FOTO: SERGIO URDAY

Una de las candidaturas expectantes de cara a las elecciones generales del 10 abril venidero es la de Keiko Fujimori (KF), según rezan las encuestas de hace algún tiempo.

Y una de las tareas más arduas que tiene por delante KF, lideresa de un partido heredado de su padre, para crecer en la preferencia electoral más allá del núcleo duro que la realidad le ha otorgado desde siempre, es tratar de desfujimorizar el fujimorismo base de su partido o movimiento.  Es decir, pretende presentar un fujimorismo sin Fujimori.

Para ello, ha empezado a abrir la cancha de la autocrítica y la reflexión, reconociendo los aciertos más importantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, a realizar cierta autocrítica a los gruesos errores de su padre en la conducción del país en años pasados (autocracia, golpe de estado, corrupción, mal manejo de los recursos del Estado, injerencia exorbitada del SIN y, sobre todo, graves violaciones de DDHH en la lucha y represión legítima al flagelo terrorista.  Con ello pretende correr hacia la preferencia electoral que aún no la favorece pero, por sobre todo, superar aquel antivoto o rechazo absoluto a su candidatura.

Pero quizás –y sin quizás- el reto más grande que tiene por delante es aquel que define la esencia de su candidatura: el liderazgo. Es decir, siendo hija de quien es, habiendo recibido de su padre en calidad de herencia el “liderazgo” de su partido o movimiento (sólo en la medida en que el padre no puede participar por si mismo dado que cumple condena de 5 años -ratificada por la Corte Suprema- en un centro de reclusión penal), tiene por delante demostrar que élla, en efecto, es la lideresa, y no un simple instrumento del padre en prisión que hace de ventrílocuo.

Este reto pasa por definir y exponer que en efecto es una lideresa, que tienen las condiciones para ser tal y que ha hecho los méritos para serlo, y no una simple mandadera de lo que se agita y decide en la DIROES.

Dentro de ello, una de las varias fórmulas para desfujimorizar su partido o movimiento, fue el plantear que alguno de los personajes “históricos” y representativos del ala dura del fujimorismo del pasado y del presente fuera superado y dejado de lado, de cara a mostrar un nuevo rostro más juvenil, más aggiornado, más democrático, que no le haga recordar al elector permanentemente el anclaje en el pasado autoritario, prepotente y antidemocrático del partido o movimiento de KF en la égida de su papi a fin de procurar conquistar terrenos que aún le son vírgenes en el electorado.

Pero este intento acaba de ser malamente torpedeado por papi.  Desde la DIROES ha enviado urbi et orbi –via facebook- un úkase en el cual le ha ordenado a  KF que aquellos personajes “históricos”  (e histéricos en algún caso) del fujimorismo no pueden ni deben ser dejados de lado, ordenándole que los mantenga dentro de la lista congresal.  Para ello, papi cuenta con el apoyo incondicional de Kenyi, hermano de la lideresa y, al mismo tiempo, el verdadero delfín de papi, según cuentan las malas lenguas, con lo cual el liderazgo de la lideresa ha quedado mucho más horadado aún.

Cuentan también, quienes le escucharon en su forzado retiro japonés antes de iniciar la –para él- desventura chilena que le llevó a la detención, extradición, juzgamiento y condena; que papi siempre manifestaba que su “destino” estaba signado por gobernar el Perú, que “para eso había nacido”, poderosa razón por la que intentó regresar al Perú para cumplir ese sino, terminando el afán recluido en la DIROES, y por muchos años, según la cosa juzgada de la Corte Suprema.

El principal reto de KF es demostrar la esencia de su candidatura: que es la de élla, de KF, y no la de su padre interpósita persona; que en verdad élla tiene los méritos suficientes para ser tal y para liderar su partido o movimiento (y, eventualmente, para gobernar el Perú) y que no será marioneta o títere de su padre, impidiendo que indebidamente que él sea el nuevo gran gobernante del país, o su gran consejero, o su gran decidor.  Y convencer de ello al electorado que aún no le favorece. No la tiene fácil.

La democracia se basa en la aceptación de la mayoría ciudadana.  Lo que esa mayoría decida se torna, así, en la decisión legítima de la sociedad respecto de su forma esencial de gobierno y, sobre todo, de quienes serán los gobernantes y quienes los gobernados. Esa es la base del sistema que, luego de toda la historia de la civilización, hemos tratado de perfeccionar en los inicios del Siglo XXI.

Para eso las elecciones periódicas son la llave de la democracia.  Elecciones que deben hacerse en condiciones de igualdad de oportunidades para todos los candidatos, respetándose escrupulosamente las reglas de juego previamente previstas.

Y la democracia también está hecha de formas, figuras y gestos, pero esos son sus adornos (como el absurdo desplante de la Fernández a Macri al dejar el poder, lo que al autoritario duele y cuesta mucho).  Lo esencial es que el electorado se pronuncie libre y soberanamente, y que todos, los unos y los otros, respeten como legítima esa decisión.

A pesar del tiempo y la experiencia transcurrida, y los notorios cambios en más de 200 años del estado social de derecho, persisten figuras tuitivas y discriminatorias que pretenden imponer criterio de democracia de los unos sobre los otros. Todos decimos que la voz del pueblo es la voz de dios, y que conforme habla el pueblo habrá que organizar el gobierno de la nación, pero seguimos creyendo que ese pueblo es inculto, manipulable e influenciable.  Por lo tanto, desde el poder, desde la legislación o desde la “sabiduría” hay que “dirigirlo” y “condicionarlo” para que acierte de mejor manera o, en todo caso, para que no se equivoque tanto.  Es un gran contrasentido decir que la voz del pueblo es la voz de dios, pero que esa deidad se puede equivocar por lo que alguien, más sabio, más culto o mejor enterado (como los “filósofos” en la República de Platón) tiene que dirigir que esa voz divina no se extravíe o decida con acierto.

