Día: 2 abril, 2015

“¿La nueva ley de libertad religiosa de Indiana hará posible la discriminación a los homosexuales?”. Eso le preguntaron en la cadena de televisión estadounidense ABC al gobernador Mike Pence al menos seis veces y no dio una respuesta directa.

“Es una pregunta de sí o no”, le insistía el veterano periodista George Stephanopoulos, sin obtener el pronunciamiento.

“Déjeme explicarle, esto no es sobre discriminación, es sobre dar poder a la gente contra los excesos de los gobernantes”, acertó a decir Pence.

“Sí o no, ¿debería ser legal discriminar a gays y lesbianas?”, terminó su entrevista Stephanopoulos.

“Estás siguiendo el mantra de la última semana en internet”, se quejó Pence protagonista de un terremoto político desde que firmó la polémica nueva “Ley de Restauración de la Libertad Religiosa”.

El gobernador probablemente hablaba de la etiqueta #boycottIndiana que llamaba desde la red social Twitter a un bloqueo al estado para forzar un cambio en la norma.

Y en un artículo escrito para el diario The Wall Street Journal el gobernador fue más tajante. La ley ha sido “groseramente malinterpretada” como antigay, defendió.

“Aborrezco la discriminación”, escribió el gobernador, rechazando las acusaciones de que la ley vulnere los derechos de los homosexuales y transexuales.

Sin embargo, las alcaldías de San Francisco y Seattle prohibieron a sus funcionarios viajar a Indiana y en contra de la ley se han pronunciado desde las empresas locales que la ven perjudicial para los negocios porque manda un mensaje discriminatorio, a ejecutivos de grandes compañías como Jeremy Stoppelman, de Yelp, o Tim Cook, de Apple.

También han expresado su desagrado prominentes figuras públicas como la exsecretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton o el actor Ashton Kuchner.

Y cientos de personas se concentraron el sábado pasado ante el parlamento estatal para protestar con carteles que decían “No al odio en nuestro estado”.

“Ley de trato justo para todos”

Los críticos de la norma, sobre todo activistas homosexuales, consideran que la ley de Indiana es una forma de garantizar el amparo de los estados a prácticas discriminatorias.

Eso, como una forma de preparar el terreno antes de que, a finales de junio, la Corte Suprema se pronuncie sobre la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Además de pedir que sea derogada la norma, los activistas a favor de los derechos de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (GLBT) quieren que se apruebe una norma que impida la discriminación de las minorías y en concreto por razón de la orientación sexual.

Human Rights Campaign (HRC), la mayor organización de defensa de los derechos de GLBT se expresó a favor de aprobar la “Ley de trato justo para todos en Indiana”.

HRC ve su iniciativa como una solución “para parar el daño causado por la nueva anti-GLBT ley de discriminación religiosa”.

“Todos en Indiana merecen un trato justo y equitativo sin importar quién es o a quién ama”, dijo el presidente de HRC, Chad Griffin.

“Si el gobernador Pence es serio sobre enviar el mensaje correcto y asegurar que la ley no es usada para discriminar a los homosexuales en su estado, entonces ahora es el momento de demostraron apoyando esta ley”.

En su propuesta, HRC busca actualizar las normas contra la discriminación y proteger a los homosexuales así como clarificar que la ley de libertad religiosa no puede ser usada contra ninguna minoría.

Dispuestos a matizar

Sin embargo, el gobernador Pence defiende que no es necesaria una ley contra la discriminación para contrabalancear los posibles efectos de la de libertad religiosa.

Sin embargo, sí se mostró abierto a una que clarifique que su contenido no puede ser usado para discriminar a minorías.

Y en eso están en el Legislativo estatal, según anunciaron en comparecencia conjunta este lunes los presidentes de la Cámara de Representantes estatal, Brian Bosma, y del Senado, David Long.

Bosma se refirió a los cuestionamientos de si la norma estaba diseñada o tendría como efecto el de discriminar a los homosexuales para insistir: “La respuesta es no”.

“Esa no es la intención o el diseño de la ley. No, no es el efecto. Estamos preparados para impulsar a nuestros colegas legisladores a tomar acción inmediata para clarificarlo”, dijo el parlamentario.

Agregó que estudian diferentes opciones, una de ellas, impedir que la norma pueda usarse como defensa ante una acusación de discriminación en la denegación de servicios.

Bosma reconoció que su “mayor preocupación” son los cuestionamientos “tanto de partidarios como de detractores de la ley de que puedan denegarse servicios por la orientación sexual”.

“No creemos que ese sea el efecto. No ha pasado en ningún lugar del país”.

¿En Indiana es diferente?

Y es que según el senador Long: “Esta misma ley ha estado en los libros del gobierno federal por más 22 años”.

“También es ley estatal en 31 estados y nunca ha permitido que se discrimine a nadie”, agregó.

Efectivamente, no es la primera –ni la última, Arkansas la tiene en trámite– ley que en Estados Unidos ofrece una especie de derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos.

Sin embargo, los detractores de la norma aseguran que el de Indiana es un caso diferente.

La de Indiana, como la de Carolina del Sur, otorga ese derecho también a las empresas.

Eso es algo que a lo que no alude la ley federal así como está explícitamente prohibido en las de Luisiana y Pensilvania.

Otro elemento, como explica en la revista The Atlantic Garrett Epps, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Baltimore, está en que la norma de Indiana nace como una defensa contra demandas tanto de privados como de entidades públicas.

Para Epps, eso es importante después de la decisión de una corte en Nuevo México respecto al caso de un estudio que se negó a hacer las fotos de la boda de una pareja homosexual.

“La Corte Suprema de Nuevo México estableció que la ley federal de libertad religiosa no aplicaba ‘porque el gobierno no era parte'”, afirma Epps.

“Poco después, las palabras encontraron su camino dentro de la norma de Indiana para asegurar que ninguna corte pueda adoptar una decisión similar”.

Y eso en un estado donde no hay ley contra la discriminación por orientación sexual.

Es decir, para los activistas a favor de los derechos de los homosexuales, una empresa podría alegar motivos religiosos para negarse a ofrecer servicios a un homosexual y éste no tener amparo legal para defenderse.

Y aunque los republicanos de Indiana aseguran que se disponen a aclarar que eso no está en el espíritu de la ley, el gobernador Pence no responde cuando se le pregunta directamente.

En: BBC

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