¿ES VIABLE EL PERÚ COMO PAÍS?

Efraín Gonzales de Olarte

La crisis política peruana, que tiene ya varios años, ha tenido un punto de inflexión cuando el ex –presidente Pedro Castillo cometió un inexplicable intento de convertirse en dictador. El 7 de diciembre se confirmó la inviabilidad del Perú como país y como nación, puesto que, en los últimos cincuenta años, ni gobiernos de derecha ni de izquierda han logrado integrar a los peruanos, para que se sientan parte de un colectivo compartido, de “nuestro” país y no -como la mayor parte de la población- como país ajeno, un país de los otros. El resultado de esta crisis es la escisión del Perú, por lo menos en dos “Perús”.

¿Por qué diciembre del 2022 sería un momento de inflexión en la historia de este país en ciernes? Nunca antes, había llegado al poder un peruano salido de las clases más populares, con precaria educación, de origen verdaderamente provinciano, de un pequeño pueblo de Cajamarca una de las regiones más pobres del Perú. El profesor rural Pedro Castillo encabezó la lista de un “partido político” provinciano con un confuso ideario de un marxismo anacrónico, para llegar al gobierno. Todos los anteriores gobernantes han provenido de las élites políticas, empresariales, militares o intelectuales, es decir de sectores socio-económicos de mayores ingresos, niveles educativos superiores, no siempre limeños (A. Toledo, V. Paniagua, J. Velasco) y con organizaciones políticas más o menos organizadas o con las fuerzas armadas como sustento del poder.

En verdad, la llegada del profesor de escuela Pedro Castillo al poder ha sido el resultado de una profunda crisis de representación política, caracterizada por la atomización política y por la casi desaparición de los partidos doctrinarios, razón por la cual pudo llegar al gobierno con sólo 18.9% de votos en la primera vuelta y ganar por 40mil votos a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Fue casi como una definición por penales. Es decir, llegó al poder por la confluencia de una serie de circunstancias,   que se fueron gestando en los últimos nueve años, aunque con orígenes antiguos que provienen del “auto golpe” de 1992 del gobierno de Alberto Fujimori y de su aversión a los partidos políticos y aún más allá en el tiempo, de la herencia colonial que escindió al Perú en dos: los colonialistas y los colonizados, dualismo que sólo cambió de actores y nombres durante la historia peruana y que ahora aparece nuevamente de manera dramática.

Obviamente, para el Perú urbano y limeño la elección de Castillo fue un resultado difícil de digerir, pues generó incertidumbre por varias razones.  Por un lado, vino representando a un pequeño partido provinciano cuyo propietario, Vladimir Cerrón, es un médico formado en Cuba e investigado por la justicia, cuyo partido no tenía un plan de gobierno propiamente hablando, sino un ideario escrito con la ayuda de algún manual de marxismo del siglo pasado, que proponía cambios que llevarían al Perú a ser un país comunista-socialista tipo Cuba. Por cierto, el Perú que venía de tener una experiencia de 30 años de neoliberalismo, las propuestas del ideario de Perú Libre generaron pánico en muchos sectores. Por otro lado, Pedro Castillo aparecía, más bien como un invitado de ocasión para encabezar la plancha presidencial, pues las aspiraciones de Perú Libre eran muy modestas: lograr un mínimo de votos para seguir vigente como partido político y, de pronto, sacar uno o dos congresistas. Esto hizo que la campaña electoral llevada a cabo por Castillo se caracterizara por un discurso populista en los pueblos más alejados, donde los otros candidatos no llegaron y donde llegaba prometía resolver los problemas del lugar, lo que tuvo dos efectos: los lugares con mayores carencias votaron por él –por ejemplo: el sur peruano que es la región más pobre-  y lo vieron como un representante genuino, es decir se identificaron con él, pues era uno como ellos.

Su llegada al poder hizo más transparente las grandes desigualdades socio-económicas que tiene el Perú, tanto de los sectores sociales como de las regiones y localidades, que se tradujeron en múltiples pedidos de gasto e inversión pública. Era obvio que un gobierno de corte izquierdista tenía que ser, por lo menos, redistribucionista, pero esto no lo entendieron ni Castillo ni Perú Libre, pues no estaban preparados para proponer una política económica y social de este corte, no tenían ni las ideas ni los cuadros para hacerlo.

