What McCain did was hard. What Murkowski and Collins did was much harder.

Image: Alex Wong/Getty Images

In the early-morning hours after Senate Republicans’ last-ditch attempt to repeal Obamacare failed, a common narrative began to emerge: that while three “no” votes from Republicans killed the bill, only Sen. John McCain (R-AZ) saved the day.

CNN called it “John McCain’s maverick moment.” The Washington Post described it as “The night John McCain killed the GOP’s health-care fight.”

To be sure, McCain’s vote against the bill was dramatic and decisive. He flew back to Washington from Arizona less than two weeks after he was diagnosed with brain cancer, after having surgery to remove a blood clot from above his eye. He made a sweeping speechabout returning Senate procedure to a time of bipartisan, transparent cooperation. Then he proceeded to briefly horrify ACA proponents by voting yes on a motion to proceed vote, and yes again on the Republican Better Care Reconciliation Act.

So when McCain cast a performative last-minute vote against “skinny repeal,” it immediately overshadowed the two women Republican senators who did far more to halt Republicans’ reckless efforts to repeal Obamacare. Sens. Lisa Murkowski (AK) and Susan Collins (ME) repeatedly stood their ground against the three health bills their colleagues tried to ram through the Senate.

Murkowski and Collins were the only Republicans to vote against a motion to proceed with the health care bill debate. Both women cast votes against the Better Care Reconciliation Act, which could have led to 22 million more uninsured Americans. They both also voted against the Obamacare Reconciliation Act — repeal and delay — which could have led to 32 million more uninsured Americans.

Both senators said they could not support bills that would leave millions of people without health insurance. They also opposed provisions to defund planned parenthood. When skinny repeal — seemingly the last shot for the GOP — came down, they stood their ground and voted no again.

Through all of this, the backlash against these two women senators was severe. Two House Republicans threatened them with violence.

President Trump publicly shamed Murkowski on Twitter:

Murkowski then got a call from Interior Secretary Ryan Zinke, who reportedly threatened to punish Alaska’s economy based on her health care vote, according to the Alaska Dispatch News.

McCain’s vote was crucial in ending the latest health care repeal effort — but no more so than the votes of Murkowski and Collins, which were consistently courageous in the face of threats and suggestions of retaliation.

In: vox

Macri modifica por decreto la Ley de Medios

El Gobierno argentino modificó hoy a través de un decreto la Ley de Medios aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Mauricio Macri, presidente de Argentina. Imagen: DW

Mauricio Macri, presidente de Argentina. Imagen: DW

El Gobierno argentino modificó el lunes (4.1.2016) a través de un decreto la Ley de Medios aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), disolvió organismos regulatorios y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), pese a que un juez había dictado una medida para frenar cambios.

El decreto firmado por el presidente Mauricio Macri fue publicado ayer en el Boletín Oficial, pero con fecha 29 de diciembre, antes del fallo judicial en su contra. El juez de La Plata Luis Arias dictó el 30 de diciembre una medida precautelar que frena el decreto que modifica la ley de servicios de comunicación audiovisual y la fusión de entes regulatorios que había sido anunciado horas antes por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, antes de su publicación, pero su resolución debe ser ratificada por la Justicia Federal.

La norma difundida el lunes dispuso la creación de una comisión para elaborar el proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley Argentina Digital.

“Circunstancia excepcional”

Según el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, “la crítica situación del sector de las telecomunicaciones y los medios” determina, entre otras cosas, “la imperiosa necesidad de efectuar la reorganización y modificación normativa proyectada, configurando una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.

En respuesta a las críticas por apelar a un decreto, el Gobierno sostuvo que “esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida”.

El objetivo del Gobierno que aún no lleva un mes en funciones es impulsar la convergencia tecnológica entre medios y telecomunicaciones, caracterizada por la competencia entre diversas tecnologías en los servicios de video, telefonía -voz- y banda ancha -internet-.

En este contexto, consideró que “entra en crisis el régimen de regulación económica sectorial preexistente, con regulaciones y reguladores separados para las empresas de medios, por un lado, y para las telecomunicaciones, por el otro” ya que “puede generar una dispersión de criterios en su aplicación, produciendo así no sólo ineficiencias y distorsiones sino también inseguridad jurídica”.

