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ALTO A LA GUERRA

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UN AÑO INTENSO

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CUANDO LLEVAR TRUSA ROJA ABSUELVE A UN PRESUNTO VIOLADOR

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La absolución de un denunciado de violación porque a criterio del juzgado la agraviada usaba una trusa roja con encaje que “conlleva a inferir que estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado”, fue una noticia bomba que ocupó titulares de medios nacionales e internacionales.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur de Ica (Expediente 2822-2019), en un largo texto de 37 páginas que contiene una decisión unánime absolviendo y anulando antecedentes del imputado. Lo más sorprendente es que está compuesto por tres magistrados: un hombre y …¡¡dos mujeres!! Ni siquiera hay voto singular.

Para no cambiar ninguna palabra, voy al ya famoso Fundamento 35 tal como ha sido redactado:

Un hecho singular que no pasa desapercibido por este Tribunal y llama la atención que según los psicólogos Calle Arévalo como De La Cruz Nieto, quienes examinaron a la agraviada coinciden en señalar que “es una mujer tímida…muestra una actitud pasiva, dificultades para poder ser asertiva y poder decir no de una manera tajante, lo cual se refleja a través de su timidez, dificultades para tomar decisiones y también que la colocan de alguna manera en una posición de sumisión frente a otras personas…” “rasgos de personalidad dependiente con tendencia a la extroversión ese tipo de personalidad se caracteriza por ser una persona sensible, indefensa, sumisa, con cierta inmadurez se percibe como débil y frágil..”… sin embargo, suele vestir prendas interiores como la descrita por la bióloga forense Doris Matilde García Espinoza en su dictamen de biología forense N° 201907000119, describiéndolo … “….trusa femenina de color rojo con encaje en zona delantera, blondas en contorno de pierna..” resultando extraño que la supuesta personalidad que presenta la misma (tímida) no guarde relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos, pues por las máxima de la experiencia este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad, por lo conlleva a inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado, de allí que de forma consciente se autoderminó quedarse en la casa del imputado.”

De la forma más breve, voy a referir lo que en mi opinión son los hechos probados y si ellos encajan en el tipo penal de delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación, tipificado en el artículo 170 del Código Penal.

  1. Giancarlo Espinoza Ramos (20 años) invita a la agraviada PMJE (18 años) para recoger su título de Técnico en Administración de Empresas en el IST “Jhabelet”. Son amigos de años, estudiaron juntos desde primaria, son vecinos que viven a dos casas de distancia, y no hay relación sentimental previa. Pensando que es una ceremonia oficial, ella va con cierto arreglo y hasta lleva una cartera.
  2. No hay tal ceremonia, él entra solo al instituto y al salir le dice que llegaron tarde pero la invita a celebrar con amigos. Van al Restobar “Puerto Rico”, pero no llegan los demás amigos. Sólo se presenta uno quien se retira a las 11 p.m. Él dice que ella se le insinuó pero que él respondió que ya tenía pareja y ella lo tomó a mal.
  3. Él dice que como a horas 1:30 a.m. llega su abuelo a recogerlos en su taxi y ya no se acuerda más. Ella dice que en el restobar, él insistía que tomara más así que tomó cerveza, vino y luego cachina. Luego de tomar ésta última ya no recuerda más. El video del restobar muestra a ambos saliendo del local con signos de ebriedad y subiendo al taxi. El abuelo del imputado, que es quien conduce, afirma que deja a ambos en la puerta de la casa del nieto, y se va a seguir haciendo taxi. La abuela refiere que al abrir la puerta sólo ve al imputado y se regresa a dormir.
  4. En la mañana del 30/01/2019 aparecen ambos en el dormitorio del imputado, en una casa donde viven además otras cinco personas, pero cada uno con su propia versión. Ella dice que se despierta como a las 6:14 a.m., está desnuda y el imputado encima de ella intentando penetrarla vaginalmente. Lo rechaza, él cae al costado de la cama, busca sus cosas y se retira. Él por su parte, dice que se despertó desnudo pero ella vestida y de pie, retirándose, dándole antes un beso en la mejilla. Asegura que no hubo contacto sexual. La abuela de él testifica que, en efecto, la ve salir de la habitación del nieto.
  5. La pericia forense no encuentra espermatozoides ni en la cavidad vaginal ni en la trusa, tampoco sangre. Se diagnostica himen complaciente (miembro viril erecto puede pasar sin dejar huellas) y no hay lesiones en la zona. No puede probarse si hubo penetración antes de que ella despertara. Tampoco se puede comprobar la cantidad de alcohol ingerida.
  6. Para el Colegiado (acogiendo parte de la argumentación del imputado de que ella lo acusa por despecho) “la valoración probatoria no supera el test de suficiencia exigido, por tanto corresponde reemplazar la incertidumbre que de ella se deriva, por la certidumbre de la inocencia del imputado debiendo ser absuelto de los cargos atribuidos”.
  7. El Colegiado omite sin embargo que la única forma de que ella estuviera en el dormitorio de él (hecho probado) es por acción del imputado, no de ella. Tampoco resiste análisis alguno la versión del imputado de que ella esperara hasta las 6:00 a.m. para despertarlo e irse. También omite que la psicóloga forense concluye que la víctima luego de los hechos, muestra seria afectación en las esferas cognitiva, conductual y emocional, exhibiendo incluso comportamientos regresivos como miccionar en la cama, autoagresión, temor a salir de casa y otros.
  8. En suma, el Fundamento 35 parece insinuar más bien, dentro de toda la lógica argumentativa del colegiado, la intención de la agraviada de buscar contacto sexual con el acusado, con el burdo afán de hacer ingresar la idea de un consentimiento previo.

Mi opinión legal es que por lo menos hay tentativa de violación, no es creíble la versión del imputado de que ella lo desnudó, lo echó en la cama y esperó vestida hasta las 6:00 a.m. para recién irse. El Fundamento 35 realmente es vomitivo, ni siquiera era necesario, exuda una condicionalidad misógina, y muy lamentable que dos damas magistradas (mujeres profesionales con poder) parezcan tan machistas como el Presidente del Juzgado Colegiado. Una deplorable imagen la que ofrece el Poder Judicial.


¿Sirve SERVIR? Un balance necesario a 7 años de la Ley del Servicio Civil

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No hemos avanzado mucho.

Hace un mes se cumplieron 7 años de vigencia de la Ley del Servicio Civil, Ley 30057 (E.P. 03/07/2013), con la cual se daba el impulso central a la reforma del servicio civil peruano. Pese a la furia de la pandemia, bien cabe hacer un somero balance de este septenio.

Lo primero a mencionar es que no parece que el país haya avanzado mucho en alcanzar el objeto de la ley, a saber, establecer un régimen único y exclusivo para quienes prestan servicios en las entidades públicas, ni tampoco que nos acerquemos a sus tres fines: que las entidades públicas sean más eficaces y eficientes, que presten servicios de calidad mediante un mejor servicio civil, y que promuevan el desarrollo de las personas que lo integran.

