EL VOTO DE CONFIANZA AL GABINETE JARA. ¿ERA POSIBLE?

EL VOTO DE CONFIANZA COMO MECANISMO DE CONTROL POLÍTICO.

Este tema se ubica en el ámbito del Derecho Constitucional. Conforme al artículo 130 de la Constitución Política del Estado, dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, luego de lo cual plantea la cuestión de confianza. De acuerdo al artículo 132, ésta solo se plantea por iniciativa ministerial, y el Congreso puede hacer efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros mediante el rechazo de la misma. Por el artículo 133 se tiene que si la confianza le es rehusada al Presidente del Consejo de Ministros, se produce la crisis total del gabinete.

La cuestión de confianza es un procedimiento originado en los sistemas parlamentarios, en los cuales el poder ejecutivo emana del poder legislativo, asumiendo que el Jefe del Estado es diferente al Jefe de Gobierno. El Parlamento entonces designa de entre sus miembros, un Jefe de Gobierno. Luego el modelo fue recogido por el sistema semipresidencial, como es el caso del Perú, en el que el Presidente de la República (el Jefe del Estado) es elegido por sufragio popular y el Presidente del Consejo de Ministros (o Jefe de Gobierno) es designado por aquél con la confianza del Congreso. Este punto es importante porque, por lo menos en la norma constitucional, el Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del Consejo de Ministros (coloquialmente llamado Premier), pero nombra a los demás ministros a propuesta de él y los remueve en acuerdo con él. Asimismo, todo acto del Presidente de la República es nulo si carece de la refrendación ministerial, y el Premier es después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno.

Veamos ahora el Reglamento del Congreso. El artículo 82, en la Sección de Procedimientos del Control Político, establece que dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del Congreso acompañado de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno, así como las principales medidas que requiere su gestión. La cuestión de confianza será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto el Pleno del Congreso. Y, el artículo 86 del mismo Reglamento, dispone que el Congreso hará efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros mediante el rechazo de la cuestión de confianza. Si la cuestión de confianza es presentada por el Presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto, y ésta le fuera rehusada, se producirá la crisis total del Gabinete ministerial, debiendo el Consejo de Ministros renunciar, y por parte del Presidente de la República aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes.

LIMITACIONES DE SU APLICACIÓN EN EL CASO PERUANO.

Todo este engranaje ubica la cuestión de confianza como un mecanismo clave de control político para el equilibrio y la separación de poderes, propio de un régimen democrático, así como un paso esencial para el funcionamiento de un órgano clave del Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros. Por ello, qué límites encontramos en el caso peruano y qué mejoras pueden hacerse. En primer lugar, un punto a considerar es la naturaleza del plazo. Se trata de un plazo perentorio, “dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones”. En el caso concreto, Ana Jara juramentó como Presidenta del Consejo de Ministros el pasado 22 de Julio, por lo que el plazo se cumplía el jueves 21 de agosto. Ella y su gabinete se presentaron el miércoles 20 de agosto. Debieron recibir la cuestión de confianza a más tardar el jueves 21. Es un error del Congreso Peruano alargar en el tiempo la votación más allá de los 30 días que señala la Constitución, y propicia una innecesaria incertidumbre política.

En segundo lugar, sobre el procedimiento. El texto constitucional señala que la presentación del gabinete es para “exponer y debatir la política general del gobierno”. En el caso concreto, luego de la presentación de Ana Jara, los congresistas tomaron la palabra y después los ministros tuvieron el derecho de réplica, básicamente ratificándose en lo ya propuesto. Culminadas las respuestas se retiraron de la sala y se pasó al voto. Pero no hubo un elemento esencial del debate que es el resumen final y la integración de nuevos puntos producto del debate. Y es aquí donde reside la naturaleza esencialmente política de esta figura: se trata que el gobierno no sólo exponga, sino que también debata, es decir, que asuma, luego del intercambio de ideas, la admisión o no de lo que exponga la representación congresal. Por lo tanto, el Reglamento debería señalar que, luego de terminado el debate y antes del voto, el gabinete debería tener una estación para expresar qué puntos acoge e incorpora a su propuesta general.

