Lo ocurrido en el peaje del río Chillón y el levantamiento de las comunidades aledañas (ciertamente, gente de bajos recursos) es una radiografía de cómo están las entrañas de nuestra sociedad. Supuestamente, somos un país con un gran desarrollo económico en la región, tenemos alejado el fantasma de la inflación y postulamos a la platea hacia el primer mundo ante la OCDE. Y, sin embargo, el Estado es incapaz de poder proveernos de lo básico: seguridad, salud, infraestructura, educación y mejores condiciones de vida.

No existe seguridad en las calles, no se ven policías y —a menos que uno sea funcionario público privilegiado— de cuando en cuando aparece un desmayado patrullero normalmente sin gasolina ni ganas de hacer nada. Para ello se ha desarrollado el esquema por el cual la propia ciudadanía debe proveerse su propia seguridad (una forma de justicia autotutelar) por medio del llamado “serenazgo”, que no es otra cosa que una policía mocha autogestionada a nivel municipal que en el fondo es poco eficaz (carece de armas) y tiene un efecto más disuasivo que real. La gracia está en que, además de los impuestos, la propia ciudadanía debe pagar ese servicio “extra” de seguridad por medio de tasas que se cobra al mismo tiempo que los impuestos municipales. Es decir, cada ciudadano paga doble: los impuestos a un Estado ineficiente que no le protege y una tasa por el servicio municipal de seguridad conocido como “serenazgo”.

Es este mismo esquema —que revela una profunda desestructuración social— el que sirve de base al peaje del río Chillón (y a los de la mayoría, como es otro abusivo -en barrio más pudiente- de Separadora Industrial), ya que la exacción a los usuarios de una carretera nacional —como la Panamericana Norte— de pronto se ven asaltados por el propio Estado que, representado por una concesionaria privada, decide de la noche a la mañana cobrarle más de tres dólares por salir y entrar a su barrio o a su vivienda, encareciendo abruptamente su ya agravado costo de vida. Y con la plata de los ciudadanos es que la empresa privada (que invierte poco y recupera mucho)l eximiendo al Estado del gasto, va a hacer las mejoras en las pistas, la extensión de estas o la construcción de nuevas, como la ansiada autopista al centro del país, ya que Lima, la capital del Perú, solo tiene una magra y roñosa autopista de 10 km. hacia el este. Es decir, lo que no quiere gastar el Estado, y que tampoco invierte la empresa privada, es puesto sobre las espaladas de los pobladores. El problema —a diferencia de Separadora Industrial o de Bujama— es que esta vez hicieron tan mal sus cálculos que chocaron con el pueblo. Y el pueblo se levantó, protestó y reclamó hasta conseguir que la concesionaria y el Estado dieran marcha atrás. Esa es la fuerza que falta a los de Surco y La Molina para lograr lo propio.

Y así como ocurre en la seguridad o en la infraestructura vial, pasa lo mismo con todos los órdenes de la sociedad. Con la salud, la educación, el tránsito, etc. Si no se aborda esto de manera directa, por más que exista la iniciativa privada, el Estado será reemplazado por la exacción a sus ciudadanos con iniciativas privadas que se disfrazan de inversión, pero que no es otra cosa que un carrusel para hacer que el sufrido ciudadano termine pagando el doble y asumiendo el costo que le corresponde al Estado, dejando de paso pingües ganancias para las empresas que digitan estas iniciativas que, claramente, son un directo latrocinio. Una cosa es investir y hacer y presentar una autopista decente, con cuatro carriles por lado que nos lleve a la modernidad en cuanto a vías de acceso a la capital se refiere, que verdaderamente funcione, nueva, con vías alternas como la ley lo ordenada y que, luego de eso, con el peaje, se “recupere” la inversión con un razonable margen de ganancia, y otra muy diferente es que todo el pago sea cargado en las espaldas del pueblo bajo la edulcorada etiqueta de un “peaje”, cuando no pasa de ser un descarado robo por un servicio que no se brinda, ni se da, ni se ha hecho aún.

