FOTO: SERGIO URDAY

Una de las candidaturas expectantes de cara a las elecciones generales del 10 abril venidero es la de Keiko Fujimori (KF), según rezan las encuestas de hace algún tiempo.

Y una de las tareas más arduas que tiene por delante KF, lideresa de un partido heredado de su padre, para crecer en la preferencia electoral más allá del núcleo duro que la realidad le ha otorgado desde siempre, es tratar de desfujimorizar el fujimorismo base de su partido o movimiento.  Es decir, pretende presentar un fujimorismo sin Fujimori.

Para ello, ha empezado a abrir la cancha de la autocrítica y la reflexión, reconociendo los aciertos más importantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, a realizar cierta autocrítica a los gruesos errores de su padre en la conducción del país en años pasados (autocracia, golpe de estado, corrupción, mal manejo de los recursos del Estado, injerencia exorbitada del SIN y, sobre todo, graves violaciones de DDHH en la lucha y represión legítima al flagelo terrorista.  Con ello pretende correr hacia la preferencia electoral que aún no la favorece pero, por sobre todo, superar aquel antivoto o rechazo absoluto a su candidatura.

Pero quizás –y sin quizás- el reto más grande que tiene por delante es aquel que define la esencia de su candidatura: el liderazgo. Es decir, siendo hija de quien es, habiendo recibido de su padre en calidad de herencia el “liderazgo” de su partido o movimiento (sólo en la medida en que el padre no puede participar por si mismo dado que cumple condena de 5 años -ratificada por la Corte Suprema- en un centro de reclusión penal), tiene por delante demostrar que élla, en efecto, es la lideresa, y no un simple instrumento del padre en prisión que hace de ventrílocuo.

Este reto pasa por definir y exponer que en efecto es una lideresa, que tienen las condiciones para ser tal y que ha hecho los méritos para serlo, y no una simple mandadera de lo que se agita y decide en la DIROES.

Dentro de ello, una de las varias fórmulas para desfujimorizar su partido o movimiento, fue el plantear que alguno de los personajes “históricos” y representativos del ala dura del fujimorismo del pasado y del presente fuera superado y dejado de lado, de cara a mostrar un nuevo rostro más juvenil, más aggiornado, más democrático, que no le haga recordar al elector permanentemente el anclaje en el pasado autoritario, prepotente y antidemocrático del partido o movimiento de KF en la égida de su papi a fin de procurar conquistar terrenos que aún le son vírgenes en el electorado.

Pero este intento acaba de ser malamente torpedeado por papi.  Desde la DIROES ha enviado urbi et orbi –via facebook- un úkase en el cual le ha ordenado a  KF que aquellos personajes “históricos”  (e histéricos en algún caso) del fujimorismo no pueden ni deben ser dejados de lado, ordenándole que los mantenga dentro de la lista congresal.  Para ello, papi cuenta con el apoyo incondicional de Kenyi, hermano de la lideresa y, al mismo tiempo, el verdadero delfín de papi, según cuentan las malas lenguas, con lo cual el liderazgo de la lideresa ha quedado mucho más horadado aún.

Cuentan también, quienes le escucharon en su forzado retiro japonés antes de iniciar la –para él- desventura chilena que le llevó a la detención, extradición, juzgamiento y condena; que papi siempre manifestaba que su “destino” estaba signado por gobernar el Perú, que “para eso había nacido”, poderosa razón por la que intentó regresar al Perú para cumplir ese sino, terminando el afán recluido en la DIROES, y por muchos años, según la cosa juzgada de la Corte Suprema.

El principal reto de KF es demostrar la esencia de su candidatura: que es la de élla, de KF, y no la de su padre interpósita persona; que en verdad élla tiene los méritos suficientes para ser tal y para liderar su partido o movimiento (y, eventualmente, para gobernar el Perú) y que no será marioneta o títere de su padre, impidiendo que indebidamente que él sea el nuevo gran gobernante del país, o su gran consejero, o su gran decidor.  Y convencer de ello al electorado que aún no le favorece. No la tiene fácil.

La democracia se basa en la aceptación de la mayoría ciudadana.  Lo que esa mayoría decida se torna, así, en la decisión legítima de la sociedad respecto de su forma esencial de gobierno y, sobre todo, de quienes serán los gobernantes y quienes los gobernados. Esa es la base del sistema que, luego de toda la historia de la civilización, hemos tratado de perfeccionar en los inicios del Siglo XXI.

Para eso las elecciones periódicas son la llave de la democracia.  Elecciones que deben hacerse en condiciones de igualdad de oportunidades para todos los candidatos, respetándose escrupulosamente las reglas de juego previamente previstas.

Y la democracia también está hecha de formas, figuras y gestos, pero esos son sus adornos (como el absurdo desplante de la Fernández a Macri al dejar el poder, lo que al autoritario duele y cuesta mucho).  Lo esencial es que el electorado se pronuncie libre y soberanamente, y que todos, los unos y los otros, respeten como legítima esa decisión.

