órgano autónomo y, si bien forma parte del sistema de justicia en materia de control constitucional y defensa de derechos fundamentales (DDFF), no es parte del PJ, ni del Ministerio Público, ni del Ministerio de Justicia.  Es independiente.  Solo tiene tres competencias definidas en la Constitución: (i) determinar la constitucionalidad de las leyes del Congreso, derogando de modo directo las que no lo sean; (ii) dirimir los conflictos de competencia entre los diversos órganos constitucionales cual árbitro constitucional; y, (iii) resolver en última instancia las acciones de garantía –jurisdicción de la libertad- sólo cuando haya sido denegada en sede judicial la pretensión demandada, de manera que sólo el demandante insatisfecho puede acudir  en última instancia al TC, no así el vencido en una acción de garantía.  El TC puede avalar la denegación del PJ o puede rectificarla concediendo la defensa de los DDFF objeto de ese proceso.  Eso es lo que textualmente dice la Constitución y reitera el Código Procesal Constitucional.

Sin embargo, en este precedente vinculante (sentencia a la cual se reviste, además, de efecto normativo directo, como si fuese ley material) el TC ha determinado que habrá dos clases de decisiones ante un RAC: las que ha denominado –con evidente error procesal- como sentencia “interlocutoria” y las sentencias de fondo.

Para ello, el TC ha hecho un razonamiento que más se asemeja a la historia judicial de la Suprema Corte de los EEUU, con un atisbo de discrecionalidad (que en el sistema norteamericano se llama “certiorari”) y que funciona más o menos así: interpuesto el RAC contra sentencia desestimatoria del PJ, el expediente es “revisado” por una de las salas en que indebidamente ha sido dividido el TC (ya que la Constitución habla de un TC  compuesto por un pleno de 7 miembros, no por salas de 3) determinando si el proceso es fútil, va contra un precedente vinculante, carece de contenido constitucionalmente protegido o ya ha sido resuelto con anterioridad en sentido negativo, el RAC será rechazado en primera por dicha Sala, no por el pleno del TC, sin audiencia ni derecho de defensa oral,  y de inmediato será devuelto al PJ, convalidándose la desestimación de la acción de garantía, rebotando en primera el RAC sin chance alguno; o, si concluye que hay un derecho constitucionalmente protegido, que es novedoso, o que no afecta  un precedente vinculante previo, entonces recién le dará pase a una audiencia de defensa oral ante el pleno, luego de lo cual tomará una decisión final.

En el derecho procesal sentencia interlocutoria es un “auto”, una decisión intermedia que no define la causa.  De allí su denominación (“inter-locus-dicere”), lo que se dice en medio de algo.  Pero en este caso, el rebote será final y decisorio, y no posición intermedia.  Algún duendecillo procesal vendió esa denominación y los flamantes magistrados se la compraron.

A lo anterior se ha sumado una práctica lesiva a los derechos de los justiciables, como bien acusa Alberto Borea: los magistrados han adoptado la pose de no recibir a los abogados defensa, señalando que lo que se tenga que decir, se diga en la audiencia o por escrito.  Si hay “interlocutoria” no se podrá hacer en la audiencia, porque tal no habrá; y por escrito se dicen muchas cosas, pero nadie asegura que con el volumen de trabajo que tienen los magistrados puedan leer todo lo que se escribe en los procesos y no sean, finalmente, sus asistentes y asesores, los meros destinatarios de dicha lectura.

Es decir, no solo han cerrado de modo discutible el acceso ciudadano a la defensa de los DDFF cuando sean históricamente desatendidos por el PJ, que es el mandato recibido de la Constitución, sino que han ingresado en una suerte de autismo inédito en nuestro sistema judicial.  El poder debe ejercer con dignidad, pero también con humildad ya que proviene del pueblo.

Los geniecillos son seres que se consideran privilegiados.  Creen que han nacido hablando. Tienen un narciso que se lo pisan y andan por la vida derrochando su saber hacia los profanos que se limitan a beber de él sabiduría, doctrina, enseñanzas y ponderaciones.

Los hay en toda latitud.  Y los hay de todas layas.  Los hay de todos tipos, colores y sabores. Hay quienes pasan por la universidad pretendiendo enseñar a sus profesores, reformando la propia universidad y haciendo de su ciencia una herramienta del culto a la personalidad. En verdad, de lo único de lo que hacen gala es de una soberbia que les impide ver sus propias limitaciones, ya que los geniecillos carecen de limitaciones.  Son semidioses.  Ah! Por cierto, los geniecillos pueden ser hombres, mujeres o de cualquier opción.  Por lo tanto, también hay geniecillas.  No es atributo sexista.

El geniecillo no reconoce a un superior intelectual: él es superior a todos los demás, el es el capo de tutti capi, el ya no ya, el non plus ultra, el periquito pimpin.  Sólo él puede ser referente, faro y guía hacia los demás.  El geniecillo nació para mandar y ser obedecido.