Por eso, esta descarada situación ya no podrá proliferar. A la gente no se le puede engañar todo el tiempo, sobre todo cuando se le toca el ya magro bolsillo. Es un esquema que no se sostiene y que no va a funcionar mientras no se haga como corresponde. El Estado, sus autoridades y la empresa privada ya deberían haber aprendido de los varios ejemplos de hartazgo y violencia que este proceder ha generado. Era más que obvio que esto podía pasar, tan obvio que el propio contrato lo preveía, cargándole las tintas —y el costo— a la Municipalidad de Lima. Sin duda, fue una “brillante” negociación que solo terminó afectando a quien se dice proteger y de quien se dice provenir: el pueblo.

Nuestra sociedad es ciertamente contradictoria. Nos quejamos de que las cárceles estén hacinadas, de que el Estado carezca de presupuesto para alimentar a todos los presos, nos llenamos de estudios para despenalizar el derecho, descriminalizar la sociedad y tratar de aminorar la población carcelaria para la que no tenemos plata ni lugar, pero al mismo tiempo asistimos a diario al circo de las detenciones, la parafernalia de las esposas y a la degradación de ver como a los ciudadanos son llevados, entre dos gorilas, engrilletados, con las cámaras y micros en la cara, casi sin poder caminar ni respirar. Le exigimos a la justicia y a la policía más y más detenciones, y nos atiborramos de noticieros matutinos con los detenidos del día como menú esencial para despertarnos.

A ello se le suma una sorda pugna entre procuradores y fiscales.  Siendo los primeros solo abogados del Estado, han adquirido por medio de la presión mediática un inusitado poder, contendiendo con los segundos en protagonismo e importancia; cuando son los segundos las únicas autoridades para el proceso penal que tendrán que protagonizar ante el juez de la causa.  Conforme a la Constitución, el fiscal es el titular de la acción penal, el dueño de la pelota, y las partes de un proceso -en teóricas condiciones de igualdad- son los acusados y los procuradores que representan al afectado, pero que no tienen bajo su cargo ni la punición ni la persecución del delito.

Es impresionante ver como procuradores que han sido designados, sin excepción, a dedo, se solacen exigiendo meritocracia y concursos para las otras plazas del Estado. Ver como ex procuradores, que fueron incluso designados por el mismo AFF en las postrimerías de su régimen, ahora son presuntos adalides de la lucha contra la corrupción.  Y más impresionante es ver como dos famosos procuradores, absolutamente figurettis y protagónicos, se jalan de las mechas ante cámaras chocándola para la salida y diciéndose mutuamente: yo soy más procurador(a) que tú!!!!

Tampoco deja de llamar la atención cómo un exfiscal superior, desaprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura en el examen de conocimientos para su ascenso, siempre se presenta, sin empacho, como “fiscal supremo”, cargo y título que la nación nunca le confirió, que nunca ganó, ya que fue tan solo un fiscal superior suplente de fiscal supremo. Pero hay que verlo como se despacha, inclusive con deslealtad con los que fueron sus superiores, alegándose él ya no ya de la lucha anticorrupción. Piña PPK, te lo perdiste como ministro de justicia o “zar anticorrupción”.

De acuerdo con la legislación constitucional y legal, la regla general es asistir a un proceso judicial en libertad y, excepcionalmente, hacerlo desde una detención. ¿Por qué?  Porque constituye una garantía de la administración de justicia y un derecho fundamental el que toda persona, sin excepción, sea considerada inocente hasta que por sentencia final no sea condenado en debida forma como culpable. Y eso solo pude ocurrir, por lógica consecuencia, al final de un proceso y nunca al principio. Para romper la regla general, la ley establece requisitos taxativos que se deben de presentar para que la excepcionalidad funcione: que el delito imputado sea muy grave con un pronóstico de pena superior a los 4 años; que hayan antecedentes y reincidencia; que haya pronóstico de fuga o que haya evidencia cierta de que el procesado, desde su libertad, va a afectar a material probatorio obstruyendo a la justicia.