La pandemia del coronavirus que nos azota ha expuesto todas las debilidades que sufrimos en materia de gestión de los recursos humanos del Estado, no sólo en el ámbito del sistema de salud pública, sino en los gobiernos regionales y locales, y en el propio Poder Ejecutivo. Hacer la casuística sería extenderme demasiado, y me basta referir como evidencia las continuas denuncias y escándalos que llegan a los medios de comunicación. Puedo decir que ahora la gente confía más en la Iglesia para recaudar fondos para comprar oxígeno que en el propio gobierno regional o local.

La corrupción, esa gran bestia negra.

Hay que decirlo con todas sus letras. La gran bestia negra de SERVIR, de una verdadera reforma del Servicio Civil y de un auténtico impulso meritocrático, es la corrupción estatal, que no sólo tiene que ver con el dinero público. Si influyes o decides darle un cargo público, directa o indirectamente, a un pariente, a un amigo, a un socio de negocios, y todas aquellas acciones que relegan al mérito a la nada, pues eso también es corrupción. Puede no ser delictiva, pero es ilegal porque se vulnera la Ley del Código de Ética de la Función Pública, y porque se incumple el principio meritocrático de la Ley 30057. Y eso sucede lamentablemente desde los más altos niveles del Estado, y en los tres poderes del Estado.

Mientras SERVIR no entienda que uno de sus procesos misionales (en esta etapa de nuestra vida democrática) es incentivar y elevar los estándares de integridad en toda la gestión pública, difícilmente podrá salir del auto-ostracismo en que se ha ubicado para transformar el Servicio Civil.

Se podrá objetar que tomará años cambiar una cultura de corrupción que viene desde la Colonia y tan extendida en el funcionariado y en la sociedad. Pero precisamente eso es lo que hace necesario un organismo rector en materia de gestión de recursos humanos. Ok, limitaré mi ambición. Bajo la meta y pregunto: ¿acaso no queremos entrar en la OCDE? ¿Podemos hacerlo si, según el ranking del World Economic Forum, estamos entre los 50 países más corruptos el 2019, bajando 11 puestos hasta la posición 91 en el indicador de transparencia y corrupción respecto del año 2018? Es decir, no hemos mejorado, hemos empeorado. No tengo data del presente año, pero con seguridad no hay un cambio sustantivo. Siquiera para entrar a la OCDE causemos una buena impresión avanzando resueltamente en una estrategia institucional hacia la integridad del servicio civil.

Un nuevo enfoque.

Tengo la impresión de que SERVIR amputó su capacidad de trascendencia institucional cuando en 2013, estableció como procesos misionales -y cito- : “habiéndose certificado bajo este estándar cuatro procesos misionales: i) Selección de Gerentes Públicos; ii) Acceso a la Información Pública; iii) Resolución de Controversias-Recurso de Apelación, y iv) Atención de Consultas Externas” (1).

No. No es una broma. Establecer como procesos misionales acceso a la información pública y atención de consultas externas (además certificados bajo la Norma ISO 9001), te hace ver qué tan poco se valoró SERVIR, qué tan lejos está de ser un auténtico organismo rector del sistema nacional de gestión de recursos humanos, y qué tan difícil le será cumplir el objeto y los fines de la Ley 30057.

SERVIR sirve al Perú, pero necesita un nuevo enfoque. La ciudadanía sigue reclamando una meritocracia estatal, pero para mejorar los servicios que brinda el Estado a los ciudadanos. Este es el objetivo que debe guiar toda la acción institucional.

Sabemos los desafíos actuales. No se parte de cero. Se sabe que las capacidades profesionales en todo el Estado son heterogéneas y de baja calidad, que hay una desconfianza histórica ante el Estado (mucho más en las regiones), que el número de cargos de confianza no se reduce, que hay resistencias sindicales a la reforma, que los decisores del Estado no se guían por el principio meritocrático para contratar, que el Poder Ejecutivo sigue concentrando más del 45% del gasto de remuneraciones del Estado.

Todo ello ocasiona pérdida de confianza ciudadana en la reforma. Por eso, la profesionalización del servicio civil no puede ser prácticamente el único gran reto misional. Lograr una atención de calidad a la ciudadanía por parte de todo el aparato público, con información transparente multicanal, comunicación y accesibilidad tecnológica, geográfica y social, no es imposible.

Necesitamos un servicio civil más cerca de los ciudadanos y esmerando y mejorando constantemente la calidad de sus servicios, elevar los estándares de integridad, avanzar en el uso intensivo de las nuevas tecnologías y arraigar el trabajo articulado entre todos los niveles de gobierno.

(1) SERVIR. “Implementación de la Reforma del Servicio Civil. Avances y logros durante el año 2014”. Pág. 14.


LAS NUEVAS ARMAS DEL ABOGADO DIGITAL

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Coronavirus y la Era del Cero Papel.

La pandemia no sólo ha revolucionado la Educación. También el sector Justicia ha tenido que adecuarse velozmente a la Nueva Normalidad.

Ya no rige la cuarentena obligatoria pero el aislamiento voluntario que siguen miles de peruanos (para evitar llegar a las puertas de hospitales que no pueden atenderte y que son focos de infección), hace perentorio dar un salto cualitativo en el uso de las nuevas tecnologías.

Es cierto que herramientas como la computadora, la impresora y el celular ya eran de utilidad para los abogados en la era pre-pandemia; pero lo cierto es que, hasta marzo del 2020, el entorno de trabajo de las actividades judiciales era el Formato Papel.

Al inicio de la Nueva Normalidad, y con el virus todavía llevándose un alto número de vidas, podemos decir que nos encontramos dando los primeros pasos (o saltos) hacia un nuevo entorno: el Entorno Digital. La era del Cero Papel.

Entre las normas que regulan este nuevo escenario tenemos al Decreto Legislativo 1246, que aprueba medidas de simplificación administrativa (10/11/2016), D.S. 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (23/03/2018), Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital (13/09/2018), Decreto de Urgencia 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital (09/01/2020),  Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital (09/01/2020), y el D.S. 016-2020-PCM, que amplía los servicios de información del D. Leg. 1246 (03/02/2020).

El Expediente Judicial Electrónico – EJE y la Mesa de Partes Electrónica – MPE.

Dos medidas han catapultado este nuevo escenario: el Expediente Judicial Electrónico (EJE) que oficialmente nació el 2017 pero recién con la llegada de la pandemia ha dado un salto cualitativo, y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), que ha avanzado en generalizarse por todas las Cortes del Perú en los últimos meses.