Las cosas fueron por otro camino más antropológico. Su origen social, más la precaria organización de Perú Libre y los problemas judiciales de su líder, llevaron a Castillo a gobernar sobre tomando en cuenta sus pequeñas bases sociales: primero su familia, sus amigos y vecinos de Chota y algunos cajamarquinos, los amigos de su familia o vecinos, y los “cuadros” proporcionados por Vladimir Cerrón. Obviamente, el resultado se tradujo en un clientelismo familiar y chotano, que a la postre terminó en un uso de los recursos del Estado para beneficio de su entorno cercano -cosa que también hicieron los gobiernos anteriores- pero que en este caso fue demasiado evidente, fueron muy transparentes en sus actos de corrupción y la prensa, sobre todo conservadora, se ocupó de llevar la cuenta de estos manejos, dada la animadversión que le tuvieron desde el triunfo de Castillo en la primera vuelta electoral.

El problema mayor es que debido a la prioridad dada a su entorno y la casi absoluta ausencia de un norte en las políticas económicas y sociales, el gobierno de Pedro Castillo fue un rosario de desaciertos tanto en la elección de sus ministros y otros funcionarios, que a la postre debilitaron las acciones del Estado, dando la sensación de una precariedad nunca antes vista. El haber tenido ochenta ministros en un año y medio de gobierno, da una idea de la improvisación de aquel gobierno. No era un gobierno de izquierda sino un gobierno inepto.

Paradójicamente, dicha precariedad e inestabilidad no afectó el desempeño de la economía peruana, pues hace más de 25 años que el ciclo económico está divorciado del ciclo político, lo que obviamente favoreció a Castillo, pues, pese a no tener políticas claras y mostrar un tortuoso manejo del aparato público, la economía peruana siguió creciendo y la inflación estuvo controlada, salvo obviamente durante los dos años de la pandemia del COVID 19. Curiosamente, dichos resultados provienen del modelo económico primario-exportador y de servicios (PESER) heredado del fujimorismo, de la autonomía del Banco Central de Reserva y de los organismos reguladores. Cuestiones que Castillo prometió liquidar durante su campaña electoral.

Un aspecto no menor en el ex –presidente, fue su limitada capacidad de comunicación y de diálogo con el periodismo, que se vio reflejada en aquella penosa entrevista de CNN en enero del 2022, razón por la cual sus asesores le aconsejaron no enfrentar a la prensa y establecer otros medios de comunicación, para entrar en contacto con la población. Para ello, se establecieron los consejos descentralizados de ministros, a los cuales invitaban selectivamente a sus auditorios, obviamente afines el presidente, donde fiel a su estilo sindicalista y de candidato permanente siguió prometiendo resolver los problemas de la población, a sabiendas que con su gobierno no sería posible resolverlos. En el mejor estilo populista, se fue convirtiendo a fuerza de su ineptitud en un demagogo que fue creando ilusiones a sus votantes. Pero lo más importante es que, gracias a estas reuniones fue generando una corriente de opinión en las poblaciones de las provincias, el ser un presidente cercano a los problemas del “pueblo” y se dio maña para transmitir la idea de que la derecha, el Congreso y la prensa conservadora no lo dejaban gobernar. Es así como creó una opinión favorable a él, basada en que era un gobernante del pueblo, uno como ellos, que los grandes poderes no lo dejaban gobernar. Su ineptitud y la pobreza de sus distintos gabinetes ministeriales fueron escondidos tras de su conversión de víctima de un sistema que no soportaba que un maestro provinciano de modesto origen fuera presidente del Perú. El efecto social más importante es que su gobierno polarizó la sociedad, al extremo de ir generando un dualismo socio-económico creciente.