Hemos visto el caso de Burga, procesado por pedido de extradicción desde los EEUU, o el caso de Boza, detenido malamente hasta que fue liberado por el juzgado, ya que se demostró que afrontaría lealmente su proceso sin evadir a la justicia. Pero he aquí que fiscales y procuradores pugnan por lograr la detención de todas las personas para que sus jefes y la prensa les pongan una estrellita en la frente y demuestren ante los demás que son los más machos del barrio, los ya no ya…

Siempre se recuerda que a la caída del régimen fujimorista, los entonces procuradores ad-hoc, designados y contratados a dedo por el mismo AFF, presentaban grandes estadísticas de procesados en cárcel, como si fuera eso un gran mérito, cómo lograron que los jueces metieran a la cárcel a diversos ciudadanos por hechos que no eran delitos afectándose el principio de legalidad, o como forzaron interpretaciones analógicas para aplicar a particulares legislación prevista expresamente para funcionarios públicos, falsificando diversas teorías penales.

Hoy bajo esas mismas teorías se pretende engañar y forzar a que las personas jurídicas sean también responsables penalmente, cuando son entidades morales, ficciones jurídicas creadas por el derecho para facilitar el comercio y la libertad de asociación, ya que una persona jurídica sería ilegal si fuera creada para cometer delitos; ni existirían. Y sus directivos desvían su finalidad y, por su intermedio, cometen delitos, la persona jurídica sería la primera víctima, y no la victimaria, y sus directivos habrían actuado fuera de su mandato y fuera de sus estatutos, con lo cual la responsabilidad del sujeto individual que desvió deslealmente el ejercicio de su cargo, y no de esa entelequia que llamamos persona jurídica.

Esto, que es el ABC en el derecho societario o en el derecho civil, cuesta mucho de entender a algunos penalistas que importan tesis para poder extraer conclusiones francamente desopilantes solo para dar contento a la presión mediática del momento y para conculcar los principios esenciales del derecho punitivo y la legitimidad del Estado para perseguir a los verdaderos delincuentes por delitos comprobados conforme a ley, y no por la afiebrada mente del procurador o fiscal de turno pretendido ser “políticamente correctos”.

Cuentan testigos directos de la época que al presidente “Sano y Sagrado” su entorno lo tuvo jaqueado por buen tiempo con el fantasma de la vacancia presidencial. La suma de una serie de errores políticos, su inveterada tardanza, la leyenda urbana del Melody, una posible dipsomanía y otras layas, el tema “Zaraí” y la influencia de una esposa poco carismática, conspiraban -al lado con la permanente baja en las encuestas y su debilitada credibilidad- para que desde dentro de sus propias huestes le alimentaran permanentemente con tan horrísona admonición. Total, jurisprudencia había, desde que un envalentonado Congreso echó mano a la Constitución para decretar –entonces por mayoría simple- la vacancia presidencial de AFF luego de haber pretendido renunciar por fax desde el extranjero. Es decir, la puerta existe y se podría volver a abrir.

Con esa fortaleza, uno de los más entusiastas impulsores de esta ánima, se hizo del Ministerio de Justicia –pese a no ser jurista- desde donde hizo y deshizo en materia de detenciones, procuradores ad hoc e interesadas persecuciones judiciales. Su ocaso, como “Pipino el Breve”, vino cuando logró hacerse nada menos que de la Cancillería por escasos dos días y, ante la férrea oposición de Carlos Ferrero, forzó al presidente a doblar la mano echando marcha atrás luego haber provocado la más grave crisis política de esa presidencia. Luego de aquello el personaje perdió fuerza e influencia, pasando al ostracismo político.

Ahora nuevamente se ha desempolvado el libreto de la vacancia presidencial a raíz de la censura del exministro Saavedra, luego de su interpelación, el desbande de la raleada bancada del oficialismo y la fortaleza de del panzer de la aplastante bancada de oposición que se ha hecho sentir como pisada de elefante en una cristalería.

En efecto, conforme al Art. 113° de la Constitución, la presidencia de la República vaca (es decir, concluye, termina o cesa dejando vacío el cargo) por permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Históricamente ha sido la causal más invocada por la oposición frente a un presidente en funciones, precisamente porque es una declaración política y subjetiva que no requiere de prueba alguna, excepto la decisión conjurada por la sumatoria de los votos suficientes. En el caso de nuestra Constitución, complementada por una sentencia del Tribunal Constitucional (post AFF), con no menos de dos tercios de los votos del Congreso (87), los  mismos requeridos para el Defensor del Pueblo o los Magistrados del Tribunal Constitucional. A la aplastante mayoría de la oposición le faltarían 15 votitos. No parece una gran diferencia.

