Transparencia impulsada por el Papa permite juicio sin precedente en el Vaticano

6:00 p.m. | 9 jul 21 (LN/RNS).- El 27 de julio comenzará en el Vaticano el juicio por corrupción, estafa y malversación de fondos, contra el defenestrado cardenal Angelo Becciu y otras nueve personas. El proceso es resultado de una larga investigación, ambos impulsados por Francisco y su reforma para limpiar las finanzas vaticanas, después que saliera a la luz una inversión irregular en un inmueble de lujo en Londres, gestionada desde la Secretaría de Estado. El caso no tiene precedentes en la Santa Sede, ya que durante siglos los errores o delitos de la jerarquía vaticana se resolvían a puerta cerrada.

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Cuando los historiadores escriban sobre los intentos del papa Francisco de reformar las finanzas de la Santa Sede, su decisión de permitir el enjuiciamiento de un cardenal de alto rango por presuntas irregularidades se juzgará como un punto de inflexión crítico. El cardenal Angelo Becciu, que fue el equivalente al jefe de gabinete papal durante siete años, está siendo procesado junto con otras nueve personas tras una larga investigación sobre una desastrosa inversión de más de 300 millones de dólares de la Santa Sede en una propiedad de lujo en Chelsea.

Esto no tiene precedentes. Nunca antes se había procesado a un cardenal del Vaticano de esta manera por irregularidades financieras, y envía un mensaje de que la responsabilidad por estos casos se aplica independientemente del rango clerical. Becciu no es un cardenal cualquiera, ya que ocupó el cargo de sustituto entre 2011 y 2018, un puesto de gran autoridad e influencia. Dado su rango de cardenal, solo podía ser acusado con la aprobación del Papa, ya que la decisión de proceder a un juicio se produjo tras la eliminación de los privilegios legales de los cardenales y obispos del Vaticano.

Aunque Francisco ha introducido leyes para atajar la corrupción, prevenir los conflictos de intereses y ha reforzado el sistema de regulación que supervisa la actividad financiera del Vaticano, la falta de juicios a las altas personalidades por delitos ha sido una crítica persistente. En otras palabras: está bien promulgar leyes y reglamentos, pero hay que hacerlos cumplir. “La decisión de celebrar el juicio y procesar a un cardenal de alto rango es realmente importante y muy alentadora”, dijo Tom Camoys, un veterano banquero británico y ex asesor financiero del Vaticano, a la revista The Tablet. “Demuestra que ya no se protege a los individuos, y eso es importante, ya que la reputación del Vaticano había estado en peligro”.

“Uno de los problemas es que los miembros del clero que ocupan puestos de responsabilidad no siempre han sido debidamente informados de lo que suponía su función cuando se trataba de la supervisión financiera. Es un problema vinculado a un sistema obsoleto”, comentó Camoys. La mala gestión de la operación de Londres llevó a Francisco a ordenar el traspaso de la gestión de los bienes de la Secretaría de Estado a la APSA (Administración del Patrimonio de la Santa Sede), donde el doctor Fabio Gasperini, con 25 años de experiencia trabajando en servicios financieros, ocupa el puesto de número dos, siendo el primer funcionario no ordenado en un cargo tan alto.

Los acusados

Además de Becciu, acusado de peculado, abuso de poder, complicidad y de soborno –a quien Francisco obligó a renunciar a sus cargos y derechos cardenalicios el 24 de septiembre del año pasado- los imputados son nombres ya conocidos, que dan la idea de la entidad del escándalo y de sus añejas raíces. Se trata de monseñor Mauro Carlino, jefe de la oficina de información y documentación de la Secretaría de Estado, que fue durante años secretario personal del cardenal Becciu; el financista romano Enrico Crasso, de 73 años, que por casi tres décadas manejó las inversiones de la Secretaría de Estado; Tommaso Di Ruzza, exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), el ente encargado de vigilar que no haya reciclaje o movimientos de dinero sospechosos; su jefe, el abogado suizo René Brüelhart, expresidente de la AIF.

También, Fabrizio Tirabassi, funcionario de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado, que al parecer tuvo un rol protagónico en el asunto, tanto es así que cobraba “fees” del banco UBS de acuerdo al volumen de transacciones y si conseguía nuevos clientes; los turbios brokers italianos Raffaele Mincione y Gianluigi Torzi (este último arrestado en junio del año pasado y luego liberado bajo fianza, “cantó” todo lo que sabía a la justicia del Vaticano); Nicola Squillace, el abogado de estos dos últimos personajes; y Cecilia Marogna, apodada “la dama del cardenal”, acusada de recibir sumas millonarias para actividades de inteligencia jamás realizadas e irá al banquillo por el delito de peculado. Además, estarán en el banquillo cuatro empresas -HP Finance LLC, ligada a Crasso; Logsic Humanitarne, a Marogna; Prestige Family Office SA; y Sogenel Capital Investment-, que fueron utilizadas como pantallas.

