Vaticano busca ser referente mundial en gestión financiera

3:00 p.m. | 8 set 25 (RVN/ZN).- Tres momentos recientes marcan el rumbo de la política económica en el Vaticano: mayor transparencia, eficiencia en la gestión y cuidado de las familias. Se han actualizado las normas de contratos públicos, se presentó el balance del patrimonio y se han fortalecido los derechos de trabajadores. Son avances que continúan el legado de Francisco y que, bajo León XIV, buscan reforzar la credibilidad institucional. El reto será sostener estos pasos frente al déficit estructural.

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El Vaticano ha dado en las últimas semanas tres pasos significativos en el camino de la reforma económica y administrativa que comenzó bajo el pontificado de Francisco. Se trata de nuevas normas para la adjudicación de contratos, la publicación del balance de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) y un rescripto que actualiza los derechos laborales de las familias que trabajan en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Aunque distintos en su contenido, los tres reflejan un esfuerzo común: avanzar hacia una gestión más transparente, eficiente y humana, en la que el rigor económico vaya de la mano con la doctrina social de la Iglesia.

Las medidas sobre contratación pública responden a un objetivo de largo plazo: cerrar espacios a la corrupción y a los intereses particulares mediante procedimientos claros, verificables y compartidos entre los organismos vaticanos. El balance de la APSA, por su parte, muestra una administración más profesional y con mejores resultados, capaz de sostener con mayor fuerza las necesidades de la Santa Sede, aunque todavía persiste el desafío del déficit estructural y de la sostenibilidad de las pensiones. Finalmente, las reformas laborales introducen una dimensión pastoral que ancla estas transformaciones en la vida concreta de las familias vaticanas, otorgando más derechos parentales y apoyos a quienes cuidan de hijos con discapacidad.

En conjunto, estas decisiones confirman que la reforma económica del Vaticano se mueve en dos planos complementarios: por un lado, la corrección de fallas históricas de opacidad e ineficiencia; por otro, la búsqueda de un modelo institucional que equilibre la responsabilidad financiera con la dignidad del trabajo y de las familias. El camino iniciado por Francisco aún tiene tramos pendientes —en especial el déficit y las pensiones—, pero los avances recientes muestran que la agenda de León XIV busca consolidar lo ganado y proyectar el futuro con mayor claridad y credibilidad.

León XIV destierra del Vaticano los contratos a dedo a empresas

Vía libre de León XIV para continuar aterrizando la reforma económica de Francisco en lo que a la adjudicación de contratos públicos del Vaticano se refiere. Se ha publicado un Decreto de la Secretaría de Economía, que incluye el Reglamento para actualizar e implementar la Carta Apostólica sobre la transparencia en contratos públicos, publicada el 1º de junio del 2020 y modificada por la posterior Carta Apostólica en forma de motu proprio Para mejor armonizar del 16 de enero de 2024.

Compuesto por ocho secciones y 52 artículos, el nuevo reglamento representa el trabajo de varios departamentos del Vaticano y también tiene la finalidad de poner en práctica la constitución apostólica Praedicate evangelium, que renovó el funcionamiento de la Curia Romana. Las autoridades afirman que el objetivo es preservar los principios de transparencia, competencia leal e igualdad de trato para los licitadores, a la vez que se eliminan los obstáculos burocráticos que pueden retrasar los proyectos.

Con este nuevo documento, el Papa agustino respalda y avala de alguna manera la gestión del español Maximino Caballero, prefecto económico de la Santa Sede, cargo que equivale a un ministro de Economía. Y es que, el articulado de la nueva normativa otorga a la Secretaría de Estado un papel determinante como órgano supervisor y también como agente sancionador en caso de que no se cumpla el proceso planteado. Así, a través de todos y cada uno de los supuestos que se exponen a lo largo de la legislación vaticana de estreno, se busca acabar con las asignaciones a dedo de los contratos de compra, esto es, con el tráfico de influencias y la malversación.

El código actualizado no es solo un ejercicio de limpieza administrativa, sino que refleja el compromiso constante del Vaticano con los valores de la doctrina social de la Iglesia. Estos incluyen la equidad en las transacciones económicas, la administración responsable de los recursos y la promoción de la eficiencia y la optimización sin comprometer los estándares éticos. El equilibrio entre una supervisión rigurosa y la simplicidad procesal se plantea como un objetivo central, de modo que las decisiones de contratación sean transparentes y prácticamente ejecutables, evitando retrasos excesivos o burocracia.