No han faltado los áulicos y áulicas que, frente al choque de trenes del Congreso y con el Ejecutivo por el ex Ministro Saavedra, su defenestración y el impasse surgido, han sugerido en todos los tonos que el Ejecutivo plantee una “cuestión de confianza” a fin de forzar al Congreso a licenciar al premier -y a todos los ministros-, de manera que si eso se repetía, PPK les daba el vuelto despachando a su casa al Congreso entero. El problema es que todo ello puede sonar muy bonito en el papel de quienes con gran infantilismo se plantean el tema político como un tablero de ajedrez, a despecho de la realidad, pretendiendo sumir al país en una espiral cuyo resultado final nadie puede asegurar, pudiendo fácilmente terminar entregando en bandeja el gobierno a grupos radicales de izquierda o algún outsider que terminara ganando las preces del electorado cansado de una política tradicional representada por estos dos ¿partidos? políticos: PPKausas y Fujimorismo.

Y es que el afán de figuración y la enfermiza necesidad de estar presente en todo y ante todos hace que algunas personas razonen ad nauseam y sean capaces de sostener cualquier pachotada con visos de ilación o de cierto conocimiento: como si se tratase de perseguir -código civil en mano- a guachimanes de una playa privada por no dejar entrar sin uniforme a las empleadas del hogar. ¡Plop!

Es verdad que el juicio político que precede a la declaración de vacancia presidencial es sumarísimo y que no requiere de prueba alguna, tan solo la sumatoria de 87 votos conformes. Punto.  Pero también es verdad que a eso se llega luego de un proceso de franco deterioro de la presidencia, de crisis de gobernabilidad y de procesos políticos internos severamente fracturados: Dilma en el Brasil o Lugo en Paraguay, por citar solo dos ejemplos cercanos. Pero, ¿Estamos acaso en ese nivel? Nuestra pobre representación congresal, que prefiere inaugurar restaurantes privados en vez de dar la pelea en el Congreso defendiendo a su ex ministro estrella, causándole dolor e indignación nada menos a su líder el Presidente de la República, ¿Está en ese nivel como para complotar contra la democracia acortando un mandato presidencial, dando un casi Golpe de Estado para perpetrar un “constitucionalicidio” que solo nos haría retroceder a 1992? Todo parece indicar que no.

Parece que no.  No se entiende, salvo la explicación de ese patológico afán de figuración  de quien siempre cree tener la razón en todo y ante todo, que siempre quiere hacerse presente, que un día asesora y el otro denuesta, de quien blande alegremente tan afiebradas tesis. Al final, como en la fábula de Pedro y el lobo  -como el caso del Canciller Pipino el Breve-, de tanto darle al tema, terminan perdiendo toda credibilidad recibiendo como cruel castigo el eterno anonimato. El problema se presentará cuando en verdad quieran decir algo bueno, nuevo o interesante: nadie les creerá y quedarán solo para la anécdota de salón o para la mofa eterna.

Artículo publicado en el diario El Comercio el 16 de diciembre de 2016

http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/tiempo-completo-anibal-quiroga-noticia-1953870?flsm=1

Ilustración: Victor Aguilar

Artículo publicado el 12 de diciembre de 2016 en Revista VELAVERDE

No se trata de la tragedia de Ricardo III, según la leyenda que Shakespeare recoge, sino la que inspira nuestra política de estos días de la confrontación entre el Gobierno, su minoría congresal y la oposición con su aplastante y abrumadora mayoría en el Congreso.  De uno u otro modo, esta confrontación se veía venir desde el desenlace de la segunda vuelta en que, literalmente, PPK le arrebató a KFH –legítimamente y por una nariz- el añorado triunfo.  Tanta ha sido su frustración que hasta hoy no parece haberse repuesto anímicamente del todo.