Eso pasa con el voto preferencial, vigente desde que se dio el retorno de la democracia en 1978 para elegir la Asamblea Constituyente que dio lugar a la Carta Política de 1979(D).  Si la democracia es la elección del pueblo, y el pueblo es la voz de dios, no hay nada más democrático que el voto preferencial con el cual el ciudadano no solo elige al grupo de su preferencia, sino inclusive elegir a la persona de su preferencia dentro de ese grupo.

Por los actuales “sabios filósofos” de las nuevas repúblicas piensan diferente.  Creen que el pueblo es un “electarado” –ironía política de Aldo Mariátegui- que se equivoca, y mucho.  Como estos “sabios filósofos” no pueden designar a dedo a los gobernantes imponiéndolos a la mayoría, como en el fondo quisieran, pretenden reconducir la voluntad del “electarado” por medio de normas que condicionan la voluntad del pueblo, remplazándola por la ley, de manera que ya no será el dios pueblo el que elija a sus representantes, sino la cúpula de los partidos.

Así, ya no será la voluntad del elector quien elija a sus representantes, sino el amiguismo, la cercanía al líder, los acomodos, reacomodos, tránsitos y transfuguismos puestos a la orden del día, cuando no el pago de cupos para ocupar los primeros lugares.

A los “sabios filósofos” les parece que eso es más democrático a que el pueblo elija. Dicen que el pueblo se equivoca, que la propaganda influye, que se elige al que tiene más dinero para hacer la campaña, que nos llenamos de comediantes, artistas, deportistas y de cuanto figuretti, número en nalga capte la atención popular.

Pero ese no es un defecto del sistema que deba ser reemplazado por la voluntad de una cúpula, o condicionada por los “sabios filósofos”, sino un defecto de la educación política en la sociedad y la falta, precisamente, de verdaderos partidos políticos.

Es muy curioso que en contra del voto referencial, se esgrimen similares conceptos con los que hace 60 años se  oponían  al voto femenino, o hace 40 años contra el voto de los jóvenes entre 18 y 21 años, o de los analfabetos, o hace 15 años en contra del voto de militares y policías.  Todo eso se dio paulatinamente sin que la democracia colapse.  Ha resultado, más bien todo lo contrario.  Esa inclusión fortaleció nuestra democracia e hizo crecer nuestro colegio electoral.  ¿No hemos aprendido de la experiencia?

Las cosas por su nombre y al toro por las astas. La nueva ley universitaria es la “Ley Mora” ya que el General de Brigada EP (r) Daniel Emiliano Mora Zevallos, actual congresista por Perú Posible, ha sido presidente de la Comisión de Educación del Congreso que la ha redactado, a su imagen, semejanza, troche y moche, pese a las múltiples objeciones y no pocos conflictos que su promulgación, publicación y vigencia han traído para el país.

Es cosa curiosa que una ley marco sobre la universidad peruana sea finalmente redactada, defendida, aprobada y puesta en vigencia por quien no ha sido formado en las aulas de una universidad. Es una paradoja aún no resuelta. De alguna manera subraya la pérdida de la brújula en la falta de institucionalidad, lo que cunde en nuestra realidad.

El General Mora se formó en la Escuela Militar de Chorrillos para abrazar la milicia como profesión en la especialidad de ingeniería. No se formó para ejercer una profesión liberal. En su experiencia profesional sobresale haber sido oficial de enlace ante la Misión de Observadores Militares (MOMEP) en el conflicto del Cenepa que enfrentó al Ecuador con el Perú, ex Ministro de Defensa y ex Jefe del CNI, heredero del tenebroso servicio de inteligencia nacional (SIN). No llegó al grado máximo de la carrera militar -General de División- ni llegó a ser Comandante General del Ejército. Fue solo un General de Brigada.

La “Ley Mora” tiene varios bemoles que, a pesar de haber salvado con las justas su discutible constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), no deja de tener aspectos ciertamente polémicos y hasta negativos que opacan su bondad y buenas intenciones, y que, sin duda, como ya se anuncia, el nuevo gobierno-congreso de julio de 2016 tendrá forzosamente que revisar. El problema de la “Ley Mora” es que el General Mora no admite la polémica, ni la discusión democrática –no fue formado para eso- y siempre ve detrás de cada cuestionamiento lobbys, pagos, mermeladas e intereses subalternos. Así es poco productiva cualquier discusión.

Para empezar, la ubicación de la Superintendencia (SUNEDU) que crea la “Ley Mora” dentro de la férula del Ministerio de Educación, que es parte del Ejecutivo es, sin duda alguna, un escollo constitucional imposible de sortear, como bien lo ponen de relieve dos de los magistrados del TC, ambos profesores universitarios y uno de ellos ex decano de una importante Facultad de Derecho, que votaron señalando que la “Ley Mora” es inconstitucional. Para pretender salvar ello se hace toda una relación de organismos supervisores que están adscritos al Poder Ejecutivo. Nadie se rasga las vestiduras por ello, arguye el General Mora. El problemita es que ninguno de esos reguladores tiene previsión constitucional, por lo que su creación queda librada a la ley y la ley los puede ubicar como mejor crea conveniente el legislador.

Pero la universidad sí tiene expresa reserva constitucional en el Art. 18° de la Constitución, que señala enfáticamente que el sistema universitario es autónomo, separando (Art. 17°) la regulación de la educación escolar primaria y secundaria de la universitaria. Y ser autónomo significa, en lenguaje mondo y lirondo, no pertenecer ni depender de ningún poder del Estado. Así de simple y claro.