Cuando escribe fulmina a todo el que no piensen como él, a quienes no aplaudan a rabiar sus escritos, o nos posteen, aún si contienen yerros, elucubraciones, especulaciones o errores fácticos.  El geniecillo jamás se equivoca, por lo tanto, jamás admite un error y menos aún se disculpa.  Sólo, como los dioses del Olimpo, fulmina y, de paso, si puede, insulta.  Eso queda mucho mejor.  Y cuando de colegas se trate, el geniecillo no se sentirá vinculado a las leyes de la cordialidad, la consideración, la lealtad o el respeto.  Eso será para la plebe intelectual.

Cuando habla pondera, juzga y concluye.  Se vestirá con saya de humildad que pronto develará la verdadera dimensión de su ser.  Si no estás de acuerdo conmigo, no solo caerás del paraíso de mi simpatía y no solo serás irremediablemente expulsado de la pléyade de sus seguidores, sino que automáticamente habrás sacado el carnet de mi enemistad.  Es devoto de la expresión: “Si no estás conmigo, estás contra mí…”

Los hay también en las comunicaciones masivas, tanto en las convencionales, cuanto en las redes sociales.  Ahí se explayarán a sus anchas teniendo como colchón la imposibilidad de la respuesta y –en muchos casos- el anonimato.   Luego el bulling hará su propio trabajo ex post.

En clase son fácilmente distinguibles.  Su principal vicio es la soberbia, el sentirse predestinados por el señor para siempre ser la voz cantante.  Contradice y se mofa del profesor, a pesar de estar en fase de aprendizaje.  Sus mayores características: la ambición y la intolerancia.

Ya en la vida profesional destacan rápidamente, y sienten el placer del conductor avezado cuando, excediendo la velocidad límite, van pasando uno a uno a los que consideran rezagados, a pesar de ser éstos cumplidores de la ley.  Cada vez que dejen a alguien en la cuneta, o que crean haberlo hecho, sentirán un enorme placer sensorial que llegará al éxtasis cuando se perciban, mirándose en el espejito, como el número uno en todo, sobre todo cuando su corifeo le cante odas y le mime con dulzor convenciéndose de ser el top of de list…

Cuando llegan a la función pública o a la comunicación social, cada día será una admonición, cada expresión una sentencia, cada pensamiento una doctrina y, por cierto, inatacables e implacables a la crítica, al simple razonamiento.  Y cuando alguien sencillo ose contradecirlo, será fulminado con los rayos que sancionen su ignorancia y la desfachatez de contradecir al geniecillo.

Los geniecillos se aúpan entre sí, se miman entre sí, se arrullan entre sí.  Es un gremio muy sólido. Tienen habilidad para reconocerse unos a otros. Son lobos de una manada con el mismo ADN que dominan a los corderos: los demás, a los no geniecillos.  Los geniecillos no creen en la democracia, ni en la voluntad popular.  Serán éllos la voluntad de dios. Los geniecillos solo creen en su propio  liderazgo personal. Los geniecillos no escuchan, solo hablan. Los geniecillos siempre andarán peleados con la verdadera democracia.

Parece ficción, pero lamentablemente es sólo una pequeña parte de la cruda realidad.  Es verdad aunque Ud. no lo crea:

Caso 1: Un ciudadano es intervenido por la policía en un control de alcoholemia.  El resultado cuantitativo arroja 0.4 grs. de alcohol en la sangre.  El límite legal considerado inocuo y exento de sanción es 0.5, por lo que el ciudadano no ha incurrido en infracción reprensible para el sistema legal.  La policía hace un “parte” y remite al novísimo Juzgado de Tránsito, consignando que el ciudadano tenía “0.40 grs. de alcohol en la sangre”.  La jueza, evidenciando un clamoroso desconocimiento de una elemental aritmética -que se adquiere en primaria- asume que el ciudadano tiene 8 veces más del valor legal permitido disponiendo, en el acto, su detención, la que prolongó por 9 meses, hasta que la Corte Superior reparó el error (¿?).

Caso 2: Un helicóptero del Ejército, trasladando a diversas autoridades nacionales y regionales, al mismísimo Premier entre ellos, recibe la orden de aterrizar en una margen del río Tumbes. La tripulación, encargada de la conducción de la aeronave, comprueba las condiciones favorables del terreno asumiendo que la policía coordina en tierra, como corresponde, el cordón de seguridad, tanto para la aeronave, las autoridades que transporta y los pobladores que –como es usual y previsible-  se aproximarán con natural curiosidad y revuelo.  Apenas posados en tierra, una joven lugareña rompe inexistente cerco de seguridad por la parte posterior del helicóptero a fin de abordar al Premier para hacerle llegar un escrito para su hermano detenido en prisión.  La fatalidad quiso que lo hiciera pasando por debajo del rotor de cola, que no se percibe por la velocidad que lleva, muriendo en ese instante y en el lugar, aún antes de que el Premier pusiera pie en tierra.  Una tragedia desencadenada por el infortunio, la imprudencia de la propia víctima y la ausencia de un mínimo control de la autoridad de tierra.  Sin embargo, el fiscal de Tumbes no tuvo mejor idea que ordenar en el acto la detención de toda la tripulación, como si en la lógica de los hechos los actos de la tripulación de la aeronave hayan sido determinantes para desencadenar esa tragedia (¿?).

