Megajuicio en el Vaticano cierra fase preliminar
10:00 p.m. | 11 jul 23 (RNS/ED).- Durante dos años, el “juicio del siglo” en el Vaticano, en el que 10 acusados -entre ellos un cardenal- se enfrentan a cargos de fraude y corrupción en una turbia operación inmobiliaria, ha sido testigo de un centenar de testimonios que denuncian chantajes y vínculos escandalosos. Ahora, se espera la siguiente etapa los próximos días de julio cuando los fiscales vaticanos expondrán sus alegatos de acusación y se detallarán los cargos contra los imputados. Se calcula que la defensa en el caso no comenzará por lo menos hasta octubre. El rigor que se aplique en este juicio podría ser muestra de la reforma de la curia que impulsa el Papa.
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A mediados de junio, una audiencia puso fin a la fase preliminar del juicio, que inició en julio de 2021. El 18 de julio, los fiscales del Vaticano protagonizarán la siguiente fase del juicio. Se espera que el fiscal principal, Alessandro Diddi, presente los cargos formales contra los acusados y detalle las turbulentas maniobras en torno a una inversión de la Iglesia en una propiedad de lujo en el ostentoso barrio londinense de Chelsea, que acabaría dilapidando millones de euros de fondos vaticanos, incluido dinero destinado a los pobres. Se espera que la defensa comience no antes de octubre, cuando el juicio entrará en su tercer año.
Las raíces del escándalo se remontan a 2019, cuando el Instituto Vaticano para las Obras de Religión, o Banco Vaticano, alertó de una sospechosa solicitud de préstamo por parte de la Secretaría de Estado del Vaticano para obtener la plena propiedad de los inmuebles londinenses de primera categoría. Los fiscales argumentan que empresarios italianos actuaron en complicidad con funcionarios vaticanos de la mencionada secretaría para defraudar a la institución católica más de 200 millones de euros.
Las últimas sesiones en junio se centraron en cuestiones procesales, que han sido una piedra en el zapato de los fiscales. Los abogados defensores se han quejado de que el sistema de derecho penal del Vaticano, inspirado en su mayor parte en una versión del código penal italiano que data de 1889, carece de las protecciones legales contempladas en los sistemas de derecho modernos.
Los equipos jurídicos que defienden al cardenal Angelo Becciu y a Fabrizio Tirabassi, ambos ex funcionarios de la Secretaría de Estado, pidieron que se introdujera más documentación como prueba, especialmente elementos relacionados con los estados financieros del Banco Vaticano y de otras instituciones financieras del Vaticano. Los abogados de Raffaele Mincione, que vendió la propiedad de Londres a la Iglesia y está acusado de malversación y fraude, entre otros delitos, también pidieron a los jueces que soliciten más documentos, pidiendo que se les entreguen los contratos oficiales firmados por el Vaticano y entidades financieras como Credit Suisse.
Los jueces denegaron en la última audiencia ambas peticiones, afirmando que existe documentación suficiente para que el caso avance a la siguiente etapa. Los abogados de Tirabassi y Enrico Crasso, gestor de inversiones de la Santa Sede durante muchos años, pidieron que se excluyera del proceso el testimonio del financista italiano Gianluigi Torzi, que también figura entre los acusados en el proceso y, por tanto, no puede ser considerado testigo.
Torzi actuó como intermediario en la operación que permitió a la Secretaría de Estado hacerse con la plena propiedad del inmueble. Los fiscales vaticanos acusaron a Torzi de chantaje cuando se negó a renunciar a las acciones del fondo propietario del inmueble a menos que le pagaran 15 millones de euros por sus servicios financieros. Torzi acusa a Crasso y Tirabassi de intento de chantaje y amenazas de muerte. Los abogados de ambos se impusieron, y los jueces vaticanos decidieron sobre el final de las audiencias que el testimonio de Torzi contra los demás acusados del caso no se tendrá en cuenta en el juicio.