La Mesa de Partes Electrónica – MPE obligará a un nuevo método en la presentación de demandas y escritos judiciales, ya que para enviarlas se necesitará que luego de elaborado el escrito y firmado por la parte interesada y el abogado, se debe escanear el documento en formato pdf, y luego recién enviarlo por la MPE.

Se establecieron en la Resolución Administrativa 005-2017-CE-PJ y en la Resolución Administrativa 133-2020-CE-PJ.

El Sistema de Notificaciones Electrónicas – SINOE.

A ello hay que añadir el Sistema de Notificaciones Electrónicas – SINOE, que reemplazará a las casillas judiciales tradicionales adonde llegaban las notificaciones judiciales escritas, asunto importante para el cómputo de los plazos judiciales. Es verdad que el SINOE existía antes de la pandemia, pero no todos los abogados tenían una. Ahora todos los abogados deberán tener su propia casilla electrónica. Esto evitará las constantes visitas que se hacían en persona a la Central de Notificaciones del Poder Judicial.

La firma electrónica y la firma digital

La firma del documento también tiene una modificación significativa. Puede tener la firma escaneada del abogado (se le denomina firma electrónica) o puede hacerlo con la firma digital. Para contar con la firma digital, el abogado debe obtener primero su DNI electrónico (DNIe) en la RENIEC, y en esta misma entidad (o un proveedor particular) tramitar el certificado digital, que le permitirá tener la firma digital.

La firma digital utiliza una técnica de criptografía asimétrica basada en el uso de un par de claves único, y tiene la misma validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita. Para ello, se debe bajar a la computadora el software gratuito proporcionado por RENIEC, y contar con un lector electrónico de DNI.

La firma electrónica y la firma digital están reguladas por la Ley de Firmas y Certificados Digitales 27269 y su Reglamento (D.S. 052-2008-PCM).

Las Audiencias Virtuales

Finalmente, una novedad enorme son las audiencias virtuales, mediante las cuales los abogados podrán participar en videoconferencias sea para entrevistas con los jueces o en las audiencias propias de los procesos judiciales en sus diversas etapas. Con ello, prácticamente se reducirá el tránsito por los pasillos del Poder Judicial de cientos o miles de abogados en las sedes judiciales en todo el país.

Las videoconferencias obligan a conocer cómo usar los aplicativos más conocidos en el mercado tales como Zoom, Skype, Meet y otros, que al inicio parecen inaccesibles, pero con la práctica se podrá manejarlas con facilidad. El Poder Judicial utiliza el aplicativo Google Hangouts Meet, lo que exige contar con una cuenta de Gmail. Está regulada por la Resolución Administrativa 123-2020-CE-PJ.

Epílogo

El coronavirus ha obligado a acelerar la aplicación del concepto de Cero Papel. El Estado debe entender que debe liderar el proceso de digitalización de los servicios públicos. Asimismo, toca a los abogados, especialmente a los que hasta hace poco eran renuentes a estas nuevas tecnologías, a adaptarse rápidamente.


EL ROF Y LAS FUNCIONES ESTANDARIZADAS EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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El viernes 22 de febrero de 2020 fue publicada en “El Peruano”, la Resolución de Secretaría del Gestión Pública N° 002-2020-PCM/SGP, que aprobó los Lineamientos “Funciones estandarizadas en el marco de los Sistemas Administrativos”, aplicable a todas las entidades que deben contar con un Reglamento de Organización y Funciones – ROF.

Finalidad de la norma y relación con el ROF.

La finalidad de los lineamientos es orientar a las entidades públicas en la asignación de las funciones vinculadas a los sistemas administrativos bajo rectoría del Poder Ejecutivo, a cargo de los órganos de administración interna y de defensa judicial del Estado. Es preciso aclarar que no se crean funciones sino se estandarizan aquellas funciones que la normativa respectiva ha dispuesto previamente. La vigencia de dichas funciones estandarizadas se supedita a las modificaciones o derogaciones que ellas puedan tener, y cada entidad, al momento de elaborar su Reglamento de Organización y Funciones, es responsable de revisar la base legal y determinar la vigencia de aquellas.

Relación vigente de Sistemas Administrativos.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone en su artículo 46, los sistemas administrativos de aplicación nacional:

  1. Gestión de Recursos Humanos
  2. Abastecimiento
  3. Presupuesto Público
  4. Tesorería
  5. Endeudamiento Público
  6. Contabilidad
  7. Inversión Pública (Programación Multianual y Gestión de Inversiones)
  8. Planeamiento Estratégico
  9. Defensa Judicial del Estado
  10. Control
  11. Modernización de la Gestión Pública.

Cada sistema administrativo presenta su ente rector, su finalidad, la ley especial que la regula y la unidad de organización a cargo de cumplir las normas que rigen cada sistema.

Sistemas Administrativos vinculados a Administración Interna.

De los once, hay 9 sistemas vinculados a funciones de Administración Interna. En primer lugar, los cinco Sistemas Administrativos orientados a dar soporte u apoyo administrativo a la gestión interna: Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, Tesorería, Endeudamiento Público y Contabilidad. Y, en segundo lugar, los cuatro Sistemas Administrativos orientados a dar asesoramiento a la gestión interna: Presupuesto Público, PMGI, Planeamiento Estratégico y Modernización de la Gestión Pública.

Funciones Estandarizadas en cada Sistema.

En los capítulos 4 al 7 se precisan las diferentes funciones estandarizadas, en la siguiente forma:

Capítulo 4. Funciones Estandarizadas vinculadas a Sistemas Administrativos orientados a dar soporte, a cargo de la Oficina General / Oficina de Administración o la que haga sus veces.

Capítulo 5. Funciones Estandarizadas vinculadas a Sistemas Administrativos orientados a dar asesoramiento, a cargo de la Oficina General / Oficina / Gerencia de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces.

Capítulo 6. Funciones Estandarizadas por cada Sistema Administrativo orientado a dar Apoyo o Asesoramiento, asignadas a Unidades de Organización del Tercer Nivel Organizacional.

Capítulo 7. Funciones Estandarizadas asignadas a la Procuraduría Pública como órgano a cargo de la Defensa Judicial del Estado.

Respecto al Sistema Nacional de Control, cuya rectoría recae en la Contraloría General de la República como organismo constitucionalmente autónomo, las funciones del órgano de control institucional (OCI) de cada entidad, las determina dicho ente rector.

Conclusión.

Cada entidad pública y los gobiernos regionales y locales, al actualizar sus ROF, deben incluir estas disposiciones.

Email: vicentesanchezv@gmail.com.