Caso 3: Una familia de emprendedores provincianos tuvo el infortunio que su hijo mayor embazase a su enamorada, joven a quien ellos no conocían. La acogieron como a una hija con cariño y dedicación, le dieron un hogar y la atendieron en el embarazo, nacimiento y la posterior manutención del nieto, y en sus estudios. El hijo viajó a la capital a culminar su carrera y élla -y el nieto- se quedaron cobijados en el hogar de los abuelos paternos. A poco de cumplir 3 años el nieto, la joven emplaza a los abuelos con demandas económicas, llevando una vida poco apropiada.  Como fue reprendida, y sus pretensiones no fueron aceptadas, se retira con su hijo del hogar de los abuelos paternos y, al tercer día, denuncia al abuelo de presuntos tocamientos del menor. Además del escándalo, la zozobra y la decepción, se hace una investigación fiscal por más de dos años, donde todas las pericias del Instituto de Medicina Legal, que pertenece a la propia fiscalía, concluyen de que tales hechos jamás sucedieron.  La fiscal ordena una pericia definitoria: trae desde Lima a una psiquiatra especializada que se pasa 3 días haciendo todo tipo de pruebas. Su conclusión: los hechos nunca sucedieron, la acusación es falsa y el niño, en su inocente candor, reitera “mi mamá me ha dicho que te diga que mi abuelito me ha hecho esto…”.  La fiscal, por supuesto, no acusa, y ordena el archivo de semejante denuncia. Sin embargo, su superior ordena que pase a otro fiscal y que realice más pruebas. En el plazo ampliado el nuevo fiscal no recaba ninguna prueba adicional a las ya actuadas y, sin embargo, con las mismas pruebas con que se pidió el archivamiento, ahora acusa exigiendo nada menos que 10 años de prisión para el abuelo. Lo indignante es que en su acusación y relato, omite citar -clamorosa e intencionalmente- la pericia definitoria y determinante de la psiquiatra del Instituto de Medicina Legal de su mismísima institución, el Ministerio Público (¿?).

Como todos los 29 de julio, dentro de la Fiesta Nacional se realizó el desfile de las fuerzas armadas y fuerzas policiales ante toda la civilidad.  Es una tradición que pretende acercar a las fuerzas de seguridad con su pueblo y, por eso, se habla de una fiesta cívico-militar.  Esta vez ha incluído –como antaño- fuerzas civiles, bomberos y organizaciones sociales.

Sin embargo, cada vez se escuchan diversas opiniones que recusan la exhibición marcial y disciplinada de las fuerzas de seguridad, bien sea porque les parece contrario al espíritu civil que conlleva una democracia constitucional en la hora actual, bien sea por el exhibicionismo militarista, bien sea porque les parece una oda hacia las armas que matan.  Tal vez preferirían un pasacalle con pañuelos blancos y cartelones con los símbolos de “haz el amor y no la guerra” como en el hipismo setentero.

El problema es que desde nuestra civilidad no llegamos a comprender adecuadamente, en nuestra concepción de nación y de Estado, qué es la defensa nacional, a quien compete y cuál es nuestra responsabilidad frente a ella.  Nos gusta sentirnos seguros, nos gusta que nuestros bienes y nuestras familia estén seguros, nos gusta que nuestros negocios estén seguros, nos gusta salir, viajar y disfrutar de la riqueza natural de nuestro país con seguridad (que no nos maten, que no nos roben, que no nos lastimen), pero no llegamos a entender qué es lo que el Estado desarrolla para que todos sus ciudadanos, sin excepción, estemos seguros en nuestra integridad, nuestra vida, nuestra familia y nuestras posesiones.

Desde el punto de vista doctrinario, la defensa nacional no es otra cosa que el conjunto de previsiones y acciones que el Estado genera ejecuta en forma integral y permanente para lograr la seguridad nacional y alcanzar sus objetivos de otorgar esa seguridad nacional, tanto a nivel interno, como a nivel externo. Y, por eso, la Constitución, subordina a todas las fuerzas de seguridad al poder civil nacido del voto, donde será la disciplina militar la llamada a garantizar que esas armas sólo se usen dentro del orden constitucional y sólo al servicio de ese orden constitucional.

Es curioso comprobar como aquellos que tienen especial pasión por el derecho y la economía de los EEUU, que remedan y repiten sus más profundas aficiones yanquis, no reparan que los EEUU es el país dotado con la fuerza armada más grande, letal, eficiente, sofisticada y tecnificada; que es una nación donde se hacen desfiles y honores militares por todo y para todo, absolutamente patriotera y nacionalista.

Tampoco habremos avanzado mucho en nuestra democracia constitucional si dejamos de apreciar que el desfile militar no es otra cosa (además de una tradición) que el sometimiento de las fuerzas de seguridad al poder civil, al poder democrático y a las normas previstas en la Constitución, porque de eso se trata esa tradición.  Y por último, olvidamos alevosamente la historia cuando no reparamos que las  revoluciones y la independencia sólo se lograron con las armas puestas al servicio de la libertad y de los ideales republicanos.  Ninguna independencia de ganó a punta de codigazos, ni con pañuelos, ni con flores, sino con el tesón, la valentía y la entrega de quienes con su sangre y a costa de su vida honraron las armas que -en nombre del pueblo- blandieron para forjar esa nación que es el Perú de hoy, próximo a su Bicentenario.

