La educación es un servicio público, como tal, es prestado por el Estado, sin embargo, también los particulares pueden prestar los servicios educativos como hemos observado a lo largo de los años; sin embargo esta servicio de los particulares tiene que responder a una serie de normas, reglamentos y leyes, que buscan supervisar y regular la actividad educativa por parte del Estado.

En este marco, el INDECOPI ha sancionado a seis reconocidos colegios privados de la capital por prohibir la entrega de libretas de notas a los padres y alumnos que no han pagado la pensión mensual, o en su defecto, los que tienen meses debiendo a los colegios. La sanción impuesta por la autoridad administrativa es de 112.6 UIT (unidades impositivas tributarias), equivalente a S/ 456 030 (cuatrocientos cincuenta y seis mil treinta soles).

Sin duda alguna, esta práctica se ha realizado por mucho tiempo en los colegios privados y solo, a raíz del desarrollo de los derechos del consumidor, así como el fomento de su práctica y una cultura de consumo, se han podido conocer ante la Comisión y Sala, sendos casos de abusos contra el derecho de educación de los menores, estructurado no solo a nivel de mercado, sino como derecho fundamental, en el marco de la política pública nacional.

Un punto que debemos rescatar es la violación a diversas normas, no solo las establecidas en el Código de Protección al Consumidor sino también en la Ley de Protección a la economía familiar y Ley de Colegios Privados, de tal manera que todas estas prácticas están ya sancionadas por la Ley, y los colegios siguen realizando este tipo de prácticas abusivas, llegando a conocerse casos donde se les prohibía a los alumnos el ingreso al colegio por adeudar pensiones.

Desde luego estas prácticas nos demuestran que la educación en el país aún tiene un largo camino por recorrer para que sea prestada de manera garantista, eficiente y que se le brinde a los alumnos una calidad educativa completa, tanto el aspecto cognitivo como metacoginitvo, y a su vez, se les pueda brindar a los padres la seguridad de que sus hijos se están formando adecuadamente y no van a sufrir restricciones o privaciones en el proceso formativo.

Recordemos que la educación es un valor que los padres reconocen, y como tal, depositan su confianza y el futuro de sus hijos en un determinado colegio, porque están seguros que recibirán la mejor educación; se presta a los hijos al colegio, para que en el colegio puedan alcanzar su máximo potencial, y en este punto, las expectativas de los padres, también son un derecho que debe protegerse y salvaguardarse.

El Estado no puede descuidar su función tutelar y de supervisión, tampoco los privados pueden contravenir normas de orden o carácter público, no por           que se busque que el Estado restrinja la libertad privada, sino porque existen valores superiores que se deben defender y reivindicar.

Es tarea del INDECOPI continuar con sus labores de inspección, no solo para detectar casos de pensiones, sino también para sancionar sobre prácticas concertadas de textos, abuso y violencia a los escolares, cláusulas abusivas en la contratación educativa, entre otros supuestos.

Debemos recordar que el 82% de las denuncias en materia de educación son aplicadas de oficio, mientras que un porcentaje menor provienen de los mismos padres, evidenciando no solo un desconocimiento en sus derechos como consumidores, sino peor aún, que estos derechos no se hacen valer ante la autoridad.

Desde nuestra palestra, alentamos a los colegios, tanto públicos como privados, a prestar atención a su verdadera función como educadores y formadores de futuros ciudadanos, proscribiendo toda práctica abusiva, humillante o discriminatoria hacia los alumnos, menores de edad que se encuentran en pleno proceso formativo, toda vez que lo único que resulta de accionar, es el incremento de la extensa brecha de desigualdad e injusticia social que existe en nuestro país. Esto jamás lo permitiremos. A continuar trabajando.