Filipinas: la Iglesia y la “espina” del presidente Duterte

5:00 p m| 9 feb 18 (VI/AN/BV).- Entre la Iglesia filipina y el presidente Rodrigo Duterte nunca ha habido muy buen “feeling”. Casi desde que llegó a la presidencia se han manifestado puntos de vista controvertidos sobre decisiones que afectan a la nación, pero ahora, a casi dos años de su elección (en mayo de 2016), la distancia entre el presidente “Castigador”, como es apodado, y el episcopado filipino parece crecer de manera casi irreversible.

A los preocupantes niveles de violencia en su lucha contra las drogas, ahora se suma un tema de ambición política, expresada en una propuesta por imponer reformas importantes a la Constitución. Por otro lado, un reciente sondeo difundido en Reuters indica que Duterte cuenta con el respaldo de la gran mayoría de la población filipina, básicamente porque ha cumplido sus promesas. Por ello, es importante observar la posición de la Iglesia filipina, que lejos de ser populista, se mantiene firme de lado de sus principios.

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La reciente elección del arzobispo Rómulo Valles como presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas había dado vuelo a las esperanzas, debido al común origen en la ciudad de Davao (de la que Duterte fue alcalde durante 18 años), pero las premisas no se cumplieron y lo esperado parece revelarse poco favorable. En una de sus primeras apariciones en público, Valles criticó duramente (como desde hace tiempo hacen los obispos) la campaña de lucha contra la droga que Duterte está llevando a cabo, dando órdenes a la policía de “limpiar” la nación de traficantes y vendedores de drogas.

El arzobispo lanzó un fuerte llamado para que “ya no se cobren más vidas humanas en el país”, y pidió que la policía respete el estado de derecho en el ejercicio de las propias funciones y responsabilidades.

Mientras tanto, aunque los responsables de la policía hayan garantizado que las nuevas líneas guía evitarán que se derrame más sangre y que sean violados los derechos humanos, la sangrienta campaña prosigue. La línea, como ha afirmado en miles de ocasiones la Iglesia filipina, es clara: urge interrumpir el rastro de violencia que, en poco más de un año, han provocado, según los datos oficiales, la muerte de por lo menos cuatro mil personas inocentes. En cambio, han insistido, es necesario comenzar un proceso para “curar a la nación”.

En otra cuestión delicada que está viviendo el debate político nacional, la Iglesia tiene posturas muy alejadas de las intenciones del presidente: la posible reforma de la Constitución republicana. El gobierno propuso un cambio de la Carta Magna para adoptar el federalismo como nuevo sistema de gobierno y nueva organización de la nación.

En lugar de las modificaciones a la Constitución, la Conferencia Episcopal sugiere la “plena aplicación” de la Carta Magna de 1987, que “aún siendo imperfecta, es coherente con el Evangelio”. Los obispos también se oponen al sistema federal y a la descentralización de poder del gobierno central. “Un sistema de este tipo, que devuelve el poder a los Estados federales sobre la base de una igualdad, no afrontará de modo satisfactorio las aspiraciones de los musulmanes y de los Lumad de Mindanao por la autodeterminación y el respeto de derechos ancestrales”, escribieron los obispos en un comunicado al final de su asamblea anual.

Citando el temor de un giro autoritario y la falta de transparencia, los obispos invitan a los legisladores a dejar a un lado los intereses personales y promover, en cambio, el “bien común”. En la declaración pastoral, ellos advierten que “cuando el modo de moverse, para [lograr] el cambio de la Carta, se vuelve egoísta, es de esperar que los ciudadanos reaccionen con sospecha, asombro y exasperación”. “Por otro lado –posiguen los prelados- la sensación de una insidiosa dictadura es evocada por la experiencia pasada. A ello, se suma el hecho de que las dinastías políticas se están convirtiendo, de manera real y concreta, en un factor dominante en la vida política de nuestro país”.

Las radicales críticas de los obispos al Movimiento por el cambio de la Constitución se basan en cuatro principios clave para el juicio moral de los bautizados: el principio de la dignidad humana y de los derechos humanos; el principio de integridad y verdad; el principio de participación y solidaridad; el principio del bien común. Una posible reforma constitucional, recuerdan los religiosos, “debería llevar a una mayor defensa y promoción de estos valores morales”.