Uno de los grandes males de nuestra falta de institucionalidad ha sido la absurda dicotomía entre civiles y militares.  Nos olvidamos que los militares no son más que el pueblo disciplinado al servicio de la nación, y que los civiles somos, por mandato constitucional, potenciales defensores de la patria cuando la amenaza pretenda acecharnos.  Con grave irresponsabilidad no recordamos las cinco fronteras que geopolíticamente llevamos a cuestas y las ingentes riquezas naturales de nuestra patria que son nuestra mayor reserva para el mejor futuro. Un pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla…

Castilla, “Soldado de la Ley”, cuyo lugar de nacimiento peruano ya no es más territorio del Perú, nos legó  antes de 1870 un mensaje que desgraciadamente echamos en saco roto: “si Chile compra un buque, el Perú debe comprar dos…”

De Roma hemos recibido una gran civilización, cultura y el aporte más grande del derecho sobre todas las familias jurídicas. Y los romanos enseñaron dos cosas: Amat victoria curam (la victoria solo alcanza a los que se preparan); y Si vis pacem, para bellum (Si quieres paz, prepárate para la guerra).

Como bien enseñaba Pedro de Vega, la verdadera democracia no significa en modo alguno la utópica –y hasta dañina- aspiración de que todos, en una comunidad, piensen, sientan y crean de modo uniforme; sino que dentro de una diversidad de creencias, pareceres, aspiraciones, religiones, modelos políticos, sociales, culturales y económicos, las gentes de toda la comunidad transiten sobre una estructura mínima vital e indispensable para la convivencia pacífica, creativa, desarrollada sobre el mutuo respeto y a la diversidad (raza, aspiración política, credo, color y condición social), llevando como norte el desarrollo de esas grandes comunidades que en los tiempos modernos llamamos naciones.

Para ello la amalgama indispensable que debe permitir que esa comunidad se desarrolle en conjunto sobre el respeto a la necesaria diversidad es, sin duda alguna, la tolerancia; valor superior que exige el respeto por la persona e ideas ajenas, sus opciones, sus credos, sus pareceres y sus ideales, aunque no necesariamente los tengamos que compartir, asumir o repetir.

Será por eso que el principal valor ausente en el oscurantismo fue la tolerancia.  Lo mismo pasó en el Medioevo con la inquisición.  Igual hasta hace poco con el Ku Klux Klan y todas las formas de discriminación. En la era moderna su ausencia ha sido la  principal característica de dictaduras, de regímenes militares y de los golpes de Estado, como resulta fácil apreciar de la historia reciente de la humanidad.

Los que saben del alma humana explican que la tolerancia es un estadio superior del espíritu cultivado y educado.  Para reprimir, para agredir o para insultar a quien consideramos nuestro oponente no se requiere de mucho valor; al contrario, es de poco valor hacerlo.  Para contenerse, para responder a las ideas con ideas, con propuestas alturadas y no con denuestos se requiere de mucho valor.  Es más fácil lastimar que dejar de hacerlo.  Está más a la mano lesionar que respetar a la persona, ya que lo primero responderá a una pulsión primaria, aquella que nos acerca más a los seres inferiores; en tanto que para tolerar, contenerse y respetar se requiere de un espíritu cultivado y de una entereza que nos define como seres superiores y nos permite, precisamente, lograr esa convivencia democrática a la que los hombres y mujeres de bien aspiramos para nuestras  comunidades desarrolladas.

La democracia implica intercambio de ideas entre quienes no necesariamente piensan y sienten igual, pero que de antemano saben que debe existir y perdurar esa base común por la que todos debemos transitar y respetar forzosamente so riesgo de perder la esencia de la democracia e involucionar hacia la violencia.  Esa es estructura conceptual y política  que está recogida en la Constitución, cuyos valores y principios preserva, en la forma de gobierno que define y en los mecanismos de control, autocontrol (interórganos e intraórganos, según Loewenstein); al punto que la máxima expresión de ese intercambio será en la alternancia en el ejercicio de los poderes del gobierno.  Hoy gobierno yo, mañana gobernarás tú: pero tanto tú y yo respetaremos una estructura común de valores, principios y sistema político esenciales para dar curso común a nuestro sistema democrático que estará al servicio del bien de todos, sin excepción.

Dicen también, aquellos que saben del alma humana, que el desorden externo que una persona exhibe no será otra cosa que una mera proyección del desorden interno en está mal estructurada su mente.  Es muy importante poder determinar eso en los actores de la política doméstica y cotidiana, para decidir responsablemente a quién elegir bien y a quien no elegir.  El agresivo, el insultante y el que sólo expresa denuestos al oponente no parece propicio para la actividad política, y más bien será reflejo directo de una sociedad agresiva antes que de un desarrollo social y democrático.

Es como luce nuestro tránsito –urbano y rural- que no es más que un reflejo de un problema interno de educación vial esencial, respeto por el otro y acatamiento de reglas mínimas –y sus sanciones- para la convivencia automotriz.  Por eso, como bien dice ese bello poema cantado “Desiderata”: hay que alejarse de los espíritus ruidosos y agresivos, ya que no son más un fastidio para el alma.

Tomo el título de una colaboración magistral de Abelardo Sánchez León (“En las rocas”) que define bastante bien ciertos aspectos del alma humana en la sociedad actual.