Otro aspecto claramente inconstitucional es la aplicación retroactiva de los requisitos para ser docente universitario. Resulta que para dar clases en el pregrado se requiere grado de magister. Hasta ahí está bien. Eso debe regir de aquí en adelante (hic et nunc),  sin efecto retroactivo, como toda norma legal sana y constitucional.  Pero la “Ley Mora” da 5 años de adecuación para que los actuales profesores en ejercicio docente (ya nombrados, ya contratados, ya designados, con derechos ya ganados, derechos adquiridos que tienen alcance constitucional), cubran ese requisito, de manera que al cabo de dicho plazo los profesores que no obtengan ese grado académico, deberán cesar en la docencia de inmediato o exponerse a ser ominosamente “degradados” de categoría, según corresponda. Así, un Profesor Principal que ha ganado la categoría por concurso, cumpliendo con los requisitos legales exigidos en su día y con más de 10 años de antigüedad como Profesor Principal, pasaría a ser “degradado” a mero Profesor Asociado si al cumplimiento de ese plazo no obtiene el doctorado.

Eso significa otorgarle a la “Ley Mora” fuerza y efectos retroactivos, cosa expresamente prohibida en el Art. 103° de la Constitución. Para salvar ello, fue aleccionador escuchar al General Mora, con inenarrable candor, intentar explicar la teoría de los hechos cumplidos versus la teoría de los derechos adquiridos (efecto ex nunc y ex tunc de las normas) ya que, según él, si bien no es jurista, si sabe leer, y cree leer bien, de manera que al haber revisado la sentencia del TC en la acción de inconstitucionalidad contra la “Ley Mora”, ha comprendido los alcances de esos principios. Y los que se opongan a eso son meros interesados o están aceitados por los oscuros intereses que se mueven contra su ley. Ni más ni menos. ¿También dirá eso de los dos magistrados del TC que han votado contra su ley?

Para comprender mejor este punto podríamos ejemplificarlo: es como si mañana se diera una ley en que se dijera que los todos los generales de las FFAA (en actividad o retiro) tienen 5 años para obtener el doctorado (lo que exige una previa Maestría) en la creencia de que con ello se elevaría el nivel profesional de las FFAA,  de suerte tal que, si no lo hacen, ya no podrán ser considerados en el escalafón militar como generales de la República, sino que pasarían ipso jure a ser degradados, por obra de esta ley, a simples coroneles perdiendo sus añoradas estrellas. Si el autor de la ley universitaria no lo cumpliese, ya no podría ser llamado General Mora, sino llanamente Coronel Mora. ¿Estaría de acuerdo? ¿Le resultaría constitucional? ¿También le aplicaría la teoría de los hechos cumplidos?

El futuro de la universidad peruana es demasiado importante y trascendente para nuestro desarrollo nacional, cultural, formativo y de investigación para reducirlo a estas discusiones de salón, o para ser considerado un “objetivo militar” y a los actuales rectores como “enemigos” a los que hay que destruir.  El tema de la universidad, la necesaria mejora de nuestra educación universitaria y la necesidad perentoria de elevar su nivel no debería haberse manejado ni tan de prisa, sin pausa, ni sin un necesario debate, desoyendo y confrontando bélicamente a la mayoría de la universidades que deben de auto gobernarse y auto normarse (eso es la autonomía) con la supervisión del Estado, pero sin estar atadas al Ejecutivo y a la política de turno.

Gonzalo Portocarrero, flamante Premio Nacional de Cultura-Creatividad, acaba de describir: “Quiero dejar constancia de ser resultado de la universidad, de esa institución increíble, definida por la búsqueda del conocimiento, el diálogo razonable, y el servicio a la comunidad”; lo que sin duda está en las antípodas del militar de formación quien ha sido educado en la máxima “las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones”.

El 28 de julio de 1963 Fernando Belaunde juramentó la presidencia de la república iniciando su primer gobierno (1963-1968). Lo hizo ante un Congreso dominado por una mayoría adversa a la que había ganado la carrera presidencial. Adquirió ese derecho en las elecciones generales de 9 de junio anterior –donde no votaron los analfabetos, ni aquellos entre 18 y 21 años, ni militares, ni policías- obteniendo un magro 39.1%, apenas un 6.6% del total de la población cifrada en casi 11’000,000 para entonces. Superó a Haya por escasos 4.7% y a Odría en 13.6%.

Con esas cifras no tenía mayoría en un Parlamento que dominaba la  férrea oposición y sus escasas alianzas no lograron superar la fragilidad congresal.  El resultado: lucha fratricida, censuras a ministros y gabinetes, ingobernabilidad y debilidad política que fueron el pretexto y coartada para el Golpe de Estado de 1968, impidiéndole cumplir los 6 años del mandato presidencial conforme a la Constitución de 1933.

La necesidad de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales nace precisamente de la constatación anterior y la evidencia que un presidente no puede resultar bien elegido, ni tener solidez para gobernar, si no logra la adhesión de la mayoría de los electores. Por eso, precisamente, se prevé en las modernas constituciones -Argentina acaba de estrenar el balotaje-.  Para eso se pacta en la Carta Política que si los contendores presidenciales no obtienen la mitad más uno de los votos (mayoría absoluta), entonces no habrá ganador y deberá hacerse una segunda elección solo entre los dos primeros, uno de los cuales se alzará con el resultado que forzosamente obtendrá mayoría absoluta en el electorado luego del repechaje. A eso se le conoce en la ciencia política como el balotaje.