EL VIRUS QUE DIGITALIZÓ EL PODER JUDICIAL

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No, no fue un virus informático. El coronavirus logró en 3 meses lo que la legislación intentó por 3 años sin éxito. La gigantesca rémora burocrática, la resistencia institucional hacia una digitalización más célere, y una pesada cultura retrógada de todos los operadores de justicia, hacía que el expediente judicial en formato papel, cosido a mano con aguja (que viene desde tiempos coloniales), se resistiera a desparecer. El 11 de enero de 2017, con la Resolución Administrativa 005-2017-CE-PJ, nacía oficialmente en el Perú el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE). Los cambios se venían dando tímidamente. Ha sido una pandemia biológica la que ha transformado este estado de cosas y la ha revolucionado por completo. Aquí veremos una pincelada inicial de los cambios inmediatos que están ocurriendo.

ACCESO REMOTO.

Los jueces están accediendo desde su domicilio a la información que tienen en la computadora de su despacho judicial. El acceso remoto desde casa (una extranet) a los aplicativos del Poder Judicial (una intranet) significará que el juez o el secretario no necesitan ir a su oficina para realizar su labor diaria. Si bien aún hay mil dificultades para un acceso limpio y rápido (la tecnología VPN que lo permite es antigua y la máquina de la oficina debe estar prendida, por dar dos ejemplos), lo cierto es que el escritorio remoto o teletrabajo en el Poder Judicial es ya una realidad. Un dato lo demuestra: antes del 16 de marzo existían 400 cuentas de VPN en el Poder Judicial. A la fecha hay 10,500 cuentas… y creciendo. Está normado por la Resolución Administrativa 053-2020-P-CE-PJ.

AUDIENCIAS VIRTUALES.

Las audiencias virtuales significan que no se necesita la presencia física de los operadores de justicia en una instalación del Poder Judicial para la comunicación entre abogados y litigantes con los jueces. Se podrá hacer en forma remota con pleno valor legal para las partes, el sistema judicial y el Estado en su conjunto. La tecnología que se ha elegido para las videoconferencias es el aplicativo Google Hangouts Meet, que es de carácter corporativo para el Poder Judicial. Los abogados pueden participar en las videoconferencias desde el Google Hangouts personal, que deben descargar en su computadora o en su celular. Las ventajas del Meet es que soporta hasta 250 usuarios y puede grabarse. Si no estoy errado, ello exigirá contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail. Está normada por la Resolución Administrativa 123-2020-CE-PJ.

MESA DE PARTES ELECTRÓNICA.

Sólo se podrá acceder a la Mesa de Partes Electrónica (MPE) a través de una casilla electrónica, que se entrega gratuitamente a los abogados y entidades públicas. El abogado titular de la casilla es el responsable de la autenticidad de los escritos y documentos presentados.

En los expedientes que se llevan aún en soporte papel, los documentos (demandas o escritos) se presentan en formato pdf por la MPE con la firma gráfica escaneada, permaneciendo el original en poder de la parte que lo presentó y se presentará al juzgado a requerimiento del juez. Por su parte, en los expedientes judiciales electrónicos se debe contar con la firma digital (que cuenta con un certificado digital) y los anexos o documentos adjuntos deben estar escaneados con formato OCR para identificación rápida de palabras dentro del documento digitalizado. Se recomienda escaneado en blanco y negro. Mientras dure la emergencia, se acepta la firma gráfica escaneada. Se aplicará de inicio a todas las especialidades excepto la penal y la familiar-penal. Se inician en las sedes centrales de todas las cortes desde la tercera semana de mayo y luego se extenderá a todas las sedes. Los beneficios serán inmediatos: información en línea accesible desde cualquier lugar, ahorro en tiempo, los propios justiciables ingresan los documentos digitalizados, y la celeridad procesal. Está normada por la Resolución Administrativa 133-2020-CE-PJ.

DESCARGO DE RESOLUCIONES VÍA WEB.

Las resoluciones y sentencias que emita el juez desde su escritorio remoto en su domicilio podrá descargarlos directamente al Sistema Integrado Judicial – SIJ. Para ello, debe digitalizarse todo el expediente físico, a fin de permitir su visualización remota. Luego podrá efectuar de inmediato la notificación electrónica a las partes a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas – SINOE, la cual llegará a la Casilla Electrónica del abogado en tiempo real. Para la validez de las resoluciones el juez debe contar con la firma digital, que tiene el certificado digital entregado por la RENIEC. Está normado por la Resolución Administrativa 134-2020-CE-PJ.

ELEVACIÓN DE RESOLUCIONES A LA CORTE SUPREMA.

El objetivo es lograr que todos los expedientes físicos puedan remitirse virtualmente desde todas las Cortes Superiores de Justicia a la Mesa de Partes de las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República. Esto requiere modificar el Sistema Integrado Judicial – SIJ de las Cortes Superiores de Justicia para poder remitirse al SIJ Supremo y evitar la digitalización en este último, como se viene haciendo a la fecha. Está normada por la Resolución Administrativa 135-2020-CE-PJ.

Epílogo

Una nueva era asoma aceleradamente en el Poder Judicial y su centro será el Expediente Judicial Electrónico (EJE). Los abogados deberán ahora entender más que nunca la sentencia darwiniana: adaptarse o morir.


DESALOJO NOTARIAL. UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL NI TAN NOTARIAL NI TAN ESPECIAL

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El 24 de abril 2019 se publicó en El Peruano la Ley N° 30933, denominada “Ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial”. De inmediato se le ha llamado ley del desalojo notarial. Veremos si lo es.

OBJETO, ÁMBITO Y COMPETENCIA DE LA LEY

Lo primero que hay que decir es que no es un procedimiento exclusivamente notarial. Es importante entender esto porque requiere la participación del Poder Judicial. Así lo dice su artículo primero: “la presente ley tiene por objeto establecer y regular el procedimiento especial de desalojo mediante la intervención de notario y con ejecución judicial”. Al hablar de “procedimiento especial” refiere a un conjunto de actos, trámites y procesos de carácter singular, señalados en dicha ley, diferenciables de otros. No obstante, veremos que se conecta con otros procedimientos ya vigentes en el tema del desalojo.

En segundo lugar, a tenor del artículo segundo pueden acogerse a esta ley el propietario, el arrendador, el administrador y quien se considere con derecho a la restitución de un bien inmueble, “contra el arrendatario que se ha sometido expresamente al procedimiento establecido por la presente ley”. Para quienes ya eran arrendatarios antes de su vigencia, la Única Disposición Complementaria de la ley dice que ellos podrán acogerse siempre y cuando suscriban una adenda que cumpla con las mismas formalidades del contrato. En realidad, para que esta norma se aplique, la iniciativa no la va a tener el arrendatario sino el arrendador. Esta ley no comprende los contratos de alquiler venta, arrendamiento financiero u otros contratos que incluyan pago para adquirir la propiedad del inmueble.

