La sociedad limeña no deja de ser pacata y chismosa.  Fiel a su impronta virreinal, se mueve en base a “bolas” en las que todo se construye o destruye a partir de una ficción, como si se deseara vehementemente desde lo más sórdido del ser que aquello que decimos repudiar se cumpla, como en la profecía autocumplida.

Dentro de los muchos chismes, se ha especulado abiertamente acerca de la posibilidad de un “Golpe de Estado” que, para variar, darían las FFAA por sabe Dios qué motivos.   Claro, como el presidente es militar en retiro, como su promoción militar tiene expectantes cargos y como ya hemos cumplido tres periodos constitucionales con relevos democráticos, toca el péndulo de la historia y necesariamente debe haber un “Cup D’Etat” que ponga fin a nuestra frágil primavera democrática y nos devuelva a la constante en la historia del Perú: un gobierno militar, al margen de la Constitución, basado en la fuerzas de las armas, sin parlamento, sin controles, etc.

¿Es realmente posible un “Golpe de Estado” en los inicios del Siglo XXI, a un año de un nuevo relevo constitucional y a tan solo seis de nuestro Bicentenario?   La respuesta es absolutamente negativa y tal especulación solo puede ser producto de afiebradas y aburridas mentes que carecen de la necesaria comprensión de la realidad.

El último “Golpe de Estado” –de los muchos que hemos sufrido- fue en abril de 1992 protagonizado por el propio presidente de la república en funciones: se autogolpeó directamente desde el poder y de domingo a lunes transformó un imperfecto gobierno constitucional en una perfecta autocracia cerrando, tal cual dice el manual, en Congreso, aniquilando el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, legislando desde el Consejo de Ministros a través de decretos leyes.

La experiencia ha sido muy dura y la sociedad ha comprendido que eso nunca más debe de volver a ocurrir, ni autogolpes y golpes castrenses, ni golpes cívicos-militares, ni disparates aventureros por el estilo.  El destino del Perú sólo puede visualizarse a través de regímenes democráticos amparados en la Constitución que, por más imperfectos y criticados que sean, son legítimos gobiernos elegidos democráticamente, debiendo respetar su mandato hasta que toque una nueva transferencia del poder, como necesariamente debe ocurrir el 28 de julio del 2016.  Ni antes, ni después.

Hay dos instituciones (de las muchas que quedaron magulladas) muy afectadas por el gobierno autoritario de Fujimori: las FFAA y el Poder Judicial.  Ninguna de las dos ha podido superar plenamente la manipulación desde el poder autocrático de sus bases institucionales.

Por otro lado el mensaje ha sido claro: todo aquel que se atreva a siquiera intentar romper el tracto constitucional, así sea desde adentro del poder, terminará preso y condenado por muchos años. El propio Fujimori, y sus conspicuos colaboradores de la asonada de 1992, dan cuenta de ello con su penosa vida en prisión.

Los militares de hoy (ejército, marina y aviación) ya no son los de antes: se han tecnificado, han estudiado y, sobre todo, se han comprometido con la democracia, la Constitución y el respeto a los Derechos Fundamentales. No hay posibilidad alguna que una asonada militar tenga alguna viabilidad, salvo el oprobio del fracaso, el enjuiciamiento y la prisión por lo que les quede de vida.

También las FFAA han comprendido que el desarrollo económico, la grandeza del país y nuestras posibilidades a futuro solo se logran con estabilidad jurídica y paz para todos, y que los “Golpes de Estado” traen de todo, menos seguridad en el derecho, ni estabilidad social y que, por tanto, las bases de nuestro desarrollo nacional no solo peligrarían, sino que se echarían a perder. Y eso, en el código militar, es traicionar a la patria.

Especular con la posibilidad de golpe por una orden de inamovilidad para revistar el inventario militar (en peligroso tráfico hacia la delincuencia) es no entender nada de la vida militar.  Inamovilidad no significa aprestamiento a las armas, ni prepararse a atacar, sino el que todo el mundo esté en su puesto para dar cuenta de sus funciones anulándose (entre otras cosas) permisos y vacaciones, a fin de que nadie rehúya su responsabilidad.  Ni más ni menos que eso.  Lo demás, es solo fiebre que quizás –y sin quizás también- en el fondo algunos quisieran que ocurriese aunque se rasguen las vestiduras en contrario.