Nacido en Francia (de allí su nombre) en la mitad del Siglo XIX con la Tercera República, tuvo gran auge en el resto de Europa, cundiendo como modelo.  Pero quien fue su fervoroso partidario, imponiéndolo en la Constitución de 1958 que inauguró la V República Francesa, fue De Gaulle. Quizás impresionado por el desgobierno y fragilidad política de la IV República instaurada en la post guerra, durante la cual fue ingratamente postergado -pese a ser el vencedor de la Resistencia- su desquite llegaría cuando los fracasados políticos de la IV República le buscaron en su apacible retiro para que se haga cargo de las riendas de su zarandeada nación. Impuso condiciones, una nueva Constitución y se aseguró la elección por medio del sistema indirecto que luego reformó dando paso a la elección directa que rige hoy, con un mandato de 7 años (de los más longevos del mundo), generando una necesaria fortaleza al nuevo gobierno por medio de una esencial legitimidad. Esa es la clave del balotaje impuesto inicialmente para la Asamblea Nacional –logrando una mayoría legitima en el Congreso- extendiéndola a la presidencia con la reforma constitucional de 1962, con lo cual el sistema se consolidó y se volvió modélico al dotar de legitimidad al presidente que así resulte electo, evitándose que se le elija con un escueto 35% con el rechazo de más del doble del electorado.

Nuestra Constitución de 1979(D) instauró el balotaje por primera vez en el Perú para la elección del presidente de la república, con la finalidad de otorgarle  legitimidad al necesariamente lograr la adhesión de la mayoría absoluta del electorado, reforzando –al mismo tiempo- la solidez institucional del nuevo gobierno. Y sí que ha dado resultado, conforme a las experiencias vividas desde 1990.

En el balotaje es usual que el segundo voltee al primero de la primera vuelta. Normalmente, al primer finalista le resulta más difícil hacer alianzas y lograr la adhesión de los votos de quienes se quedaron fuera del partidor para la segunda vuelta y de los indecisos. Suele darse el “Síndrome Pacheco”, aquel maratonista peruano del último panamericano que punteó toda la carrera hasta el kilometro final, llevando en la nuca al cubano Pérez para, en el rush final, ceder paso quedando relegado al triste consuelo del segundo lugar. Es la estrategia básica: pasar la valla de la primera vuelta y, en la segunda vuelta,  hacer de la cosa otro cantar ya que el balotaje tiende a favorecer al segundo antes que el primero. A tener en cuenta.

En la historia de humanidad, la evolución del hombre (y de la mujer) data de muy antiguo. Desde el “homo hábilis” que pobló la tierra hace 2’000,000 de años, hasta el “homo sapiens” que apareció entre 40,000 y 25,000 años a.c., pasando en el intermedio por el “homo erectus” y el “homo de Neanderthal”, denominaciones asignadas a estos “homínidos”.

Desde esa perspectiva la evolución de la humanidad en la era cristina es nada: poco más de 2000 años. Desde la historia antigua (800 años a.c.) hasta el esplendor romano 200 años d.c., pasando por el medioevo, el oscurantismo, la ilustración hasta llegar a la era moderna con la concreción del Estado de Derecho a finales del Siglo XVIII, las grandes revoluciones libertarias, el proceso de industrialización, la modernización de la economía y el imparable avance tecnológico alcanzado en los inicios del Siglo XXI que nos ha llevado a avances científicos impensables,  enviando al hombre (y la mujer) de la era moderna fuera de los confines de la tierra lanzándolos hacia el espacio interestelar.

Se tiende a pensar que ese progreso, que lleva de la mano un mayor desarrollo cultural, cívico y democrático, también debería haber logrado la necesaria evolución del alma humana a fin de contenerse frente a tropelías sin nombre, al abuso, la muerte del enemigo, la eliminación de inocentes como forma de demostración de poder, o sencillamente de quien –sin ser enemigo- no comulga con el asesino, o por sólo imponer la fuerza, un dios, una nación, una frontera o un descarriado ideal que hace creer al criminal tener una posición mental de superioridad sobre sus víctimas.

No es un tema de cultura, de educación ni de desarrollo cívico. Desterremos el maniqueísmo de pensar que la vesanía humana es privativa de los pueblos subdesarrollados, atrasados, incultos o pobres.  Lamentablemente no es así y, existencia de malvados, abusivos o sádicos cortan horizontalmente la existencia de la humanidad pululando en todos los lares y de toda laya.

¿Cómo explicar, sino, los horrores de los campos de concentración y los millones de víctimas inocentes –niños, mujeres y ancianos- gaseados en la mitad del Siglo XX por alemanes provenientes de una de las sociedades más cultas de Europa con estándares muy exigentes en su educación? ¿Cómo entender que hermanos, familiares, amigos y vecinos se matasen unos a otros en la Guerra Civil española por el sólo hecho de que el conflicto trazó, de la noche a la mañana, una línea divisora entre los unos y los otros? ¿Cómo comprender que en Argentina, Chile o Uruguay la represión indiscriminada contra la subversión propiciara secuestros, muerte y desaparición de miles de personas, muchos de ellos conocidos o familiares de los verdugos? ¿Cómo aceptar que Sendero aniquilara pueblos enteros del ande para imponer su ideología basada en el terror? ¿Y cómo explicar que sociedades desarrolladas y modernas se vean prontamente asaltadas por turbas, desmanes, muertes y latrocinios ante una catástrofe en Nueva  Orleans o ante una huelga de su policía en Nueva York o Los Angeles, donde bastó la ausencia de control y de sanción -que impone el derecho para los crímenes- para que ciudadanos pacíficos -hasta el día anterior modelos de civilidad-  sacaran sus armas  dando rienda suelta a sus atávicos temores, frustraciones y fanátismos frente a sus pacíficos vecinos, echando por delante lo que –los estudiosos del alma- llaman “el impulso de dominio” que lleva al ser humano al delicioso y peligroso ejercicio del poder sin límites.

