Con la finalidad de fomentar el intercambio de información, experiencias y conocimiento en el ámbito de sus respectivas competencias, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y el Instituto Nacional de Administración Pública – INAP del Reino de España firmaron un Memorando de Entendimiento el pasado 15 de noviembre en la ciudad de Madrid de España.
Autoridades de ambas entidades, Juan Carlos Cortés Carcelén, Presidente Ejecutivo de SERVIR, y Manuel Arenilla Sáez, Director del INAP, celebraron el Memorando de Entendimiento que tiene la finalidad de intensificar la cooperación en el área de formación de competencias del servicio civil, a través de la realización de programas académicos conjuntos y la formación de directivos para la función pública.
Asimismo, la cooperación entre ambas entidades facilitará la participación de los integrantes de las comunidades académicas en redes especializadas en gestión pública, que permita desarrollar proyectos de investigación e innovación, así como la realización de publicaciones conjuntas. Además, posibilitará el intercambio de material bibliográfico en soporte analógico y digital.
El mandatario señaló que esto debe ser una “política de Estado permanente” y que es una de las grandes reformas para mejorar la burocracia en las instituciones.
El jefe de Estado Ollanta Humala participó esta tarde en la ceremonia de entrega de la “Resolución de inicio del proceso de implementación del nuevo régimen del Servicio Civil” a las 20 primeras entidades.
El acto se llevó a cabo en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno.
Las 20 entidades que recibieron la Resolución de Inicio son los Ministerios de Economía y Finanzas; Defensa; Energía y Minas; Justicia y Derechos Humanos; y de la Producción, además el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad; Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas; y el Instituto Geofísico del Perú.
Asimismo, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre; Seguro Integral de Salud; Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas; Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; Consejo Nacional de Ciencia; Tecnología e Innovación Tecnológica; y la Oficina de Normalización Previsional,
El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles; Servicio Nacional de Sanidad Agraria; Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; Autoridad Nacional del Servicio Civil; Superintendencia Nacional de Salud y Provias Nacional, también figuran.
La Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057), busca mejorar el desempeño de las entidades públicas en la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía, además de establecer un régimen laboral único que resguarde los mismos derechos y deberes para todos los servidores.
En ese contexto muchas entidades se encuentran en proceso de tránsito hacia la reforma, proceso que les exige analizarse, reorganizarse y mejorar antes de ingresar al nuevo régimen del servicio civil.
“Queremos devolverle las alas a los servidores públicos”
Aptitus por G de Gestión. En esta entrevista a José Carlos Cortés, presidente ejecutivo de Servir, se hace un recuento de la prometida revolución del servicio civil del Estado.
REDACCIÓN GESTIÓN / 26.12.2015 – 08:36 AM
Servir es el órgano rector en temas de gestión humana para todas las entidades de la administración pública; es decir, es la gran gerencia de RR.HH del Estado.
José Carlos Cortés es el presidente ejecutivo de este órgano y, desde su llegada al mando, viene trabajando en tres frentes: selección, capacitación y desarrollo.
“Lo que ha pasado en el sector público es que a muchos servidores del Estado se les ha quitado las alas para ser creativos e innovadores”, explica el ejecutivo, y detalla qué está haciendo para revertir un problema del cual la corrupción, la “dedocracia” y el mal servicio al ciudadanos habían tomado ventaja.
¿Por qué recién están vinculando a profesionales del sector privado en los planes de Servir?
Nosotros empezamos con laboratorios donde solo podíamos vincular a los gerentes públicos porque necesitábamos gerentes con experiencia pública que lleguen inmediatamente a resolver.
El aprendizaje de profesionales que no han estado en el sector suele ser largo, pues la dinámica es totalmente distinta. Entonces, lo que decidimos hacer en este laboratorio fue una selección meritocrática de gerentes públicos, para que aquellas entidades que nos pidan talento dispongan de él de acuerdo a su experiencia.
¿Y a qué profesionales están seleccionando hoy?
Hoy en día, estamos haciendo selección de gerentes de RR.HH. del sector privado para que ingresen al sector público. Ahora mismo, hay un grupo que está siendo entrevistado por nuestro Consejo Directivo.
Luego de ello, los que pasen la entrevista pasarán a un curso que dura seis meses para que conozcan el sector público a fondo y no tengan problemas.