De hecho, temas como la huelga médica, los aportes de los independientes a las AFP, la no confianza a ministros sindicados como lobistas, han sido temas de alta sensibilidad en la opinión pública, y no solo en el Palacio Legislativo. Era evidente la necesidad de acoger propuestas y asegurar apoyos de las bancadas. Aquí también era el momento ideal para conocer la habilidad para concertar acuerdos políticos de la jefa del gabinete, considerada por muchos como la operadora “más política” del gobierno. Por el contrario, ella cerró su discurso final con la frase “están conmigo o no lo están”, tal vez con la idea de quebrar el ya inminente voto abstencionista, pero que tuvo el efecto inverso de terminar de convencer a los dudosos de votar de esa manera. En conclusión, sin una actitud dialogante del gobierno o la oposición se dificuta el voto de confianza, pero se agrava sin un procedimiento congresal que incluya una estación para legalizar la formación del acuerdo político luego del debate.

En tercer lugar, sobre el sistema de votación. El Reglamento del Congreso permite el voto por el SI, por el NO y la ABSTENCIÓN (artículo 57). En el caso concreto, Ana Jara y su gabinete se presentan el miércoles 20 y el Pleno hace una primera votación el jueves 21. Resultado: 50 votos a favor de la confianza, 1 voto en contra y 63 abstenciones. La Presidenta del Congreso suspende la sesión y la reanuda el viernes 22 de agosto, pasándose a una segunda votación. Resultado: 53 votos a favor de la confianza, 3 votos en contra y 58 abstenciones. En ambos casos, el número de abstenciones es mayor que la suma de los votos a favor y en contra, por lo que no hay un voto mayoritario a favor de la confianza ni hay un voto mayoritario de rechazo a la misma. Conclusión: INCERTIDUMBRE y necesidad de una tercera votación ya fuera del plazo constitucional. Es nuestra opinión que el Congreso debe modificar el Reglamento y plantear que en este caso específico, para la cuestión de confianza, el voto debería ser dicotómico, disyuntivo, o por el sí o por el no otorgarla.

PROPUESTAS

Uniendo los tres puntos señalados, proponemos que el voto de confianza debe cumplirse en el plazo perentorio de 30 días (sin dilaciones), debe mejorarse el procedimiento para alcanzar acuerdos políticos durante la presentación del gabinete, y debe establecerse un sistema de votación claro, que permita definiciones en la primera votación, y no pasar por la situación de tres votaciones, desgastando a los solicitantes y generando incertidumbre política en la sociedad. Todo esto puede regularse en el Reglamento del Congreso.

COMENTARIO FINAL

Se anuncia que la tercera votación será el martes 26 y que el gobierno habría aceptado ciertos puntos señalados en el debate. La Premier podría en esta oportunidad lograr el voto de confianza, pero sin duda alguna, inicia su gestión con cierto grado de debilidad política. También es real que este desgaste desde el inicio pudo ser evitado. Pero ¿qué pasaría si en la tercera votación la mayoría dijera no? El gabinete debe renunciar y el Presidente de la República debe nombrar un nuevo gabinete y este, nuevamente debe repetir el proceso. Si a este nuevo gabinete se le niega el voto, la propia Constitución le faculta el mecanismo de disolución del Congreso, decisión repito, facultativa. Si lo hace, debe convocar inmediatamente a elecciones parlamentarias. Estas nuevas elecciones conformarían una nueva representación congresal hasta el 28 de julio de 2016. Aunque esta vez, parece el escenario menos probable.

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HOJAS DE VIDA DE LOS CANDIDATOS. LOS CASOS CASTAÑEDA Y BURGOS.

DEFINICIÓN.