Proceso de selección

Además, el motu proprio deja claro que ningún ente vinculado de una u otra manera al Vaticano y a la Santa Sede puede saltarse los procedimientos de contratación o adjudicación establecidos. También, se detalla de forma exhaustiva cómo ha de llevarse a cabo cualquier tipo de convocatoria, el proceso de selección, la publicación de los pliegos correspondientes, cuáles son las operaciones que han de presentarse de forma manuscrita y cuáles de forma digital.

Por ejemplo, en el caso de los procedimientos de compra centralizados, será la APSA quien los lleve a cabo, en tanto que es el organismo del Vaticano encargado de la gestión y administración de los bienes y el patrimonio económico de la Santa Sede. En todos los demás casos, la solicitud se presenta a la Institución que posee permanentemente el documento cuya exhibición se solicita.


Tribunal supervisor

En cualquier caso, se detalla cómo, antes de tomar cualquier decisión, debe llevarse a cabo la correspondiente evaluación del mercado y de los proveedores a través de un tribunal, así como el consiguiente control de facturas. De la misma manera, el articulado del motu proprio también aborda los posibles conflictos de intereses y las incompatibilidades que puedan surgir en este tipo de contratos. Por ejemplo, se explicita que “los operadores económicos ofertantes declaran comprometerse, también en nombre y por cuenta de los demás operadores que participen conjuntamente en el procedimiento y por un período de cinco años desde la adjudicación de los mismos, no asumir ni celebrar contratos de colaboración de ningún tipo con los empleados de la entidad que lanzó la licitación”.


Valorar las candidaturas

En este tanteo de las empresas, se exige llevar a cabo un estudio sobre su volumen de negocios, relación entre activos y pasivos, cobertura de seguro contra los riesgos profesionales, acceso adecuado a formas de financiación bancaria o de otro tipo. A la par, se contempla la cancelación y suspensión de cualquier tipo de operación por deficiencias en la prestación del correspondiente servicio, así como las pertinentes inspecciones y solicitudes de aclaración, o la modificación de contratos en el curso de la ejecución.

Para no dejar margen a que se lleve a cabo operación alguna que quede al margen de la supervisión de la autoridad económica vaticana, se desarrolla incluso un proceso para compras de bajo valor y de “procedimiento de extrema urgencia”, que deberá documentarse “según los modelos adoptados y actualizados por la Secretaría de Economía”. Además, se incluye un apartado centrado en las transacciones inmobiliarias en el que se explica, por ejemplo, que la tasación de los bienes será realizada por el personal técnico de la APSA.

Al reforzar sus normas y modernizar los procedimientos, el Vaticano espera fomentar una mayor confianza —internamente entre sus oficinas y externamente con los contratistas—, a la vez que garantiza que los recursos financieros y materiales sirvan a la misión de la Iglesia con responsabilidad y prudencia.

LEER. Normativa actualizada completa (solo italiano)

VIDEO. Un paso más en la transparencia del Vaticano: adjudicación de contratos

APSA: Mayor contribución a las necesidades de la Santa Sede

Un beneficio extraordinario -62,2 millones de euros (más de 16 más que en 2023)- pero también una aportación extraordinaria -46,1 millones de euros (más de ocho de los 37,93 millones de 2023)- para cubrir las necesidades de la Santa Sede y el déficit de la Curia Romana. Estas son las cifras que destacan en el Presupuesto 2024 de APSA, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. “Uno de los mejores presupuestos de los últimos años”, comentó a los medios vaticanos su presidente, el arzobispo Giordano Piccinotti.

Este último, es el quinto presupuesto (tras la publicación del primero para 2020) que hace público el organismo instituido en 1967 por Pablo VI para gestionar los bienes muebles e inmuebles de la Santa Sede. Gracias a su autonomía jurídica, la Administración provee al sostenimiento de la Santa Sede. Un servicio que ha atravesado, no sin dificultades, la fase COVID-19, durante la cual la APSA se ha convertido en una realidad “proactiva” y “voluntarista” también en el modo de administrar el patrimonio que se le ha confiado.


Cubrir las “necesidades” de la Santa Sede

El “cambio” es aún más notable en el último balance, donde se hace hincapié en el crecimiento de la rentabilidad, no como un fin en sí mismo, sino para garantizar una mayor capacidad de contribuir a las necesidades de la Santa Sede. Y, por tanto, a la misión de la Iglesia y del Papa. “APSA cumple con su deber”, subraya Piccinotti, “vamos a dar una cobertura importante a las necesidades financieras de la Curia”.

Las “necesidades” financieras de la Curia, que ascienden a 170,4 millones, se refieren a los gastos financieros que APSA soporta para la Santa Sede, es decir, la suma de los salarios y la compra de bienes y servicios. Con una contribución fija de 30 millones y una contribución variable (50% sobre el beneficio residual) de 16,087 millones, el importe total de las contribuciones de la APSA a la Curia asciende por tanto a 46,087 millones. “Un beneficio extraordinario, pero también una contribución extraordinaria”, afirma Piccinotti.