Luego vino la instalación del Gobierno, el nuevo Congreso y el voto de confianza ante la investidura del nuevo premier. Escarceos por aquí, por allá y por acullá. Finalmente la papeleta fue despachada y se pudo iniciar el cuarto gobierno constitucional consecutivo, algo inédito en nuestra vida republicana. El tercer acto estuvo conformado por las facultades delegadas.  Más idas y venidas y el tema logró ser salvado, con menos plazo, pero con las cuestiones importantes otorgadas.

Y ahora el primer encuentro frontal, un choque de trenes, de poder a poder. El Congreso se le prende al Ministro de Educación (que, oh! casualidad, es el único que huele a la era Humala) por dos temas accesorios, corriendo el firme riesgo de ser censurado, con lo cual su dimisión ineluctablemente deberá darse en 72 horas –quedando recusado para volver a ser ministro en ninguna otra cartera durante todo este periodo presidencial-; teniendo como telón de fondo el complejo proceso de la reforma educativa, sobre todo la universitaria, que tanta urticaria produce en uno y otro bando.

¿Cuáles son las principales razones para que a suerte de Saavedra luzca echada?  Varias y de diversa índole: primero, la composición del Congreso que no parece haber variado, cambiado o mejorado nada respecto de sus predecesores. El mismo congrezoo, con los mismos otorongos, Aldo Mariátegui dixit. Segundo, la minoría que el gobierno exhibe frente a la imponente mayoría de la oposición producto de un defectuoso sistema electoral nos hace regresar al dejá vú de los ’60. Tercero, la falta de una cabal comprensión por parte del Ejecutivo al haber renunciado a contar con un operador calificado en el Congreso que le sirva de bisagra con la mayoría congresal, como lo impone la realidad.

Además está de la fragilidad de su bancada, debilitada por su falta de unidad y cohesión, carece de un líder indiscutido. Es una “hidra” con muchas calabacitas.  Por el contrario, a despecho de la realidad, se lucen con puyas, dimes y diretes, buscando el chiche y la bolita, la frase más “inteligente”, la más hiriente, o la más ofensiva.  Y ahí está el resultado. ¡Toma Saavedra!  Sumado a ello está el hecho de que la bancada minoritaria solo mira hacia el Ejecutivo y a los cargos que puedan arrancarle a PPK.  Mechita aspira a emular a Vizcarra y se maneja en el Congreso con gran torpeza, pero alucina ser muy sagaz. Violeta está golpeado, camina rengo y con Vitocho respirándole en la nuca. Bruce carece de compromiso desde que tuvo la “solidaridad” y pertinencia de inaugurar su restaurante privado en la Costa Verde con la crema y nata del Ejecutivo en la vísperas del calvario de Saavedra. Y, de paso, con la gloriosa PNP de guachimanes privados. Sheput, prestadito nomás, juega al francotirador que no se moja por nadie, siempre cuidando las asentaderas. Costa mira de reojo a Basombrío pretendiendo ser su recambio. Los demás en proyectos personalísimos.

¿Cómo van a manejarse adecuadamente y salvar a Saavedra? Nada. Está condenado de antemano y sin atenuantes. Muy pronto veremos rodar su cabeza… Y es que conforme al Art. 132° de la Constitución el Congreso puede hacer efectiva la responsabilidad política del Gabinete, o de un ministro por separado, mediante la censura o el rechazo de la confianza (al gabinete en conjunto o a un ministro en singular, según se trate). La censura la plantea el Congreso y la confianza el Gabinete, o un ministro en singular.  Son las dos caras de una misma moneda. Es un craso error afirmar que la confianza solo la puede plantear el Gabinete.  Basta leer la Constitución.

Saavedra podría haber culminado su intervención en la interpelación pidiendo una cuestión de confianza, forzando al Congreso a votarla. Si se la negaban debía renunciar tan igual que si hubiera sido censurado.  Si la lograba, salía re-legitimado del hemiciclo.