En tercer lugar, las autoridades competentes para llevar a cabo este procedimiento especial son dos: el notario y el juez. No es cualquier notario: sólo aquéllos que trabajan dentro de la provincia en la que se ubica el bien inmueble arrendado, a fin de poder constatar las causales de desalojo. Tampoco cualquier juez: sólo el juez de paz letrado del distrito en el que se ubica el bien inmueble arrendado, para ordenar y ejecutar el lanzamiento. En resumen, puede ser cualquier notario asentado en la provincia (ver artículo 3.1 y Segunda Disposición Complementaria Final), y cualquier juez de paz letrado asentado en el distrito.

REQUISITOS Y CAUSALES

Un primer tipo es el de los requisitos de procedibilidad. Para solicitar el desalojo deben cumplirse los siguientes:

  1. El inmueble debe estar individualizado de forma inequívoca. La ley dice que deben consignarse las “referencias precisas de su ubicación” en el contrato de arrendamiento. Recuérdese que en el Perú miles de inmuebles no tienen ni numeración, y muchos propietarios no toman mayor interés en subsanar el tema. Por eso, las referencias precisas pueden incluir un plano de ubicación, una foto de la fachada o una descripción en el contrato o como anexo del mismo.
  2. El contrato de arrendamiento debe estar contenido en el Formulario Único de Arrendamiento de Inmueble destinado a Vivienda (FUA), o en escritura pública. La base legal del FUA es el Decreto Legislativo 1177 (publicado el 18/07/2015) y su Reglamento el Decreto Supremo Nª 017-2015-VIVIENDA (publicado el 03/11/2015). Esto significa (dado que el modelo y contenido del formulario y del contrato se rigen por esa normativa) que ya no es solo la Ley 30933 la aplicable. Más adelante veremos que no son las únicas.
  3. Las modificaciones o adendas al contrato de arrendamiento deben cumplir con la misma formalidad del contrato primigenio. Esto plantea que si el contrato está en escritura pública, la adenda debe hacerse por escritura pública.

En cuanto al contenido del contrato de arrendamiento, debe contener lo siguiente:

  1. La cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario para restituir el bien inmueble por vencimiento del plazo de contrato o la resolución del arrendamiento por falta de pago de la renta. La base legal de la cláusula de allanamiento a futuro es otra ley: la Ley 30201 (publicada el 28/05/2014). Esta exige por ejemplo que los contratos de arrendamiento que contengan dicha cláusula debe tener firmas legalizadas de las partes ante notario público o juez de paz.
  2. La cláusula de sometimiento expreso a la Ley 30933, para que el notario constate las causales de vencimiento del plazo del contrato o la resolución por falta de pago de la renta, y que el juez de paz letrado ordene y ejecute el desalojo. Además, debe contener, de manera expresa, que, al configurarse cualquiera de las causales de desalojo previstas en dicha ley, se someten a la competencia del notario para constatar dicha causal, y a la del juez de paz letrado para ejecutar el desalojo.
  3. El número, tipo y moneda de la cuenta de abono abierta en un banco o cooperativa (supervisada por la SBS) para que el arrendatario abone la renta convenida en el contrato. Si se cambia la cuenta, el arrendador debe informar al arrendatario con documento de fecha cierta. Mientras no se le comunique, los pagos en la cuenta primigenia son válidos.

Respecto a los requisitos de la solicitud, cabe señalar tres temas:

  1. La solicitud de desalojo se presenta por escrito con nombre del propietario o el de aquel que tenga derecho a la restitución del bien, el domicilio, documento de identidad, firma, así como el nombre del arrendatario, su domicilio contractual (de ser el caso), su número o copia del documento de identidad.
  2. Los documentos que se adjuntan a la solicitud son: primero, el original o copia legalizada del formulario FUA o de la escritura pública del contrato de arrendamiento, el cual debe cumplir con los requisitos indicados en los artículos 4 y 5 de la ley. Segundo, el original o copia legalizada de la carta notarial cursada al arrendatario. En dicha carta se debe requerir la restitución del inmueble por vencimiento del plazo o la resolución del contrato por falta de pago, según corresponda.
  3. La solicitud de desalojo sólo puede ampararse en las causales del artículo 7. Esta norma no es aplicable a las demás obligaciones del contrato de arrendamiento. Para ello, las partes podrán recurrir a las autoridades competentes.

Las causales para el desalojo se indican en el artículo 7:

Causal 1. Vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento.

Causal 2. Incumplimiento del pago de la renta establecida en el contrato. Si no se precisa el plazo para caer en falta de pago, se aplica el artículo 1697.1 del Código Civil, esto es, falta de pago de 2 meses y 15 días. Se constata el incumplimiento con la constancia de transferencia o depósito de los pagos realizados en la cuenta de abono acordada por las partes, hasta antes de la recepción de la carta notarial.

PROCEDIMIENTO ANTE NOTARIO Y TRÁMITE DE LANZAMIENTO ANTE JUEZ

¿Cuál es el procedimiento ante notario para constatar las causales de desalojo?

  1. Luego de recibir la solicitud de desalojo, el notario constata que se cumplan los requisitos de procedibilidad, el contenido del contrato de arrendamiento, y los requisitos de la solicitud.
  2. El notario notifica al arrendatario en el inmueble materia de desalojo y en su domicilio contractual de ser el caso, a fin de que aquél acredite no estar incurso en alguna de las causales señaladas en el artículo 7. El arrendatario tiene 5 días hábiles (a partir de recibida la comunicación) para responder.
  3. El arrendatario puede formular oposición sustentándose en tres opciones: que hay renovación o prórroga del plazo del contrato de arrendamiento con las mismas formalidades que el contrato primigenio; presentando la constancia de transferencia o depósito de los pagos de la renta realizados en la cuenta de abono acordada por las partes; o, por incumplirse las formalidades señaladas en la Ley 30933.
  4. Luego de la respuesta del arrendatario en el plazo indicado, el notario constata si se configura alguna de las causales de desalojo. De ser positivo, realiza las siguientes acciones: primero, extiende un acta no contenciosa dejando constancia fehaciente e indubitable del vencimiento del contrato o de la resolución del mismo por falta de pago, declarando procedente el desalojo, y la protocoliza en el Registro Notarial de Asuntos No Contenciosos. Esta acta constituye título ejecutivo especial para proceder sin más trámite al lanzamiento. En segundo lugar, remitirá la copia legalizada del expediente al juez de paz letrado del distrito en el cual se ubica el bien inmueble arrendado. Esta disposición se conecta con el artículo 9.
  5. Finalizará el trámite de desalojo notarial si no se configura alguna de las causales de desalojo (en cuyo caso el notario comunica al solicitante el fin del mismo), o si las partes lo acuerdan en cualquier momento del procedimiento (aquí el notario levantará un acta no contenciosa conclusoria).

¿Cómo es el trámite judicial de lanzamiento? Está previsto en el artículo 9.

En el artículo 9.1 hay una contradicción extraña. Dice la norma que “culminada la etapa notarial del procedimiento especial”, el interesado formula solicitud de lanzamiento DIRIGIDA al juez de paz letrado competente para que sea TRASLADADA por el notario conjuntamente con la copia legalizada del expediente notarial.

