Son pocos los casos en los que el Estado peruano avanza reformas que crucen periodos de gobierno y en las que la continuidad de los funcionarios capacitados que las lideran esté fuera de discusión. Esta semana se presentaron resultados que muestran el impacto positivo de este tipo de reformas de Estado: según el BID, el Perú está ligeramente por encima del promedio regional en su Índice de Desarrollo del Servicio Civil aplicado a 18 países de América Latina.
¿Media tabla suena a éxito mediocre? Pues no lo es. Si miramos la trayectoria del país en este índice que evalúa diversas dimensiones de la burocracia del Estado central, hay un gran cambio. El año 2004, tomado como base, el Perú obtuvo apenas 14 puntos en el índice, a tres puestos del último de la tabla. El 2011 en una nueva medición regional fueron 29 puntos. Y este año el resultado es excelente: 41 puntos. Son 27 puntos en 11 años. Si bien la mayoría de países de la región ha mejorado, el caso peruano es resaltado como uno de cambio rápido desde posiciones muy bajas.
¿Qué explica esta reforma silenciosa y exitosa? La ya mencionada continuidad, en la que varios gobiernos comparten el mérito. El gobierno de Toledo logró eliminar las pensiones doradas de la Ley 20530. El de García creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, el cuerpo de gerentes públicos y dio una serie de decretos para fortalecer la carrera pública. Y el gobierno actual apoyó la continuidad y logró la aprobación de una nueva Ley del Servicio Civil. A la cabeza de estos procesos han estado personas de prestigio y muy comprometidas, como Nuria Esparch y hoy Juan Carlos Cortés. El día de la presentación del informe estaban ambos, además de diversas personas que apoyaron a Servir en estos años: se celebró un éxito compartido.
Los retos son todavía muchos. Diversas instituciones públicas han escapado a la aplicación de la Ley. La evaluación no comprende gobiernos locales y regionales, donde está buen número de funcionarios y donde una capa burocrática profesional, honesta, es urgente para la buena gestión. Pero son sin duda buenas noticias y muchos más deben conocerlas, que deje de ser una reforma silenciosa para que la sociedad se la apropie.
Porque si no entendemos su importancia, su continuidad está en riesgo. Un servicio civil fuerte, profesional, flexible, es clave para reducir la corrupción, limitar el uso clientelista del Estado, ganar legitimidad entre la población. Esos logros pueden ponerse en peligro si no enraizamos lo avanzado. Y hay muchos intereses que se oponen: el político al que le conviene un Estado débil en el que pueda hacer lo que quiera, el empresario que gana con la corrupción, entre otros.
Hay pocas cosas tan negativas para una reforma que un cambio de gobierno. Servir ha logrado importantes aliados en el gobierno central, diversas instituciones ven en la reforma una posibilidad para ganar profesionalismo. Pero no basta. La academia y los empresarios deberían también mirar con interés el proceso. Y, fundamentalmente, es necesario que los políticos se apropien del tema y lo discutan en campaña.
Porque la continuidad de estas reformas no puede depender únicamente de los funcionarios que las diseñan e impulsan. No es justo con ellos. Sin políticos que la traduzcan a la población, que las hagan un activo en campaña, que sirvan de músculo para seguir avanzando contra las resistencias, la reforma no está garantizada y puede revertirse en forma tan silenciosa como ha avanzado. Buenas noticias, pero hoy la continuidad depende de muchos otros actores capaces de blindar los cambios desde la sociedad y la política.
Por: Eduardo Dargent. En: larepublica