Causar el sufrimiento del otro, su desdicha o su muerte por el solo prurito de poderlo hacer o en nombre de un descarriado ideal produce en algunos un insondable placer que nos pone muy lejos de nuestra esencia humana. Y es curioso porque la humanidad ha logrado muestras excelsas en el arte, en todas sus dimensiones, creaciones culturales y arquitectónicas que evidencian un alma depurada y una especial sensibilidad del espíritu que e, precisamente, lo que nos  distingue de los animales irracionales.

Sin embargo no todo nuestro espíritu ha evolucionado de modo uniforme y, a pesar del desarrollo alcanzado, en la escala de la evolución humana aún mantenemos serios rezagos que, día a día, nos acercan más a los homínidos, evidenciado que aún estamos muy lejos de haber logrado una verdadera evolución del alma humana.

Una vez más las relaciones con Chile se han tensado.  El origen de este soterrado, pero evidente, enfrentamiento es la disputa sobre la soberanía del denominado “triangulo terrestre” en el extremo de la frontera, precisamente allí donde está delimitada el inicio de la frontera.

La verdad es que en la historia de las relaciones entre el Perú y Chile las tensiones territoriales siempre han jalonado nuestro azaroso y trágico destino común.  Estamos condenados a convivir a punta de contenciosos, siempre generados por Chile a contra el Perú.  Desde la tragedia de una cruenta guerra, con despojo territorial, cobro de indemnizaciones, muerte y destrucción, pasando por haber destruído la economía del Perú generando un atraso de casi 30 años, hasta la ocupación de nuestra nación por más de tres años.  Durante la ocupación, en Lima, se izó la bandera chilena y sus tropas desfilaron por nuestras calles.  Como los nazis en París de la Francia ocupada durante la II Guerra  mundial, saqueos y ese crimen de lesa humanidad que fue el incendio de la biblioteca nacional luego de vaciar cuanto estante pudieron.

Sin embargo, hoy más que nunca, mantenemos con Chile intensas relaciones comerciales y empresariales.  Mientras sus afiebrados  políticos y militares siguen desarrollando hipótesis bélicas contra el Perú, sus empresarios nos ven como un potencial mercado en el que desarrollan pingues ganancias.  Mientras los halcones de su diplomacia nos amenazan de modo directo (“no vamos a tener una tímida respuesta en defensa de nuestro territorio…”), seguimos hablando de “hermandad”, “buenos vecinos” y grandes inversiones, de las que esperan –ley en la economía- incrementar sus capitales –“retorno” en la jerga económica”-  a costa del bolsillo de los peruanos.  Evidentemente es una clara contradicción y en eso deberíamos revalorar nuestra política económica con Chile hasta tanto todos, absolutamente todos, los contenciosos hayan sido efectivamente superados.

Y es que la política chilena hacia el Perú ha tenido siempre esa metodología: se ha desarrollado a punta de contenciosos.  Ese es el leit motiv de su diplomacia.  Ese camino fue señalado por Diego Portales en el Siglo XIX y se ha cumplido con escrupulosidad. A Chile no le conviene dejar de tener  reclamos hacia el Perú. Nunca dejarán de tenerlos.  Pero, al mismo tiempo, apuntan hacia nuestra energía (gas), hacia nuestras riquezas naturales y hacia un intenso intercambio comercial.  Una paradoja que nos perjudica.

No queda duda que en la artificialidad del impasse por el “triángulo terrestre”  Chile carece de absoluta razón y fue creado por la diplomacia chilena del Presidente Piñera para aminorar en Santiago el adverso impacto de la sentencia de la Corte de la Haya en la delimitación marítima, por la cual, por primera vez en su historia, Chile retrocedió sus líneas hacia el sur, en lo que había sido un permanente avance histórico hacia el norte, a costa del Perú.

La creación del Distrito de “La Yarada-Los Palos” (Ley 30358) se ajusta perfectamente al Tratado de 1929 con que se zanjó (¿para siempre?) la delimitación territorial con Chile, disponiéndose el retorno de Tacna a seno nacional y sentenciándose la irremisible pérdida de Arica, ya que Chile jamás quiso cumplir el Tratado de Ancón de 1883 al fin de la Guerra del Pacífico.  En el Tratado de 1929 se pactó claramente que la frontera terrestre entre Chile y Perú quedó establecida en un punto marcado a 10 Kms.  al norte del puente sobre el Río Lluta, en el arco formado donde el mar termina y empieza la tierra, punto que recibió el eufemístico nombre de “Concordia”.  La creación artificial del “triangulo terrestre” obvia eso y fija arbitrariamente ese inicio en el hoy denominado Hito No. 1, ubicado a 256 mts. tierra adentro.  Al omitir el arco, generando una paralela, se da nacimiento a este malhadado “triángulo terrestre” de  32,000 m2 que es, ahora, la nueva manzana de la discordia.

Debemos revisar intensamente nuestra verdadera relación con Chile.  Mientras todos los temas territoriales, políticos y de buena vecindad no queden verdaderamente zanjados para siempre, pongamos en la congeladora las demás relaciones comerciales y empresariales en las que servimos de apetitoso mercado.  Sinceremos nuestra verdadera relación, ya que es evidente que la política de las “cuerdas separadas” no ha resultado beneficiosa para el Perú.

A principios del Siglo XX subsistía en el Perú rezagos del fuero eclesiástico, donde las leyes canónicas -de la Iglesia Católica- se anteponían a las leyes del Estado cuando se trataba de juzgar -no solo por infracción a las leyes de la iglesia, sino a las leyes civiles y criminales- a sus clérigos de cualquiera jerarquía.