Beneficios y gestión de valores

En cuanto a los beneficios, el presidente recuerda que en el plan trienal elaborado hace cuatro años el objetivo era de 50 millones de euros. El superávit registrado en el balance de hoy es, por tanto, una satisfacción, fruto sobre todo de una mejor administración de los bienes muebles e inmuebles, más orientada a la valorización que a la reducción de gastos o la venta. Todo ello de acuerdo con los procesos de “racionalización, transparencia y profesionalidad”.

“No es un punto final. Mi abuelo decía que no se pueden obtener más de 15 kg. de cerezas de un cerezal. Aquí casi lo hemos conseguido, pero sin duda hay margen de mejora y la gestión ya es muy buena. Es una demostración de no quedarse quieto”, explica además Mons. Piccinotti. “No se trata sólo de alquilar los inmuebles vacíos; en los últimos años ha habido una reestructuración nada desdeñable de la gestión inmobiliaria que nos ha permitido alquilar a precios de mercado. Esto aporta recursos suplementarios… Además, APSA trabaja de forma ética, de modo que todos los procesos están formalizados y son trazables”.

Todos los detalles se encuentran en las 34 páginas del balance, que ofrece una visión general de las dos grandes operaciones de gestión confiadas a APSA (valores e inmuebles). En cuanto a la primera, cabe señalar que, durante los meses de marzo y abril de 2024, se aplicaron las directrices del Comité de Inversiones de la Santa Sede, que, entre otras indicaciones, ordenó que las inversiones se realizaran en SMA (Separated Managed Accounts). Algo parecido a los fondos comunes de inversión, pero propiedad de la Santa Sede.

Esta política dio lugar a una importante reorganización de la cartera de inversiones que, por un lado, permitió preservar el valor de los activos en un momento de contracción del mercado; por otro, tuvo un impacto positivo en la fase posterior de reinversión. Gracias a un buen timing, visión y estrategia, APSA logró una rentabilidad de gestión de 8,51 puntos porcentuales. “En otras palabras, vendimos cuando el mercado estaba alto y compramos cuando estaba bajo. Esto dio lugar a un resultado muy elevado”. Es decir, 10 millones más que el año anterior.


Gestión inmobiliaria e impuestos

En cambio, el resultado de la gestión inmobiliaria se mantuvo prácticamente invariable con respecto a 2023: 35,1 millones. Es el resultado de un “efecto combinado” entre lo positivo de los mayores ingresos de las propiedades APSA en Italia (+ 3,2 millones de euros) y los de las empresas participadas en Italia y en el extranjero (+ 0,8 millones de euros), y lo negativo (- 3,9 millones de euros) de los mayores costes generados por las propiedades APSA (de los cuales 3,8 millones de euros solo para mantenimiento).

No obstante, el documento destaca algunas novedades, como la asunción de los bienes del Dicasterio para las Iglesias Orientales, el acuerdo con el Vicariato para la donación de edificios de culto y la creación de “paquetes de unidades” para reducir las vacantes. También están en marcha iniciativas de remodelación para aumentar el atractivo comercial de los activos, licitaciones para la gestión del mantenimiento y una revisión de los formatos contractuales.

Hasta la fecha, existen 4.234 unidades inmobiliarias gestionadas por APSA en Italia: 2.866 propiedad de la propia Administración (1.367 de uso residencial, 395 de uso comercial); 1.368 propiedad de otras entidades. Cabe señalar a este respecto, también a la luz de las falsas narrativas, que APSA paga impuestos directos e indirectos sobre los bienes inmuebles en territorio italiano. En 2024, se pagaron 6 millones de euros por IMU y 3,19 millones de euros por IRES. El sector inmobiliario también se gestiona a través de filiales en Inglaterra (British Grolux Investments), Francia (Sopridex), Suiza (Profima) e Italia (Società Agricola San Giuseppe, Società Edile Leonina, Sirea, Immobiliare Css).


Un “trabajo para los demás”

Entre los puntos importantes del presupuesto sigue figurando el relativo a los servicios prestados, que absorben cerca del 40 % de los recursos humanos. “Un trabajo para los demás”, subraya de nuevo el Presidente. “La Administración no sólo contribuye a la Santa Sede con su beneficio, sino que también contribuye a la misión de la Iglesia prestando servicios que APSA apoya pero de los que se benefician otras entidades”. Un ejemplo es la contabilidad y el mantenimiento de las Nunciaturas.