Planes de Macri “buscarían beneficiar al grupo Clarín”

Los críticos del plan de Macri sostienen que el cambio en las regulaciones buscaría beneficiar a los grupos de medios obligados a desprenderse de numerosas licencias por la ley de medios aprobada por el Congreso durante el kirchnerismo, entre ellos el Grupo Clarín.

El decreto cambia el artículo 41 de la ley de medios que restringía la venta de medios audiovisuales, algo que ahora se permite, y facilita la integración de cadenas privadas de radio y televisión, lo que hasta ahora estaba muy restringido, precisó el diario “La Nación”. Tampoco habrá topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable, que hasta ahora era de 24, que además pasarán a regirse por la ley de telecomunicaciones.

Además, se eliminan las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable y radio y TV abierta; y los actuales licenciatarios de TV y radio podrán pedir la extensión del plazo de licencia por 10 años, sin importar cuándo sea su fecha de vencimiento actual.

Según la abogada Graciana Peñafort, una de las autoras de la ley de medios, el decreto de Macri viola la ley por varias razones, entre ellas por crear un organismo descentralizado, cuando para ello es necesario que se aprobado por el Congreso. “El esquema no cumple los estándares internacionales en libertad de expresión”, sostuvo Peñafort en su cuenta de Twitter.

“Más concentración, más oligopolios, menos controles estatales, menos federalismo, menos participación ciudadana, incumplimiento de leyes. Incumplimiento de orden judicial, adulteración de fecha en documento publico, delitos varios”, aseveró la experta.

En: DW

Un servicio civil de calidad

La eficiencia y competitividad de las instituciones públicas depende, en gran medida, de los profesionales que laboran en las diversas instancia del Estado, y el Gobierno ha mostrado una especial preocupación en la formación de funcionarios para que su labor sea oportuna y asertiva, esfuerzo que ha sido reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo con el estudio Diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina: Perú, nuestro país ha registrado un notable desempeño en los cuatro años recientes al mejorar el marco normativo de este tipo de labor y también al regular las condiciones de las personas que trabajan al servicio del Estado, de tal forma que los avances de la Nación peruana en este campo son mayores que en otros países de América Latina.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno peruano figura la promulgación de la Ley N° 30057, sobre el Servicio Civil, cuyo objetivo es reformar la planilla estatal y establecer un régimen único para los servidores públicos, y así asegurar la calidad de los servicios en beneficio de la ciudadanía.

De hecho, un total de 18 entidades, entre las que se encuentran cinco ministerios, están a punto de obtener en las próximas semanas la resolución para acogerse a la disposición legal. Para el BID, la emisión de la norma representa el cambio más significativo en este sector porque se revirtió, de alguna manera, la historia previa de tres intentos frustrados de reforma integral.

A ese marco legal se agrega la consolidación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) como instancia que aporta a la administración del Estado, lo que ha permitido que el Perú avance en la calificación efectuada por el BID y pase de 29 a 41 puntos entre 2011 y junio de 2015, superando el promedio regional de 38 puntos y subiendo doce puntos en solo cuatro años, cuando el promedio de América Latina avanzó ocho puntos durante una década.

En la evaluación del caso peruano también ha sido tomada en cuenta la creación de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y su puesta en marcha para obtener un modelo moderno y eficiente; además de la institucionalización de los planes de desarrollo de personal, dos de los hitos que definen la optimización del servicio civil en diversos estratos del aparato público.

Otros elementos contemplados en el informe del BID se refieren a la maduración del modelo de gobernanza de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas, convirtiéndose en un factor de relevancia para limar “asperezas institucionales” muy comunes en otras naciones de la región latinoamericana.

Asimismo, el estudio destaca el Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP) como cuadro de directivos profesionalizado, que tuvo una expansión a más instituciones y un impacto positivo en mejorar la ejecución presupuestaria, especialmente en los gobiernos regionales y locales. De esta manera, el Poder Ejecutivo logra un avance en la reforma del Estado con la optimización de su personal técnico.

En: elperuano

CCL: Se debe evaluar a más de 4,300 entidades públicas administrativas

glogger2014

Como parte del proceso de modernización del Estado peruano, se viene dando la reforma del servicio civil a través de la Ley N° 30057. Actualmente varias entidades públicas se encuentran en proceso de implementación de la Ley en su organización.