Los mismos valores que ahora la Iglesia católica en la isla de Mindanao afirma han sido desvergonzadamente violados en nombre de medidas draconianas: el 13 de diciembre del año pasado, por orden del presidente Duterte, el Congreso de Filipinas aprobó la extensión de la ley marcial en la isla de Mindanao hasta finales de 2018. La ley marcial fue declarada el 23 de marzo de 2017, cuando el grupo Maute (que se ha autoproclamado afiliado del llamado Estado Islámico) tomó las armas y ocupó la ciudad de Marawi. Las Fuerzas armadas filipinas después liberaron la ciudad, tras cinco meses de asedio. El saldo fue de mil cien víctimas y una onda de destrucción en la ciudad.

El periodo de la ley marcial, limitado a 60 días según la Constitución del país, fue prorrogado hasta finales de 2017 y ahora se extiende otro año más. Diferentes representantes eclesiales, como el cardenal Orlando Quevedo, han criticado la medida, pues recuerda los tiempos del dictador Marcos y da rienda suelta a los abusos de los derechos humanos por parte de los militares.

La disputa entre la Iglesia y Duterte también se juega en el delicado nivel ético-moral, porque el presidente no ha ocultado, e incluso a veces lo ha mostrado con desprecio, que prefiere posiciones que no concuerdan con la moral católica, especialmente en relación con la doctrina de la defensa de la vida humana (desde el aborto hasta la pena de muerte), y ha criticado violenta e incluso vulgarmente al clero filipino. Hace no mucho tiempo Duterte declaró que también está “a favor del matrimonio gay”. “El problema es que hay que cambiar la ley. Pero nosotros podemos hacerlo”, dijo, animando a la comunidad homosexual a nombrar un representante para que participe en las sesiones de trabajo del gobierno para poner en marcha la reforma.

Más sobre la coyuntura actual en Filipinas

A continuación algunos artículos de diversas fuentes que ayudarán a dar contexto a lo expuesto anteriormente:

-La policía filipina retoma la guerra contra las drogas (Reuters)

La policía de Filipinas reanudó recientemente la guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte, haciendo visitas a los hogares de consumidores y comerciantes para convencerlos de que se rindan, pero el jefe de la policía nacional se negó a garantizar que no se derramaría sangre. Además de las visitas, la policía también realizó las llamadas operaciones encubiertas e hicieron redadas en supuestos lugares de venta de droga y laboratorios ilícitos. En muchas de estas operaciones, dicen activistas de derechos humanos, los sospechosos no tuvieron la oportunidad de rendirse, sino que fueron ejecutados a sangre fría. Pero la policía insiste en que los sospechosos murieron porque se resistieron violentamente al arresto (leer más aquí).

-Víctimas colaterales de la guerra antidroga en Filipinas (El País)

Desde que accedió al cargo, las operaciones policiales contra pequeños traficantes y drogadictos han dejado casi 4000 muertos. Es la cifra oficial que da la Policía, aunque ONG pro derechos humanos elevan las víctimas mortales hasta las 13000. Según la Alianza Filipina de Activistas por los Derechos Humanos (PAHRA), dos tercios de los asesinatos están cometidos por pistoleros. Y, la mayoría de los fallecidos son hombres.

“Casi todos son padres de familia y quienes llevan el dinero a casa. Como sucede en grandes guerras convencionales, esto está provocando graves consecuencias sociales por dos razones: primero, porque deja en situación de vulnerabilidad a las mujeres y a los niños que dependían de esos hombres, y porque la pobreza a la que están abocados pueden llevar a que más gente se sume al tráfico de droga como única salida para ganarse la vida. Por cada persona que matan, crean varias víctimas colaterales”, explica Jacqueline de Guia, portavoz de la Comisión de Derechos Humanos (CHR), una institución pública independiente financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) cuya labor es controlar que el Gobierno no se exceda en el uso de la fuerza (leer más aquí).