Información de la investigación

En las 500 páginas del sumario de acusación, elaborado por el promotor de Justicia, los delitos imputados son varios y dan la idea del escándalo. Estos son fraude, peculado, abuso de poder, apropiación indebida, reciclaje y autoreciclaje, corrupción, extorsión, publicación de documentos reservados, falsificación de documentos. En nombre de la transparencia que desde el principio buscó Francisco, el Vaticano dio acceso a las 500 páginas de documentos, testimonios e interrogatorios recolectados por los fiscales. En el sumario de acusación, parecido a una novela criminal, los magistrados del Vaticano constataron que la Secretaría de Estado utilizó “fondos recibidos para actividades benéficas, por su naturaleza no susceptibles de ser usados por fines especulativos, para operaciones de elevadísimo riesgo financiero y con fines ciertamente incompatibles con los de los originarios donantes”. Es decir, el Óbolo de San Pedro.

Las inversiones non “sanctas” se remontan a junio de 2013 y febrero de 2014, con Jorge Bergoglio recién electo, cuando su sustituto (heredado de Benedicto XVI) era monseñor Angelo Becciu. Entonces, el broker Mincione –presentado en el Vaticano por Crasso-, a través de complicadísimas operaciones financieras –que pocos entendían en el Vaticano-, le “vendió” a la Secretaría de Estado la inversión –que resultó totalmente fallida- de parte de un edificio en Londres, no solo a un precio desproporcionado, sino que además, con una deuda. Cuando el prelado venezolano Edgar Peña Parra sucedió a Becciu en el cargo de sustituto, en octubre de 2018, se desayunó con el agujero negro provocado por la inversión de Londres, que intentó arreglar.

En ese marco, dada la complejidad de la operación, fue estafado y extorsionado por Mincione y Torzi, que le pidieron comisiones millonarias para arreglar la intrincada situación. Entonces su superior directo, el cardenal Pietro Parolin, número dos del Papa, sin darse cuenta de la entidad del fraude, firmó documentos que avalaban esas operaciones. Lo novedoso es que más tarde, en mayo de 2020, irrumpió en el asunto el cardenal Becciu –entonces titular de la Congregación para las Causas de los Santos-, quien, pese a que ya había una investigación en curso, intentó “desviarla de forma pesada”. ¿Cómo? Trató de readquirir el edificio de Londres por más de 300 millones de libras esterlinas, a través de un exparlamentario de Forza Italia (el partido de Silvio Berlusconi), Giancarlo Innocenzi, un diplomático italiano, Giovanni Castellaneta y Marco Simeon, personaje turbio de la época del cardenal Tarcisio Bertone.

Y hay más. Tal como había salido a la luz, en el sumario también hay un capítulo dedicado a “lady Marogna”, la amiga sarda del cardenal Becciu que, entre diciembre de 2018 y julio de 2019, recibió a través de un empresa pantalla radicada en Eslovenia giros por 575.000 euros. Un dinero que, en teoría, servía para operaciones de inteligencia para rescatar a una monja secuestrada, pero que en la práctica fueron gastados en artículos de marca y hoteles de lujo. Finalmente Becciu, que fue durante años uno de los hombres de más confianza de Francisco –tal como había trascendido cuando fue obligado a renunciar-, también es acusado de haber financiado la cooperativa de su hermano Antonino con 600.000 euros de la Conferencia Episcopal Italiana y con 225.000 de fondos de la Secretaría de Estado.

En medio de un clima de gran conmoción, porque nunca antes hubo un proceso de este tipo en el Vaticano -que puede durar años- Becciu, de 73 años y hasta septiembre del año pasado una de las personas más influyentes de la Santa Sede, volvió a clamar su “absoluta inocencia”. En un comunicado difundido por sus abogados, se manifestó víctima de una “maquinación en su contra” y de una campaña mediática que padeció “en silencio” por respeto a la Iglesia, a la que le dedicó la vida y se mostró combativo, listo a desmentir ante el tribunal “la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra y las tramas oscuras que evidentemente las han sostenido y alimentado”.

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Fuentes

La Nación / Religion News Service / The Tablet / Videos: Europanews y Rome Reports / Foto: Vatican Media