¿Cuántas personas en promedio suele presentarse a una convocaría de ustedes?
Una convocatoria puede tener 3.000 personas para un promedio de 50 ingresos. El proceso dura dos meses. Los que llegan a pasar entran al assessment center y, al final, tienen una entrevista con el Consejo Directivo, en la que priorizamos el tema ético.
¿Cuáles diría que son las principales diferencias entre gestionar personas en el sector privado y el público?
Hay que gestionar con mucho cuidado en el sector público. Por ejemplo, si al gerente de RR.HH. se le ocurre cambiar una capacitación y pagarle a una universidad equis para que la lidere, sería un gran error.
Acá se hace una licitación, tienes que saber los montos y tener a la mano una serie de información para evitar problemas. Toda decisión tiene que estar al pie de la ley, de lo contrario, puedes acabar con una acción de Contraloría, del Órgano de Control Institucional (OCI) o, incluso, una acción penal.
A pesar de ello, parte del gran desafío de Servir es hacer más atractivo el Estado…Es que nuestra idea es hacerlo más atractivo a través de una línea de carrera: esa sería la verdadera reforma del servicio civil y es en lo que estamos metidos desde el 2008. Hoy, el desarrollo de las personas está disperso porque hay varios cursos con los que se trata de atraer a la gente de las universidades.
Por ejemplo, el BCR tiene su curso, Osinergmin tiene su curso y ahora nosotros tenemos el nuestro. La idea es comenzar a coordinar para hacer de esto un programa más atractivo.
Además, hemos venido trabajando con las oficinas de RR.HH. de las entidades públicas para dejar de capacitar en temas de planilla e iniciar una revolución para dar a conocer los sistemas modernos de gestión humana, desde temas de selección hasta la capacitación, pasando por gestión de rendimientos, entre otros.
La idea es que comencemos a tener áreas de gestión de personas renovadas y que tengan una buena influencia dentro de las decisiones globales a nivel del Estado.
¿De qué trata su Escuela de Administración Pública?
La Escuela Nacional del Administración Pública es distinta a las muchas que hay en otros países, porque va dirigida únicamente a directivos. Hemos comprobado, con los gerentes públicos, que los cambios se hacen en esos cargos: no en funcionarios, sino en gerentes.
Nota que acá también hay un cambio cultural, porque lo que ha sucedido en el sector público es que eras mejor mientras más diplomas tenías, de la materia que fuese, pero que lo que estamos haciendo en nuestros cursos es dar un certificado especializado.
¿Hay espacio para las habilidades blandas en su modelo de desarrollo de capital humano?
El foco del desarrollo en competencias generales para directivos está en el servicio, el trabajo técnico y el liderazgo. Ahora, ¿cómo los impartimos?
Es decir, para temas de cursos a los servidos públicos no hay límite. Asimismo, estamos trabajando cursos virtuales para las regiones.Por otro lado, tenemos un modelo de capacitación, que tiene que ver con temas que nos da la gana hacer, pensando en lo que necesita el país.
En este caso, nuestro curso estrella es el Dilema Ético. Es un curso que tiene nueve sesiones de pura casuística y hemos trabajado con una planta de profesores universitarios de la PUCP y la UARM, básicamente, filósofos.
¿Son prácticas del sector privado?
Por supuesto. La idea no es decir que somos el sector público y no tenemos nada que ver con el privado: la idea es tender puentes. Replicamos el tema de competencias, hablamos mucho con ellos, tenemos una muy buena relación con ellos, es más, nos basamos en que no existen las diferencias.
Nosotros tenemos peculiaridades por ser más rígidos en muchas cosas, pero es solo porque nosotros trabajamos con dinero público.
Bonos por reconocimiento”Hemos decidido que no existan, porque hay una clara tendencia a que todo el mundo diga que cumplió al 100%. Una de las cosas que nos parece importante de la cultura que estamos tratando de desarrollar es que no nos mintamos como Estado.
Te doy un ejemplo: en los años noventa, había convenios de gestión por los que se otorgaban bonos a las instituciones a cambio de metas ridículas, por poco desafiantes, justamente para que todos lleguen al bono. Incluso, siempre estaba la tentación latente de cambiar las metas a fin de año para que todos tengan el bono.