A pesar del tiempo y la experiencia transcurrida, y los notorios cambios en más de 200 años del estado social de derecho, persisten figuras tuitivas y discriminatorias que pretenden imponer criterio de democracia de los unos sobre los otros. Todos decimos que la voz del pueblo es la voz de dios, y que conforme habla el pueblo habrá que organizar el gobierno de la nación, pero seguimos creyendo que ese pueblo es inculto, manipulable e influenciable.  Por lo tanto, desde el poder, desde la legislación o desde la “sabiduría” hay que “dirigirlo” y “condicionarlo” para que acierte de mejor manera o, en todo caso, para que no se equivoque tanto.  Es un gran contrasentido decir que la voz del pueblo es la voz de dios, pero que esa deidad se puede equivocar por lo que alguien, más sabio, más culto o mejor enterado (como los “filósofos” en la República de Platón) tiene que dirigir que esa voz divina no se extravíe o decida con acierto.

Eso pasa con el voto preferencial, vigente desde que se dio el retorno de la democracia en 1978 para elegir la Asamblea Constituyente que dio lugar a la Carta Política de 1979(D).  Si la democracia es la elección del pueblo, y el pueblo es la voz de dios, no hay nada más democrático que el voto preferencial con el cual el ciudadano no solo elige al grupo de su preferencia, sino inclusive elegir a la persona de su preferencia dentro de ese grupo.

Por los actuales “sabios filósofos” de las nuevas repúblicas piensan diferente.  Creen que el pueblo es un “electarado” –ironía política de Aldo Mariátegui- que se equivoca, y mucho.  Como estos “sabios filósofos” no pueden designar a dedo a los gobernantes imponiéndolos a la mayoría, como en el fondo quisieran, pretenden reconducir la voluntad del “electarado” por medio de normas que condicionan la voluntad del pueblo, remplazándola por la ley, de manera que ya no será el dios pueblo el que elija a sus representantes, sino la cúpula de los partidos.

Así, ya no será la voluntad del elector quien elija a sus representantes, sino el amiguismo, la cercanía al líder, los acomodos, reacomodos, tránsitos y transfuguismos puestos a la orden del día, cuando no el pago de cupos para ocupar los primeros lugares.

A los “sabios filósofos” les parece que eso es más democrático a que el pueblo elija. Dicen que el pueblo se equivoca, que la propaganda influye, que se elige al que tiene más dinero para hacer la campaña, que nos llenamos de comediantes, artistas, deportistas y de cuanto figuretti, número en nalga capte la atención popular.

Pero ese no es un defecto del sistema que deba ser reemplazado por la voluntad de una cúpula, o condicionada por los “sabios filósofos”, sino un defecto de la educación política en la sociedad y la falta, precisamente, de verdaderos partidos políticos.

Es muy curioso que en contra del voto referencial, se esgrimen similares conceptos con los que hace 60 años se  oponían  al voto femenino, o hace 40 años contra el voto de los jóvenes entre 18 y 21 años, o de los analfabetos, o hace 15 años en contra del voto de militares y policías.  Todo eso se dio paulatinamente sin que la democracia colapse.  Ha resultado, más bien todo lo contrario.  Esa inclusión fortaleció nuestra democracia e hizo crecer nuestro colegio electoral.  ¿No hemos aprendido de la experiencia?

Las cosas por su nombre y al toro por las astas. La nueva ley universitaria es la “Ley Mora” ya que el General de Brigada EP (r) Daniel Emiliano Mora Zevallos, actual congresista por Perú Posible, ha sido presidente de la Comisión de Educación del Congreso que la ha redactado, a su imagen, semejanza, troche y moche, pese a las múltiples objeciones y no pocos conflictos que su promulgación, publicación y vigencia han traído para el país.

Es cosa curiosa que una ley marco sobre la universidad peruana sea finalmente redactada, defendida, aprobada y puesta en vigencia por quien no ha sido formado en las aulas de una universidad. Es una paradoja aún no resuelta. De alguna manera subraya la pérdida de la brújula en la falta de institucionalidad, lo que cunde en nuestra realidad.

El General Mora se formó en la Escuela Militar de Chorrillos para abrazar la milicia como profesión en la especialidad de ingeniería. No se formó para ejercer una profesión liberal. En su experiencia profesional sobresale haber sido oficial de enlace ante la Misión de Observadores Militares (MOMEP) en el conflicto del Cenepa que enfrentó al Ecuador con el Perú, ex Ministro de Defensa y ex Jefe del CNI, heredero del tenebroso servicio de inteligencia nacional (SIN). No llegó al grado máximo de la carrera militar -General de División- ni llegó a ser Comandante General del Ejército. Fue solo un General de Brigada.

La “Ley Mora” tiene varios bemoles que, a pesar de haber salvado con las justas su discutible constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), no deja de tener aspectos ciertamente polémicos y hasta negativos que opacan su bondad y buenas intenciones, y que, sin duda, como ya se anuncia, el nuevo gobierno-congreso de julio de 2016 tendrá forzosamente que revisar. El problema de la “Ley Mora” es que el General Mora no admite la polémica, ni la discusión democrática –no fue formado para eso- y siempre ve detrás de cada cuestionamiento lobbys, pagos, mermeladas e intereses subalternos. Así es poco productiva cualquier discusión.