El dijo: “El hombre duro no es bruto, terco o insensible. Ha asumido, porque el destino así se lo exige, un papel que debe llevar adelante aunque le rompa el alma, le cueste su felicidad y se tenga que tragar todas sus lágrimas.  Los hombre duros lloran, pero en seco.  Se guardan sus sentimientos.  Su rostro puede adquirir un tono pétreo y su voz carecer de los altos y de los bajos en la modulación, pero debe mantenerse leal al papel que el destino le ha obligado a asumir. Por nada del mundo titubea, trastabillea o tartamudea.  El hombre duro tiene un gran corazón.  Un corazón que le golpea el pecho como el martillo.  Se considera así mismo fuerte, y su eventual vulnerabilidad la matiza con una tierna sonrisa.  Ha entendido que la dureza no es otra cosa que dolor.  Que su papel no le permite zafarse o dar un paso hacia atrás.  Los hombres duros no pueden flaquear.  Miran hacia delante con una enorme tristeza”.

En la vida toca a veces enfrentar las cosas con el alma dura que tan bien  describe.  Como cuando hay que plantar cara a la traición de un amigo, a la deslealtad de un colega, a la simple maledicencia envidiosa, o cuando los pesares provengan de lo que en su origen fue una familia.

La vida académica no está exenta de estos pesares.  Parece pacífica, y hasta bucólica, pero también enfrentará antagonismos, celos, rivalidades amiguismos y pretericiones.  Habrá quienes hagan de su círculo de influencia una collerita de la que siempre estarán rodeados. Otros, traicionando juramentos e invocaciones, pondrán por delante sus afanes ideológicos por sobre el ecumenismo o la democracia frente a los que no piensa o sienten como él la realidad que nos rodea.  No faltarán quienes hablen de la libertad de pensamiento y de crítica, pero montarán en cólera y reprimirán de modo vil toda posición que no concuerde con la suya.  Inconsecuencia, que le dicen…

En la vida profesional la lucha es bastante más encarnizada.  Desde soportar las envidias y maleteos de quienes no conocemos, hasta las leyendas urbanas que se irán tejiendo del modo más verosímil posible, al punto que pasarán a ser parte de la realidad. Lealtades que se pierden, impostaciones en la adulación interesada, hasta las falsas humildades que no serán otra cosa que una grosera soberbia disfrazada.  Pero el súmmum llegará con aquellos –que no faltan- que en verdad se consideren a sí mismos como lo máximo, el ya no ya, como la versión rediviva de los más grandes profesionales de la historia.  En el mundo del derecho, siempre querrán ser una suerte de Kelsen, pero en versión andina…

En la política la situación es más dramática.  Hay que tener cuero de chancho y correa de estibador.  Es una fauna donde la lealtad y la consecuencia será tan escaza como el buen comportamiento en el tráfico limeño.  El transfuguismo, edulcorado de autenticidad principista, la puñalada trapera y la traición descarada serán moneda diaria. Ayer levantaban en hombros al líder, hoy se le insulta, denuesta y acusa.  Es patético ver a quienes de rodillas juramentaron ante su líder, luego le traicionan y abandonan del modo más descarado posible, mostrándose como eximios de la política y ejemplo de lo que debe ser la clase política.

La competencia por los cargos es fratricida y hay muchos que hipotecarían hasta a su madre con tal de llegar a la presidencia de alguna institución, por el boato que ello trae, moto, liebre y seguridad, y el hecho de sentirse presidente de algo, que sólo legará a la posteridad una fotito en una fría pared de una burocrática institución.

El hombre duro deberá transitar en medio de ello, procurando decir siempre su verdad aunque duela, a pesar de que no se le quiera oír, aunque le cueste popularidad, halago fácil y el destierro de la soledad intelectual.  Llorará en seco, sufrirá y pasará penurias afectivas, pero siempre plantará la cara hacia el futuro, como bien dice Sánchez León, con una profunda tristeza.

Hemos sido testigos de una nueva forma inquisitorial que se ha puesto de moda en los últimos tiempos: una nueva Comisión Investigadora que, con el pretexto de llegar a la verdad sobre lo encargado por el Congreso, involucra misma a diestra y siniestra, llegando al extremo de indagar entre las sábanas de los investigados para dejar debida constancia en acta de presuntos devaneos y extravíos amatorios.

La lucha política se ha trasladado a los estrados judiciales y fiscales, y cuando no funcionan allí al imperar el respeto a la Constitución y al derecho, regresa en forma de comisión investigadora en donde, paradójicamente, serán nada menos que los adversarios políticos los que funjan de severos jueces indagando por aquí y acullá y, apenas crean obtener algo, correrán de inmediato –como los autos locos, montándose uno sobre el otro- a los medios para dar a conocer la primicia, la ultimita, el dato, la pepa ganando cuanta cámara sea posible.

Y entonces las comisiones investigadoras serán caja de resonancia política. Se escudan en que no juzgan, en que no acusan, que no son ni el Poder Judicial ni Fiscales, pero se superponen inconstitucionalmente a expedientes abiertos por las mismas razones y sobre las mismas personas ante el Poder Judicial y en la Fiscalía, imputando, acusando y sentenciando a quienes investigan por diversos delitos, delitos que significan –sin ambages- decir que sus imputados son nada menos que “delincuentes”, solicitando para ellos carcelería que el Código Penal preveé –precisamente- para los delincuentes.  Entonces, en verdad son jueces políticos que pueden llevar, sin ton ni son, por simple pugna e interés político, a sufrir una carcelería por el mero hecho de ser adversario político.