Si una solicitud se dirige a un juez de paz, se entiende que quien la hace también la presentará en la Mesa de Partes de ese juzgado. Entonces ¿cómo entender que dicha solicitud será trasladada por el notario junto con el expediente notarial? Dicho de otra manera: ¿quién presenta la documentación (solicitud y copia legalizada del expediente) al juzgado de paz: el interesado o el notario? Tendrá que entenderse que el interesado redactará la solicitud (con firma de abogado y adjuntando la tasa judicial), la llevará al notario y será éste quien la llevará junto con la copia legalizada del expediente notarial, al juzgado de paz.

En el artículo 9.2 se establece que recibida la solicitud y el expediente “remitidos por el notario”, el juez de paz letrado competente, en el plazo de tres días hábiles, verifica los requisitos de la solicitud y emite la resolución que dispone el lanzamiento contra el arrendatario o contra quien se encuentre en el inmueble. Quiero detenerme en este punto. Es muy importante que el interesado señale en la solicitud que se disponga el lanzamiento del arrendatario y de quienes se encuentren en el inmueble, a fin de que la resolución del juez lo señale expresamente. La resolución también tiene que consignar la orden de descerraje, en caso de resistencia a cumplir el mandato judicial o de encontrarse cerrado el inmueble.

La resolución es impugnable sin efecto suspensivo. ¿Qué significa esto? Que el arrendatario puede impugnar la resolución de lanzamiento, pero no se suspende la ejecución ni los efectos de la resolución del juez.

En el artículo 9.3 se dispone que el juez de paz letrado oficiará a la PNP para que en el plazo de 2 días hábiles (contado desde el día siguiente de la notificación) preste asistencia y garantía para ejecutar el desalojo en la forma y plazo que indique la resolución judicial.

En el artículo 9.4, culminado el trámite de lanzamiento, el interesado podrá solicitar ante el mismo juez de paz letrado, el pago de costas y costos del proceso (aquí ver los artículos 417 y 419 del Código Procesal Civil), así como el de los servicios notariales derivados del desalojo.

Finalmente, es importante tener en cuenta que en este trámite no se exige minuta, y que los contratos de arrendamiento suscritos antes de esta ley, podrán acogerse a ella siempre que suscriban una adenda que cumpla con las mismas formalidades del contrato primigenio.

EPÍLOGO

Como ideas finales diremos lo siguiente: este procedimiento no es tan especial como parece, pues por desgracia tiene detalles legales que se desprenden de por lo menos 5 normas (Código Civil, Código Procesal Civil, Ley 30201, Decreto Legislativo 1177 y Ley 30933), lo que obliga al arrendador a consultar con un abogado, ya que cualquier omisión legal puede ser aprovechada por un arrendatario avispado o malicioso (para quedarse sin pagar el mayor tiempo posible). Tanta formalidad hará que la mayoría de los propietarios alquile informalmente, por lo que su aplicación se reducirá a un sector social económicamente privilegiado. Así, una norma que nace para facilitar el mercado de alquiler de inmuebles puede terminar siendo exclusiva y clasista. Tampoco está claro si será tan expeditivo: aunque la norma permite la apelación sin efecto suspensivo de la resolución del juez de paz que dispone el lanzamiento, no está claro si puede ejecutarse el desalojo sin resolverse la apelación (que al ir a un juez civil de primera instancia, no se sabe cuánto demorará dada la carga procesal en este nivel). No queda más que esperar la aplicación de esta norma en la vida real, su casuística.


LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LAS ELECCIONES REGIONALES 2018

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Introducción

El presente trabajo es una breve observación sobre la participación de la mujer como candidata en las elecciones regionales que se realizarán en nuestro país el próximo 07 de octubre de 2018. Fue elaborado durante la etapa de inscripción de las fórmulas y listas regionales entre el 10 y 20 de julio, por lo que no necesariamente son las listas definitivas que quedaron aptas, sino las que solicitaron inscribirse.

Alcance

En Perú, las elecciones regionales eligen fórmulas y listas de candidatos. Las fórmulas están integradas por dos candidaturas: Gobernador y Vicegobernador. Las listas están integradas por los Consejeros titulares y accesitarios cuyo número varía en cada región. Este análisis se concentra en la selección de los integrantes de las fórmulas (Gobernador y Vicegobernador), y no analiza las listas regionales de consejeros. Tampoco trata sobre las elecciones municipales que se celebran en la misma fecha.

La Ley de Elecciones Regionales N° 27683, obliga a las organizaciones políticas que sus listas de consejeros respeten la llamada cuota de género (un mínimo de 30% de candidatos de uno u otro sexo). Sin embargo, no hace esa exigencia a las fórmulas regionales. Dado que la fórmula no se sujeta a la cuota de género, su composición responde más a la potestad o voluntad del partido o del candidato a gobernador, lo que puede ilustrar con más naturalidad o certeza el grado de aceptación de la participación de la mujer por parte de las colectividades políticas. Por otro lado, la fórmula representa el poder ejecutivo mientras que la lista representa al poder legislativo en un gobierno regional, y en un país tan presidencialista como el nuestro, la fórmula integra a las personas que encarnan la cúspide del poder político regional.

Metodología

Desde la página web del JNE (https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/ListaDeCandidatos/) revisamos la fórmula de cada organización política región por región. En cada región buscamos los siguientes datos:

  1. Número total de fórmulas presentadas.
  2. Número de fórmulas integradas por dos hombres.
  3. Número de fórmulas integradas por un hombre y una mujer o viceversa.
  4. Número de fórmulas integradas por dos mujeres.
  5. Número de fórmulas encabezadas por una mujer.
  6. Número de partidos que tienen fórmulas mixtas o de solo mujeres.
  7. Número de movimientos que tienen fórmulas mixtas o de solo mujeres.
  8. Número total de partidos políticos.
  9. Número total de movimientos regionales.

El cuadro general se encuentra al final del presente estudio. La información incluye los 24 departamentos del país más la Provincia Constitucional del Callao que cuenta con un gobierno regional. No se incluye información de la provincia de Lima Metropolitana, por ser considerada una elección municipal, no regional.