Para el papa Francisco no se trata de un evento secundario, pues del rigor con el que se desarrollará este juicio dependerá en buena parte la credibilidad de la reforma de la Curia, que ha llevado adelante en estos casi diez años de pontificado, hoja de ruta que habían establecido los cardenales que le eligieron obispo de Roma. Teniendo en cuenta los retrasos y las apelaciones, el calendario publicado por el tribunal para los alegatos finales apunta a que el veredicto llegará probablemente a mediados del año que viene, más de tres años después del inicio del proceso.
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¿Cómo avanzó el caso en los últimos meses?
Según fue avanzando la investigación, encomendada a la Oficina del Fiscal del Vaticano (compuesta por tres fiscales) y a la sección de Policía Judicial del Cuerpo de la Gendarmería del Vaticano, el Papa dio indicación de que se juzgara el caso, garantizando la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo sin contemplaciones por la posible dignidad eclesial de los acusados. Las investigaciones arrojaron nuevas dudas, como la asignación de fondos que el cardenal Becciu parece haber canalizado desde la Secretaría de Estado a una cooperativa social controlada por sus hermanos en Cerdeña.
También se estudia el motivo por el cual el cardenal Becciu pagó 500 mil euros a Cecilia Marogna, experta en relaciones internacionales. Según el purpurado italiano fueron fondos destinados a la liberación de la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada por yihadistas en Mali. Las facturas de Marogna dicen que parte de ese dinero lo gastó en bolsos, zapatos y otros accesorios de lujo, suscitando el interés de los investigadores. Marogna se defiende afirmando que esos artículos sirvieron para lograr apoyos entre esposas de personajes africanos influyentes capaces de ayudar en la liberación. El propio Becciu ha hecho frecuentes llamamientos al papa Francisco a lo largo del proceso judicial, intentando conseguir la intervención papal en su favor e hizo que miembros de su familia grabaran en secreto al papa hablando de asuntos confidenciales de Estado en una llamada telefónica.
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Los acusados
Por el momento, en el juicio hay diez acusados, entre los que destaca el nombre del cardenal Becciu. Otros de los acusados son antiguos funcionarios del Vaticano, como el abogado suizo René Brülhart (anterior presidente la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano), monseñor Mauro Carlino (sacerdote y anterior secretario del cardenal Becciu), Tommaso Di Ruzza (antiguo director de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano), y Fabrizio Tirabassi (empleado de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado).
Los otros acusados son corredores financieros y mediadores en la operación del edificio de Londres: Enrico Crasso (corredor financiero que administró inversiones para la Secretaría de Estado durante décadas), Raffaele Mincione (corredor financiero que supuestamente hizo que la Secretaría de Estado suscribiera grandes partes del fondo de la propiedad en Londres, y luego usó ese dinero para sus propias inversiones especulativas), Gianluigi Torzi (corredor a quien el Vaticano pidió poder salir del fondo propiedad de Mincione), y Nicola Squillace (un abogado involucrado en las negociaciones). La última acusada es la ya mencionada Cecilia Marogna.
El gran acusado: Becciu
Si el juicio ha alcanzado tanta relevancia, en parte, se debe a la dignidad del más alto acusado, el cardenal Giovanni Angelo Becciu, nacido hace 74 años en Cerdeña. No es un cardenal más. Procedente de la carrera diplomática, tras ser ordenado arzobispo y nombrado nuncio apostólico en Cuba, impresionado por sus gestiones, Benedicto XVI le nombró secretario para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. Este cargo suele describirse como el “número 3” del Vaticano, tras el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Ahora bien, en su desempeño ordinario, tiene un papel incluso más activo, ya que es el único colaborador que despacha diariamente con el Papa.
Cuando Francisco fue elegido sucesor del apóstol Pedro, en 2013, le confirmó en este cargo, convirtiéndose en la persona que diariamente afrontó con el Pontífice argentino las cuestiones cotidianas. Como es lógico, este contacto hizo que trabaran una amistad que culminaría en mayo de 2018, cuando el Papa lo creó cardenal, asignándole la prefectura de la Congregación para las Causas de los Santos. Se entiende así el disgusto de Francisco al recibir las acusaciones de los investigadores. El Papa convocó al cardenal Becciu, el 24 de septiembre de 2020, para notificarle ipso facto su renuncia al cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a los “derechos vinculados a la dignidad cardenalicia”.