Por eso tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Tribunal Constitucional, en sendas sentencias, ha reiterado la exigencia del debido proceso aún en los juicios políticos del Congreso y, por cierto, ante sus comisiones investigadoras, conforme lo ordena la Constitución.  Mucha gente se llama a rebato cuando se exige el respeto al debido proceso, pero eso es precisamente lo que da legitimidad constitucional a ese juicio político o a esa comisión investigadora, diferenciándolos de la pura arbitrariedad o de la mera persecución política.

Y la primera regla que exige el debido proceso, desde los albores del proceso heterocompositivo como forma de juzgamiento en que un tercero define la suerte de su prójimo, es la imparcialidad, virtud claramente ausente en la actuación de las últimas comisiones investigadoras.  Se ha llegado al extremo, en un caso, en que el propio agraviado, víctima del investigado, es parte de la comisión.  Es como si quien ha sido atacado, robado o violado fuese después el juez del victimario…

Pero, y ya se dijo, el objetivo político no es otro que el Presidente y lo que representa. Como no se le puede atacar directamente por la inmunidad concedida por la Constitución, se ataca a su entorno que carece de ese privilegio. Cuando se pregunta, especula o indaga acerca de las supuestas veleidades amatorias de una esposa, se está diciendo –de modo mondo y lirondo- que es el cónyuge quien ha sido adornado con aquello que se achaca a todo marido engañado.  Ni más, ni menos. ¿Parece, acaso, apropiado a un año de las elecciones? ¿Resulta razonable, a la luz de la seriedad que debe representar una comisión investigadora, atacar así la persona del Presidente de la República?

Dicen que no acusan. Espetan que no se debe tener terror a sentarse en el banquillo inquisidor de una comisión investigadora donde congresistas hacen las veces de severos jueces togados.  Repiten que con ello no se ofende, ni se denigra, y que quien no nada tiene que ocultar debería estar feliz de asistir ante una comisión investigadora que persigue adversarios políticos.  Buen, en fin…  Se podría parafrasear una lastimera copla andaluza que dice: “Si te dicen que no son tristes las despedidas, dile a quien te lo dijo que empiece por despedirse…”.  En este caso se podría decir: “Si te dicen que no afecta el honor ni la dignidad el que te imputen delitos ante una comisión investigadora, dile a quien te lo dijo que empiece a sentar a su esposa, a su hermano o el mismo ante una…”

Con la retoma exitosa de la Embajada de Japón se puso fin al inhumano cautiverio de más de 4 meses para 72 inocentes de la insania terrorista, y se contabilizaron 3 víctimas entre los buenos: dos oficiales que ofrendaron su vida por los rehenes, y uno de éstos, Carlos Ernesto Giusti, joven y reciente Magistrado de  la Corte Suprema.

El cálculo es que se producirían del 20% al 40% de bajas entre los rehenes.  Los militares tampoco sabían si sobrevivirían.  Por eso, todos tenían una carta de despedida que sólo sería leída si su vida acababa en la Embajada. Los rehenes, advertidos en el último momento del rescate, fueron presa del pavor ya que ninguno podía asegurar, salvar la vida.  Los terroristas amenazaba diariamente asesinarlos si se intentaba el rescate, y luego harían volarla la Embajada.

Los Magistrados estaban hacinados en un solo cuarto.  Por más que se les dijo que se tiraran al piso a la primera explosión, su inexperiencia en lides militares les mal aconsejó que se metieran en el clóset, resguardado por una frágil puerta de madera.  Se embutieron los que pudieron, entre ellos Giusti y, los que no cupieron, se guarecieron debajo de la cama.

Nomás al inicio de la refriega todo se oscureció y el humo ennegrecido dificultaba la visión, sintiendo que las paredes quemaban por las explosiones.  Tito Un terrorista trató de cumplir la amenaza e ingresó violetamente descargando dos ráfagas en diagonal, una hacia la pared y la otra en el malhadado clóset hiriendo a tres, uno de los cuales recibió tres impactos que no fueron de necesidad mortal. Para su mal sino, a Giusti le rebotó una esquirla que justo le seccionó la femoral, empezando a desangrarse.  Ay! se quejó,  sintiendo que algo le quemaba la pierna, pero pensó que era una herida menor.   Siendo hipertenso, en situación de stress y con una hemorragia incontenible empezó a debilitarse y cuando se les dio la orden de correr en fila india, enrumbaron hacia la libertad por un túnel, saliendo todos menos Giusti, quien se desplomó nomás al llegar a la salida.  Sus colegas, también heridos, no prestaron atención hasta ese momento en medio de la refriega y oscuridad, hasta que le vieron caer pesadamente, para nunca más volver a levantarse.