Como parte de la reforma y modernización del Estado, se considera pertinente que de las 6,438 entidades del sector público se evalúe a 4,360 (67.7 %) de ellas, que se dedican a actividades de la administración pública en general, para precisar posibles fusiones y eventualmente prescindir de algunas, afirmó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La gran mayoría de las entidades públicas se concentran en las regiones de Lima (450), La Libertad (157), Áncash (144), Piura (121), San Martín (114) y Puno (108), informó el IEDEP de la CCL.

En: expreso

Imagen: glogger2014

Servicio Civil peruano: Por lo menos 14 entidades ingresarán al Servicio Civil hasta el final del gobierno

La reforma del servicio civil apuesta por el orden y la profesionalización del servicio en pos de un mejor servicio al ciudadano y un mejor manejo de los recursos públicos en la administración pública peruana.

La reforma del servicio civil apuesta por el orden y la profesionalización del servicio civil en pos de un mejor servicio al ciudadano y un óptimo manejo de los recursos públicos en la administración pública peruana. Es quizás la mejor de las políticas públicas presentadas por el poder ejecutivo en el año 2012 y aprobada por el Congreso de la República el año 2013.

Por lo menos 14 entidades del Poder Ejecutivo ingresarán totalmente a la Ley de Servicio Civil antes que termine este gobierno, informó hoy el presidente ejecutivo de Servir, Juan Carlos Cortés.

Estas serán los Ministerios de Economía y Finanzas; de Defensa; y de Justicia; Instituto Geofísico del Perú; Servir, Oficina de Normalización Previsional, Devida; Agencia de Compras de las Fuerzas Armada; Ceplan; Provías Nacional, Susalud, entre otras.

Refirió que estas entidades ya se encuentran en la fase dos y tres del proceso de implementación integral de la Ley del Servicio Civil, de los cuatro pasos, por lo que se espera que se incorporen íntegramente a la reforma antes de julio del 2016.

Anotó, además, que el 90% de las entidades del Ejecutivo han iniciado el proceso, incluido ministerios complicados, como Educación, Salud y Transporte.

(FIN) EGZ/ ASH

En: elperuano

La descomunal deuda griega

Por Braulio Moro

El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, se reúne con los ministros de finanzas de la zona euro este miércoles 11 de febrero y veinticuatro horas después con el Consejo Europeo, a fin de obtener un acuerdo que permita al país superar la crisis y a su gobierno respetar su compromiso de acabar con la austeridad, o como el propio Tsipras ha dicho, de “honrar todas las promesas de campaña”.

¿Cómo fue que Grecia llegó a esta situación y cuáles fueron los errores de evaluación? Estas son preguntas que pueden ayudar a comprender el por qué de las propuestas del gobierno de Syriza y cuál es su margen de maniobra en la situación actual.

Recordemos que la crisis griega estalló en 2009, que en 2010 se creó la llamada Troika, integrada por representantes del Banco Central Europeo, la Unión Europea y el FMI, y que en ese entonces se concedió al país un primer préstamo de ciento diez mil millones de euros. Dada la gravedad de la crisis y los intereses en juego del sector financiero europeo, un segundo paquete, de ciento treinta mil millones, fue acordado en 2012.

Los llamados programas de ayuda económica a Grecia fueron otorgados a cambio del compromiso de los gobiernos de turno de aplicar diversas reformas estructurales, que incluían, entre otros elementos, una drástica reducción del gasto del Estado, la reducción del número de empleos públicos y de los salarios, así como un programa de privatizaciones; todo con el fin, como se dijo entonces, de reducir el déficit público.

Costis Damianakis, analista político de la Universidad de Creta, estima que las privatizaciones no han sido de ninguna utilidad para la población.

Sobre este punto conviene recordar que Tsipras se comprometió durante su campaña electoral a proveer gratuitamente de electricidad a las trescientas mil familias que hoy no pueden pagar ese servicio. Asímismo, que hoy en día el riesgo de pobreza o de exclusión social afecta a casi 35% de la población. ¿Qué falló? ¿Por qué el diagnóstico de la situación y la receta para subsanar los problemas no funcionaron?

Seis años consecutivos de crisis y ajustes sin precedentes han desangrado la economía. Las cifras de Eurostat, la agencia europea de estadísticas, muestran que el PIB griego se contrajo en un 25%, que las inversiones cayeron en un 59%, que la demanda interna se redujo un 34 % y que el consumo familiar disminuyó en un 27 %; el porcentaje de la población desempleada es también de 27 %.