Esta decisión del Papa buscaba dejar a la justicia vaticana avanzar libremente. Esto no ha impedido a Francisco tener gestos de cercanía hacia su antiguo colaborador caído en desgracia, como sucedió el Jueves Santo de 2021, día de la Eucaristía, en el que el Papa decidió celebrar la misa privada en su apartamento del Vaticano.
En todo momento, el cardenal Becciu se ha declarado inocente de las acusaciones en su contra, y ha admitido su voluntad de defenderse con todos los medios posibles. Francisco ha liberado al cardenal Becciu y a todos los acusados en el proceso del secreto pontificio, al que están sometidos por cargo los funcionarios vaticanos, para que en su defensa puedan aducir todas las informaciones útiles.
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Los testigos
En los últimos meses, las audiencias del proceso han ofrecido a los periodistas auténticos fuegos artificiales, con la comparecencia de tres testigos de excepción. Por una parte, monseñor Alberto Perlasca, quien fue colaborador del cardenal Becciu como responsable administrativo de la Secretaría de Estado hasta 2019 y que, aunque investigado, no fue imputado por haber ayudado en las pesquisas. Su testimonio desde hace meses ha sido decisivo para los investigadores.
La otra testigo que se presentó a declarar es Genoveffa Ciferri, de 74 años, amiga de los padres de monseñor Perlasca, y antigua colaboradora de los servicios secretos italianos como analista, quien ante el tribunal aseguró que este “desde hace años tiene bajo su puño” a Perlasca, que ejerció “presión psicológica” para que tuviera cuidado en sus declaraciones ante el tribunal. También ha testificado Francesca Chaouqui, de 41 años, antigua relaciones públicas de Ernst & Young, conocida en el Vaticano por haber sido consultora en la reforma económica de la Santa Sede, condenada en 2016 por el tribunal vaticano por la filtración de documentos confidenciales en el caso Vatileaks2. Se presentó en el tribunal, el 13 de enero, reconociendo que ha tratado de influir en la declaración de monseñor Perlasca por venganza contra el cardenal Becciu.
Algunos relatos para sumergirse en el caso
El vínculo Mincione – Torzi
Gianluigi Torzi fue designado por la Secretaría de Estado para transferir la propiedad del edificio londinense, el cual fue adquirido a través de una serie de empresas holding anidadas en las Islas Anglonormandas, a través de su propia empresa holding en Luxemburgo, Gutt SA. Torzi está acusado de extorsionar a la Santa Sede con millones de euros por el control del edificio después de reestructurar las acciones de Gutt para quedarse con el control de la empresa, y por tanto del edificio, incluso después de transferir la propiedad mayoritaria al Vaticano.
En una de las últimas audiencias, Raffaele Mincione -financista que vendió a la Secretaría de Estado el edificio londinense, acusado en el juicio por cargos de malversación, fraude, blanqueo de dinero y abuso de poder- dijo que remitió una lista de gastos y honorarios a Torzi, que incluía “comisiones” para terceros, como medida “defensiva” después de que Crasso y Perlasca cuestionaran sus peticiones de fondos y le “calumniaran”. Refiriéndose a Torzi como “el nuevo líder de la gestión” del edificio, Mincione dijo que confió en él para garantizar que se atenderían las peticiones de pago tras una ruptura de la confianza entre Mincione y la secretaría.
The Pillar ha informado anteriormente de que Mincione invirtió dinero del Vaticano en productos de deuda comercializados por Torzi, algunos de ellos con vínculos con empresas afiliadas a la mafia. Torzi, a su vez, utilizó sus empresas para prestar a Mincione decenas de millones de euros durante el mismo periodo.