Sin embargo, dicha conversión caminó de manera paralela con las denuncias e investigaciones de una serie de hechos de corrupción que lo involucraban a él, su familia, a su entorno más cercano y a algunos de sus ministros. Prueba de ello es que algunos familiares y ex funcionarios investigados por la fiscalía o se han fugado o están en la clandestinidad. Por ello, hay quienes opinan que el “golpe de estado” tuvo como objetivo parar todas las investigaciones sobre corrupción que le había iniciado el Ministerio Público, de ahí que en su mensaje a la nación no sólo disolvía el Congreso, sino que intervendría en la Fiscalía, el Poder Judicial y pidió a un edecán suyo que detenga a la Fiscal de la Nación, quien la comenzó a investigar a él. La verdad es que no sólo fue incompetente como presidente, pero también fue incompetente para manejar la corrupción que promovió y para dar el golpe de Estado.

Tras de su intento de golpe de Estado y de su deseo de convertirse en dictador al estilo Maduro u Ortega, no sorprendió que un tercio de la población se identificara con él y pidiera su reposición, bajo la idea de que había sido una víctima. Para los que lo apoyan la corrupción era apenas un pecado venial, que además habría que probar. No lo habían dejado gobernar a uno como ellos.

El episodio siguiente fue la asunción al gobierno de la vicepresidenta Dina Boluarte que tuvo dos circunstancias, que a la postre confundieron a buena parte de la población. La primera es que Pedro Castillo al irse contra la Constitución anunciando su golpe de estado, automáticamente quedaba inhabilitado para seguir gobernando, en consecuencia, el Congreso debía invitar a la Vicepresidenta para que asumiera la presidencia, tal como señala la Constitución. La segunda es que el Congreso en un acto innecesario –dado que Castillo había dejado de ser presidente por ir contra la Constitución-  aprobó teatralmente la vacancia del presidente, por incapacidad moral con 103 votos de los 130 posibles. La interpretación de estos sucesos hizo que, para buena parte de la población -sobre todo de las regiones fuera de Lima- Castillo había sido destituido por el Congreso y que Dina Boluarte había sido favorecida por su destitución, en consecuencia, era una traidora. Lo cierto es que se creó una narrativa basada en el papel del Congreso, que estuvo enfrentado a Castillo durante todo su gobierno, como el causante de la caída de Castillo y Dina Boluarte como la cómplice del Congreso. Ella en su discurso de entronización como presidenta no aclaró porqué llegaba a la presidencia de manera constitucional y no tomó distancia de la decisión del Congreso de vacar a Castillo, que a todas luces había aprovechado del golpe, para encontrar finalmente una causal de vacancia, aunque innecesaria institucionalmente hablando.

Después que el expresidente Castillo fuera puesto en prisión preventiva, las protestas se fueron generalizado en todo el Perú, llegando a una violencia indeseada, con muertos civiles por balas de la policía y del ejército, pero también con muertes de la policía hechas de manera feroz. Las consignas son: que se cierre el Congreso, que renuncie la actual Presidenta Dina Boluarte, que se convoque a nuevas elecciones y se incluya un referéndum para crear una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución.

La imagen que había transmitido Castillo, a partir de su estilo de gobierno fue creída por una población con muy poca información, una bajísima capacidad de discernimiento político y mucha identificación de nivel básico, es decir apoyo al vecino, al pariente a alguien como uno, que había prometido el oro y el moro, y que como no lo dejaron gobernar no pudo cumplir con sus promesas. No importa que haya recibido dinero para ascender oficiales o para nombrar gente en ciertos cargos, pues esto lo habrían hecho todos los gobiernos anteriores y, para sus partidarios, esto no era causa de su vacancia por el Congreso. Además, buena parte de los que piden elecciones inmediatas y piden una nueva Constitución, no la han leído, por lo que su postura no tiene que ver con las reglas que norman la democracia peruana, sino con la incapacidad de lo que denominan la “clase política”, el Congreso y el olvido de las regiones por el Estado. Es decir, lo que interesa analizar son los resultados sociales y económicos del sistema político y económico y, éstos, han sido bastante exiguos con los sectores más populares y con las regiones más pobres.