El gobierno del primer ministro Alexis Tsipras propone una renegociación de la deuda del país, actualmente de más de trescientos veinte mil millones de euros, lo que equivale a 175% del PIB.

Paralelamente, un estudio de Lisa Mittendrein, de la asociación ATTAC de Austria, demuestra que de los doscientos siete mil millones de euros recibidos a través de veintitrés lineas de financiamiento por Grecia, cincuenta y ocho mil millones sirvieron para recapitalizar a los bancos griegos y ciento un millones para pagar a los acreedores del país.

Frente a esa situación, cada vez son más los especialistas que opinan que hay que anular o reducir sustancialmente parte de la deuda.

Para el Secretario General de la OCDE, José Angel Gurría, el problema no es tanto el monto de la deuda sino el crecimiento de la economía y el servcio de la deuda.

Clement de Lucía, responsable del euro para Europa del sur, del banco francés BNP Paribas, juzga por su parte que el gobierno Tsipras tiene poco margen de maniobra, entre otras razones por la situación de los bancos en Grecia.

Para Syriza y el primer ministro Alexis Tsipras, las negociaciones a venir se anuncian como unas de las más complicadas nunca antes intentada. Su fracaso abriría sin duda la puerta a la alternativa política más extremista y xenófoba del país, que en las pasadas elecciones obtuvo el tercer lugar en la votacion.

Entrevistados: Sonia Piedrafita, jefa de la Unidad de Política e Instituciones del CEPS, Centro de Estudios de Política Europea, Bruselas; Costis Damianakis, analista político de la Universidad de Creta; José Antonio Ocampo, ex ministro de Hacienda en Colombia, catedrático de la Universidad de Columbia; José Angel Gurría, Secretario General de la OCDE; Clement de Lucía, responsable del euro para Europa del sur, del banco BNP Paribas; Jean Louis Martin, director de estudios macroeconómicos del Banco Crédit Agricole, París.

Puede escuchar el audio en: RadioFI

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Reformas: La Misión Kemmerer en el Perú

Por Eugenia Gozzi y Ricardo Tappatá

El 5 de noviembre de 1930, el por entonces presidente del Banco de Reserva, Manuel Augusto Olaechea, propuso la venida de la Misión presidida por Kemmerer para cooperar en la reforma monetaria y bancaria del país. La Misión concluyó su tarea recién en abril de 1931.

Los documentos presentados por la Misión en abril de 1931 fueron once: 1) Proyecto de ley de impuestos sobre la renta; 2) Proyecto de reorganización de la Contraloría General de la República; 3) Proyecto de ley general de Bancos; 4) Proyecto de ley para establecer una contribución predial por los concejos provinciales y distritales; 5) Proyecto de ley de creación del Banco Central de Reserva del Perú; 6) Proyecto de ley de aduanas; 7) Informe sobre el crédito público; 8) Proyecto de ley orgánica de Presupuesto; 9) Proyecto de ley de reorganización de la Tesorería Nacional; 10) Proyecto de ley monetaria; 11) Informe sobre la política tributaria del Perú.

La Junta de Gobierno de 1931 acogió solamente tres de los once proyectos.

Uno de los principales proyectos de la Misión fue la propuesta de ley del Banco Central de Reserva. En 1922 había sido creado el Banco de Reserva del Perú como organismo regulador del sistema crediticio. Su capital estaba constituido por acciones suscriptas en partes iguales por los bancos del sistema financiero y por el público. Siete miembros de su directorio eran elegidos por los bancos, uno de los cuales debía representar los intereses extranjeros, mientras que correspondía al Gobierno nombrar a otros tres. El banco tenía entre sus funciones la emisión exclusiva de billetes. Además, podía recibir depósitos de los bancos accionistas y del gobierno, descontar documentos, negociar oro y aceptar depósitos del público sin intereses. Su capacidad para dar estabilidad a la moneda era limitada. Los billetes que emitía el Banco de Reserva eran inconvertibles (la convertibilidad se había aplazado hasta que la situación económica se normalizara).

La Misión Kemmerer realizó críticas al marco legal del Banco de Reserva: exceso de poder de los bancos; su exclusividad en las operaciones de préstamo y descuentos; impotencia para fijar un cambio estable para la moneda nacional o aportar un fondo de créditos para casos de emergencia; limitaciones de capital; reducida capacidad para resistir las presiones políticas; restricciones a las operaciones, circunscriptas a Lima y sus alrededores.