La declaración jurada de vida de un candidato, más conocida como hoja de vida, es una fuente esencial de información sobre una persona que pretende ser una autoridad pública con alto poder de decisión sobre la vida de una comunidad. Es una información sobre su persona, su formación, su trayectoria laboral, y sobre otros datos que de otra manera tomaría tiempo unir y sistematizar. Se entiende que debe ser información verdadera y real. Señalar información falsa u ocultar información negativa distorsiona el sentido de dicho documento. Su importancia no se queda en su calidad de fuente de información sobre el candidato, sino en que su publicidad permite a los electores un conocimiento previo a la hora de tomar la trascendental decisión este 5 de octubre de elegir a las autoridades que nos gobernarán por los siguientes 4 años.

El artículo 23° de la Ley de Partidos Políticos establece que todo candidato que postule a un cargo regional o municipal elegido, debe presentar una Declaración Jurada de Vida. Como uno de los requisitos que se acompañan a la solicitud de inscripción de listas de candidatos para participar en los procesos electorales, está normada en las Resoluciones N° 271-2014-JNE y N° 272-2014-JNE, que aprueban el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Municipales y Regionales, respectivamente.

Cabe entonces hacerse una primera pregunta: ¿Qué es una declaración jurada para la ley peruana? Según el artículo 41.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter jurado, mediante las cuales afirman su situación o estado favorable en relación con los requisitos que solicita una entidad pública, reemplazan con el mismo mérito probatorio a la documentación oficial, y las entidades están obligadas a recibir dichas declaraciones para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos. Por su parte, el artículo 41.2 expresa que la presentación y admisión de las declaraciones juradas se hace al amparo del principio de presunción de veracidad y conlleva la realización obligatoria de acciones de fiscalización posterior a cargo de la respectiva entidad. Finalmente, el artículo 42.1 establece que toda declaración jurada se presume verificada por quien hace uso de ellas, así como de su contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.

CONTENIDO.

Específicamente en el ámbito electoral, la Declaración Jurada de Vida debe ser elaborada por cada uno de los candidatos que integran la lista, y contiene los siguientes datos:

a. Nombre y apellidos completos.

b. Domicilio.

c. Lugar y fecha de nacimiento.

d. Nombres y apellidos de los padres y cónyuge.

e. Experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido en el sector público y/o en el privado, o si no la tuviera.

f. Estudios realizados, incluyendo títulos y grados, o si no los tuviera.

g. Trayectoria de dirigente o militante de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel, consignando los cargos partidarios, de elección popular, por nombramiento o de otra modalidad, o si nos los tuviera.

h. Relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos y que hubieran quedado firmes, si las hubiere.

i. Relación de sentencias, que declaren fundadas o fundadas en parte, las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares y/o alimentarias, contractuales y laborales, que hubieran quedado firmes, o si no las tuviera.

j. Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos regionales u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital, de ser el caso.

k. Aquellos rubros que se determinen como opcionales (en ésta elección por ejemplo, los ingresos del candidato, que en verdad, deberían ser datos obligatorios).

Toda esta información se consigna en el formato aprobado por la Resolución N° 271-2014-JNE para las elecciones municipales, y Resolución N° 272-2014-JNE para las elecciones regionales. Al final de cada página hay un texto: “Manifiesto bajo juramento que los datos ingresados en mi Declaración Jurada son fidedignos”. Una vez llenado, firman en cada página el candidato con su huella dactilar, y el personero de la organización política.

La información arriba indicada se ingresa al Sistema Informático PECAOE del portal web del JNE. Una vez ingresada la información, la Declaración Jurada de Vida del candidato queda oficialmente registrada. Presentada la solicitud de inscripción del candidato, bajo ninguna circunstancia se admitirán pedidos o solicitudes para modificar la Declaración Jurada de Vida, salvo anotaciones marginales autorizadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). Estas declaraciones juradas de vida serán accesibles a la ciudadanía en general, a través del portal web del JNE, desde la presentación de las solicitudes de inscripción de listas de candidatos. En cambio, las de los ciudadanos cuyas solicitudes de inscripción han sido denegadas o tachadas por resolución consentida o ejecutoriada, son eliminadas del portal. Se fiscaliza la información contenida en la Declaración Jurada de Vida del Candidato, a través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales y del respectivo Jurado Electoral Especial.