Análisis

La información global a nivel nacional arroja los siguientes datos generales:

  1. En todo el país se han presentado 367 fórmulas regionales: 244 son de dos hombres (66,5%), 7 son de dos mujeres (1,9%), y 116 (31,6%) son mixtas. Sumadas las dos últimas dan 123, que representan el 33,5% del total. Este dato revela que si bien es abrumadora la cantidad de fórmulas exclusivamente masculinas (66,5%), no es desdeñable el 33,5% restante, mayor incluso al 30% que exige la ley como cuota de género para las listas de consejeros. Nos parece muy relevante esta información: sin la obligación legal de la cuota de género, las fórmulas regionales, libremente confeccionadas por los actores políticos, alcanzan un tercio del total de fórmulas presentadas a nivel nacional.
  2. El número de fórmulas encabezadas por una mujer es de 30, lo que representa apenas un 8,2% del total. Este dato también es significativo pero en sentido inverso, ya que revela la clamorosa limitación del liderazgo político femenino. Se puede decir que las mujeres peruanas participan más en política, pero sigue siendo muy limitado su liderazgo efectivo.
  3. Sobre el número total de fórmulas integradas por una o dos mujeres (123), los partidos que han conformado fórmula mixta o de sólo mujeres son 85, mientras que el número de movimientos regionales es de 38. Una lectura posible de estos datos es que los partidos, a los cuales la opinión pública considera más tradicionales que los movimientos, parecieran ser más permeables a la participación femenina que los movimientos. Pero lo indicado en este punto se tiene que correlacionar con el punto siguiente.
  4. Del total de 367 fórmulas, 268 corresponden a partidos políticos (73%) y 99 a movimientos regionales (27%). Este dato es toda una revelación porque en las elecciones regionales de 2010 y 2014, el orden fue inverso. ¿Será tal vez el inicio de un período de crisis de los movimientos y de renacer de los partidos? El tiempo tiene la respuesta.

En el análisis región por región podemos ver lo siguiente:

  1. Las regiones cuya totalidad de fórmulas son exclusivamente masculinas (los dos candidatos son hombres) son Amazonas y Puno. La primera tiene 8 fórmulas y la segunda 11. Son las regiones más “machistas” del país: no hay ninguna candidata mujer ni a Gobernador ni Vicegobernador. Les sigue Pasco con 8 fórmulas masculinas de un total de 9; Loreto con 15 de 17, Junín con 10 de 12, y Cajamarca con 6 de 8.
  2. Por el contrario, las regiones con mayor participación de la mujer son: Cusco con 10 fórmulas mixtas y 7 fórmulas masculinas; Tacna con 9 fórmulas mixtas y 9 fórmulas masculinas; La Libertad con 8 fórmulas mixtas y 9 masculinas; y Lambayeque y Piura, ambas con 7 fórmulas mixtas y 9 masculinas.
  3. Las regiones que tienen fórmulas totalmente femeninas son: Lima con 2 fórmulas, y Ancash, Huánuco, Ica, Loreto y Madre de Dios con 1 fórmula cada una. En los 19 territorios restantes, no hay ninguna fórmula integrada por dos mujeres.
  4. Arriba indicamos que 30 fórmulas a nivel nacional las encabezaba una mujer. Veamos las regiones con más cabezas femeninas: Ancash tiene 4, Cusco, Lima y Tumbes tienen 3 cada una.

Conclusiones

  1. Un tercio de las fórmulas regionales (Gobernador y Vicegobernador) que solicitaron inscripción para participar en las elecciones regionales de octubre de 2018 en todo el país, están compuestas por una o dos integrantes de género femenino. Ese 33,5% representa algo más que el 30% exigido por la ley como cuota de género en las otras elecciones (nacionales, municipales y Parlamento Andino), y para las listas regionales de consejeros. Su importancia radica en que son elaboradas en forma voluntaria (no por exigencia legal), y demuestra una apertura importante de los espacios de poder político regional para las mujeres.
  2. Sin embargo, apenas un 8,2% del total de fórmulas regionales presentadas a nivel nacional están encabezadas por una mujer (30 lideresas), lo que ciertamente es un número exiguo. Ello nos indica que si bien hay cierta apertura a la participación femenina, lo está más en calidad de acompañante, no de cabeza de fórmula. Es muy bajo aún el número de mujeres que lideran organizaciones políticas en las regiones.
  3. En 6 regiones encontramos fórmulas integradas exclusivamente por mujeres. En nuestra opinión, revela la presencia de mujeres con fuerte liderazgo interno con capacidad de convocar a otra mujer en su fórmula y ser aceptada por su organización.
  4. Un dato significativo, que sirve para otro estudio, es la disminución notable de la participación de los movimientos regionales respecto de los partidos políticos: en esta elección se presentan 268 fórmulas procedentes de partidos, y 99 fórmulas procedentes de movimientos. Eso impacta también en el número de fórmulas que cuentan con mujeres (tanto mixtas como de sólo mujeres): 85 son de partidos y 38 de movimientos. Con una regla de tres simple podemos ver que el 32% de partidos integran en sus fórmulas una o dos mujeres, mientras que el 38% de movimientos lo hacen, lo que revela que los movimientos son algo más permeables a la participación femenina que los partidos.
  5. Como conclusión general puede decirse que las cuotas de género estimulan positivamente la participación política de la mujer peruana (en mi opinión deberíamos incluso alcanzar la paridad), pero no necesariamente han sido la herramienta adecuada para propiciar su liderazgo efectivo y real en el ejercicio del poder político. No cabe la menor duda que necesitamos más lideresas políticas, pero también es verdad que la sociedad peruana tiene aún mucho camino por recorrer, tanto en conciencia política como en institucionalidad (especialmente de los partidos políticos), para que la presencia de sus mujeres en las esferas de poder se corresponda con su actual peso social, económico o siquiera demográfico.

Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra sin consentimiento del autor. Debe citarse la fuente y su autor en caso de ser referencia bibliográfica en cualquier otro trabajo.


ELECCIONES INTERNAS. OJO, PESTAÑA Y CEJA…

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Toda contienda electoral invita a muchos a ser candidatos pero no todos logran serlo. La elección interna puede ser una primera real moledora de carne para quienes aspiran llegar al poder. ¿Quieres ser candidato? Pues ojo, pestaña y ceja…

Lo primero a conocer es el plazo: las elecciones internas para designar candidatos a las elecciones regionales y municipales se realizan entre los 210 y 135 días calendario antes del día del sufragio (Ley 30673). Para las elecciones del domingo 07 de octubre de 2018, ese plazo se inicia hoy 11 de marzo y culmina el viernes 25 de mayo de 2018. Toda elección fuera de ese plazo no tendrá valor legal. Por eso hay que preparar este proceso con la debida anticipación.

En segundo lugar, el marco legal de este proceso lo señala la ley respectiva (Título V de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas), las resoluciones del JNE sobre el tema, el Estatuto y el reglamento electoral de la organización política. Estas normas deben servir para realizar procesos electorales internos impecables, para que los candidatos puedan exigir y defender sus derechos, y para resolver toda controversia que pueda originarse durante el proceso. Por lo mismo, especialmente el Estatuto Partidario y el Reglamento Electoral, deben ser públicos y accesibles a todos.