Con la Carta de 1933 la separación entre el Estado y la Iglesia Católica fue mucho más clara. En años previos se había aprobado leyes de secularización del matrimonio civil, registro civil (de nacimientos y matrimonios) y divorcio vincular. Hoy no queda duda que el Perú es un Estado secular, aunque la Constitución siga proclamando, dentro del Capítulo “Del Estado, la Nación y el Territorio”,  en su Art. 50° que: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas”.

Significa que estamos dentro de un Estado laico, que la católica es una confesión opcional que convive con otras y que no tiene más valor que el moral para quienes la profesan. La fe católica es enteramente voluntaria, separada de las leyes del Estado, que subsiste con otras confesiones igualmente respetadas por el Estado, aunque su énfasis esté en la católica por ser mayoritaria y por su aporte a la formación histórica y cultural del Perú, tanto colonial como republicano.

El “fuero eclesiástico” fue defendido por los canonistas, donde todas las causas civiles y penales contra los ministros cristianos eran competencia de los jueces eclesiásticos, excluyendo a los jueces ordinarios de la república. Explicaron que no les resultaba justo que los sacerdotes, que tenían la misión de juzgar a sus fieles, sean a su vez juzgados por estos, con menoscabo del respeto que debían merecer los representantes de Cristo en la tierra encargados de señalar el camino de la salvación. El Concilio de Macón dijo: “Sería indecoroso que los sacerdotes fueran sometidos al juicio de los seculares a quienes administran la Eucaristía y los demás sacramentos”.

Hace varios lustros que la Iglesia Católica soporta diversas acusaciones, urbi et orbi, por diferentes formas de abuso sexual contra los fieles que se acercaron con fe a quienes predicaban la palabra del Señor y debían ser ejemplo de vida, sobre todo con gravísimas agresiones a menores.

Quizás movidos por la historia del fuero eclesiástico y la vergüenza del escándalo, recién los más altos dignatarios de la Iglesia han reconocido que la primera respuesta no fue la más apropiada. El silencio, la sordidez de la tapadera, el solo alejamiento del abusador fueron sus principales reacciones. Pero los abusos sexuales son, además de pecados capitales según la ley de Cristo, delitos muy graves contenidos en el Código Penal que es aplicable –sin excepción- a todos los ciudadanos, dentro de los cuales hoy están, sin ninguna duda, los clérigos y ministros de la Iglesia Católica, cualquiera sea su jerarquía o denominación, en la medida en que las leyes canónicas de la Iglesia no tienen validez jurídica dentro de la sociedad civil, ni en el Estado de Derecho, sino sólo vigencia moral para quienes abrazan la fe cristiana.

Pero el abuso sexual, en particular la pedofilia, es un grave delito contra seres obnubilados o engañados por falsos profetas, que usan con alevosía la fe cristiana, su autoridad moral y, en muchos casos, la edad de los fieles, como instrumento de depravaciones arruinando la vida a sus víctimas con permanente secuela psicológica.  En estos casos no estaremos sólo frente a un pecado capital contra la Iglesia, ni se trata sólo de seres descarriados del sendero cristiano cuyo castigo deban purgar con abstinencia, alejamiento, expulsión o excomunión, como son los castigos de la iglesia.  Estamos, antes que nada, frente a verdaderos delincuentes que deben ser juzgados con las leyes del Estado que castigan con especial rigor esas conductas, precisamente por su gravedad. Lo que se debe imponer –además de la penitencia eclesial- es la ley penal del Estado que empieza por la obligada denuncia por notitia críminis o denuncia de parte al Ministerio Público (titular de la acción penal según la Constitución), la imputación ante un juez penal, el procesamiento público por un tribunal de justicia y la privación de la libertad por el plazo de ley a ser cumplida en una prisión estatal para quien sea culpable. Como ocurre a diario con cualquier ciudadano infractor.  Ni más ni menos.

Fue precisamente Cristo quien nos enseñó que los deberes con la fe van de la mano con los deberes ciudadanos cuando apostilló: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 21).

Artículo publicado en el diario El Comercio el 13/11/2015

Ilustración tomada de El Comercio (Giovanni Tazza)

http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/al-cesar-lo-que-cesar-anibal-quiroga-leon-noticia-1855782?flsm=1

Como resulta obvio, ya se ha dado la largada de la carrera electoral del 2016 hacia la meta representada por el sillón presidencial y, como en la alegoría animada que  presta el título, los diversos candidatos –que representan opciones y posibilidades muy diversas- corren desesperadamente atacándose inmisericordemente los unos a los otros, con muy variado armamento y munición, desde las acusaciones de transfuguismo, las deslealtades, los roedores, los acomodos y conveniencias, hasta las acusaciones fiscales, penales y constitucionales por doquier, pretendiendo bajarse la llanta y ponerse cabes, los unos a los otros. ¿Fair play? Nada, eso es para los perdedores…

Candidatos abundan. Alguna vez se dijo que en el Perú hay gran facilidad para fabricar candidatos presidenciales. Todo mono con cabeza cree que puede llegar a la presidencia de la república. Y, de algún modo, la historia y la realidad política alientan esos sueños de opio. En los ’90 el fujimorismo legó a la clase política la enseñanza que, un desconocido, sin preparación ni clase ni raza política, podía alzarse con el premio mayor, arrebatando al establishment, al empresariado y a la mayoría de los medios de comunicación, derrotando a un prestigiado novelista que –luego de esa debacle- ganaría el nobel, pero en literatura, no precisamente en política.