Energía renovable y perspectivas de futuro

La última parte del informe traza finalmente los proyectos iniciados y continuados en 2024 y mira al futuro con ideas y propuestas para las que se están comprometiendo “tiempo y energía”. Entre ellos destaca el proyecto Fratello sole (Hermano Sol), la construcción de una planta agrovoltaica en Santa Maria di Galeria (lugar visitado el 19 de junio por el papa León XIV) para lograr ejemplos de transición energética mediante el apoyo a las energías renovables. “Los proyectos que se realicen en 2025”, explica Piccinotti, “también tendrán que conducir a la mejora de la cobertura del déficit”.

VIDEO. La reforma económica -y judicial- de Francisco (abril 2025)

Reforma laboral para familias que trabajan en el Vaticano

En una iniciativa que subraya el compromiso del Vaticano con la dignidad de la vida familiar, León XIV aprobó una profunda actualización de las políticas laborales para los empleados del Estado de la Ciudad del Vaticano, otorgando mayores derechos parentales y nuevos beneficios a las familias que cuidan de niños con discapacidad. Las medidas, anunciadas mediante un decreto, reflejan el esfuerzo de la Santa Sede por alinear su normativa laboral interna con la visión pastoral que ha defendido durante mucho tiempo en todo el mundo.

Firmado por Maximino Caballero Ledo, Prefecto de la Secretaría de Economía, el Rescripto se basa en las recomendaciones del Consejo de la ULSA, un organismo que reúne a representantes de diversos departamentos del Vaticano, la Gobernación y sus empleados. El Papa respaldó formalmente las propuestas tras una reunión con Caballero, otorgando a las reformas su aprobación directa.

Un aspecto central de las nuevas disposiciones es el reconocimiento de los padres como cuidadores activos. Por primera vez, los empleados del Vaticano tendrán derecho a cinco días laborables de baja por paternidad con goce de sueldo tras el nacimiento de un hijo. Estos días pueden disfrutarse de forma consecutiva o por separado, pero deben utilizarse dentro del primer mes tras el nacimiento. Las autoridades enfatizan que el salario completo se aplica durante todo el período, sin pérdida de las prestaciones por antigüedad.

Los padres de niños con discapacidades graves también verán cambios significativos. El decreto les otorga tres días laborales remunerados al mes, que pueden disfrutarse conjuntamente, para dedicarlos al cuidado de su hijo, siempre que no se encuentre en una residencia a tiempo completo. Para garantizar que este tiempo se destine exclusivamente a las necesidades familiares, se prohíbe el trabajo externo durante estos días, salvo autorización expresa de la autoridad competente.

La determinación de la elegibilidad para estas prestaciones recaerá en la Junta Médica de la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano. Sus decisiones, aclara el documento, son definitivas y vinculantes. Una vez reconocida la discapacidad, la familia —o en algunos casos los pensionistas del Vaticano— tendrá derecho a un subsidio familiar, ampliando el alcance de la ayuda financiera más allá de los empleados en activo.

El Rescripto también actualiza las normas generales sobre los subsidios familiares. Las familias ahora podrán recibir apoyo para los hijos mayores de 18 años que aún estén terminando la educación secundaria, hasta los 20 años, y para quienes cursen estudios universitarios o equivalentes reconocidos por la Santa Sede, hasta los 26 años, siempre que presenten comprobante de matrícula.

Las autoridades vaticanas describen las reformas como algo más que un ajuste administrativo. Las consideran una aplicación concreta de la doctrina social católica, en particular del legado de la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII de 1891, que defendía los derechos de las familias trabajadoras y afirmaba que el trabajo debía servir al bien del hogar. Si bien los desafíos que enfrentaban los trabajadores de las fábricas del siglo XIX difieren de las realidades de los empleados de los microestados actuales, el principio sigue siendo el mismo: el bienestar de la familia es inseparable de la dignidad del trabajo.

Al extender estos derechos dentro de sus propias fronteras, el Vaticano envía una clara señal a los gobiernos e instituciones de todo el mundo: promover un entorno laboral humano y favorable a la familia no es solo una cuestión de política, sino de responsabilidad moral.

Con esta reforma laboral, junto a la modernización de los procedimientos de contratación y la publicación transparente de balances financieros, el Vaticano perfila una estrategia integral de reformas bajo el pontificado de León XIV. Se trata de un esfuerzo que busca no solo responder a exigencias técnicas o económicas, sino también encarnar la dimensión ética de la misión de la Iglesia en el mundo.

LEER. Rescripto completo (italiano)

VIDEO. Vaticano amplía el permiso de paternidad de cinco días a todos los dependientes

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