Los indicios del cardenal predecesor a Becciu en la Secretaría
En mayo, el tribunal escuchó las declaraciones del cardenal Fernado Filoni, predecesor de Becciu como sostituto de la Secretaría hasta 2011, cuando fue nombrado prefecto de la entonces Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Filoni fue interrogado sobre el papel de Fabrizio Tirabassi, que mantenía contactos con varios bancos suizos en nombre del Vaticano como parte de su trabajo en la oficina administrativa de la secretaría. Filoni confirmó que, como sostituto, había autorizado a Tirabassi a actuar como apoderado de la secretaría ante los bancos porque, según dijo al tribunal, la Santa Sede necesitaba un representante legal designado.
Filoni confirmó que era consciente de que, como parte de su función, la contraparte le había ofrecido a Tirabassi algunos “descuentos” como contraprestación por el volumen de transacciones financieras que realizaba para el Vaticano a través del banco. Pero, según Filoni, no había sido informado de los detalles, ni de que eso significaba que Tirabassi podía ganar millones de euros en comisiones del banco por dirigir los negocios del Vaticano a través de él. Si hubiera conocido los detalles del acuerdo del administrador con el banco, Filoni dijo que habría planteado serias objeciones, y que había supuesto que Tirabassi actuaría en el mejor interés del Vaticano “ya que era nuestro empleado, contratado por nosotros, [para] trabajar a favor de la Secretaría de Estado”.
¿Cómo se involucra en el caso la familia de Becciu?
En las últimas semanas, los jueces declararon ilegítima la ausencia continuada del padre Mario Curzu, de la diócesis de origen de Becciu, en Cerdeña. Curzu ha sido citado en repetidas ocasiones para ser interrogado por el tribunal, junto con el hermano del cardenal Becciu, en relación con las acusaciones de malversación de fondos contra el cardenal, entre otras cosas por la canalización de un total de 250.000 euros en fondos de la Iglesia enviados a cuentas bancarias controladas por su hermano, aparentemente destinados a Spes Coperative, una organización benéfica de Cerdeña, y a la rama local de Cáritas.
Curzu es el director de la rama local de Cáritas. Ambos no se han presentado a declarar en repetidas ocasiones. Durante la vista del jueves, el juez jefe Guiseppe Pignatone declaró que la excusa más reciente de Curzu de que no podía asistir a la audiencia debido a “compromisos pastorales particularmente intensos” era “engañosa”. El cardenal Becciu declaró al tribunal a principios de este año que para él era una “práctica normal” transferir cientos de miles de euros de cuentas vaticanas a cuentas bancarias personales de familiares y que “nunca pretendió que un euro, ni siquiera un céntimo, que [él] hubiera gestionado o incluso simplemente conocido, fuera desviado, mal utilizado o destinado a fines que no fueran exclusivamente institucionales”.
Pero a pesar de esa afirmación, la policía financiera italiana había identificado recibos de entrega falsificados de casi 20 toneladas de pan, que supuestamente Spes entregaba a las parroquias para su distribución entre los pobres. En noviembre del año pasado, los fiscales del Vaticano informaron al tribunal de que sus homólogos italianos habían encontrado los recibos falsificados entre las casi 1.000 páginas de documentación que habían examinado. Cuando se presentó el papeleo para las supuestas entregas, nadie reconoció las firmas en los documentos, dijeron los fiscales, y la policía financiera italiana concluyó que fueron creados semanas antes de las búsquedas policiales y destinados a cubrir supuestas entregas que se remontan a 2018, para las cuales no existen otros registros.
Tanto el hermano del cardenal Becciu como el padre Curzu están siendo investigados por las autoridades italianas en Cerdeña como parte de su investigación sobre el asunto. Fuentes cercanas a la fiscalía han dicho previamente a The Pillar que el sacerdote y el hermano de Becciu se niegan a comparecer porque les preocupa que se les hagan preguntas que los habrían dejado con la disyuntiva de implicarse en actividades delictivas o hacer declaraciones falsas que podrían haber sido utilizadas en su contra por los fiscales italianos.
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Fuentes
Religion News Service / El Debate / The Pillar / Videos: Rome Reports – El Debate / Foto: CNS – Vatican Media
