Las universidades públicas tienen recursos limitados para mejorar la formación de sus alumnos y casi nada para la investigación. El no dotarles de más recursos fiscales y de una política de largo plazo es propio de quien considera la educación pública un gasto antes que una inversión. Esto es un error.

Esta semana ha sido notorio que varias universidades han publicado avisos en periódicos pidiendo que los recursos, que ellas generan por iniciativa propia, no se utilicen para mejorar los sueldos de los catedráticos y piden al gobierno que estos aumentos se hagan con transferencias corrientes.

Este hecho es realmente insólito por dos razones: 1. Porque en países que aspiran a llamarse emergentes, como el Perú, los gobiernos hacen todo lo posible para incrementar los recursos de sus universidades –públicas y privadas- pues consideran que el verdadero desarrollo sólo se logra con más investigación en ciencia y tecnología y con mejores profesionales. Ejemplo: Brasil, Chile, China, México. 2. Porque el Estado peruano tiene hoy más recursos fiscales que nunca y, paradójicamente, no tiene capacidad de gasto, sin embargo chicanea a las universidades.

Es pues un absurdo pedir a las universidades públicas que comiencen a generar fuentes de ingreso si quieren que sus profesores ganen más. Esto en la práctica es ir a una privatización solapada, pero además es una pésima idea si se piensa en desarrollo de largo plazo. No sé a quien se le ha ocurrido que las universidades públicas tienen capacidad de generar recursos económicos, más allá de los derechos por examen de ingreso que cobran y que es su fuente adicional de ingresos. Ir más allá es imposible. Sólo sería posible si: 1. Las universidades tuvieran capacidad de generar recursos para la investigación, para lo cual debería existir un sector privado que demande investigaciones aplicadas a sus negocios, esto en el Perú no se da. 2. El sector público tuviera una política de promover la investigación, como lo hacen México o Brasil. 3. Si las universidades públicas comenzaran a cobrar pensiones como en el caso de Chile, pero esto equivaldría a su privatización.

Es obvio, que este gobierno y el Estado peruano no tienen una política para la Educación Superior, que convierta a las universidades en agentes del desarrollo de largo plazo.

Lima, 1 de octubre 2012