Es por eso que hemos elegido, como una estrategia de reconocimiento, que el cumplimiento de metas sirva para que las personas postulen a otros lados, para que entren a capacitaciones. La lógica de gestión del rendimiento del Estado no debe estar asociada a soles“.
La práctica destacada”La magnitud de nuestra práctica de selección tiene muy pocas que se le acercan, porque hay un tema muy importante de transparencia. No hay la menor posibilidad de la injerencia de alguien en el proceso de selección.
Podemos tener algún error de elección en el Consejo Directivo, pero es el mejor proceso de selección en el Estado y, de repente, en el país, por el número de postulantes, por las garantías, porque Transparencia es el veedor y por los resultados. Dentro de unos años, este modelo deberá de aplicarse en todas nuestras áreas de RR.HH. del país”.
El politólogo llamó a la acción ante la corrupción. “En una democracia la protesta define la posición del pueblo”, sentenció
(Foto: Consuelo Vargas / Archivo El Comercio)
Ya al terminar la entrevista, contagiado por su espíritu rebelde, le pregunto al famoso politólogo estadounidense Francis Fukuyama si me ayudaría a derribar el Cristo Redentor, la estatua donada por las empresas brasileñas al Perú el 2010 y que muchos llaman con sorna ‘El Cristo de lo Robado’. “Estaría muy feliz de hacerlo”, responde.
No fue cortesía. Durante la entrevista de casi media hora que nos concedió gracias a la gestión de ESAN, el autor de “El fin de la Historia” mostró permanentemente su compromiso con la defensa activa de la democracia y su rechazo a la corrupción como uno de los males que está dañando a los países latinoamericanos.
“La corrupción es algo pésimo, no solo para el campo económico donde afecta la capacidad de inversión, la toma de decisiones y la eficiencia del sector público; también para el aspecto social, pues los corruptos son los que más poder e influencia tienen en contra de quienes más necesitan dinero; y en lo político, porque hace que la población perciba que todos los políticos son corruptos, aunque no sea así”, explicó.
Fukuyama fue enfático en señalar que “la corrupción es algo que solo le interesa preservar a una minoría que se beneficia de ella; pero que el gran problema es que la mayoría que no quiere corrupción no está organizada, no tiene el liderazgo ni sabe cómo luchar contra ella”.
“Es un problema de política”, sostuvo. Pero no se refería a la política a la que nos tienen acostumbrados en el país de charlas en el congreso y de dimes y diretes, sino a la política activa. “Es un tema de voluntad política, hay que obligar al corrupto a que se someta a la ley, al estado de derecho y que obedezca las normas del Estado”, dijo. Así, sin concesiones.
Pero y qué pasa si el sistema entero está podrido. En los noventa, en el Perú, tuvimos el fin de la decencia y desde entonces todo ha ido para peor, le señalo (precisamente, una de las críticas que se le hace a los sistemas democráticos es que son factibles de ser capturados por cúpulas para su beneficio propio).
“Eso también sucede en Estados Unidos. El gobierno está capturado por una elite, pero hay que movilizar al pueblo para que se oponga a esto. El caso de Brasil es emblemático, hay un situación de gran corrupción y la gente está que se moviliza. Hay un movimiento que quiere castigo para los corruptos y quiere demostrar que hay nuevas reglas de juego”, sostiene.
¿Por dónde empezar? Francis Fukuyama dice que el Poder Judicial es el primero que debe independizarse de cualquier facción. “No se va a conseguir de un momento a otro, pero es una lucha que hay que llevar a cabo. Los políticos que tienen el poder no quieren la independencia del Poder Judicial, pero tienen que verse contrarrestados por un movimiento muy fuerte de parte del pueblo. Los buenos jueces tienen que verse apoyados, eso requiere manifestaciones públicas”, enfatiza.
El politólogo pone otro ejemplo. En Colombia, cuando el presidente Álvaro Uribe quiso cambiar la Constitución para reelegirse para un tercer periodo, el Tribunal Constitucional le dijo no y la gente salió a defender al Tribunal. “Eso es lo que se necesita. El Poder Judicial requiere el apoyo de la población para volver a ser independiente”.
“En una democracia la protesta define la posición del pueblo”, agrega. Pero no se trata de protestar por protestar. Fukuyama le reclama a movimientos como Indignados u Okupas de España el que no tengan claro que quieren enfrentar y como hacerlo, son gente joven molesta, pero sin liderazgo y sin sentido cabal de lo que quieren obtener, critica.