También es verdad que el Gabinete podría cerrar filas con su ministro y pechar al Congreso exigiéndole que la confianza a Saavedra se traduzca en confianza a todo el Gabinete.  El problema es que si se le negaban se producía, como dice la Constitución, crisis total de gabinete, debiendo todo el Gabinete dimitir en 72 horas y el presidente nombrar a un nuevo premier, sin poder repetir con Zavala en el Gabinete, con todas las consecuencias que ello arrastra.  ¿Valía la pena?  No parece, porque habría ido todo el Gabinete al sacrificio y no solo Saavedra, con la crisis de gobernabilidad que eso traería.  Y si se produce una segunda negación de confianza al nuevo gabinete, el Presidente puede cerrar el Congreso, despachar a su casa a los actuales congresistas, y convocar nuevas elecciones en 4 meses para que un nuevo Congreso complete el mandato.

Las posibilidades de ello serían inimaginables. ¿Quiénes serían reelectos? ¿Quiénes repetirían? ¿Quiénes solo estarían un semestre en las mieles del poder?  ¿Cuánto les costaría volver a postular? ¿Mantendría FP sus 82 miembros? ¿Aumentarían los de PPK? O -como nadie sabe para quién trabaja- ¿Terminaría favoreciendo a Arana y a la Glave incrementando los congresistas de izquierda haciéndole el flaco favor a nuestra frágil democracia? Felizmente eso es sólo ciencia ficción. Nunca sucederá. Jamás el Congreso se haría el harakiri ni -como los lemmings- marcharía al suicidio colectivo. Eso se los puedo apostar. ¡Y les gano la apuesta!

La democracia supone la primacía de la voluntad de las mayorías sobre las minorías, ya que es un proceso cuantitativo que tiene una traducción política cualitativa.  Pero eso significa que la mayoría esté autorizada a aplastar o desaparecer a la minoría, ya que eso, pudiendo ser legal, no resulta ni legítimo ni democrático.  Es, más bien, antidemocrático.  Ahí están las experiencias numéricamente mayoritarias del nazismo, del facismo o del comunismo que, so pretexto del bien de una mayoría, intentaron desaparecer a las minorías de sus sociedades, con las consecuencias que todos conocemos.

Y es que mayoría y minoría forman parte de un todo democrático. La exclusión de cualquiera de ellos (la minoría se impone sobre la mayoría o la mayoría aplasta a la minoría) excluye al resultado de un verdadero valor democrático.  Pedro de Vega enseñaba que la verdadera democracia no es aquella donde todo piensen y sientan de igual manera, monocorde; sino aquella sociedad en que el conjunto de gentes puedan pensar y sentir diferentes y sin embargo compartir un espacio y una sociedad de modo igualitario sobre la base de un común denominador y de valores e ideales mínimos de respeto por todos.

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de sentenciar un importante caso.  En el, dejando de lado una posición doctrinaria anterior (que no era precedente vinculante) ha determinado que una persona (nacida biológicamente como hombre o mujer) tiene derecho a solicitar al Estado el reconocimiento del cambio de sexo, y que ese nuevo género sea ingresado a su ficha en el RENIEC a fin de que la sociedad, el Estado y el sistema legal le reconozca y de trato con el nuevo género voluntariamente escogido.

Hay tres posiciones frente al llamado “derecho de género”. En la primera la determinación es absoluta: la biológica.  Se nace cromosomática y genéticamente como hombre o mujer (XX XY) y eso lo determina la biología y la naturaleza, y eso no se puede alterar.  O se es hombre o se es mujer, y eso además se demuestra con la existencia de los genitales que corresponden a uno u otro género.  Por lo tanto, resulta antinatural –por la razón que fuera- que a lo largo de su vida esa determinación natural no puede ser alterada por la mano humana ni por las leyes del Estado.  En la segunda posición, al extremo opuesto, el derecho del género explica que la determinación del sexo ya no es una marca genética, ni biológica, sino una “adquisición cultural”.  Si bien las personas nacen en principio como hombre o como mujeres, será en entorno social, cultural, familiar y el medio ambiente el que determine finalmente el género que se quiera adoptar.  Por lo tanto, el sexo sería una “determinación social y cultural” perteneciente a la esfera de la intimidad de cada persona, por lo que independientemente del sello biológico con el que se nazca, una persona a lo largo de su vida puede desarrollar la conducta, forma y maneras del otro sexo, y tienen derecho a que ello se reconocido, admitido y protegido por el Estado.

