Día: 14 diciembre, 2016

Por el incremento de egresados universitarios de carreras vinculadas a la gestión pública en el país, es importante establecer un marco legal que regule de manera integral el uso de las modalidades formativas laborales en el sector público para ampliar la oferta de estas en el Estado, señala una de las principales conclusiones del informe “Desafíos de las modalidades formativas laborales en el Perú”, publicado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

El informe agrega que las modalidades formativas laborales – contempladas en la Ley Nº 28518 – son convenios suscritos para el aprendizaje teórico y práctico de una persona mediante tareas de capacitación y formación profesional, antes de su ingreso a planillas. Solo están reguladas para las empresas y entidades sujetas al régimen laboral de la actividad privada.

“Actualmente, las entidades públicas con regímenes laborales distintos al privado no cuentan con una norma general que regule el uso de modalidades formativas laborales”, puntualiza Cynthia Su, Gerenta de Políticas de Gestión del Servicio Civil de Servir.

En el régimen laboral privado, existen siete modalidades: aprendizaje con predominio en la empresa, prácticas preprofesionales, prácticas profesionales, capacitación laboral juvenil, pasantía en la empresa, pasantía de docentes y catedráticos y actualización para la reinserción laboral.

Según el informe de Servir, durante el año 2015, las empresas y entidades registraron 60,506 convenios de modalidades formativas laborales ante la Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT), de los cuales el 58% fueron prácticas preprofesionales y 34% prácticas profesionales. El año 2014 se registraron 62,299 convenios mientras que el 2013, se registraron 63,069.

“Cuando se declaró el número de beneficiarios de modalidades formativas laborales en la planilla electrónica del 2015, se registraron 33 mil beneficiarios, por lo que existiría una brecha de cerca de 27 mil beneficiarios no declarados, considerando que la declaración en planilla electrónica y el registro del convenio de modalidades formativas laborales debieran coincidir”, señala Cynthia Su.

Una explicación posible de dicha brecha – según el informe – es que, en promedio, se estarían registrando dos convenios de modalidades formativas laborales al año por cada beneficiario, cada uno con una duración semestral. La otra posibilidad es que, en promedio, los beneficiarios de modalidades formativas laborales permanecerían un semestre en el mismo puesto.

No obstante, esta brecha se eleva sustancialmente cuando se analiza el mercado potencial de las prácticas preprofesionales. “En el país, existen alrededor de 221,000 potenciales beneficiarios de prácticas preprofesionales (promedio de alumnos matriculados en el último año de carrera universitaria).

”Sin embargo, solo 19,000 han sido declarados como beneficiarios de esta modalidad en la planilla electrónica, considerando a los sectores público y privado formal, a pesar de poder ser un requisito para obtener el grado académico de bachiller exigido por las universidades”, puntualiza el informe.

Agrega que la brecha es de, al menos, 200,000 personas, considerando los potenciales beneficiarios de las prácticas preprofesionales y los beneficiarios declarados ante la Autoridad de Trabajo.

“Es importante evaluar las causas de la brecha observada y supervisar el uso adecuado de las modalidades formativas laborales”, recomendó el informe de Servir.

Asimismo, Cynthia Su señaló que Servir viene trabajando una propuesta de regulación integral del uso de las modalidades formativas laborales en el sector público, la cual se enmarcará en los principios meritocráticos establecidos en la Ley del Servicio Civil. Dicha propuesta pronto se hará pública con el fin de recibir comentarios de los principales agentes vinculados a la materia.

En: gestion.pe