En tercer lugar, el órgano director del proceso es el órgano electoral central que la organización política debe conformar. Como mínimo ese comité electoral debe tener 3 miembros. Puede ser más, y de preferencia su número debe ser impar. Ese colegiado tiene plena autonomía, es decir, sus decisiones no las puede corregir otro órgano partidario. Puede contar con órganos descentralizados, también colegiados. Pero su autonomía no significa arbitrariedad. Por eso el Comité Electoral debe elaborar y/o trabajar con un Reglamento Electoral. En este documento se debe garantizar el debido proceso electoral, la organización de todas las etapas del proceso (por lo menos convocatoria, inscripción, verificación del quórum, cómputo de votos y proclamación de resultados), y la pluralidad de instancias para resolver las impugnaciones que hubiere. Es importante conocer que una vez convocado el proceso ya no puede modificarse el Reglamento Electoral (art. 19, Ley 28094).

En cuarto lugar, sobre candidatos y su Hoja de Vida. Para este tema leer con detalle el art. 23 de la Ley 28094. Están sujetos a elección interna los cargos de gobernadores, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores. Todo candidato tiene la obligación de entregar a la organización política una Declaración Jurada de su Hoja de Vida. ¿En qué momento se presenta? Al momento de presentar su candidatura a la elección interna o en el momento de aceptar por escrito la invitación a postular. Este requisito es obligatorio, así que su no presentación puede ser causal de impugnación de ese candidato. Las Hojas de Vida deben ser publicadas en la página web de la organización. El formato de la Hoja de Vida es el señalado en la Resolución 084-2018-JNE, publicada el 09/02/18. Hay que tener en cuenta que poner información falsa u omitir información puede dar lugar al retiro del candidato por el JNE (esto en la etapa de inscripción de candidatos). Pero ¿Cómo proceder si se detecta esto antes, durante las elecciones internas? Lo apropiado es señalarlo en el Reglamento Electoral o que el Comité Electoral tome la decisión respectiva, para no arriesgarse a que retiren luego al candidato por ser muy evidente la irregularidad.

En quinto lugar, los candidatos pueden ser elegidos con alguna de estas tres modalidades:

  1. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos afiliados. Esta es la denominada “elecciones primarias abiertas”. Tiene la ventaja de llegar a muchos ciudadanos y poder involucrar a los no militantes en la posterior campaña electoral, y tiene la desventaja de no saber quién viene a votar, lo que puede viciar el resultado. La pregunta es: si puede votar cualquier ciudadano, entonces ¿puede ser votado un no militante? La respuesta es sí, siempre que en el Estatuto o en el Reglamento Electoral se disponga expresamente que puede ser elegido cualquier ciudadano siempre que cumpla con los requisitos para ser candidato. Si no se indicara, lo que cabe interpretar es que solo pueden ser candidatos los afiliados que están en el padrón electoral.
  2. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Este es el sistema “un militante, un voto”. La ventaja es que democratizas la decisión de elegir a los candidatos del partido, pero la desventaja puede ser doble: pierdes la posibilidad de convocar a no afiliados o puedes abrir un conflicto interno si las elecciones no son intachables. En esta modalidad es esencial un padrón electoral que proporcione el organismo electoral y que sea publicado con anticipación.
  3. Elecciones a través de los delegados erigidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el Estatuto. El partido debe informar quiénes son los delegados o representantes que se reunirán, qué tipo de evento interno es y la fecha en que se realizará, para tomar las decisiones de candidaturas. Aquí se integran los candidatos elegidos por democracia interna con aquéllos que designa directamente el partido.

No olvidar que según el artículo 24° de la Ley de Organizaciones Políticas, al menos las tres cuartas (3/4) partes del total de candidatos deben elegirse por alguna de las modalidades mencionadas, y hasta una cuarta parte (1/4) del número total de candidatos puede ser designada directamente por el órgano del partido que disponga el Estatuto, siendo ésta una facultad indelegable.

En sexto lugar, acerca del Plan de Gobierno. Si bien la obligación de presentar el Plan de Gobierno la norma lo plantea al momento de la inscripción de las lista de candidatos (artículo 23-A de la LOP), nada impide que el Estatuto o el Reglamento Electoral disponga la presentación del mismo al momento de la inscripción de los candidatos a las elecciones internas. Incluso se estimaría absolutamente necesario, para de esa manera quienes vayan a elegir (según la modalidades arriba analizadas) puedan contrastar las propuestas de cada candidato o lista. Con mayor razón si se presentaren varias listas para una jurisdicción. Así se podría saber qué planteamientos de gobierno tiene cada una y no basar la decisión sólo en la cara o la billetera del candidato.

En sétimo lugar, las listas deben respetar la cuota de género (30% de mujeres u hombres), de jóvenes (20%) y de comunidades. Hay que ver también que ha aumentado el número total de consejeros regionales y de regidores municipales, y para saber el número exacto de autoridades que corresponde a cada entidad hay que ver la Resolución 088-2018-JNE y la Resolución 089-2018-JNE, respectivamente. Para el caso de las regionales, cabe decir que las listas de candidatos accesitarios a consejeros deben cumplir las cuotas electorales en las mismas proporciones que la lista de candidatos titulares.

En octavo lugar, hay que tener en cuenta que los que militaron en un partido político diferente al que van a postular deben haber renunciado a su ex-partido el 09 de julio de 2017. Y deben haber presentado copia de esa renuncia al JNE hasta el 09 de febrero de 2018. Toda renuncia comunicada al ROP-JNE después de ese plazo no será considerada (Resolución 338-2017-JNE), por lo que tal persona no podrá ser candidato, salvo que su partido le dé autorización escrita y que ese partido no presente lista en esa jurisdicción (artículo 18, Ley 28094).

A diferencia de otros países en que las elecciones internas son obligatorias y están a cargo de los organismos electorales, aquí la participación de la ONPE es optativa, a criterio de la organización política, y sólo para las funciones de apoyo y asistencia técnica. Si se solicita su participación y constatara irregularidades, el comité electoral debe ser notificado para que las subsanen. Como cierre, hará un informe final al JNE. Éste organismo puede fiscalizar cualquier proceso de democracia interna a través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), órgano de línea encargado del desarrollo de su función fiscalizadora. Hay que decir que para las elecciones del 2014, el JNE emitió la Resolución 273-2014-JNE “Instructivo para el ejercicio de la Democracia Interna en la elección de los candidatos para los Procesos Electorales Regionales y Municipales”. Para éstas elecciones de octubre de 2018, hasta el momento de publicar este artículo, no figuraba ninguna norma similar. Aun así, sus disposiciones pueden ser útiles para el Reglamento Electoral que debe aprobar cada organización política, siempre teniendo en cuenta las nuevas normas aplicables.

Finalmente, concluidas las elecciones internas, las organizaciones políticas tienen hasta el 19 de junio para presentar sus listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), los mismos que se habilitarán el próximo 15 de mayo en todo el país. Se estima que se presentarían cerca de 120 mil candidatos para ocupar los 12,903 cargos públicos que deben elegirse.


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