En la posición intermedia es donde la Sentencia del TC (dada en mayoría) se ha estacionado.  En esta posición ecléctica se determina que las personas nacemos con una sexo determinado por la biología humana, y por una carga cromosomática.   Y eso es definitivo.  Pero, también reconoce que algunas de estas personas van a desarrollar un comportamiento correspondiente al género opuesto.  Y eso que antes se consideraba como una patología, y se deja fuera del reconocimiento estatal, ahora (reproduciendo nuevos conceptos de la Organización Mundial y de la American Psychological Association (APA)), y tomando como base precedentes de la Comisión Interamericana de DDHH, de la Corte Interamericana de DDHH, del Tribunal Europeo de DDHH y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, se descarta la concepción patológica en el cambio de sexo, adoptándose aquella que determina que es una “disforia de género”, anteriormente llamada trastorno en la identidad sexual, lo que constituye un diagnóstico psiquiátrico asignado a las personas que sienten una discordancia significativa o distrés entre el sexo asignado al nacer, con el que no se identifican ni sienten como propio, y la identidad de género adoptada voluntariamente en su vida consciente.

Esto es lo que ha reconocido como nueva posición doctrinaria el TC, dejando de lado sentencias anteriores en que negaban esta posibilidad. Pero, el TC se ha lavado las manos y ha determinado, en posición mayoritaria, que ese no es un derecho que haya que pedir al TC, ni que la vía del amparo constitucional sea la idónea para ello, sino que ha indicado que ese derecho a la determinación de un género diferente al determinado en el nacimiento hay que solicitárselo al juez del poder judicial, como cuando se hace una rectificación de partida o cambio de nombres.

Sin duda alguna es un cambio y un avance que el TC, en mayoría, ha reconocido.  También es verdad que la nueva composición del TC ha facilitado ello, donde visiblemente dos de sus actuales integrantes comulgan evidentemente con estas ideas, haciendo inclusive su defensa púbica. La comunidad LGTBI constituye una minoría (y no dejará de serlo) cualitativamente significativa como para carecer de reconocimiento del Estado o como para que sus integrantes no vean satisfechos de modo pleno el respeto y disfrute de sus derechos fundamentales.

Hay fundamentos y lugares comunes en la justificación a la esclavitud, o para negar la igualdad de razas, o para negar el sufragio a las mujeres, o a los analfabetos o a los militares y policías.  Tienen un común denominador.  Es el miedo atávico del ser humano a lo desconocido.  El avance social en la comunidad de ideas es imparable en el desarrollo de la humanidad y en la consolidación de un verdadero ideal de democracia.

Hace unos días, un envalentonado Vice Ministro del Interior, arropado por trágicas circunstancias, la presión mediática y el oportunismo, preguntó a viva voz qué carajo había habido en la mente del juez que, en Huaral, había dispuesto la libertad de una banda de comprobados responsables de muy graves delitos. Ciertamente el proceder de este juez fue profundamente equivocado y no solo generó un justificado malestar en la sociedad, sino que causó un directo perjuicio que se va a reflejar cuando esos angelitos vuelvan a delinquir afectando la vida, la integridad física o el patrimonio de un inocente ciudadano.

La desazón fue tal que, con toda justificación el juez fue destituido en el acto.  El problema es que el anuncio de ello no lo hizo el presidente del Poder Judicial, como correspondía, sino el Presidente de la República, quien prestamente se subió al carro de ese fugaz oportunismo.

Pero más allá de la pregunta del “valiente” ViceMinistro, la verdadera interrogante que los gobernantes deben hacerse es: Qué ha hecho el Estado por mejorar verdadera y sinceramente el sistema de justicia en el Perú.  La respuesta está pronta y breve: nada o muy poco.  Y ese es, en el fondo, el verdadero responsable de que un trasnochado juez “supernumerario” de una zona aledaña a Lima suelte a la calle a una banda de ranqueados delincuentes, a fin de que sigan delinquiendo, con grave perjuicio social.

Entre muchos otros, es Basadre quien cuenta que en el Siglo XIX habían dos funcionarios del Estado que estaban devaluados en cuanto a reconocimiento y paga: los jueces y los militares.