La fiscalización de las declaraciones juradas de vida puede mejorarse con una mejor coordinación entre entidades públicas. Hace unos días, el Ministerio Público entregó al JNE el acceso al Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE) a fin de identificar directamente a aquellos candidatos que se encuentren postulando a cargos en las elecciones regionales y municipales. Este programa informático registra a las personas detenidas en las dependencias policiales y cuarteles a cargo de las FF.AA, y hace un seguimiento estadístico de los detenidos en todas las etapas del proceso penal de quienes estén sujetos a investigación, incluidos los sentenciados a pena privativa de libertad efectiva.

SOBRE LA OMISIÓN Y/O FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN.

¿Qué sucede cuando un candidato omite información o incorpora información falsa? El artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos, señala que “la omisión de la relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delito doloso, que hubieren quedado firmes, o la incorporación de información falsa, dan lugar al retiro de dicho candidato por parte de la organización política para su reemplazo, sin perjuicio de interponerse las denuncias que correspondan de presumirse la comisión de un ilícito penal”. En realidad, la organización puede retirar y reemplazar al candidato hasta la fecha límite de presentación de la solicitud de inscripción de lista de candidatos, es decir, el 07 de julio. Luego de esta fecha, ya no puede hacerlo, salvo que exista una regulación interna previa. En ese caso, el Jurado Electoral Especial es el que puede disponer la exclusión del candidato hasta siete días naturales antes de la fecha de la elección. En casos excepcionales se procederá a la exclusión hasta un día antes de la elección previa resolución debidamente motivada. Cuando la información falsa fuera detectada posteriormente a las elecciones, dará lugar únicamente a la denuncia correspondiente y a la anotación marginal en la Declaración Jurada de Vida.

EL CASO BURGOS.

Analizando un caso notorio reciente, el del alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos José Burgos Horna (Resolución 968-2014-JNE), podemos ver los criterios del JNE en este tema. El caso concreto es si el candidato consignó información falsa en su declaración jurada de vida. Al estudiarlo, el JNE acreditó que sí estudió en la IE Nuestra Señora del Carmen (Huacho) en 1982, pero que no concluyó sus estudios secundarios en dicho año sino en el 2013. También indica que en las elecciones del 2010 el mismo candidato indicó haber estudiado en otro colegio en otra ciudad (Chepén), lo que “permite concluir que no nos encontramos ante un error, el cual ni siquiera ha pretendido ser corregido, sino ante una consciente consignación de información falsa en la citada declaración”. Como conclusión, excluyó al candidato.

Pero más importante en este caso, me han parecido los criterios jurisprudenciales que ha establecido el JNE. Uno primero es que a la jurisdicción electoral le basta la constatación del hecho objetivo, a saber, tanto la falsedad de la información consignada, como la voluntad, expresada en la suscripción de la declaración jurada de vida, de colocar la misma en dicho documento. No requiere acreditar la conducta dolosa del candidato, es decir, no solo la intención de colocar dicha información, sino la voluntad de colocarla a pesar de tener conocimiento de la falsedad de lo que se está declarando, que sí es exigible en un proceso penal. Con esta teoría, pueden darse en paralelo, por la realización de un mismo hecho (la consignación de información falsa en la declaración jurada de vida), la sanción penal como la sanción electoral.

En segundo lugar, la jurisdicción electoral busca que los ciudadanos emitan un voto informado y responsable, para lo cual resulta imprescindible que se difundan las declaraciones juradas de vida y planes de gobierno de los candidatos y organizaciones políticas participantes en la contienda electoral. Por tanto, si un elector racional, no emotivo, debe emitir su voto sobre la base de la información que colocan los candidatos en sus declaraciones juradas, el Sistema Electoral debe procurar que dichos datos se correspondan con la realidad, lo que implica que se excluya a quienes colocan datos falsos, independientemente de que concurra el elemento subjetivo del dolo o no. No puede pretenderse que se disponga la exclusión de un candidato cuando recién exista contra este una sentencia consentida o ejecutoriada que concluya que el candidato cometió un delito al consignar información falsa en la declaración jurada de vida, ya que ello supondría la imposibilidad de la jurisdicción electoral de cumplir los fines y deberes constitucionales de velar por el respeto de las normas electorales.