Para lograrlo, bastaba estar en el momento y lugar oportuno a fin de que la ansiada ola de popularidad llevase en su cresta al ganador en un surfeo electoral directo hasta palacio de gobierno. Fue la imagen del no partido, del no programa, de la improvisación y del candidato que se hizo de la mayoría en un tsunami electoral, del que luego el país pagaría la factura. Luego de eso, todos –de uno u otro modo- han querido emular a Fujimori, y se han posicionado en el rompiente pretendiendo montar en la ola ganadora. Pero, en este corsi e recorsi las historias nunca se repiten y nadie más ganó la tinka electoral.

Tenemos los candidatos grandes: la heredera de Fujimori, cuyo mayor activo es la herencia de papá y el recuerdo en su electorado de la añorada gestión de papi. Si fuera Keiko Pérez carecería de toda opción. Luego está PPK, la versión andina del Tío Sam, también arropado por el empresariado y la mayoría de los medios, aceptado por clase política que, siendo importante, no deja de ser una elite en términos del colegio electoral. Será muy difícil que el mayoritario electorado provinciano, sobre todo el progresista del sur, extienda su voto a quien perciben como un gringo empresario exponente del capitalismo yanqui. Su pasaporte y la partida de nacimiento también conspirarán en su contra. El APRA, que no deja de ser un partido organizado pese a su magra representación congresal, apuesta con toda fuerza al segundo lugar pasando al ballotage, donde daría el batacazo alzándose con la victoria final en la segunda vuelta. Llevan a su indiscutible carta  ganadora ya en dos oportunidades,  bajo el axioma de no cambiar lo que ya ha demostrado eficacia y triunfo.

Los demás correlones son como pequeñas comparsas, con más entusiasmo que posibilidad alguna, y que sólo animarán la fiesta dándole un toque folklórico.  Entre ellos, el del partido de gobierno con una cara más presentable que el anterior, pero no necesariamente más popular -y las elecciones se ganan con votos, no con bonitos rostros-.

¿Cuál será el desenlace en la meta? Nadie lo sabe a ciencia cierta, ni los gurúes en comunicación que asesoran a los candidatos, cuales personal trainers, con un abultado presupuesto, como es de rigor.  Pero, sea cual sea este, hay tres ideas que deben estar al margen de toda discusión, discrepancia o duda: (i) Deben haber elecciones limpias y transparentes, que recojan la verdadera voluntad popular, debidamente auditadas por la ONPE, el JNE y los organismos internacionales; (ii) Se reconocerá como legítimo sucesor presidencial al legítimo ganador electoral, sea en primera vuelta, sea en segunda; y, (iii) Habrá una transferencia democrática  -la cuarta sucesiva en 20 años de alternancia constitucional- que el 28 de julio transfiera la banda presidencial al legítimo electo. Ni un minuto antes, ni un minuto después.

Los abogados cumplen una función social al servicio de la justicia y del derecho.  Son servidores y colaboradores esenciales de la justicia y de los magistrados, en general. Al menos, eso dice la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Su actuación -en el Estado de derecho y ante la sociedad- legitima toda actuación de las autoridades (judiciales, parlamentarias, constitucionales, administrativas, arbitrales, policiales, militares, etc.), ya sea como defensor, asesor, ilustrador o informador.  Inclusive como acusador ya que, al fin de cuentas, fiscales y procuradores son también abogados.

No podrá reputarse como debido un proceso del Estado –en cualquiera de sus manifestaciones- si sus partes no tengan un abogado de su libre elección. También lo dice la Constitución, y el Pacto de San José, como un derecho fundamental y una garantía constitucional de la administración de justicia, en general.

Es evidente que en los últimos tiempos la función del abogado ha decaído muchísimo, por muy variadas razones.  Desde la nula participación gremial en la sociedad, pasando por el escaso control deontológico que se ejerce sobre la abogacía, hasta la proliferación de facultades de derecho que gradúan con poca calidad profesional.  Y eso se nota día a día, cuando los pilares básicos y esenciales del derecho son desconocidos, olvidados o, simplemente, ignorados por ausencia de una bibliografía básica en la formación del abogado.

Pero también las autoridades contribuyen al desprestigio y baja estima social de abogado.  El problema es que esas autoridades olvidan que –antes que autoridades- son también abogados y que gracias a ese título han llegado a ser autoridades.  Una paradoja.

Una prueba de ello es la reciente malhadada disposición en el Palacio de Justicia, que desde hace unas semanas, impide a los abogados ingresar por la puerta principal. Members only… Luego de 80 años de haber si inaugurado, y de haber permitido que abogados y magistrados ingresen por la misma puerta, ahora el abogado debe entrar por la puerta de atrás, ya que el acceso principal ha sido reservado, cancerbero de por medio, para “magistrados y autoridades”.  Una clara alegoría –en la hora actual- del descrédito de la abogacía ante la justicia.  ¿Y el Colegio de Abogados?  Bien gracias, muy ocupado en sus fratricidas luchas, cada vez más irresolubles.

La Corte Suprema, a través de su Consejo Ejecutivo, no se queda atrás y con la RA No. 025-2012-CE-PJ “exhorta” a los jueces del país a exigir –compulsivamente- a los abogados a presentar una “constancia de habilitación” emitida por un Colegio de Abogados.  Es decir, ya no es suficiente estar graduado, ni tener título, ni tampoco estar colegiado; ahora en cada juicio el abogado debe demostrar que es abogado, entregando una certificación, lo que es ilegal ya que va contra la ley de simplificación administrativa y el principio de la buena fe. Y, de pasadita, incrementa indebidamente las arcas de los Colegios de Abogados (encareciendo el proceso, a expensas del cliente).