En un Estado democrático de derecho el sistema judicial es esencial para su estructuración.  Sin justicia no hay paz, ni desarrollo, ni economía, ni libertad, ni respeto a los derechos fundamentales, ni respeto a la propiedad, ni menos aún desarrollo empresarial.  Cuando la justicia es feble se abren las compuertas del delito y de la autotulela con la que los ciudadanos tienen que protegerse a sí mismos, con más violencia, como en los linchamientos que no nos son tan ajenos ni en el tiempo ni en la geografía.

Y por sistema judicial hablamos de todos el aparato del Estado puesto al servicio de la administración de justicia, directa o indirectamente: Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, Academia de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros.

Si algo abunda en el Perú son los estudios, diagnósticos, comisiones, reuniones, cónclaves, encuentros, etc., para analizar el estado de la justicia y las posibilidades de solución.  Hay bibliotecas enteras que pueblan sus estantes con los productos de tantas elucubraciones, cada una más audaz que la otra.  Pero lo que no hay, ni ha habido, son acciones directas y concretas que verdaderamente hayan dado un intento serio de solución a esta inveterada problemática que nació con la república misma.

Comisiones de reforma judicial, de restructuración del Ministerio Público, de la Academia de la Magistratura, etc., se han sucedido unas a otras, sin resultado eficiente. ¿Por qué? Porque en verdad al Estado (y a sus gobernantes) nunca les ha interesado la mejora estructural de la justicia en el Perú.  Las reformas, sus comisiones y demás artificios sólo han sido utilizadas para obtener el control político del sistema judicial, nunca para su fortaleza ni mejora.  En la ciencia política la premisa es muy simple: un sistema judicial sólido, prestigioso, seguro y confiable siempre es independiente del poder de turno y va a tender al control de ese poder de turno. Y al poder nunca le gusta ser controlado.

Esa es la explicación por la que tanto un candidato PPK, como un presidente PPK expresa, sin convicción ni saber, la necesidad de reformar el Consejo de la Magistratura sin tener un planteamiento concreto para ello.  Su justificación: “fue una idea, nada más…”.  Es algo que cree que podría ser, algo que se le pasó por la cabeza, algo intrascendente que no merece meterle el diente a fondo hasta lograr un verdadero cambio.

Y es que el segundo gran problema sumado a la necesaria decisión y voluntad política es el costo de esta reforma estructural.  La verdadera reforma de la justicia cuesta dinero -y no poco- al Estado, y el Estado tiene otras prioridades hasta que un malhadado juez provinciano suelta a la calle a una banda de destructores y el Estado frunce el ceño por ello, soltando un valiente carajillo por allí, aprovechando la ocasión para hacer política pasando por encima de la autonomía del Poder Judicial. Por eso el Presidente anunció: “le han dado de baja a ese juez…” en presencia de las más altas autoridades del sistema judicial, sometidas al quehacer del Presidente(¿?). Con ello la sociedad no reconoce a la autoridad judicial como empoderada, como autoridad, si es el Presidente quien anuncia la “baja” de un mal juez.

Ya bastante hizo la Constitución de 1993 al quitarle al Presidente la designación de todos los magistrados y fiscales de la república, otorgándosela al Consejo de la Magistratura, lo que ha permitido retirar la indeseada politización en las nominaciones, que fue pan de todos los días en todos –absolutamente todos- los gobiernos en el Perú: democráticos, antidemocráticos, dictatoriales, autoritarios, etc.  En eso siempre hubo un común denominador.

Lo que ha ocurrido es que el sistema de selección de los jueces de jueces, como se definen los Consejeros, no ha garantizado que lleguen los mejores al Consejo, de manera que el resultado de la selección de magistrados y fiscales no ha sido el mejor, no por problemas de politización, sino por problemas en el control de calidad en el producto seleccionado.  Y a la vista están sus consecuencias.

La pregunta que el gobierno debe hacerse, si  en verdad quiere legar a nuestra sociedad un sistema judicial inédito, mejorado, empoderado y que sirva a nuestra consolidación democrática es: qué carajo ha hecho el Estado, a la fecha, por mejorar nuestro sistema judicial.

Se crea Grupo de Trabajo que se encargue de revisar y proponer mejoras a las disposiciones contenidas en el Código Procesal Constitucional