En tercer lugar, permitir, que una organización política gane una elección contando con candidatos que han consignado información falsa en su declaración jurada de vida, sobre todo en la referida a la formación académica, experiencia laboral y relación de sentencias firmes, implicaría un grave atentado contra la voluntad popular, ya que esta última se encuentra viciada, al haber emitido el elector su voto en función de información que fue tomada como verdadera, cuando en realidad no lo era.

En cuarto lugar, independientemente de lo que pudiera ocurrir con el trámite y resultado del proceso penal, también el Tribunal Constitucional, ha legitimado la potestad del JNE de excluir de oficio a un candidato, con la STC N.° 05448-2011-PA/TC (caso Percy Rogelio Zevallos Fretel versus JNE), en la que se indicó lo siguiente: “cuando el JEE advierta la incorporación de información falsa en la Declaración Jurada de Vida, excluirá al candidato […], previo traslado al personero legal de la organización política, a efectos de que presente los descargos en el plazo de un día hábil”.

EL CASO CASTAÑEDA.

Otro caso notorio ha salido a la luz: el del candidato a la alcaldía metropolitana ya inscrito, Luis Castañeda Lossio. En el Expediente N° 00118-2014-059, con la Resolución N° 06, el JEE Lima Centro ha dispuesto al Área de Fiscalización proceda a evaluar y verificar la información consignada en su declaración jurada de vida. Lo ha hecho de oficio “habiéndose advertido en diversos medios de comunicación noticias referentes a los estudios realizados por el Sr. Oscar Luis Castañeda Lossio”. De la información consignada en su Hoja de Vida, aparece titulado en la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero en la página web de la ANR figura que tiene el grado de bachiller en la PUCP y el título de abogado en la Universidad San Martin de Porres. A tenor del caso Burgos, si basta el hecho objetivo de la falsa información sin necesidad del elemento doloso, el candidato Castañeda sí estaría en una situación muy comprometida. Falta ver su estrategia de defensa. Pero sin duda alguna, este caso tendrá un enorme impacto mediático en los próximos días.

Como puede verse, ahora una Hoja de Vida puede ser la diferencia entre el todo y la nada en la despiadada lucha por el poder político. Para bien de los electores, sin duda.

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AUDIENCIAS PÚBLICAS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. DERECHO DE DEFENSA, CASUÍSTICA Y ANÉCDOTAS

Conforme a la Constitución Política del Perú, el Sistema Electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Asimismo, se señala como atribución del JNE el de administrar justicia en materia electoral (art. 178 numeral 4). Como derivación de lo anterior, la Ley Orgánica del JNE (Ley 26486, art. 5), precisa como su función, la de administrar justicia en instancia final, en materia electoral, y la de resolver en instancia última y definitiva, sobre la inscripción de las organizaciones políticas y la de sus candidatos en los procesos electorales.

Al convocarse a elecciones regionales y municipales a realizarse el próximo 05 de octubre de 2014, el Jurado Nacional de Elecciones, debe resolver las apelaciones que se presenten en contra de las resoluciones emitidas por el Registro de Organizaciones Políticas (respecto a los expedientes de inscripción de organizaciones políticas), y las apelaciones en contra de las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales en la etapa de inscripción de candidaturas, para luego comunicar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, la información sobre las organizaciones políticas y los candidatos que participarán en los procesos electorales para la elaboración del material electoral. A tenor del artículo 35 de la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859, debe resolver previa citación a audiencia.