Por más esfuerzos que hizo el médico militar por auxiliarle, rápidamente fue llevado al hospital, llegando sin vida.  En un primer momento AFF, mal informado,  gritó a los cuatro vientos que todos los rehenes habían sido rescatados con vida.  El gobierno rápidamente propuso al Congreso la Ley 26779  que le declaró “Mártir de la Civilidad y Héroe de la Democracia y de la Justicia”, disponiendo para sus deudos una indemnización que jamás llegó y que jamás recibieron, hasta hoy, al cabo de 18 años.  Por expresa indicación de Carlos Ernesto, su viuda buscó a uno de los dos abogados que le había indicado en una de las cartas escritas desde su prisión.  Iniciaron una peregrinación política y judicial en la que nunca fueron atendidos.  Plantearon una Acción de Cumplimiento, garantía constitucional rápida y eficaz, según la Constitución, y con preferencia en su trámite según el proceso constitucional.  Lamentablemente cayeron en manos del 37° Juzgado Civil, a cargo de un joven e inexperto juez José Manuel Gonzales López, quien tardó más de tres años en sentenciar, allí donde la ley señala 4 meses.  Por más que se le quejó, por más que la OCMA intervino y por más que casi lloró y pidiendo disculpas por su inexcusable demora, no lo hizo oportunamente y, al final, desestimó la demanda de a pesar de que la ley del Congreso era clara e ineludible.  Este juez nunca supo quién había sido Giusti y no tenía idea de su liderazgo en un Poder Judicial en que tuvo un deplorable comportamiento.

Los amigos de Carlos Ernesto encargaron a un famoso artista famoso, a su costo, un busto de él, para que –con justicia- fuese instalado en el Palacio de Justicia.  Como el Cid, Giusti , ya muerto, imponía miedo y celos entre sus colegas vivos, por lo que el busto estuvo arrinconado en los almacenes por más de dos años.  La presión pública hizo que se desempolvara y, finalmente, en una deslucida y casi privada ceremonia, fue instalado en los pasillos de la OCMA, y no en la entrada principal como lo merece.  Esa es parte de nuestra histórica ingratitud y mezquindad, que tanto nos caracteriza.

A raíz del reciente fallo adverso de la Corte Interamericana (CIDDHH) en el caso Comandos Chavín de Huantar,  nuevamente el tema se ha puesto en el tapete, produciéndose comentarios de uno y otro lado, sobre todo de los responsables de la defensa del Estado tratando de hacer pasar un elefante por el ojo de una aguja, al enfatizar con afán -digno de mejor causa- que la sentencia ha sido favorable al Perú.

Si bien la sentencia no ha sido terriblemente adversa, ha sido adversa.  El hecho de que la CIDDHH no haya fijado dinero como pago a los terroristas, ha señalado que la sentencia es, per se, una reparación. Ha determinado que el Estado ha causado daño a los terroristas que tomaron la Embajada de Japón y que por ello existe la necesidad de establecer una reparación, al margen de que sea en dinero, monumento, flores o publicación.  Solo repara el agresor y es reparada la víctima.  El mundo al revés: quienes invadieron la Embajada de Japón y secuestraron a más de 70 rehenes por más de cuatros meses (civiles inocentes que han sufrido severas secuelas que nadie ha recordado) resultan, para la CIDDHH, las víctimas; en tanto que quienes arriesgaron su vida para poner fin a un acto ilícito, que causó tanto dolor y muerte, resultan siendo los agresores

Ha resultado candoroso ver a diversas autoridades tratando de explicar que este fallo adverso, no es adverso.  O, en todo caso, no es tan adverso…  Bueno, es cuestión de leer la sentencia y, sobre todo, su parte resolutiva en que, entre otras cosas, las Corte se reserva el derecho de auditar su debido cumplimento por el Perú, y que en un año el Perú debe rendirle cuenta exacta de su debido cumplimento.  ¿Hemos ganado?

No vamos a mejorar nuestra posición ante la CIDDHH si es que no llegamos a entender su accionar y sus procedimientos, sobre todo su carácter adversarial tan diferente al funcionamiento de nuestros tribunales.  Pero, sobre todo, si el Estado no cumple con acreditar ante la CIDDHH una defensa apropiada, dejando de enviar funcionarios de segundo nivel que poco saben de cómo ejercer su mejor defensa, o no improvisar con Letrados sin experiencia en el litigio ante el sistema interamericano –y aún en el litigio interno- como ocurrió en la última fase del caso Comandos Chavín de Huantar cuya defensa fue encomendada, con grave irresponsabilidad, al actual Premier.  Al final dejó el caso por lo que mejor sabe hacer, la política menuda, cediendo la posta a defensores sin trayectoria ni prestigio.  ¿Cómo se pretendía ganar así?  En eso las ONG’s llevan clara ventaja con su mayor experiencia, conocimiento y preparación.

Pero en medio de declaraciones triunfalistas cruzadas, del desconocimiento del carácter heroico de los Comandos Chavín de Huantar, en que los responsables de la defensa del Estado se jalonean la sentencia de la CIDDHH con las ONG’s, tirando cada uno para su lado, ha pasado desapercibido y ha sido olvidado el sacrificio del único rehén asesinado por los terroristas en la retoma de la Embajada de Japón: el Magistrado Supremo Carlos Giusti, a quien nadie –con ese mezquino olvido que tan bien nos caracteriza- ha recordado en esta ocasión.