Fukuyama tampoco se muestra muy entusiasta cuando se refiere a la posición del sector empresarial de la región, que estando en boga la responsabilidad social, los gobiernos corporativos y la transparencia, deberían reclamar por reglas de juego limpias. “En un capitalismo bien centrado y entendido, la competitividad es la que hace que surjan los mejores. Los ganadores son seleccionados por el mercado no por las conexiones políticas”, reflexiona. “En una economía capitalista que respeta el estado de derecho hay igualdad de oportunidades para todos, pero lo que pasa en América Latina es que no hay un capitalismo sano sino un capitalismo ‘entre patas’ y no se da oportunidad a otros de entrar al mercado con las mismas reglas de juego”, lamenta.
Le gusta más la reacción de la gente en Brasil en torno al caso Petrobras y Lava Jato. “Espero que movimientos así se contagien en América Latina. No veo como tal nivel de corrupción se pueda remediar sino con una gran movilización de gente indignada, gente furiosa que salga a las calles a protestar”, anima.
Recuerda que algo similar pasó en Estados Unidos a fines del Siglo XIX, donde había un nivel de corrupción más grande aún que el que existe en algunos países en desarrollo actuales. “Hubo un movimiento de protesta que culminó en una serie de reformas, siendo la primera la de reclamar por un servicio civil eficiente”, dijo.
Desde su punto de vista, el crecimiento de la clase media debería ayudar a ese propósito, pues es gente que tiene más conocimiento, más educación y está menos dispuesta a sufrir las consecuencias de un estado corrupto.
Ahora que estamos en un momento de vacas flacas, Fukuyama cree que podría generarse el momento para una reacción. “Este momento de crisis puede convertirse en una oportunidad”, advierte. Son tiempos de acción.
En cuatro años (2011-2015), el Perú avanzó más que otros países de América Latina en realizar mejoras en su servicio civil al pasar de 29 a 41 puntos, sobre una escala de 100, según el reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina: Perú”, que analiza el caso particular de nuestro país.
Según la publicación, el Perú superó el promedio regional de 38 puntos y avanzó 12 puntos en solo cuatro años, mientras en promedio América Latina solo pudo avanzar 8 puntos en 10 años.
El estudio señala que la emisión de la Ley del Servicio Civil ha sido el cambio más significativo, pues se revirtió la historia previa de tres intentos frustrados de reforma integral. “Se logró aprobar la nueva ley, fue reglamentada de inmediato y está en plena implementación. Esto representa un avance notable y contrasta con los moderados avances que la región ha tenido en la última década, dice el estudio.
Sin embargo, para profundizar los avances, el estudio presenta hasta cinco recomendaciones relevantes, entre ellas, “Impulsar con toda energía el ’tránsito’ de la primera tanda de instituciones, a fin de llegar al cambio de gobierno con evidencia de la solidez del proceso”. El estudio reconoce que hay un número considerable de instituciones en tránsito y señala que es importante que avancen hasta convocar a concursos públicos para cubrir los cargos.
En los últimos cuatro años, Perú registró un avance significativo en cuanto a mejorar el servicio civil al pasar de 29 a 41 puntos, sobre una escala de 100, según el reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina: Perú”.
La Ley del Servicio Civil fue el cambio más significativo, pues se revirtió la historia previa de tres intentos frustrados de reforma integral.
“Se logró aprobar la nueva ley, fue reglamentada de inmediato y está en plena implementación. Esto representa un avance notable y contrasta con los moderados avances que la región tuvo en la última década”, dijo la experta en gestión pública del BID Mercedes Iacovello.
El gasto en personal sigue en niveles “muy razonables”, en relación con la capacidad fiscal del Estado, los niveles de empleo y la masa salarial de otros países de la región.