Para cumplir con tan intensa actividad, mediante Resolución N° 546-2014-JNE, el Pleno del JNE se ha declarado en sesión permanente así como a los 96 Jurados Electorales Especiales, desde el 01 de julio de 2014 hasta la culminación de las actividades que correspondan a cada instancia. Ello significa habilitar los días sábados, domingos y feriados para la realización de audiencias públicas, notificaciones, recepción de escritos y recursos, y otras actuaciones procesales. Sobre las audiencias públicas, pueden seguirse en vivo a través del canal de televisión del JNE accesible a través de su portal electrónico:

(http://portal.jne.gob.pe/prensaypublicaciones/Prensa%20y%20Publicaciones/Tv%20en%20vivo.aspx), o también en diferido: https://www.youtube.com/user/jneperu.

Para informarse de las fechas de las audiencias hay varias vías: la notificación al domicilio procesal dentro del radio urbano de Lima, los administrados pueden tener acceso a la fecha y hora de las audiencias mediante cartel en el frontis del local institucional del JNE (Av. Nicolás de Piérola N° 1070, Lima 1), en el panel del Jurado Electoral Especial donde nace el expediente, y en la página web del JNE (http://portal.jne.gob.pe/pagweb1/Audiencias%20P%C3%BAblicas.aspx). Sobre el apersonamiento de los abogados es preciso referir que puede efectuarse vía fax o remitirlo escaneado al correo electrónico audienciaspublicas@jne.gob.pe.

La enorme carga procesal genera que en las últimas audiencias se vean en un día por ejemplo  hasta casi un centenar de expedientes. Ello propicia un tiempo muy limitado para la exposición de los argumentos de la defensa, por lo que los abogados deben tratar de ser concisos, breves e ir al meollo del asunto. También genera que las audiencias sean programadas a menudo uno o dos días antes de su realización, lo que obliga a estar atentos al portal web. Ello exige que los interesados estén atentos día a día de la información en el portal del JNE. Según fuentes del JNE, a la fecha se han presentado más de mil doscientas apelaciones, número mucho mayor a las del proceso electoral del 2010. Luego de las audiencias públicas, el Pleno realiza también las sesiones privadas, en las que se delibera y vota cada caso visto en las audiencias. Esta situación procesal es inviable.

¿Qué información se señala en los comunicados de convocatoria a las audiencias públicas? Se cuelga el número y procedencia de cada expediente, el Jurado Electoral Especial que lo remite, la organización política involucrada, y la materia a tratar. Además, y ello es muy importante, se puede acceder a los escritos y documentación del recurso, con un link:

http://200.37.211.190/conjeejne/wf_default.aspx o http://200.37.211.182/consultaexpedientes.

Como refiere el JNE en su nota del 07/08/2014, la mayoría de casos se refiere a cuotas electorales, democracia interna, no acreditación del tiempo de residencia continua de los candidatos, y sobre la solicitud de licencia sin goce de haber en la administración pública. La gran mayoría de los casos proceden del interior del país y corresponden a apelaciones de candidaturas municipales. Cabe decir que en buena parte de las causas no se acredita abogado, lo que menoscaba el derecho a la defensa, de manera que no acreditar un abogado defensor puede perjudicar al justiciable.

Anécdotas: acceder a las grabaciones de las audiencias permite ver la conducta de los letrados y su conocimiento del caso. De alguna manera creo que sirve para que los propios colegas mejoren el servicio de la defensa legal. Por eso, las anécdotas negativas se hacen visibles para todos: hay abogados que inician su informe antes de que el Presidente de la Sala les conceda expresamente el uso de la palabra, lo que denota nerviosismo (se recomienda esperar que el Presidente les conceda la palabra). Hay abogados que leen su informe, lo que no es recomendable porque revela desconocimiento del expediente y hasta impericia en la argumentación verbal, un aspecto esencial por la misma naturaleza del acto: es una audiencia. Otros colegas se extienden demasiado y pierden su tiempo en elementos no significativos para la decisión. Hay abogados que reconocen no haber leído el expediente, lo que genera una apreciación negativa sobre el profesional a cargo de la defensa. En otros casos, no conocen o no recuerdan términos jurídicos básicos. Por ejemplo, si el Presidente de la Sala pregunta si es un documento con fecha cierta (un contrato de alquiler que pretende probar el tiempo de residencia del candidato), no se refiere a la fecha del documento privado, sino a su presentación ante un funcionario público, que permita producir convicción sobre la antigüedad que se argumenta.