Basada en las propuestas de Kemmerer, la Junta de Gobierno expidió el decreto ley N° 7137, del 18 de abril de 1931, referido al Banco Central de Reserva. A esta institución le correspondió asumir las acciones del Banco de Reserva y tomar su activo y pasivo. La función principal del Banco Central debía ser la de mantener estable el valor de la moneda y proporcionar al país; en determinadas circunstancias, un aumento de crédito líquido, para dar a la circulación monetaria la necesaria flexibilidad en armonía con “la demanda variable del comercio”.

Otra de las propuestas fue la ley de bancos. El 23 de mayo de 1931, mediante el decreto ley N° 7159, la Junta Nacional de Gobierno dio sanción oficial a la ley de bancos propuesta por la Misión Kemmerer. Por primera vez el Perú tenía una legislación bancaria. La Ley de Bancos mencionó explícitamente todas las operaciones que podían realizar las entidades bancarias y las relaciones que debían mantener en las distintas partidas de su activo y de su pasivo. Ordenó también la publicación de todos los datos necesarios para apreciar su verdadero estado y solidez. También restableció la Superintendencia de Bancos, creada a principios de 1931 y que había sido disuelta al poco tiempo.

Otra de las propuestas de la Misión fue la reforma monetaria, incorporada en la ley N° 7126 para estabilizar el sol de oro. La nueva ley monetaria implicó la vuelta al patrón oro, suspendido en el Perú desde 1914. No obstante, el empeoramiento de la crisis mundial y la gravedad de los problemas internos continuaron produciendo un drenaje muy fuerte de la reserva monetaria, con la consiguiente contracción del circulante al que servía de respaldo, y de los medios de pago en general. El ensayo del restablecimiento de la convertibilidad fue efímero, pues sólo duró desde abril de 1931 hasta mayo de 1932.

Integrantes de la Misión en el Perú:
Los colaboradores de Kemmerer en Perú fueron: Stokeley W. Morgan, experto en crédito público e impuestos; Joseph T. Byrne, especialista en presupuesto y contabilidad; Paul M. Atkins, experto en crédito público; Lindsley Dodd, experto en presupuesto; William F. Roddy, especialista en aduana; y John Phillip Wernette, experto en contribuciones. El técnico en bancos Walter M. Van Deusen se incorporó a la Misión más tarde, y permaneció en el Perú durante un tiempo como asesor técnico de la Superintendencia de Bancos.

En: Primera iniciativa de reforma financiera profunda en América Latina: LA MISIÓN KEMMERER

Puede revisar además: La misión Kemmerer y su importancia para el Banco Central

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Antecedentes del Servicio Civil peruano: La reducción ineficaz del tamaño de la administración pública

El nuevo gobierno electo de Perú en 1990 halló una situación crítica en las cuentas fiscales. La recaudación tributaria había caído del 13% al 4,9% del PIB en los últimos cinco años, generando un creciente déficit fiscal. Dado que la nómina pública representaba el 26% del gasto corriente total, reducirla se convirtió en un importante objetivo. Las preocupaciones fiscales del gobierno condujeron así a identificar el sobredimensionamiento del personal del aparato público como un tema prioritario en la agenda económica.

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A iniciativa de las autoridades económicas, el gobierno puso en marcha en 1991 un proceso de compra de renuncias de los empleados públicos, que fue seguido por un proceso de reorganización de las entidades públicas con el fin de eliminar plazas de trabajo. Como resultado de este proceso, el volumen del empleo público se redujo drásticamente en 1992. Una consecuencia indeseada fue el traslado al sector privado de buena parte del personal profesional más capacitado con el que contaba el sector público.

Sin embargo, la fuerza laboral de las entidades públicas comenzó a crecer otra vez, fundamentalmente mediante la incorporación de nuevo personal a través de los “contratos por servicios no personales”. Este tipo de contrato no tenía precedentes en la legislación laboral peruana, no correspondía a ninguna categoría jurídica específica (se amparaba de manera genérica en el Código Civil y en la Ley de Contrataciones Estatales) y carecía de una regulación adecuada. Lograba así escapar a las férreas limitaciones establecidas para la incorporación de funcionarios públicos. Las posibilidades que ofrecía para evitar las severas restricciones para la contratación y remuneración de los trabajadores públicos facilitaron la renovación de las plantas de personal en algunas de las entidades existentes y el alistamiento de los nuevos organismos descentralizados que se crearon de manera paralela a los ministerios y entidades de línea. Como resultado de este proceso, en la siguiente década el tamaño de la administración pública peruana llegó a ser muy similar al de 1990 (ver el gráfico).