Llegado a la Corte Suprema a los 52 años, se perfilaba de lejos como su futuro presidente.  Su liderazgo y preparación era mayor el de sus colegas sobrevivientes, alguno de los cuales ha llegado a presidir la Corte Suprema, sin el brillo y trascendencia que Carlos Ernesto le hubiese dado si la muerte no le hubiese sorprendido tan trágica como prematuramente.  El Estado, el perdedor ante la CIDDHH, se limitó en 1997 a expedir la Ley 26779  que pomposamente le declaró “Mártir de la Civilidad y Héroe de la Democracia y de la Justicia”, disponiendo en favor de sus deudos de una indemnización que jamás llegó y que éstos jamás recibieron.  Desde entonces -hasta el 2011- todos los Primeros Ministros y los Ministros de Justicia fueron advertidos de esta clamorosa omisión, pero nadie hizo nada por su debido cumplimiento.  ¿Y qué dice la parte resolutiva de la sentencia de la CIDDHH en el caso Chavín de Huantar sobre el –ese sí- cruel asesinato de Carlos Giusti? Nada.

La defensa en juicio es un derecho fundamental y legitima la actividad jurisdiccional del Estado, no solo ante el Poder Judicial sino ante toda la actividad pública y privada en que los derechos de los ciudadanos, y sus empresas, tengan que ser dilucidados, determinados, restringidos, otorgados, creados o sancionados, conforme al debido proceso. Por eso hoy no se puede negar la presencia de un defensor ante ninguna autoridad, de cualquier índole, sea pública o privada, so riesgo de incurrir en grave responsabilidad y generar indefensión viciando de nulidad e inconstitucionalidad el proceso de que se trate.

Y es que no solo la Constitución, sino todos los tratados de derechos humanos sin excepción, garantizan la presencia de un defensor, de libre elección; para validar la legitimidad del proceso de que se trate, sea judicial, fiscal, administrativo, arbitral, policial, militar e, inclusive, ante las comisiones investigadoras, acusaciones constitucionales y el “impeachment” a las altos dignatarios que tienen ese privilegio constitucional.

Existe la defensa en los diversos procesos judiciales, fiscales, administrativos, arbitrales, parlamentarios o aún en los privados.  Se estudia eso,  se escribe sobre eso y se enseña sobre eso. En la experiencia del litigio se ven muchos y de muy diversa índole.  El derecho procesal entrega herramientas con las que puede defender, dentro de los cauces legales y jurídicos, buscando una justa decisión para los patrocinados.  Pero las autoridades no siempre coinciden con eso y, al lado de los triunfos –como todo en la vida- también hay algunas decepciones.

Nada más significativo que percibir cómo una persona encomienda a otra su defensa, la de sus derechos, de su familia, de su integridad, de su libertad, de su honor o de su familia. Lo hace con esperanza, ansiedad y temor, ya que nadie puede asegurar de antemano cuál será el resultado final que la autoridad disponga para su caso, por más que se crea tener la razón. Hay una gran dosis de aleatoriedad.

No solo existen diversidad de criterios dentro de la propia ciencia jurídica, sino disímiles interpretaciones, posiciones y actitudes frente a ello. A ello se suma, en algunos casos, la baja formación profesional de quienes tienen encomendado, en tanto autoridades, resolver un determinado caso.  La venalidad, las presiones interesadas y la indudable presión mediática, hará otro tanto en la determinación de los procesos, sobre todo aquello de especial complejidad y/o trascendencia.  Y en medio de ello tendrá que discurrir la mejor y más apropiada defensa que, a la par, sea eficiente en su resultado.  Por definición, nadie busca a un defensor que pierde sus casos, así como nadie confiaría su salud al médico al que se le mueren los pacientes en el quirófano, o al arquitecto al que se le caen sus construcciones…

Pero lo que más mueve el espíritu es sentir cómo personas con poder, o que tuvieron poder, o con una importante posición empresarial, o con algún drama familiar, o simples desvalidos ciudadanos, funcionarios o profesionales buscan una defensa, aún quienes estén alejados al quehacer del defensor o hayan tenido posiciones disímiles –y hasta opuestas- en el pasado.  La ansiedad por obtener lo que consideran debe ser su mejor defensa, unida al acto de confianza que trasladan en cada una de las palabras con que relatan su caso, es -quizás- lo que más reconforta la certeza en de vocación y convicción del defensor.

Para lo que no prepara la escuela de leyes y sólo se aprende con la propia experiencia –con no pocos trompicones- es a lidiar con los medios y la presión mediática.  Muchos casos son anónimos y solo conciernen a sus interesados y a las autoridades que deben decidir el asunto. Pero algunos otros tienen una gran carga mediática frente a la que hay que procurar explicar en sencillo la técnica jurídica, haciendo prevalecer el derecho antes que mera sospecha, suspicacia, revuelo, el facilismo de la sanción moral o simple morbo. Pero claro, no siempre será una carga inocua, ya que a veces vendrá teñida de direccionalidad, ausencia de objetividad, nula imparcialidad –o franca parcialización-, notoria intolerancia y, ciertamente, muy mala leche.  Es lo que es y es con lo que hay lidiar debiéndose tratar entender todo el fenómeno en conjunto que -alrededor de un caso- se puede desplegar.