REFORMA CONSTITUCIONAL, CONGRESO Y DESCENTRALIZACIÓN

Efraín Gonzales de Olarte[1]

La reforma constitucional que está en proceso, propone tener dos cámaras (diputados y senadores) y pretende cambiar la representación de la población en el congreso de manera territorial (regiones y provincias). Es una buena ocasión para conectar el estado con la economía de manera descentralizada, con el propósito de promover un desarrollo descentralizado y redistributivo, además de consolidar el sistema democrático descentralizado.

La idea central que propongo es relacionar las economías regionales y locales con el Estado peruano a través de un nuevo sistema de representación en el gobierno nacional, de tal manera que en el Congreso de la República los diputados y senadores representen a los habitantes de las regiones económicas, para que se den iniciativas legislativas, se fiscalice y se promueva una coordinación del gobierno central con los gobiernos regionales y locales.

La economía fiscal se basa en los impuestos que cobra el estado en sus diferentes niveles de gobierno. Es decir, depende de la base tributaria de cada lugar del país y ésta, a su vez, se basa en la economía regional y local, es decir una región con altos niveles de producción y de ingresos ha de generar los impuestos necesarios para financiar el gasto público tanto nacional como regional y local. Por ello, es imprescindible que la representación política no sólo tome en cuenta aspectos sociales y políticos, sino también que represente los intereses económicos de las poblaciones asentadas en las distintas regiones y localidades del Perú.

Dadas las funciones vigentes de los gobiernos regionales y locales, los primeros deben promover el desarrollo regional, sobre todo a través de la inversión pública y en estrecha asociación con el sector privado. Los segundos deben promover el bienestar de la población local a través de las funciones municipales establecidas. En consecuencia, es importante los aspectos económicos macro-regionales tengan una voz en el Congreso, sobre todo en el senado, y los intereses locales lo tengan en la cámara baja, de tal manera que haya una representación de estos niveles de población en el legislativo para mejorar la supervisión, la coordinación y la promoción del desarrollo regional y del desarrollo humano. Esto además permitiría mejorar la coordinación con al gobierno central, en la medida que los representantes de las regiones provincias tendrían acceso a los altos niveles del gobierno y, en general, del estado.

Por ello, la reforma constitucional debería definir no sólo el número de senadores y de diputados que representen a regiones y provincias, sino también las funciones de ellos en su conexión con sus representados regionales y provinciales, además de su relación con los gobiernos regionales y locales. Es decir, la reforma constitucional debe contribuir a redefinir las relaciones del congreso con los pobladores de las regiones y las provincias, así como con los gobiernos sub-nacionales. Esto permitiría mantener el carácter unitario establecido en la Constitución del Perú y, al mismo tiempo, permitir un ejercicio parlamentario con una proyección descentralizada, de tal manera que el congreso nacional cumpla mejor sus funciones en favor de las regiones y provincias.

El siguiente tema es cómo definir las regiones para que sus senadores respondan a las necesidades de la población regional y a los intereses económicos de cada región. Para ello es necesario pensar en economías regionales, definidas como espacios geográficos de dos o más departamentos, con una o más ciudades de más de 500 mil habitantes, con poblaciones de más de 2 millones de habitantes y, sobre todo, con un mercado regional donde se produce, intercambia y consume entre 2/3 y 4/5 de la producción de la región. Es decir, estamos hablando de economías articuladas territorial y económicamente que tienen potencialidades para crecer y desarrollarse y que tienen una demanda interna con escalas suficientes para promover la inversión, con acción concertada de los tres niveles de gobierno y del congreso.

Obviamente las 25 regiones definidas actualmente (los ex – departamentos) no tienen los requerimientos necesarios. Por ello y basado en nuestros estudios[2] proponemos 9 “regiones integradas”: 1. Piura-Tumbes, 2. Lambayeque-Cajamarca-Amazonas, 3. La Libertad-Ancash, 4. Ica-Ayacucho-Huancavelica, 5. Arequipa-Moquegua-Tacna-Puno, 6. Junín-Pasco-Huánuco, 7. Cusco-Apurímac-Madre de Dios, 8. Loreto-San Martín- Ucayali, 9. Lima-Callao.

Así, el número de representantes en las dos cámaras debería estar en función de la población y del número de electores por cada región. Si fuere así, en el siguiente cuadro presentamos dos hipótesis, A. Una representación política de 130 (30 senadores y 100 diputados) y B. Otra con 180 (120 diputados y 60 senadores), distribuida en las 9 regiones integradas, con sus respectivos números de representantes por región.

Un tema adicional que quedaría por definir es el reparto de senadores y diputados en cada región. Se puede seguir el criterio anterior, sin embargo, para que la representatividad sea equitativa, la hipótesis B de 120 diputados y 60 senadores, es la que más se adecúa, pues cada región actual (ex –departamento) debería tener por lo menos un senador y los diputados serían elegidos en listas agregadas por regiones, de tal manera que los candidatos tengan la obligación de conocer las necesidades de su región actual y de las otras a la que pretende representar. Queda claro que tener dos cámaras con el mismo número de representantes actuales (130) no es ni técnicamente aceptable y menos políticamente viable.

Finalmente, el peso de Lima-Callao se ve en el número de senadores y diputados, sin embargo, resulta siendo minoría frente a la representación regional.

[1] Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú

[2] Ver: Efraín Gonzales (2003): “Lineamientos económicos y políticos para la ley de incentivos para la conformación e integración de regiones”, en: Walter Alejos (compilador): Regiones Integradas, Fondo Editorial del Congreso del Perú