En: BID – El estado de las reformas del Estado en América Latina. 2007. p. 154

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Reforma Constitucional: Congreso peruano aprobó prohibir la reelección inmediata de presidentes regionales

Leyes de reforma de la Constitución; se aprueban con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número legal de Congresistas, para luego ser sometida a referéndum o, en su defecto, es aprobada en dos períodos anuales de sesiones sucesivos (legislaturas) con el voto aprobatorio de un número superior a los dos tercios del número legal de Congresistas. La ley aprobada por cualquiera de las formas señaladas no puede ser observada por el Presidente de la República.

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Pleno le dio visto bueno al proyecto con 97 votos a favor. También acordó que presidentes regionales, en adelante, se llamarán gobernadores regionales.

Luego de varias postergaciones, el Pleno del Congreso de la República acordó cambiar la denominación de los presidentes regionales por el de gobernadores regionales y, simultáneamente, eliminar su reelección inmediata, así como la de sus vicepresidentes, a quienes se llamará vicegobernadores. Esta prohibición alcanzará también a los alcaldes provinciales y distritales. Todos ellos, sin embargo, podrán volver a postular transcurrido un período como mínimo.

El Parlamento le dio luz verde al proyecto con 97 votos a favor, 10 abstenciones y cero en contra. Estas disposiciones conllevan la reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución, motivo por el cual deberán ser sometidas a una segunda votación en la legislatura que empieza en marzo de 2015.

El presidente de la Comisión de Constitución, Cristóbal Llatas (Gana Perú), planteó inicialmente eliminar también la revocatoria a las autoridades ediles y regionales, pero la propuesta fue objetada por los legisladores de oposición, pues consideran a este proceso como un mecanismo de control ciudadano.

No obstante, reconocieron que su aplicación se ha distorsionado en el tiempo y asumido como un instrumento de “revanchismo político”. Al final, se acordó mantener esta figura en el texto constitucional, al igual que la irrenunciabilidad a los cargos regionales y edilicios.

El congresista Javier Bedoya (PPC) sostuvo que la no reelección no frenará la corrupción y propuso más bien reforzar la institucionalidad de organismos de control como la Sunat y la Contraloría.

En: peru21

Ver: Hasta el 2 de octubre los gobiernos regionales ejecutaron el 57% de su presupuesto

The Economist: corrupción en gobiernos regionales se debe en parte a descentralización fallida

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México: La negociación secreta que atenta contra la reforma educativa en México

Un documento de la Secretaría de Gobernación muestra concesiones a los maestros inconformes que suponen un golpe contra la ley de educación más ambiciosa en décadas que fuera presentada por EPN el 11 de diciembre de 2012.

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“No vamos a claudicar”, dijo el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a finales de agosto. Le hablaba a los mexicanos, a los que había prometido una reforma educativa histórica. Se dirigía a los políticos, que respaldaron casi por unanimidad los cambios. Pero sobre todo advertía a los maestros inconformes, que llegados desde varios Estados del país convirtieron el centro del Distrito Federal en el fuerte de sus protestas. Han pasado dos meses y medio desde aquel mensaje y, aunque han bajado de tono, las protestas en la capital se mantienen. El curso escolar avanza en casi todo el país, sin embargo miles de estudiantes de algunos Estados siguen sin clases y una importante plaza pública de la Ciudad de México está tomada por los profesores. Parecía cuestión de tiempo que la reforma educativa se anotara un triunfo rotundo, pero en medio de este panorama un documento filtrado a la prensa ha sacudido el compromiso del propio Gobierno con los cambios.

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No, no es la cachina ni la parada: Los maestros tomaron la plaza principal en Mexico DF como medida de protesta

 

La semana pasada salió a la luz una nota sobre la minuta de una negociación entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores del Estado (CNTE), una fracción disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El documento, firmado por el subsecretario y cercano a Peña Nieto, Luis Enrique Miranda, cede en varios de los principales puntos de la reforma ya aprobada ante la CNTE, que abandera las protestas en la capital y que en estos meses ha aumentado su representación de seis a 22 Estados. El documento de Miranda da marcha atrás en las consecuencias de la evaluación a los maestros, quizá el punto que más resquemor ha levantado entre los educadores. ¿Por qué el Gobierno negocia algo que ya está aprobado? Es lo que todo el mundo se pregunta en México.