El servicio civil peruano se basa en el mérito, la igualdad de oportunidades y el aseguramiento de la calidad de los servicios del Estado en beneficio de la ciudadanía.
a) El mérito busca que los puestos del servicio civil sean ocupados por las personas idóneas, en virtud de sus habilidades, aptitudes y capacidades. En consecuencia, el mérito es el fundamento en los procesos de selección, progresión en la carrera y evaluación de desempeño, así como en la gestión de la capacitación, gestión del rendimiento y la permanencia en el servicio civil. El mérito en evaluación se demuestra en función de los aportes del servidor a los objetivos de la entidad.
b) La igualdad de oportunidades en el servicio civil es esencial para la incorporación y progresión de los servidores, implica que, en mérito de ello, cualquier persona interesada en un puesto en una entidad pública en el caso de la incorporación y cualquier servidor civil de carrera, en el caso de la progresión, puede postular en igualdad de condiciones en los procesos de selección, siempre que cumpla con las condiciones generales para la postulación y los requisitos del perfil del puesto vacante.
c) El servicio civil se orienta, a través de la aplicación de las mejores prácticas y mejora continua en los procesos de cada entidad, a la obtención de los resultados y metas programados que redunden en la mejora de la calidad de las actividades, acciones y servicios del Estado que corresponden a la ciudadanía.
Interesante: Se entiende que los servidores pertenecientes a las carreras especiales fiscal y judicial (fiscales y jueces de carrera, abogados de profesión) estén exentos de la aplicación de la Ley del Servicio Civil, sin embargo, no se entiende por qué motivo los trabajadores administrativos de ambas instituciones públicas debieran ser excluidos de la misma.
Constitucionalmente se entiende la autonomía del Ministerio Público, sin embargo, aquella no debería ser interpretada como si se tratara de una isla intocable exenta de las normas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos.
La Ley del Servicio Civil busca la profesionalización de los servidores públicos a fin de mejorar el servicio al ciudadano a través de la necesaria regulación en temas tan importantes para los servidores civiles como un procedimiento disciplinario único, línea de carrera y orden en el actualmente caótico sistema de remuneraciones en el sector público.
En relación a esto último se apunta a una mejora en las compensaciones a fin de que el servidor civil obtenga dos aguinaldos equivalentes a un sueldo completo por fiestas patrias y navidad (que actualmente asciende solo a S/. 300.00 nuevos soles), derecho a capacitaciones (materialmente inexistentes), evaluación objetiva basada en el desempeño (no es un examen escrito de conocimientos), hasta 2 capacitaciones obligatorias de no obtener una evaluación satisfactoria, una mayor base de compensaciones pensionable al 100% (a diferencia del actual e injusto pago por CAFAE), Compensación por Tiempo de Servicios – CTS (que beneficia principalmente a los CAS que nunca gozaron de este beneficio) etc.
Hay que tomar en cuenta que esta decisión (Dictamen sobre el Proyecto de Ley que busca la exclusión del Ministerio Público respecto de la Ley N° 30057) ha sido tomada en el seno la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República a fin de que sea agendada para su posterior debate y posible aprobación en el pleno del Congreso.
Enrique Mendoza, Carlos Tubino, Yonhy Lescano y Carlos Ramos Heredia
Noticia: Dictamen de la Comisión de Trabajo excluye al Ministerio Público de la Ley Servir
Lima, 13/05/2014.- La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó esta tarde la exclusión de la Ley del Servicio Civil (Servir) a los trabajadores del Ministerio Público. La noticia fue comentada por el nuevo Fiscal de la Nación, quien participó en esta reunión.
“El día de hoy la Comisión de Trabajo ha aprobado la exclusión de una ley que reconociendo la naturaleza compleja, reconociendo la especialidad del trabajo que se realiza y sobre todo puntualizando un reconocimiento constitucional que es la autonomía del Ministerio Público”, señaló Ramos en declaraciones a la prensa.
Esta medida generó controversia acerca de que cualquier sector del Gobierno que no quiera ser parte de la Ley Servir podría utilizar este dictamen como precedente, como anteriormente lo hizo el Poder Judicial e incluso los trabajadores del sector salud.
Al respecto, el presidente de esta comisión, el congresista Carlos Tubino, negó que sea viable que cualquier grupo solicite su exclusión de la Ley Servir. “Estamos frente a un caso especial. Son los hacedores de justicia, ellos no están adscritos al Poder Ejecutivo y con ese fundamento es que se dejó de lado al Congreso de la República de la Ley Servir”, explicó.
“Yo al conducir la mesa no acepté que se pusiera el proyecto de ley para excluir a los trabajadores del sector salud en este proyecto de ley. El fundamento es totalmente diferente porque no estamos hablando de trabajadores del Poder Ejecutivo”, agregó.