-Continúan debates en Filipinas para enmendar su Constitución (Prensa Latina)

Los debates en Filipinas, las opiniones a favor y en contra para enmendar la Constitución, continúan hoy sobre el tapete en esta nación asiática.Las enmiendas propuestas apuntan a permitir al presidente dos mandatos en el cargo, expandir el poder de las cámaras legislativas, alargar los mandatos de los legisladores y otorgar a las provincias más autonomía fiscal. Asimismo, tener un primer ministro como jefe de Gobierno y un presidente electo por separado. Durante su campaña electoral el presidente, Rodrigo Duterte, propuso reformar la Carta Magna, con la intención de descentralizar el poder para potenciar el desarrollo de Filipinas (leer más aquí).

-En duro golpe a la libertad de prensa, autoridades filipinas ordenan cierre de sitio web de noticias Rappler (Global Voices)

El gobierno filipino se dispone a cerrar la agencia de noticias Rappler después de que la Comisión de Valores y Bolsa anulara la licencia de la empresa para operar como un negocio. El 11 de enero, la comisión afirma en su decisión que Rappler está “violando las restricciones legales y constitucionales aplicables al capital extranjero en los medios de comunicación” por recibir donaciones de Omidyar Network, una fundación creada por el fundador de eBay, Pierre Omidyar.

La Constitución filipina limita la posesión y el control de medios de comunicación a las compañías propiedad de ciudadanos filipinos y a ciudadanos de este país, pero no prohíbe las donaciones monetarias procedentes de fundaciones extranjeras. Rappler es una empresa gestionada y propiedad 100% de un ciudadano filipino que opera en Filipinas. Para mantener su trabajo, utiliza recibos de depósito filipino, herramientas de inversión que permiten a socios extranjeros tener intereses comerciales en la compañía.

La página de noticias independientes y de autenticación de medios sociales han sido frecuente objeto de ataques procedentes de los seguidores en línea del presidente, por la cobertura crítica de su gobierno (leer más aquí).

ENLACE: Expertos de Naciones Unidas instan a Filipinas a mantener la libertad de información en el país

-Los filipinos, más satisfechos con Duterte que con ningún presidente desde los años 1980 (Europa Press)

La satisfacción de los filipinos con la actuación de su presidente, Rodrigo Duterte, aumentó en diciembre y alcanzó el nivel más alto desde que uno de los principales centros demoscópicos del país comenzó a realizar sondeos de opinión en los años 1980. Su administración ha obtenido una satisfacción neta “excelente” de más del 70 por ciento, un aumento de 12 puntos con respecto a septiembre, cuando el nivel era “muy bueno”, según el sondeo realizado entre el 8 y el 16 de diciembre por Social Weather Stations (SWS).

El analista político Ramon Casiple ha considerado que el último sondeo muestra que la popularidad de Duterte no ha disminuido pese a las críticas internacionales por su sangrienta guerra contra las drogas y su historial en materia de Derechos Humanos (leer más aquí).

-Buscando la paz en Mindanao: el yihadismo filipino (La Vanguardia)

Durante esta larga rebelión musulmana en Mindanao, además de la búsqueda de la paz, se ha producido una radicalización islámica. La búsqueda de soluciones en medio de la violencia se ha visto muy influenciada por el llamado “Revivalismo” internacional, lo que ha dado lugar a grupos más radicales de influencia wahabista que han alimentado la violencia en Bangsamoro.

En la gran región de Mindanao los grupos mas extremistas son Abu Sayyaf, en Basilan y Sulu; Dawla Islamiyya, liderado por los hermanos Maute, en Lanao del Sur; y el Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF), en Maguindanao. Estas organizaciones han sabido capitalizar las frustraciones de los jóvenes sobre la cultura occidental y secular dominante y, por otra parte, la persistente marginación sociocultural, histórica, política y económica que sufre la región donde viven.

La mayoría de los lideres religiosos musulmanes ven una evidente incongruencia entre los objetivos supuestamente nobles o elevados de estos grupos radicales y su ideología violenta y de acciones criminales. Para estos grupos radicales, reclutar jóvenes es su objetivo número uno (leer más aquí).

Fuentes:

Vatican Insider / AsiaNews