En resumen, las audiencias públicas del JNE son actos procesales muy importantes que deben mejorarse, deben orientarse a tratar los casos de relevancia jurídica (temas como acreditación del domicilio o las licencias sin goce de haber deben resolverse sin necesidad de audiencias), y sin duda alguna, elevan la necesaria transparencia que debe tener la justicia electoral.

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RETIRO, RENUNCIA Y EXCLUSIÓN DE CANDIDATOS. LA LEGISLACIÓN APLICABLE

El caso del candidato provincial de Barranca de Fuerza Popular, en cuya camioneta de su propiedad se encontró droga al día siguiente de su presentación por parte de su lideresa Keiko Fujimori hace cuatro días, ha puesto sobre el tapete el tema de la infiltración del narcotráfico en las organizaciones políticas y en las campañas electorales. Pero el tema legal que quiero tratar en esta oportunidad es el siguiente: Fuerza Popular emitió un comunicado en el que informa que ha solicitado al candidato su renuncia, y ante la falta de respuesta, dispone la apertura de un proceso disciplinario para el retiro inmediato de dicho candidato. Y en las redes sociales, al parecer personas vinculadas al candidato defenestrado, señalaron que eso no podía darse, que no era legal. Entonces la pregunta es: ¿puede una organización política retirar a un candidato que ya está inscrito y antes de la fecha de elecciones? Ese es el tema que trataremos hoy.

La norma aplicable es la Resolución N° 271-2014-JNE, Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, cuyo Capítulo VI contempla las figuras de retiro, renuncia y exclusión de candidatos.

RETIRO DE UN CANDIDATO.

Veamos la primera figura, la del retiro de un candidato. El artículo 36 señala en primer lugar, que la organización política, mediante su personero legal, puede solicitar ante el Jurado Electoral Especial el retiro de un candidato o de la lista de candidatos inscrita, hasta siete días naturales antes de la fecha fijada para la elección. Tratándose de un proceso preclusivo como es el procedimiento de inscripción de una lista de candidatos, quiere decir que hay una etapa muy precisa: a partir del momento de inscripción de la lista hasta siete días naturales antes de la fecha de elección. Puede haber una interpretación doble del concepto de “lista inscrita”: ¿lo es desde el momento que se presenta la solicitud de inscripción o desde que el JEE expide la resolución de inscripción definitiva luego de las etapas de admisión, publicación y eventual tacha? A nuestro modo de ver es desde el primer caso pues lo contrario habría un vacío legal inaceptable. Ello quiere decir, hablando del proceso electoral actual, que una organización política puede retirar a un candidato luego que ingresó la solicitud de inscripción hasta el 28 de setiembre de 2014.

En segundo lugar, el mismo artículo 36 estipula que la solicitud de renuncia debe estar acompañada de los documentos que acrediten la decisión de retiro emitida por la organización política con respeto al debido proceso, y de acuerdo con su estatuto o norma de organización interna. Esto quiere decir que debe haber un procedimiento interno que previamente debe estar fijado en su estatuto o norma de organización interna del partido político (se entiende un proceso disciplinario), que se le permita al procesado el derecho a ser escuchado y a defenderse, y que se respete el derecho a recurrir la decisión adoptada. Evidentemente partimos del concepto que el debido proceso no sólo es una garantía procesal jurisdiccional, sino también administrativa como el presente caso. En este punto, pueden haber las siguientes preguntas: ¿cómo puede ser sancionado un candidato con el retiro de su candidatura si no ha sido sentenciado previamente por el delito de narcotráfico? ¿ser cuñado del capturado es suficiente para ser retirado de la lista? ¿ser propietario de la camioneta donde se encontró parte de la droga es suficiente para ser retirado? La Constitución Política señala el principio de la presunción de inocencia, y en apariencia, no ameritaría tal sanción. No obstante, hay que recordar el artículo 14.3 de la Ley de Partidos Políticos N° 28094, que señala que podrá declararse la ilegalidad de una organización política si apoya la acción de organizaciones que practican el terrorismo y/o el narcotráfico. Esto quiere decir que no es necesario que exista una sentencia por narcotráfico para que un candidato sea retirado de la lista, sino que basta la situación de riesgo de que se considere que la organización política pudiera estar apoyando a una organización del narcotráfico. En el caso que comentamos, sin duda que más de 480 kilogramos de cocaína pura habla a las claras que se trata de una organización criminal internacional, y que puede afectar en alto grado no solo la credibilidad del partido, sino sus propias pretensiones electorales. De modo que al final del proceso disciplinario interno, el partido debería expedir una resolución del órgano competente que dispone el retiro del candidato y que deberá hacer de conocimiento al JEE.