La reforma educativa contempla un examen a los profesores que podría derivar en su expulsión de las aulas en caso de no ser aprobado tras tres oportunidades.La evaluación es un referente básico. Dirá quiénes ingresaron por la vocación de ser maestros o quiénes, por ejemplo, heredaron la plaza y a lo mejor llevan años recibiendo un sueldo sin pasar por el salón de clases”, dice Maite Azuela, analista política.

La apreciación no es menor. Las décadas de poder del sindicato de maestros dirigido con mano de hierro por Elba Esther Gordillo (detenida y encarcelada por desvío de fondos en febrero de 2013 en el primer gran golpe político de Peña Nieto) han dejado un difuso panorama educativo, en el que más del 90% de la inversión en educación se va en pagar los sueldos a los profesores, cuyo número total aún hoy es incierto. De hecho, una de las primeras acciones de la revolución educativa es un censo de la plantilla magisterial. A eso hay que sumar que luego se quiere saber cuántos de ellos están frente a alumnos y cuántos viven “comisionados” por el sindicato en otras tareas. Una estimación de este problema lo da la organización Mexicanos Primero, que ha identificado a al menos 23.553 personas que cobran como maestros pero que no dan clase.

El documento firmado por el subsecretario de Gobernación el 5 de noviembre parece haber comprometido con los líderes del CNTE varios puntos que irían contra la propia ley aprobada en septiembre con amplia mayoría en el Congreso. “Ningún maestro que se encuentre en servicio podrá ser despedido como consecuencia de un mal resultado en las evaluaciones”; “los maestros participarán de manera activa en el diseño de su evaluación” o “las autoridades no podrán designar nuevos maestros de manera discrecional”, dice el documento publicado en la prensa el 8 de noviembre.

Los expertos han puesto un grito en el cielo por lo que consideran una negociación a las espaldas y una traición al espíritu de la reforma, que nació del consenso de políticos, organizaciones sociales, estudiosos y autoridades en materia educativa, para que el Estado retomara el control de la educación del país, en manos durante años de un sindicato corrupto. “Es un método de negociación muy poco democrático, totalmente intolerable”, cuestiona el analista político y periodista Ricardo Raphael.

Para los analistas consultados, que critican duramente las formas “oscuras” del Gobierno, el documento (en el que no se ve la firma de ningún líder sindical) carece de implicaciones reales ya que atentaría contra las recientes leyes educativas. “Una decisión unilateral de la Segob no puede tirar todo el proceso. Lo que sí es que quizá el PRI podría empezar a hacer movimientos papara darle marcha atrás, lo cual es difícil, pero no imposible. Lo veo como un golpe a la reforma”, dice Azuela.

El Gobierno mientras tanto calla. Aún se desconoce cómo llegó el documento a los medios ni qué alcance podría tener la negociación secreta. Maite Azuela desliza la idea de que ante el desmadre que vive la capital desde hace meses –por las protestas callejeras de los profesores disidentes- y el abuso de privar a los escolares de las clases, la Segob “intenta hacerles creer a los maestros que tuvieron una ganancia”. “Pero eso tiene consecuencias, porque mientras se le baja la espuma a las movilizaciones, se retrasa la materialización de la reforma”, añade.

La organización Mexicanos Primero, que lleva años denunciando el atraso educativo del país, envió una carta de queja al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que le exige que se pronuncie por lo que consideran unas “negociaciones que pudieran ya estar vulnerando la ley en aspectos clave y en detrimento de la calidad educativa”. El escrito firmado por el director de la organización, Claudio X. González Guajardo, es tajante: “Sería grave, señor Secretario, que se esté negociando de espaldas a la ciudadanía y en contra de la ley”.

Después de haber sorteado múltiples obstáculos, hoy la reforma educativa, promulgada ley hace semanas por el presidente, parece detenida en la estación menos previsible: el despacho encargado de la gobernabilidad del Ejecutivo del propio Peña Nieto. ¿Qué es exactamente lo que se está negociando bajo cuerda? ¿Podría el Gobierno detener la reforma bandera de la presidencia de Peña Nieto? Las preguntas sin respuesta están sobre la mesa.

En: elpais.com

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