El sur peruano: Puno, Apurimac, Cusco, Arequipa, Ayacucho son las regiones con mayores protestas y tomas de carreteras, que es el mecanismo para paralizar las actividades, sin embargo, son movimientos espontáneos de pobladores rurales, mezclados con agitadores provenientes de grupos radicales de izquierda y de sectores ilegales como el narcotráfico, la minería y tala ilegal, el contrabando que no proceden de una organización conocida o que tenga liderazgos visibles. Es una marea de descontento gatillada por la salida de un presidente como ellos, pero sobre todo por el pobre desempeño de las instituciones del Estado –salud, educación, servicios públicos, infraestructura- y por la pobreza, el subempleo y la informalidad en que vive la mayor parte de la gente.

La informalidad en el Perú, caracterizada porque el 70% de la población tiene un empleo informal, pero que sólo contribuye a crear el 20% del producto nacional, es un problema de fondo tanto económico, social y político. Es el telón de fondo de la crisis actual. Desde el punto de vista económico la informalidad es sinónimo de bajas productividades y, en consecuencia, de bajos ingresos y empleos precarios, es decir de pobreza y de ausencia de un futuro mejor. Desde el punto de vista social, la informalidad, al no generar relaciones de trabajo y de producción estables, no genera el tejido social necesario para el progreso en sociedad, es decir, no se logran formar gremios, sindicatos, asociaciones, que tengan intereses comunes, los informales bailan con su propio pañuelo. Desde el punto de vista político, los informales no logran ser integrados por el Estado para ser favorecidos por la seguridad social, las pensiones de jubilación, pero sobre todo los informales no tienen razones para organizarse políticamente y, obviamente, van a votar por el que les ofrezca algo o se parezca a ellos. Como el Estado peruano es chico, como fruto del ajuste estructural de los años noventa, no tiene capacidad de reducir las desigualdades y de dar mayores oportunidades para las grandes mayorías. La informalidad es la forma más moderna del dualismo y de la falta de integración socio-económica en el Perú.

Bajo esta perspectiva, las protestas actuales son en realidad un llamado de atención para tener un Estado que se ocupe de ellos y los integre. La informalidad es el mejor camino a la desintegración social. Por estas razones, estos movimientos de protesta no tienen interlocutores con quienes el gobierno podría dialogar para lograr algún acuerdo, por ello la salida política es bastante incierta y el Perú puede estar al borde del colapso social, la anomia o ad-portas de un golpe militar.

La crisis actual ha exacerbado la fragmentación de la sociedad peruana, que se traduce en la creciente confrontación entre Lima y el resto del país, que la descentralización no ha logrado encauzar, por otro lado, la gran informalidad laboral y económica resultado de la poca capacidad de integrar del modelo de desarrollo peruano (primerio-exportador y de servicios) y de un estado relativamente chico e ineficaz, que es a todas luces incompetente para resolver no sólo las diferencias económicas sino también las diferencias sociales y culturales. El gobierno de Castillo y su golpe de Estado, finalmente han develado la precariedad del Perú como país.

EPÍLOGO

Es evidente que la salida de la crisis política y social que vive el Perú, pos golpe de estado de Castillo, no se ha de corregir en el corto plazo y de pronto ni siquiera en el mediano plazo, pues los problemas del Perú son muy grandes y complejos: una sociedad fragmentada tanto social  regionalmente y culturalmente, grandes desigualdades socio-económicas, informalidad,  atomización política, un modelo económico que no tiene capacidad de generar suficiente empleo “decente”, un Estado pequeño e ineficaz corroído por la corrupción, y un sistema educativo dual incapaz de promover la igualación social. Son problemas que requieren una suerte de refundación del país.

En el corto plazo, se avizoran tres escenarios: un gobierno de transición que logre convocar a elecciones en el corto plazo, un golpe de Estado militar o una anomía social, es decir, la situación actual como forma de supervivencia social sin futuro. Dados estos problemas el Perú no parece ser un país viable, salvo que se dé algún milagro social o político, o como dice el viejo dicho de Manuel Prado, en el Perú los problemas se resuelven solos o no se resuelven. En esta ocasión no parecen existir mecanismos de solución.

Lima, enero 2023