Para empezar, la ubicación de la Superintendencia (SUNEDU) que crea la “Ley Mora” dentro de la férula del Ministerio de Educación, que es parte del Ejecutivo es, sin duda alguna, un escollo constitucional imposible de sortear, como bien lo ponen de relieve dos de los magistrados del TC, ambos profesores universitarios y uno de ellos ex decano de una importante Facultad de Derecho, que votaron señalando que la “Ley Mora” es inconstitucional. Para pretender salvar ello se hace toda una relación de organismos supervisores que están adscritos al Poder Ejecutivo. Nadie se rasga las vestiduras por ello, arguye el General Mora. El problemita es que ninguno de esos reguladores tiene previsión constitucional, por lo que su creación queda librada a la ley y la ley los puede ubicar como mejor crea conveniente el legislador.

Pero la universidad sí tiene expresa reserva constitucional en el Art. 18° de la Constitución, que señala enfáticamente que el sistema universitario es autónomo, separando (Art. 17°) la regulación de la educación escolar primaria y secundaria de la universitaria. Y ser autónomo significa, en lenguaje mondo y lirondo, no pertenecer ni depender de ningún poder del Estado. Así de simple y claro.

Otro aspecto claramente inconstitucional es la aplicación retroactiva de los requisitos para ser docente universitario. Resulta que para dar clases en el pregrado se requiere grado de magister. Hasta ahí está bien. Eso debe regir de aquí en adelante (hic et nunc),  sin efecto retroactivo, como toda norma legal sana y constitucional.  Pero la “Ley Mora” da 5 años de adecuación para que los actuales profesores en ejercicio docente (ya nombrados, ya contratados, ya designados, con derechos ya ganados, derechos adquiridos que tienen alcance constitucional), cubran ese requisito, de manera que al cabo de dicho plazo los profesores que no obtengan ese grado académico, deberán cesar en la docencia de inmediato o exponerse a ser ominosamente “degradados” de categoría, según corresponda. Así, un Profesor Principal que ha ganado la categoría por concurso, cumpliendo con los requisitos legales exigidos en su día y con más de 10 años de antigüedad como Profesor Principal, pasaría a ser “degradado” a mero Profesor Asociado si al cumplimiento de ese plazo no obtiene el doctorado.

Eso significa otorgarle a la “Ley Mora” fuerza y efectos retroactivos, cosa expresamente prohibida en el Art. 103° de la Constitución. Para salvar ello, fue aleccionador escuchar al General Mora, con inenarrable candor, intentar explicar la teoría de los hechos cumplidos versus la teoría de los derechos adquiridos (efecto ex nunc y ex tunc de las normas) ya que, según él, si bien no es jurista, si sabe leer, y cree leer bien, de manera que al haber revisado la sentencia del TC en la acción de inconstitucionalidad contra la “Ley Mora”, ha comprendido los alcances de esos principios. Y los que se opongan a eso son meros interesados o están aceitados por los oscuros intereses que se mueven contra su ley. Ni más ni menos. ¿También dirá eso de los dos magistrados del TC que han votado contra su ley?

Para comprender mejor este punto podríamos ejemplificarlo: es como si mañana se diera una ley en que se dijera que los todos los generales de las FFAA (en actividad o retiro) tienen 5 años para obtener el doctorado (lo que exige una previa Maestría) en la creencia de que con ello se elevaría el nivel profesional de las FFAA,  de suerte tal que, si no lo hacen, ya no podrán ser considerados en el escalafón militar como generales de la República, sino que pasarían ipso jure a ser degradados, por obra de esta ley, a simples coroneles perdiendo sus añoradas estrellas. Si el autor de la ley universitaria no lo cumpliese, ya no podría ser llamado General Mora, sino llanamente Coronel Mora. ¿Estaría de acuerdo? ¿Le resultaría constitucional? ¿También le aplicaría la teoría de los hechos cumplidos?

El futuro de la universidad peruana es demasiado importante y trascendente para nuestro desarrollo nacional, cultural, formativo y de investigación para reducirlo a estas discusiones de salón, o para ser considerado un “objetivo militar” y a los actuales rectores como “enemigos” a los que hay que destruir.  El tema de la universidad, la necesaria mejora de nuestra educación universitaria y la necesidad perentoria de elevar su nivel no debería haberse manejado ni tan de prisa, sin pausa, ni sin un necesario debate, desoyendo y confrontando bélicamente a la mayoría de la universidades que deben de auto gobernarse y auto normarse (eso es la autonomía) con la supervisión del Estado, pero sin estar atadas al Ejecutivo y a la política de turno.

Gonzalo Portocarrero, flamante Premio Nacional de Cultura-Creatividad, acaba de describir: “Quiero dejar constancia de ser resultado de la universidad, de esa institución increíble, definida por la búsqueda del conocimiento, el diálogo razonable, y el servicio a la comunidad”; lo que sin duda está en las antípodas del militar de formación quien ha sido educado en la máxima “las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones”.