Funcionarios de Derechos Humanos de Perú renuncian tras indulto a Fujimori

Los funcionarios que dimitieron de sus cargos son: el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez, además del secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre paz, reparación y reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez; y la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de esa comisión, Katherine Valenzuela.

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Lima, 26 dic (Andes).- Tras el indulto presidencial concedido al expresidente Alberto Fujimori, los funcionarios del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Perú renunciaron a sus cargos

Los funcionarios que dimitieron de sus cargos son: el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez, además del secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre paz, reparación y reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez; y la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de esa comisión, Katherine Valenzuela.

Rodríguez manifestó que Fujimori “no calificaba para la concesión de un indulto humanitario”, mientras que Sánchez aseguró que le “resulta insostenible permanecer en la institución y, en un contexto así, vergonzoso, representar a una oficina que dialoga permanentemente con las víctimas”.

De su parte, Valenzuela se excusó señalando que no podía mantener la representación del Ministerio de Justicia “cuando intercambie con un familiar de alguna persona desaparecida o ante una comunidad arrasada por la violencia”.

La víspera de Navidad, el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto humanitario, lo que ha generado manifestaciones de protesta en todo el país por el pacto con el fujimorismo.

Esta acción se dio pocas horas después de que el mandatario se salvara de su destitución en el Congreso por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, gracias a la abstención de diez diputados fujimoristas.

El expresidente fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrada a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

Agencias/Jb/gc

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