Aníbal Quiroga León ([1])
Luego de que el año pasado el Presidente Vizcarra dispusiera la inédita y muy discutible -desde el punto de vista constitucional- disolución del Congreso, para ingresar en un no menos ignoto interregno constitucional con la supervivencia del Congreso a través de su Comisión Permanente, para supuestamente escuchar al pueblo y elegir un mejor Congreso que completase el mandado del disuelto -un Congreso corto-, ingresamos luego de 20 años y cuarto periodos constitucionales consecutivos, más el periodo de transición de Paniagua, en una clara fragilidad institucional y en un debilitamiento constitucional que las apresuradas elecciones de enero de este año, su magro resultado (con los pescaditos y los antauristas redivivos) no han solidificado para nada. Por el contrario, la lentitud del JNE en el resultado, la juramentación por “bloques” ya con el tsunami del CODIV19 encima, las dificultades para organizar sus sesiones, junta directiva y plenarios, han complicado en mucho el panorama en favor de lograr un contrapeso de poderes constitucionales.
Para el Presiente Vizcarra la pandemia ha representado -políticamente- la tormenta perfecta, desde que con la disolución del Congreso logró gobernar sin Congreso ni oposición y, con la pandemia, en los hechos, ha logrado que ese status quo se mantenga, no solo por el resultado de la elección y quienes han sido elegidos -lo que ya ha sido considerado por no pocos analistas como peor Congreso que el anterior-, a despecho de la promesa del propio Vizcarra cuando disolvió el Congreso anterior o del ex Premier Del Solar cuando, en día de las apuradas elecciones, ofreció un “refrescamiento” en la política nacional. De seguro no se refería a la inusitada presencia de los pescaditos…
Por efecto mismo de la terrible pandemia que nos aqueja, que obliga al aislamiento y distanciamiento social, la dinámica y metodología del Congreso resulta contradictoria, al punto que con los pocos plenarios y reuniones que han sostenido, en Mesa Directiva o Junta de Portavoces, ya hay siete de los nuevos congresistas cortos contagiados con diversos niveles de gravedad y nada parece indicar que eso tenga solución práctica en el corto o mediano plazo. Es decir, el Presidente Vizcarra, por efecto de la pandemia, seguirá gobernando en los hechos con un Congreso nominal y una oposición casi inexistente.
Por eso mismo, por su naturaleza apresurada y su propia composición -muy diferente a la ofertada por Vizcarra cuando proclamó la disolución del Congreso anterior por una supuesta negación fáctica de confianza que el propio Tribunal Constitucional no convalidó, a pesar de la muy benévola sentencia en mayoría que cohonestó la disolución-, y porque estos congresistas cortos están con ansias de ejercer ese poder cortito que se les ha dado tan solo por tres semestres y que con la pandemia se les escapa entre los dedos (el poder es un gran afrodisiaco), ya se escuchan algunas voces muy peligrosas que pretenderían -claro, modificando la Constitución- alargar el mandado de este Congreso corto y/o postergar las elecciones presidenciales del 2021, alterando el cronograma electoral y el natural recambio del Ejecutivo y Legislativo previsto constitucionalmente para julio de 2021, es decir, a la vuelta de la esquina.
Ya aparecerán quienes de oficio, asalariados o entusiastas, pretendan justificar esto con las más disímiles teorías que hacen la delicia de la prensa, como ocurrió con la convalidación de la disolución fáctica del Congreso el año pasado. La fortaleza de nuestra democracia, también -qué duda cabe- afectada por el COVID19 se pondrá a prueba para definir si logrará mantener el calendario electoral o terminaremos cediendo, como el año pasado, con ingenuos, ilusos, impostados y bien remunerados argumentos a una nueva tentación autoritaria.