Aprovecho para comentar sobre otra causal de retiro. Hace poco me preguntaron si un candidato distrital de un partido podría ser sancionado por éste si promueve el voto del candidato provincial de otro partido, en perjuicio del candidato provincial de su propio partido. La respuesta es sí, sí puede ser retirado, pero este supuesto lo analizaremos en otro momento

Regresando al tema. En tercer lugar, el trámite de la solicitud es el siguiente: el JEE debe resolver el mismo día de presentada la solicitud de retiro. Si hubiere recurso de apelación el JNE resuelve en segunda instancia, y tiene plazo para hacerlo hasta un día antes de la elección. Si al día siguiente la lista del candidato retirado ganara, éste ya no podría ser parte del gobierno respectivo.

RENUNCIA DE UN CANDIDATO.

Sobre la segunda figura, la de la renuncia, el artículo 37 establece que un candidato puede renunciar a integrar la lista de candidatos, y puede presentar el escrito desde la inscripción de la lista hasta un día natural antes de la fecha de elecciones. En este caso, la renuncia debe ser presentada en forma personal por el candidato, por escrito, y el JEE certificará su firma ante el secretario respectivo. Aquí es claro que es la voluntad personal del candidato lo determinante para este procedimiento, a tal punto que se le exige su presencia física (no podría hacerlo mediante poder) para certificar su firma, con lo que se probaría su voluntad de renunciar. Esta es una diferencia notable con la figura del retiro, que es una potestad de la organización política, sin tener en cuenta la voluntad del candidato.

EXCLUSIÓN DE UN CANDIDATO.

Finalmente, sobre la figura de la exclusión, normada en el artículo 38 de la antedicha resolución, el JEE puede excluir a un candidato si advierte la incorporación de información falsa en su declaración jurada de vida. Previamente, debe correr traslado al personero para presentar los descargos respectivos. La exclusión puede darse hasta siete días naturales antes de la fecha de elecciones, y el plazo de descargo es de un día hábil.

Otras causales son la imposición de condena, consentida o ejecutoriada, con pena privativa de libertad o suspensión de sus derechos políticos, o si se le impone la pena de inhabilitación. La exclusión puede darse hasta un día antes de las elecciones y se corre traslado al personero para efectuar los descargos respectivos. Finalmente, el JNE puede disponer la exclusión de la lista de candidatos por incumplir de alguna de las cuotas electorales: la de género, juventud o comunidades nativas. Lo puede hacer hasta un día antes de la elección. Como puede verse, la exclusión es una decisión del organismo electoral, no del partido ni del candidato.

RESUMEN FINAL

Puede decirse que el retiro de un candidato es atribución de la organización política, la renuncia es facultad del propio candidato, y la exclusión es competencia del organismo electoral. Cada figura tiene su procedimiento y su legalidad. Finalmente, es pertinente indicar que la muerte, retiro, renuncia o exclusión de alguno o algunos de los candidatos, no invalida la inscripción de la lista de candidatos, por lo que los demás integrantes permanecen en sus posiciones de origen.

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