Este descrédito también ocurre en la actividad privada. En una institución creada para la autorregulación de la prensa, una vez se procesó a dos periodistas. Estos, ante la eventualidad de ser sancionado, acreditaron a su abogado defensor quien formuló sus alegatos.  Cuando pidió ser escuchado antes de la resolución, le dijeron que no, que ellos eran una entidad ética, y que no le daban cabida a la defensa legal (¿?).  En otra ocasión un afanoso procurador ad hoc (abogado designado a dedo) recibió la solicitud de un defensor para poder exponer los argumentos de su defendido a quien éste públicamente acusaba.  Recibió la negativa por respuesta, “ya que no tenía obligación de escucharlo, porque -según él- eso era para el juez…” Es decir, podría acusarlo, podía sindicarlo como delincuente, podía exigir una pena de cárcel, pero no podía perder su valiosísimo tiempo escuchando a un defensor que por escrito había solicitado ser escuchado como simple colaborador de la justicia.

Sin embargo, una y otro ignoraron la esencia de la defensa y lo básico de la ley. Desde 1992 el Art. 293° de LOPJ dice: “El abogado tiene derecho a defender o prestar asesoramiento a sus patrocinados ante las autoridades judiciales, parlamentarias, políticas, administrativas, policiales y militares y ante las entidades o corporaciones de derecho privado y ninguna autoridad puede impedir este ejercicio, bajo responsabilidad”.

Siempre se ha dicho que las grandes causas nunca son resueltas por los juzgadores con la cabeza, sino con el asiento, en la medida en cuán caliente este se pueda poner por causa de aquella, poniendo en riesgo su estabilidad, continuidad, autonomía y tranquilidad espiritual. En el mejor de los casos, serán resueltos con ambos…

Así ha sido la historia de la humanidad, en todos los lares y confines.  Finalmente también los juzgadores son seres humanos que juzgan a otros seres humanos con sus propios temores, aprehensiones, ideologías, fobias, ambiciones  y entorno personal.  Como bien enseñó Ortega y Gasset, los hombres –y las mujeres- somos lo que somos, más nuestras circunstancias.

Cuenta el tradicionalista Ricardo Palma, en “Los tres motivos del Oidor”,  que “El 27 de octubre de 1544 estaban los vecinos de Lima que no les llegaba la camisa al cuello. Y con razón, eso sí. Al levantarse de la cama y abrir puertas para dar libre paso a la gracia de Dios se hallaron con la tremenda noticia de que Francisco de Carbajal, sin ser de nadie sentido, se había colado en la ciudad con cincuenta de los suyos, puesto en prisión a varios sujetos principales tildados de amigos del virrey Blasco Núñez, y ahorcado, no como quiera a un par de pobres diablos, sino a Pedro del Barco y Machín de Florencia, hombres de fuste, y tanto que fueron del número de los primeros conquistadores, es decir, de los que capturaron a Atahualpa en la plaza de Cajamarca

Carbajal previno caritativamente a los vecinos de Lima que estaba resuelto a seguir ahorcando prójimos y saquear la ciudad, si ésta no aceptaba por gobernador del Perú a Gonzalo Pizarro, quien, con el grueso de su ejército, se encontraba esperando la respuesta a dos leguas de camino.

Componían a la sazón la Real Audiencia los licenciados Cepeda, Tejada y Zárate; pues el licenciado Álvarez había huido el bulto, declarándose en favor del virrey.  Asustados los Oidores con la amenaza de Carbajal, convocaron a los notables en Cabildo.  Discutióse el punto muy a la ligera, pues no había tiempo que perder en largos discursos ni en flores de retórica, y extendióse acta reconociendo a Gonzalo por Gobernador.

Cuando le llegó turno de firmar al Oidor Zárate, que, según el Palentino, era un viejo chocho, empezó por dibujar una † y bajo de ella, antes de estampar su garabato, escribió: Juro a Dios y a esta † y a las palabras de los Santos Evangelios, que firmo por tres motivos: por miedo, por miedo y por miedo”

Oidor fue la denominación de los jueces de las Reales Audiencias,  tribunales colegiados originarios de Castilla, que se convirtieron en los máximos órganos de justicia dentro del Imperio español.  Como tales, fueron trasplantados a las novísimas colonias de ultramar que, antes de los virreyes, también ejercieron funciones de gobierno. Su nombre proviene de su obligación de escuchar (oír) a las partes en todo proceso, particularmente en los alegatos.

Con la República, en el Siglo XIX, las Reales Audiencias cedieron paso a la creación republicana de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante Decreto Dictatorial provisorio de Bolívar, de 22 de diciembre de 1824, en cumplimiento del Art 98° de la Constitución de 1823.   Allí es donde a los integrantes del más alto tribunal de justicia de la nueva república se les denomina “Vocales”, cuyo genérico es el de “Magistrados”.   Los magistrados -en general- tienen como antecedente histórico  a los antiguos Oídores de la Colonia y, estos, al Iudícum (de donde la denominación de Juez) del derecho romano.

Hay una diferencia importante entre los magistrados de la Corte Suprema y los demás funcionarios que juzgan otras especialidades (administrativa, constitucional, arbitral, etc.) y es que –generalmente- los miembros de la Corte Suprema han empezado desde abajo, como amanuenses, secretarios, relatores, jueces de instancia, vocales superiores y, al cabo de una dilatada carrera, hoy por meritocracia vía concurso del CNM, alcanzan la máxima judicatura.  En los otros casos casi siempre llegan (también por meritos personales y designación política) en paracaídas, sin la solera ni la experiencia necesaria en el decisivo arte de administrar justicia, que no es otra cosa que el divino don de juzgar a sus semejantes.  Por eso son más susceptibles de presiones, temores y miedos, como magistralmente enseña –con la historia del Perú- Ricardo Palma.